Hasta el próximo 1º de octubre está vigente el plazo de recepción de comentarios al manifiesto de Autorización Ambiental de Ubicación de la proyectada planta de la empresa multinacional HIF en nuestro departamento. El documento está publicado en la página del Ministerio de Ambiente, donde también pueden realizarse los comentarios por el público en general, como parte del proceso de habilitación y la categorización que determinó la cartera, que es la C. En el marco de esta instancia y en base a datos obtenidos en el documento publicado, el grupo que lleva adelante la campaña Firmá por el río, ha puesto de manifiesto sus discrepancias con algunas afirmaciones, por ejemplo de la ministra de Industria Energía y Minería, María Fernanda Cardona, quien había manifestado que una de las razones por las que no se podía reubicar el proyecto era la utilización del CO2 de la planta de ALUR en Nuevo Paysandú.
ESCASO
“Ahora sabemos que en realidad Alur va a aportar el 5%, no como se planteaba en las primeras informaciones que se decía que aportaría el 25%. Por lo tanto el 95% restante viene de calderas de biomasa. Todo esto está en el informe, se queman desechos de la forestación”, dijo la profesora Alejandra Puglia. Esto, afirmó, es una contradicción respecto a la afirmación de que se mitiga el cambio climático.
“En realidad se está produciendo dióxido de carbono que se utiliza para producir el metanol, que se combina con el hidrógeno para producir los combustibles sintéticos”. Por otra parte rechazan que la actividad de esta planta tenga algún impacto en la descarbonización del transporte. “Los productos obtenidos, combustibles y sus derivados son netamente de exportación, no vienen a satisfacer nuestras necesidades, pero sí a utilizar nuestros bienes naturales como lo han hecho históricamente”, señaló Puglia. Otro de los planteos tiene que ver con los impactos negativos sobre el área protegida “Islas del Queguay”, recientemente creada a partir de un proyecto ingresado en la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), por Gensa, Paysandú Nuestro y el Polo de Ecología Fluvial del Cenur Litoral Norte de la UdelaR, cuya extensión original fue modificada. Señalan al respecto que se talarán más de 30 hectáreas de bosque autóctono y se sustituirá suelo por superficie impermeable, además de generar “contaminación atmosférica, acústica, de sonido y térmica, facilita la introducción furtiva o involuntaria de especies vegetales y animales invasoras”. Aspectos que ya habían sido señalados previamente. También indican que se construirá una toma de agua dentro de la zona acuática de la reserva, “a 100 metros de la Isla San Miguel”.
EN ALTURA
Uno de los reparos que se han realizado desde el inicio de la campaña de firma y que es también un aspecto central en la oposición al proyecto desde la vecina orilla tiene que ver con la presencia de chimeneas y antorchas de elevada altura. En concreto señalan que la planta tendrá “4 antorchas donde se quemarán gases no reciclables (emisiones tóxicas a la atmósfera), con una altura de 80 metros”, pero que, al encontrarse las bases a una cota “de 14 metros sobre el nivel cero del río y que las llamas tendrán más de 7 metros de largo”, sumarán “una altura final de más de 100 metros para cada antorcha”. A ello añaden que habrá “3 calderas para la producción de CO2, con sus respectivas chimeneas de 60 metros de altura”.
En una entrevista con EL TELEGRAFO, publicada en la edición del 26 de julio, el referente para Uruguay de HIF, Martín Bremermann, había aludido a las soluciones que se habían dispuesto para mitigar el impacto visual en la reconfiguración que se hizo del proyecto. “Reubicamos todas las chimeneas para el lado Este de la planta, lo más lejos del río posible” a la vez que se redujo la altura de las chimeneas “y hoy por hoy son de la misma altura de las chimeneas más altas de ALUR: treinta y pocos metros”.
Además, los ambientalistas señalan otras intervenciones, como la ubicación de ductos de CO2 y metanol (hacia la planta de ALUR) que atraviesan el arroyo San Francisco “por técnicas no especificadas”. El documento publicado en la web del Ministerio de Ambiente refiere al respecto que “El paso bajo arroyos podrá hacerse mediante tuneleo por bajo el lecho del arroyo o tendiendo los caños en el lecho, cubiertos con hormigón proyectado”. Por otra parte advierten sobre el fraccionamiento que se producirá en el territorio, además de con las propias instalaciones de la planta, con líneas de media y alta tensión provenientes de las fuentes generadoras de energía, los proyectos de energía renovables “Elena”, “Lucía” y “Aguai II”, así como la construcción de nueva caminería. Señalan además que se generará riesgo de accidentes que podrían deriva en incendios, explosiones o “vertidos de residuos industriales peligrosos”.
SIN LICENCIA
Puglia enfatizó en que el proyecto “no cuenta con la licencia social de las comunidades” y agregó que siguen adelante con la campaña para declarar una zona de reserva departamental, con el propósito de replicar el proceso que se llevó a cabo en la zona de Punta Ballena en Maldonado, que logró detener el desarrollo inmobiliario que estaba previsto en el lugar. De todos modos señaló que están animando a quien lo desee a manifestarse por el mecanismo previsto por el Ministerio de Ambiente, planteando su discrepancia con el proyecto por medio del formulario disponible en la página. “Empezamos el primero de mayo y cuando lleguemos a la firmas se elevarán a la Junta. Ahí la Junta Departamental tiene un plazo para expedirse, que puede acompañar el planteo y decretar lo que nosotros planteamos, o si lo rechaza, el intendente tendrá que llamar a un plebiscito departamental”, anticipó.