El gobierno reglamentó la ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) donde establece el trabajo de la Comisión de Expertos. La norma señala que la citada comisión tiene un plazo de 120 días para expedirse y podrá ser prorrogada una sola vez por el gobierno por hasta 60 días como máximo. El plazo comenzó a contarse desde el viernes 14.
La comisión analizará la evolución demográfica y laboral de los trabajadores, además de formular recomendaciones de reformas para mediano y largo plazo. De acuerdo a la reglamentación, la comisión estará integrada por un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, otro del Ministerio de Trabajo y tres representantes de la Caja de Profesionales. Estará presidida por el Ministerio de Trabajo y para sesionar, alcanzará la mayoría simple de sus integrantes.
El 10 de diciembre habrá elecciones que renovarán el directorio de la CJPPU y para dicha instancia se presentan varios lemas y unas 17 listas, tanto para el orden de activos como jubilados. Entre los lemas se encuentran Todos Juntos, Gremios por la Caja, Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional, Profesionales Unidos por Nuestra Caja y Asociación de Afiliados a la Caja.
Fernando Rodríguez Sanguinetti integra el directorio y es candidato por la agrupación El Orden Profesional, que se presenta bajo el lema Todos Juntos. El directivo cuestionó la reforma, analizó la problemática que enfrenta y presentó sus propuestas.
El decreto reglamentario de la Ley 20.410, que aprobó el salvataje de la caja, resolvió una serie de probables aumentos de los aportes de los activos. “Establece que el 1º de enero de 2026 se podía aumentar hasta un 2% el valor de los fictos, que representa un 12% en términos reales. En enero de 2027 se podía llegar hasta 1% de aumento acumulativo y representa otro 6% en términos reales de la cuota que paga el afiliado. En enero de 2028 agrega otro 6% de aumentos. Por lo tanto, en tres años vamos a pasar a pagar un 24% en términos reales, además de la actualización que tiene por Índice Medio de Salarios todos los años. Esto para la caja es inviable”, dijo a EL TELEGRAFO.
Explicó que existe “un severo problema” con los profesionales que dejan de aportar y se declaran en no ejercicio. “De hecho, hay 113.000 profesionales universitarios en edad de ejercer y no lo hacen –al menos– en forma libre. Por lo tanto, no aportan a la caja”.
Recordó que manifestó su posición contraria a la iniciativa del anterior gobierno y a la ley actual, “porque recarga en los pocos que aportamos” y “cobra un nuevo impuesto a los jubilados con el IASS para pagar las jubilaciones en el BPS”.
Propuso modificaciones a la ley que estableció la comisión de expertos, conformada por tres delegados del Ejecutivo y tres directores de la caja, “pero la mayoría la tendrá siempre el Poder Ejecutivo porque ante el empate y falta de consenso, el presidente de la comisión tendrá doble voto”.
Sin embargo, de acuerdo a la ley, dicha comisión deberá elaborar un proyecto de reforma de la caja. “Porque lo votado es un salvataje. No podíamos pagar jubilaciones, pensiones ni salarios con el dinero propio y el Poder Ejecutivo lo hace de acuerdo al artículo 67 de la Constitución de la República”.
Rodríguez reconoció su “sorpresa” con este decreto. “Algo presumíamos de su contenido. Casi tres meses después se reglamenta la ley y nos da esta noticia que no habrá ninguna negociación porque la razón la tendrá, aparentemente, el Poder Ejecutivo”.
Propuestas
Según su opinión, “se buscó esperar a que lleguen las elecciones. La presión fue tanta que, al final, reglamentaron la ley y no nos citaron cuando faltan cuatro semanas para las elecciones del directorio y de la comisión asesora. Probablemente cambien las mayorías y seguramente esperan por quienes se harán cargo de la caja”.
Explicó que trabaja “para ser la mayoría absoluta en el directorio y no necesitar de los votos del Ejecutivo para tomar acciones”. Asimismo, planteó cambios en la gestión y administración con un nuevo paradigma del aporte por sueldos fictos, “que es el porcentaje de un sueldo que se viene actualizando desde hace muchos años y no es real. No tiene que ver con el mercado laboral uruguayo y es el doble, prácticamente, de lo que cobra un profesional en su vida cotidiana”.
Propuso “aportar a la caja por ingreso real y sincerar el sistema, porque hay muchos profesionales que lo hacen como empresas unipersonales al BPS pero facturan sus honorarios bajo otro nombre en consultoras, estudios o en la salud. Están contratados como profesionales pero no aportan a la caja”.
Expuso la necesidad del aporte de los dependientes y “a partir de una nueva ley, con el 15% de ingreso real que actualmente aportan al BPS. Los patrones también aportarán a la caja de profesionales, tendrán los beneficios que otorga el BPS sumado a los que tiene diferenciales en la caja. Igualmente se jubilará por la caja de profesionales que tiene –en promedio– mejores retribuciones que el BPS”.
Artículo 71
El artículo 71 de la ley 17.738, creada en 2004, establece un sistema de pagos de timbres y tasas. “Se ha perdido mucha plata por no ajustarlo por el índice medio de salarios. Recién se aprobó con esta ley. Pero tenemos un proyecto de redimensionamiento de este artículo de ampliar la base de ingresos a través de los timbres, bajarlos para la salud y que todas las profesiones lo paguen”.
