En Uruguay —un país con pocos habitantes y un perfil poblacional relativamente homogéneo—, cuando un usuario del sistema de salud llega a la puerta de una emergencia es porque, en general, fallaron los mecanismos de prevención.
Se han incrementado enfermedades prevenibles, como la tuberculosis o la sífilis, y en materia de salud mental hay cifras que se repiten bajo un mismo trasfondo.
De acuerdo con las estadísticas publicadas en la página del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el 15% de la población recibe asistencia de profesionales de la salud mental. La depresión afecta al 4% de los hombres, al 6% de las mujeres, y los trastornos de ansiedad son la segunda causa más frecuente de consulta. Sin embargo, menos del 20% recibe atención oportuna.
Las estimaciones indican que unas 7.000 personas al año atraviesan intentos de autoeliminación (IAE), sin contar que se registran 21,4 suicidios cada 100.000 habitantes.
En medio de estos datos estadísticos, se evidencia que los servicios están concentrados en Montevideo. Por lo tanto, falta equidad en la atención: la red de servicios está fragmentada y los costos son altos para la contratación de profesionales en el ámbito privado.
Los hechos ocurridos en los últimos meses han generado alarma pública, debates y acciones de todo tipo. Sin embargo, corresponden solo a la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda, arraigada en la sociedad en su conjunto.
El deterioro de la salud mental es una crisis generalizada que se manifiesta en diversas conductas y en la persistencia de estereotipos. En lugar de verlo como un problema “ajeno” a cada individuo, debería comprenderse como una problemática global que no ha recibido el tratamiento adecuado.
Mientras una parte de la clase política se enfoca en la intensidad de la exposición mediática y discute asuntos que no son de interés público, hay otra que ni siquiera aborda la gravedad de estas cuestiones.
El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, superado únicamente por los accidentes de tránsito. En 2023, la Universidad de la República reveló que la población en situación de pobreza tiene un 50% más de riesgo de desarrollar trastornos mentales severos, debido a la falta de acceso a servicios especializados.
La desigualdad se hace evidente en las zonas rurales y en los sectores de bajos recursos. A esto se suma el incremento de casos de judicialización de tratamientos, lo que genera tensiones entre el sistema de salud y los pacientes.
Tanto usuarios como funcionarios de la salud denuncian el deterioro de la infraestructura de los centros de atención. Incluso cuando se decide el cierre temporal de una policlínica por problemas estructurales, pueden pasar años hasta que se logre presupuestar la obra, comenzar las refacciones y, finalmente, reabrirla al público.
La atención de los vecinos de un barrio ante el cierre de su policlínica se traslada a otras zonas cercanas, pero es importante señalar a cualquier autoridad de turno que así resulta imposible alcanzar uno de los objetivos más relevantes del sistema de salud: la prevención. Por esta razón, reaparecen guarismos preocupantes en enfermedades que podrían haberse evitado.
Y esto no es culpa de un gobierno u otro. Es la repetición constante de errores. Es la falta de mantenimiento, que no ocurre únicamente en el ámbito de la salud, sino también en el resto de la infraestructura estatal, porque es un rubro que “casi” nunca se incluye en el presupuesto.
La salud mental requiere respuestas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que sus servicios tengan la difusión necesaria. Porque no todos saben que desde hace años funciona la línea gratuita 0800-0767, con atención en todo el país. También existen organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo con voluntarios.
Son múltiples las determinantes sociales que agravan este panorama: la violencia intrafamiliar, la soledad no deseada o el desempleo. La atención sigue concentrada en el sur del país, en Montevideo y su área metropolitana. La ruralidad, en general, enfrenta carencias de acceso, y la falta de integración entre la atención primaria y la salud mental agrava el problema, ya que los equipos no siempre están capacitados para la detección y derivación oportuna.
Montevideo cuenta con 18 psicólogos por cada 10.000 habitantes, mientras que en departamentos como Rivera o Artigas hay menos de 5. Además, el 70% de sus centros de salud no cuenta con psiquiatras. Sin un abordaje integral de estas falencias en el territorio, los sistemas de salud —de cualquier administración— no llegarán a tiempo.
Las campañas masivas de sensibilización serán efectivas solo si se mantienen en el tiempo. La sostenibilidad de los mensajes es fundamental para que lleguen a quienes realmente los necesitan. Se han realizado campañas, pero solo duraron algunos meses y luego salieron del foco. Porque cada vez que cambia el gobierno, también cambia el enfoque frente a un problema que mantiene variables similares, sin importar quién gobierne.
Tampoco serán efectivas si se implementan con profesionales de la salud que denuncian condiciones laborales precarias o falta de insumos para trabajar. Ese reclamo se repite en todo el país.
Lo mismo ocurre con las listas de espera para procedimientos quirúrgicos o consultas con especialistas, que generan consecuencias directas en pacientes con enfermedades crónicas o progresivas. Esto deriva en mayores costos y en una mayor gravedad de los casos atendidos.
La Federación Médica del Interior asegura que en Montevideo hay 74 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en el Interior solo hay 24 por cada 10.000. Este no es un dato menor, ya que el 70% de los usuarios de ASSE residen en el Interior.
Si esta realidad no se refleja en el Presupuesto Quinquenal, mediante un cambio de paradigma en la atención, todo seguirá igual.