A comienzos de diciembre, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) presentó un nuevo estudio titulado “Uruguay en un laberinto complaciente, ¿se puede salir?”, a cargo del economista Ignacio Munyo. Allí señaló el estancamiento económico que mantiene el país, la inversión insuficiente para las metas del gobierno, que planea un aumento del Producto Bruto Interno (PBI), y el gasto público con incremento sostenido. El crecimiento proyectado para este año se ubica en torno al 2%, y en 2026 será aún más desafiante, dado que inversiones previstas, como el hidrógeno verde o la exploración petrolera, no se concretarán antes de esa fecha. Entre los datos para enmarcar el futuro incierto de ese crecimiento, Munyo se refirió a cifras concretas: el 78% de los legisladores está de acuerdo con mantener o aumentar el tamaño del Estado, un porcentaje elevado si se observa que el Estado crece para hacer siempre lo mismo, pero no para hacerlo mejor. Es decir, descansa su gasto sobre los hombros del sector productivo, sin probar que es eficiente con ese dinero que no es suyo. El informe de Ceres también abordó la burocracia estatal, señalando que el 58% de las disposiciones que los empresarios consideran perjudiciales son “normas por las dudas” y el 28% responde a intereses sectoriales. Además, solo el 1% del gasto público se discute en clave de reasignaciones y evaluaciones de rendimiento; el 99% restante se ejecuta sin medición de resultados. El 76% de los legisladores es partidario de conservar intacto el régimen de incentivos a la inversión, pero, según Ceres, este acotamiento ya no genera nuevos flujos de inversión. A ello se suman educación y seguridad, que explican parte del estancamiento. La reforma educativa avanza con dificultades y no despega, mientras que el país está “asediado” por el crimen organizado, con un sistema carcelario que no reinserta, sino que forma parte del problema. El dólar se mantendrá bajo y sin grandes variaciones en el quinquenio. La competitividad continuará debilitada y contribuirá al encarecimiento permanente. Uruguay debe “salir de la inercia”, y existe consenso para ello, aunque sin capacidad efectiva para implementarlo. El escenario internacional tampoco es prometedor: Europa estancada, China avanzando permanentemente y Estados Unidos cada vez más proteccionista. La región tampoco acompaña: Brasil proyecta un crecimiento del 2%, mientras que Argentina mantiene una alta inflación, que apunta al 30% anual. En este contexto, el Estado uruguayo sigue creciendo, como lo confirmó el presupuesto aprobado por amplia mayoría. Incluso el ministro de Economía, Gabriel Oddone, manifestó su beneplácito por los acuerdos alcanzados. Sin embargo, los uruguayos presenciaron discusiones mediáticas que comenzaron con los primeros discursos que calificaban la situación financiera como una “Ferrari fundida” y un “panorama económico complejo”. Luego, Oddone reconoció que “la situación económica es de un país sólido, que tiene grado inversor, que tiene una economía que funciona, pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que, además, tiene una situación fiscal frágil. Es manejable, pero es frágil”. Era necesario bajar el perfil para no complicar la presentación del país ante organismos internacionales. Ahora, el ministro asegura que “no precisamos más recursos” y defiende los tributos aprobados en el Presupuesto Quinquenal, que establece un impuesto global a multinacionales y mayores controles para las colocaciones en el exterior. Así rechazó nuevamente la propuesta del Pit Cnt de gravar a los más ricos, asegurando coherencia desde el inicio. Incluso antes de asumir, al verificar ante organismos multilaterales de crédito, constató que no había “preocupación” por el ciclo electoral uruguayo. Las calificadoras de riesgo coinciden en la estabilidad institucional y la continuidad de políticas, pese a las campañas electorales, así como en las restricciones fiscales. El gobierno de Luis Lacalle Pou finalizó con un déficit fiscal del 4,3% del PBI, similar al 4,7% recibido de Tabaré Vázquez, y que podía subir al 4,9% por deuda flotante. La agencia Fitch apunta a dificultades para que el gobierno de Yamandú Orsi reduzca el déficit, ya que “el presupuesto de Uruguay está dominado por programas sociales que Orsi planea reforzar”. El programa de gobierno de 2026 deberá enfrentar problemas que frenan la inversión, la generación de empleo, la reactivación del Interior y el desarrollo social. El ministro Oddone ha insistido en que el escaso crecimiento es un desafío, que requiere duplicar las inversiones. Hasta el momento es incierto cómo Orsi negociará las reformas urgentes sin que los conversatorios diluyan la toma de decisiones. Los altos costos de producción y la lenta apertura comercial permanecen sujetos a discusión partidizada. Uruguay debe aspirar a mayor inserción internacional, menos dependiente de una región de lento crecimiento. Como señaló Oddone meses antes de asumir: “Eso implica reformar al Estado y sus vínculos con el sector privado, promover la competencia en varios mercados e integrarnos más intensamente con otras zonas del mundo”. Las capacidades de gestión estarán bajo observación constante.