Aumenta la cantidad de psicofármacos suministrados a pacientes pediátricos, y las estadísticas lo confirman científicamente. Durante setiembre y octubre de 2023 se realizaron seguimientos a niños y niñas de entre 2 y 14 años internados en el Hospital Pereira Rossell, cuyos resultados fueron publicados en mayo de este año.
El estudio reveló que el 72% de los casos analizados recibió antipsicóticos y el 47% fue tratado con polifarmacia, es decir, una combinación de antipsicóticos y antidepresivos. La Revista de Psiquiatría InfantoJuvenil señaló que los motivos más frecuentes de prescripción fueron trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta.
El informe comprobó que “la prescripción no está acompañada de un correcto monitoreo” y advirtió una “escasez en la indicación de tratamientos no farmacológicos”. Recomendó, además, realizar estudios comparativos sobre la efectividad de distintas terapias y definir un protocolo de actuación para niños y adolescentes con trastornos de salud mental.
Los casos más comunes corresponden al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), cuya incidencia aumentó en el país —y también a nivel global— desde la pandemia de COVID-19. Los trastornos de ansiedad se cuadruplicaron y los de conducta se quintuplicaron. Ante este panorama, los psicofármacos se han convertido en el recurso más habitual para atender diagnósticos diversos.
El estudio, basado en datos del Sistema de Gestión de Consultas de ASSE, señaló que entre enero de 2019 y mayo de 2023 había 4.887 niños en lista de espera para Psicología. “En este contexto se visualiza la problemática del acceso a la terapia”, concluye el documento, que advierte una “sobreutilización de la farmacoterapia en detrimento de los abordajes no farmacológicos”. Además, alerta: “El uso exclusivo de psicofármacos constituye una vulneración de derechos, ya que, aunque la indicación médica esté justificada, la ausencia de otros espacios terapéuticos genera daño”.
El informe enfatiza que las intervenciones en salud mental no pueden reducirse al tratamiento farmacológico, dado que esta es una dimensión multidisciplinaria que requiere incluir al entorno familiar para lograr un abordaje integral.
Sin embargo, se vuelve a evidenciar la falta de políticas institucionales sostenidas que trasciendan los distintos gobiernos, habiliten recursos y, sobre todo, tiempo para atender una problemática compleja. Mientras no exista un protocolo integral que articule los ámbitos de educación, salud y protección infantil, habrá tantos enfoques como poblaciones que requieran intervención. Esto refleja una paradoja: en un país donde nacen cada vez menos niños, la sociedad dispone de menos herramientas para afrontar los problemas sociales de la infancia. Con frecuencia, la única respuesta es la prescripción de un medicamento, ante la carencia de recursos para otras terapias.
Las cifras son especialmente alarmantes en la población institucionalizada. Un estudio del INAU realizado en 2021 sobre el sistema de protección de 24 horas mostró que el 35% de los niños de entre 6 y 12 años consumía psicofármacos, cifra que aumentaba al 47% entre los adolescentes de 13 a 17 años.
Asimismo, un informe de Unicef de 2020 reveló un elevado número de niños y adolescentes internados en clínicas de salud mental, de los cuales el 40% permanecía internado incluso con el alta médica.
Al egresar, muchos no cuentan con un seguimiento adecuado, en un contexto donde se ha naturalizado el consumo de drogas durante las salidas no acordadas. Este déficit de atención integral y de seguimiento impide, además, la continuidad de las actividades curriculares.
Para lograr un abordaje efectivo, resulta fundamental incluir a todos los niños y adolescentes en los controles médicos regulares. Sin embargo, como advirtió la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en Uruguay unos 126.000 menores no cuentan con controles médicos, una cifra alarmante si se compara con el total de niños escolarizados.
La ministra, pediatra de profesión, subrayó la necesidad de “dar respuesta a determinadas disciplinas, especialidades e interconsultas”, en el marco de una de las diez prioridades establecidas por el Ministerio desde su asunción en marzo. El séptimo punto de esa agenda prioriza “la salud de la primera infancia, infancia y adolescencia, y su rol central en el desarrollo nacional”.
Uruguay enfrenta un enorme desafío con su infancia y adolescencia, que debe ser abordado más allá de los discursos partidarios. Las políticas públicas, en este sentido, deben pensarse a largo plazo y con una mirada de Estado, de lo contrario, solo se profundizará una problemática ya constatada por múltiples estudios.
La paradoja es clara: en el siglo del bienestar, la crisis de salud mental golpea con fuerza a quienes deberían vivir “la mejor etapa de la vida”.
A comienzos de octubre, el Parlamento organizó un seminario sobre la situación de la infancia en el país. Entre sus conclusiones se destacó la necesidad de crear dispositivos específicos para la atención de la salud mental y el consumo problemático.
El séptimo punto de las prioridades ministeriales lo resume bien: el compromiso con esta población es clave, porque, de no asumirse, se compromete seriamente el futuro del país. Lamentablemente, no todos parecen verlo así.
