En la sala de actos de Comepa se realizó una jornada de intercambio sobre la reciente Ley de Eutanasia, denominada de Muerte Digna, y fue llevada adelante por el Comité de Bioética Asistencial, la Comisión Asesora de Bioética de FEMI y el Comité de Educación Médica Continua. La actividad contó con la participación de la doctora Gabriela Pírez, jefa del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel y directora del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, y del doctor Oscar Cluzet, coordinador de la Comisión Asesora de Bioética de FEMI. En conferencia de prensa, los profesionales destacaron la necesidad de claridad ética, jurídica y práctica para su implementación en el país.
La Dra. Verónica Aliandre, en representación de la institución anfitriona, destacó el valor del encuentro al afirmar que se trataba de “una jornada para escuchar, compartir y discutir” los distintos aspectos éticos, legales y prácticos de esta ley recientemente aprobada en nuestro país.
La doctora Gabriela Pírez explicó que la nueva normativa “proporciona un derecho a las personas que deseen adelantar su muerte, que tiene que cumplir determinados requisitos”, y subrayó la necesidad de distinguir ese procedimiento de la práctica médica de la sedación paliativa.
Precisó que esta última “es una herramienta para determinado grupo de pacientes que se encuentran en determinadas situaciones, que están al final de la vida, con situaciones de mucha gravedad, con complicaciones agudas que no tienen resolución por otro método”.
Agregó que “existe una confusión en la sociedad y también entre los profesionales acerca de la sedación y la eutanasia, si es una eutanasia pasiva, si es una eutanasia activa, y son dos situaciones que nada tienen que ver”.
La especialista consideró además que la eutanasia será solicitada por personas cuya enfermedad les cause sufrimiento, “pero no en una situación aguda”, ya que el procedimiento “requiere de todo un proceso” que lleva varios días.
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY
Consultada sobre las circunstancias en que una persona podría acceder al derecho de eutanasia, Pírez señaló que “tiene que tener una enfermedad avanzada, grave e incurable, ser mayor de edad, estar lúcido y tener nacionalidad uruguaya”, aunque recordó que “todavía debemos esperar la reglamentación para ver cómo se llevará a la práctica”.
Sobre la objeción de conciencia de los profesionales, precisó que “está establecida en la ley”. También reconoció que los equipos médicos están “expectantes para ver la reglamentación”, ya que “estamos ante una situación nueva y queremos saber cómo va a ser”.
La doctora Aliandre coincidió en la importancia de distinguir esta normativa de otras disposiciones vigentes: “Era un tema que nos llevaba justamente a discutir, diferenciarlo de esas disposiciones que ya están vigentes, que nosotros practicamos, que es la sedación paliativa, la ley de voluntades anticipadas, que son cosas diferentes obviamente, que como médicos lo conocemos y practicamos”.
ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES DEL NUEVO DERECHO
El doctor Oscar Cluzet subrayó que el encuentro no buscó debatir la pertinencia de la eutanasia, sino “estructurar que la reglamentación corrija eventuales incongruencias o errores”, para que luego “el decreto provoque la mayor equidad y aplicabilidad real del derecho”.
Remarcó que la discusión no se agota en el plano médico, sino que “termina siendo una discusión ciudadana que de alguna manera, da mayor solidez a la aplicabilidad de la ley”. Asimismo, planteó la necesidad de definir con precisión conceptos clave, como el de “sufrimiento intolerable”, y su relación con la provisión de cuidados paliativos previos, para evitar “interpretaciones diversas del mismo texto”.
Cluzet advirtió que el proceso de implementación “debe asegurar el respeto” a la decisión del enfermo, libre de presiones, y también proteger al médico en el ejercicio de la objeción de conciencia.
Además, consideró fundamental que la reglamentación aclare los instrumentos a utilizar, como el consentimiento informado y las instancias de ratificación médica, así como el papel del órgano de control, que en la ley quedó establecido a posteriori del acto eutanásico.
UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
El especialista sostuvo que “la eutanasia es algo que divide a cualquier colectivo”, y que el desafío radica en “dar el cúmulo de garantías a los diversos actores que intervienen en este proceso”, comenzando por el paciente y extendiéndose a todo el sistema.
Destacó que “la gestación del decreto no puede ser una simple copia de los instrumentos legales que tenemos, sino el resultado de un proceso de discusión amplio (…), con todos los sectores involucrados y respetuoso de la opinión del otro”.
Recordó que “la ley se llama de Muerte Digna, pero hay muchos modos de tener una muerte digna, no exclusivamente a través de la eutanasia”, en alusión al valor de los cuidados paliativos.
