Ya en el inicio del proceso parlamentario tras el envío del mensaje del Presupuesto Quinquenal por el Poder Ejecutivo, sin dudas que una de las expectativas de muchos ciudadanos del interior profundo están centradas en que se atiendan presupuestalmente las necesidades de la problemática de la vivienda rural insalubre, a través de la herramienta por excelencia que es el Mevir. Al respecto su presidente, Andrés Lima, había manifestado en agosto pasado que esperaba contar con los recursos presupuestales para responder a numerosos planteos de familias del medio rural que procuran alcanzar el sueño del techo propio.
Precisamente en el inicio de la gestión de este gobierno, sobre el mes de mayo, Mevir anunció que uno de sus principales compromisos asumidos para cumplir en el quinquenio 2025-2030 es el inicio de la erradicación de agrupamientos rurales irregulares.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, dijo que el ministerio asume públicamente uno de sus principales compromisos para el quinquenio 2025 – 2030: comenzar a erradicar los agrupamientos rurales irregulares.
“Este programa está enfocado en la regularización y mejora de los asentamientos rurales informales con el fin de retomar los avances logrados en la administración 2015-2019 (programa activo desde 2017), cuyo desarrollo fue interrumpido en el período de gobierno 2020-2024”, indicó el gerente general de Mevir, Gonzalo Balarini.
El objetivo es dar respuesta a situaciones dispersas en todo el territorio, atendiendo agrupaciones de entre 10 y 30 familias con muy mala infraestructura –agua, saneamiento y electricidad– o sin ella, y con viviendas en general precarias o insuficientes y con problemas de regularidad de la tierra.
Los tipos de agrupamientos que alcanza el plan son los siguientes: asentamientos irregulares en suelo urbano de pequeñas localidades, asentamientos irregulares en suelo rural, agrupamiento irregular rural de baja densidad y otros tipos. Asimismo, “esta administración busca retomar el espíritu fundacional de Mevir, cuya razón de ser fue, desde su creación en 1967, la erradicación de los rancheríos rurales”, expresó Balarini.
“El objetivo de las políticas a aplicar es que ninguna familia rural continúe viviendo en condiciones inaceptables de precariedad o aislamiento”, añadió.
Desde Mevir indicaron que las viviendas de los agrupamientos son extremadamente precarias y no cumplen con las necesidades básicas: falta de agua potable, saneamiento y en algunos casos de electricidad, dimensiones de las viviendas insuficientes para el número de habitantes y construidas en materiales como terrón, paja o chapa que son inadecuados o están en pésimo estado de conservación.
Se sabe que se presentan situaciones de aislamiento, sin medios para trasladarse y donde predominan caminos vecinales que están en mal estado y son inundables. Son familias con escasos ingresos y elevada presencia de menores de edad.
“Estas son las razones por las que el Ministerio de Vivienda decidió enfocarse, a través de Mevir, en ayudar a estas familias que viven en situaciones que muchos no nos podemos llegar a imaginar”, destacó por su parte Andrés Lima, presidente de Mevir.
Pero sin dudas, más allá de la impronta que le dé el gobierno de turno, y algún eventual pase de facturas, el éxito con que se ha desarrollado la gestión de Mevir desde su creación ha sido el de la continuidad de sus políticas, donde por lo general las nuevas autoridades se han caracterizado por no venir con un carácter refundacional, sino que se centran en cumplir con los fines específicos y mejorar en todo lo que sea posible las políticas de llegada a la familias rurales.
Así, en la gestión de la administración anterior, entre otras acciones, se puso en marcha el programa Pequeñas Grandes Obras Rurales, con un plan piloto a desarrollar para productores del departamento de San José con vistas a incorporar nuevas instalaciones, para contribuir a mejorar el rendimiento en el medio rural, como es el caso de perforaciones, tanques, bombas de agua, tambos, corrales, caminería interna y alambrado. Enmarcado en el concepto de construcción de comunidad, Pequeñas Grandes Obras Rurales es orientado a mejorar las condiciones productivas y la calidad de vida de las familias rurales, a través de la ejecución de obras de infraestructura que optimicen el ejercicio de su labor, de acuerdo a los objetivos señalados por sus impulsores.
Es de destacar que desde el organismo creado por el Dr. Alberto Gallinal en la década de 1960 para contribuir a erradicar los rancheríos rurales, además de la acción transformadora en esta materia que ha logrado desarrollar en seis décadas, ha incorporado al cabo de los años objetivos más ambiciosos, destinados no solo a mejorar la calidad de vida, sino a la vez de contribuir, mediante acciones complementarias de costo subsidiado o reducido, al arraigo de las familias en el medio rural facilitando y promoviendo las explotaciones familiares o de pequeños emprendimientos.
En tal sentido se busca mejorar las condiciones productivas de las familias participantes y promueve prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales desde una perspectiva social y ambiental.
Por cierto, la fecunda obra de Mevir ha tenido altibajos, pero en mayor o menor medida durante los sucesivos gobiernos de todos los partidos se ha mantenido un apoyo significativo a la obra, con mayor o menor énfasis, que podría definirse como una política de Estado para contribuir a reducir la profunda brecha que subsiste entre el interior profundo y los emplazamientos urbanos, que concentran la mayor parte de los servicios en base a la exigencia derivada de una mayor población.
Estas mejores condiciones de vida desestimulan paralelamente la permanencia de las familias en el campo, las que siguen dejando el medio rural para radicarse en los cinturones de las ciudades.
Pero fuera de los elementos macro que refieren a política económica y acciones que acompañan la producción agropecuaria, a través de la gestión de los organismos nacionales de gobierno, la acción focalizada de Mevir, junto al trabajo de otras entidades relacionadas con el agro, es un factor decisivo a la hora de retener a la población rural en su medio, y por lo tanto toda inversión que se haga –y que se incluya en la dotación presupuestal– con este fin es una apuesta al futuro tanto en lo que refiere a la matriz productiva como a la socioeconómica, teniendo en cuenta el aporte a la calidad de vida en las zonas menos favorecidas del territorio nacional.
