El gobierno nacional dio a conocer los lineamientos centrales del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2035, documento estratégico elaborado por Presidencia de la República y el Ministerio del Interior que apunta a consolidar un rumbo común en materia de prevención, control e investigación del delito. Según se detalla en el material oficial, el PNSP busca “avanzar hacia un país más seguro” mediante políticas públicas coherentes, planificadas y evaluables, respaldadas por evidencia científica y acuerdos institucionales de largo plazo.
El plan, que se encuentra en fase de diseño, establece como objetivo general la creación de políticas eficaces, eficientes y justas, capaces de atender los desafíos estructurales de seguridad que enfrenta Uruguay. Dentro de los principios rectores se plantea la necesidad de orientar la acción estatal con una visión amplia del problema, fortalecer capacidades institucionales, mejorar los sistemas de registro y priorizar aquellas áreas donde el impacto social del delito es más profundo.
El cronograma tentativo indica que la implementación y el monitoreo comenzará en marzo de 2026, una vez culminada la etapa de diseño y validación. Para su financiamiento se prevé la reasignación de recursos, el uso de partidas específicas del presupuesto 2025 y la incorporación de ajustes en futuras rendiciones de cuentas. El proceso contará con el acompañamiento del Consejo Internacional de Observación y Cooperación (CIOC), organismo que colaborará en la revisión técnica y en la comparación de experiencias internacionales. El PNSP organiza sus líneas de acción en dos grandes bloques. El primero se centra en problemas prioritarios que requieren respuestas urgentes y focalizadas, entre ellos los homicidios, la violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes, las armas de fuego y municiones, el narcotráfico, los ciberdelitos y fraudes informáticos.
El segundo bloque aborda el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado, especialmente en el sistema de justicia criminal y en el sistema de prevención de la violencia, ámbitos que resultan clave para sostener políticas públicas de largo aliento.
Alarma ante delitos sexuales
Uno de los apartados más detallados del documento corresponde a la violencia sexual, de acuerdo a lo presentado por el coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública, Dr. Emiliano Rojido, durante el 4.º Evento por la Seguridad celebrado en Paysandú, donde se describe una realidad particularmente compleja. Según los datos del plan, el “85% de las víctimas son mujeres y más de la mitad son menores de edad, lo que confirma la fuerte afectación sobre niñas, niños y adolescentes. Dentro de ese universo, el abuso sexual representa el 72% de los casos registrados, con una predominancia de agresores intrafamiliares o personas cercanas al entorno de la víctima”.
La evolución de la tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes muestra “un incremento sostenido en la última década, llegando en algunos años a duplicar los valores observados en el período 2013-2015”. En el mapa nacional, los departamentos presentan variaciones significativas, con tasas que oscilan entre 77 y 137 delitos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Paysandú, la tasa se ubica en 101,2, dentro del rango medio respecto del resto del país. El documento señala además que “la mayoría de estos delitos no se denuncian, lo que subestima la magnitud real del problema y dificulta la planificación de respuestas estatales”. A esto se suma la preocupación por “la detección de redes dedicadas al tráfico de personas y explotación sexual, que operan como estructuras vinculadas al crimen organizado. Uruguay continúa siendo país de origen, tránsito y destino, con particular afectación sobre mujeres, niñas, niños, adolescentes e inmigrantes”.
REFORZAR LA RESPUESTA DEL ESTADO
El PNSP apunta a fortalecer el trabajo interinstitucional, mejorar la recolección de datos, ampliar la capacidad de análisis criminal y consolidar mecanismos de evaluación permanente. La meta es construir un marco estable de políticas públicas, capaz de sostenerse durante la próxima década y adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y delictivos.
Las autoridades destacan que la seguridad pública requiere acciones coordinadas y una visión de largo plazo que abarque prevención, investigación, sanción penal y reinserción. La elaboración de este plan se presenta como un paso decisivo en esa dirección, con la expectativa de que sus líneas estratégicas permitan enfrentar “de manera más efectiva” los desafíos que hoy preocupan a la ciudadanía.
En torre ejecutiva
Finalizado el encuentro, Rojido destacó la instancia realizada en Paysandú. “Es un gusto desarrollar eventos como este de escala nacional, incluso internacional, con muchos participantes internacionales en el interior del país. El evento se evalúa muy bien. Este es un problema de seguridad pública que tiene poca visibilidad, porque las víctimas tienen poca visibilidad. Los que sufren este delito son niñas, son niños, son adolescentes, son mujeres, son inmigrantes y muchas veces tienen poca capacidad de reclamar respuestas por parte del Estado a pesar de que son víctimas de delitos que son una tragedia que rompen a las personas, rompen trayectorias de vida y que por tanto requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado. Eventos como este que ponen sobre la mesa el problema, intentan analizarlo, que intentan coordinar distintas agencias que forman parte de la solución, son muy importantes. Y para esto, agradecer la cooperación internacional, en este caso, con el apoyo del PNUD, de OIM, se ha desarrollado este evento, que ha traído también expertos de la región, de Argentina y del Brasil, y que junto con una muestra, con un panel local de operadores locales de distintas instituciones, han reflexionado sobre el tema y creo que han dado un paso adelante en la construcción de soluciones”, dijo en rueda de prensa. Lo presentado durante el foro “se inscribe en el Plan Nacional de Seguridad Pública”, que fue un llamado a distintas instituciones del poder público y de la sociedad civil “a construir una política de Estado”.
“Hace un año estábamos en este país, todos los partidos políticos, en el clima electoral, todos reclamando políticas de Estado serias en materia de seguridad porque ningún gobierno por sí solo ha podido revertir los problemas. Hoy lo estamos construyendo, con el apoyo de más de 80 instituciones que formaron parte de este esfuerzo. Se cierra la fase de encuentros con seguridad del 8 de diciembre en la Torre Ejecutiva en Presidencia de la República. El presidente de la República y el Ministerio del Interior van a agradecer los aportes recibidos por estas instituciones. Van a presentar el resultado de más de 100 propuestas estructuradas que surgieron de esta instancia”, precisó el coordinador nacional. Y adelantó que “vamos a manifestar nuevamente el compromiso por tomar toda esta información muy valiosa como un insumo para el diseño final del plan que se presentará en marzo del año próximo, más allá de que ya estamos implementando algunas acciones que se enmarcan en el plan. El Ministerio del Interior, por ejemplo, está llevando adelante una reforma profunda de la currícula policial, que será parte del plan. Tenemos un convenio también de cooperación internacional con el BID para trabajar en el sistema penitenciario, para trabajar en el tema de cibercrimen, que es uno de los desafíos del presente y del futuro. Hay también un convenio con la OEA para trabajar en control de armas, de fuego y municiones, de modo que este es un plan en movimiento que ya está trabajando pero que se presentará formalmente en marzo del año próximo”.
