Mes: enero 2026

La Iglesia regula el ámbito sacramental del matrimonio, mientras que el Estado lo hace en lo civil; el respeto mutuo entre ambos y hacia quienes no comparten la fe, es clave para una convivencia justa.
Estado y sociedad deberían ayudar a todos los que quieran iniciar ese camino. La familia es un lugar donde los vulnerables se pueden sentir cuidados, especialmente en lo que atañe a la solidaridad intergeneracional: la educación de los niños y la atención de los enfermos y ancianos.

La familia es un marco de permanencia y estabilidad, institución fundamental para la sociedad y de función comunitaria. El matrimonio tiene sentido: la Iglesia lo considera como un vehículo de la gracia de Dios y por eso es un sacramento, una asistencia especial de Dios para vivir la vocación matrimonial y social. La unión sexual de un varón y una mujer (por el bien de cada uno de ellos y el de sus hijos e hijas) se encuentra en el centro de la familia.

De acuerdo con el modo individualista de entender la familia, ésta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse.

La familia constituye una gran riqueza social intrínseca (cuida, acompaña y sana), que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos; la familia es la base y la que aporta tanto al bien común de todos, es el lugar donde resguardar la vulnerabilidad en el marco de unas relaciones personales que estén más allá de la mera utilidad funcional.

La familia vincula a sus miembros en dos direcciones: generativo (referido a hijas e hijos) e intergeneracional (referido a abuelas y abuelos).

C.I: 2.980.386-5

En los próximos días el Mercosur y la Unión Europea formalizarán el tan ansiado, demorado y esperado acuerdo entre los dos grandes bloques. La firma será en Asunción ya que Paraguay ocupa en este semestre la presidencia pro tempore del Mercosur. Según el canciller Mario Lubetkin, dada la importancia del acto, es de esperar que en los próximos días los presidentes vayan confirmando si ellos mismos serán quienes encabecen sus respectivas delegaciones.

La fecha prevista aún sujeta a revisión, sería el viernes 16 o el sábado 17. La delegación de nuestro gobierno, además de contar con la participación de Lubetkin, estará liderada por el presidente Yamandú Orsi.

A partir de las firmas, los países miembros de uno y otro bloque internalizaran, formalmente, el debate de ratificación parlamentaria. Eso significa incorporar a la agenda de la Comisión Permanente el ingreso del tema o bien pausar hasta que ambas cámaras, tras acabar el período del receso, retomen actividad. Es decir, a partir del 1º de marzo.

La Comisión Permanente está integrada por cuatro senadores y siete diputados. El cupo de senadores comienza con Bettiana Díaz que la preside, Daniel Borbonet, Juan Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva. Y los diputados Pablo Abdala, Sebastián Andujar, Margarita Libschitz, Ana Olivera (que anunció su retiro a partir del próximo 1º de marzo y será sustituida por Natalia Díaz), Gabriel Otero, Federico Preve y Walter Verri la completan.

Largo anhelo

Si bien la concreción de este acuerdo tuvo muchas postergaciones, sin ir más lejos, la última fue el pasado 20 de diciembre cuando estaba agendado que en Foz de Iguazú se procedería a dar cierre a las negociaciones y firmar el inicio del proceso de formalización. Pero debido a cuestiones de política interna de la Unión Europea se postergó y para sortear esas últimas dificultades se agregaron unas salvaguardas a efectos de proteger al sector agrícola y evitar otros contratiempos.

Dos años atrás, Francia, Austria, Irlanda, Polonia, también Bélgica se negaron a dar su aval al proceso negociador. Se fundamentó ante la exigencia de asegurar la protección de la agricultura europea frente a tres asuntos de sensibilidad política, con entonación económica y laboral. A saber; las importaciones de carne bovina y aviar del Mercosur; las diferencias en estándares ambientales y sanitarios; y por último, la presión política de sindicatos del sector era un riesgo ante un año preelectoral europeo que varios gobernantes no estaban dispuestos a asumir. Así, sin mayorías necesarias más o menos aseguradas la Comisión Europea optó por defraudar a sus potenciales socios, es decir, nosotros, acabando así otro naufragio.

Lo cierto es que en el 2024 se sumaron varios asuntos que llegaban aportando cierta incertidumbre: las elecciones al parlamento europeo, el avance de los partidos euroescépticos y proteccionistas, y una conflictividad importante en el sector agropecuario.

No todo fue malo en diciembre del 2024 aunque no se formalizara. Algo subestimado pero positivo fue que el acuerdo estaba aunque quedara a espera de un momento más propicio. El peso político del sector agrícola y una debilidad electoral de partidos en el gobierno fueron las razones de fondo.

Una ratificación algo compleja

Son dos procesos muy diferentes. Mientras para el Mercosur, el acuerdo comercial entraría en vigor en cada país miembro tras la ratificación parlamentaria correspondiente. Pero es más complejo para la UE. Allí el proceso es más complejo. En efecto, por el complejo de competencias entre las instituciones europeas y nacionales, la aprobación es en dos niveles. La parte del acuerdo que trata sobre temas estrictamente comerciales, como la rebaja de aranceles y modificaciones de ciertas barreras no arancelarias, se exige una ratificación del Consejo de la UE lograda con al menos 15 de los 27 estados miembros; es decir, el 65 % de la población de la UE, y del Parlamento Europeo.

Adicionalmente, cada estado miembro deberá aprobar las partes del acuerdo que afectan a competencias nacionales en áreas como la política fiscal, laboral, medioambiental y de inversión extranjera. Dicha ratificación la deben dar sus parlamentos, para así asegurar el cumplimiento de sus leyes y regulaciones
En principio, sirve y mucho

Para Uruguay, el acuerdo significará una reducción de aranceles en carne, lácteos, arroz y celulosa; una mejora en el acceso a servicios y compras públicas europeas. También significará un refuerzo institucional para inversión extranjera. Adicionalmente, tendría costos de ajuste bajos dado que su industria es pequeña y abierta.

Los estudios de impacto muestran que Uruguay sería el país del Mercosur que en términos relativos potenciaría su bienestar y el salario real precisamente por nuestra condición exportadora.

Según el ministro Gabriel Oddone, proyecciones del MEF estiman que se generarían aumentos del PBI del 1,5%, las exportaciones de bienes un 4% y también mejoras del empleo y el salario real.

El momento es ahora

Con parsimonia, en el momento de mayor complejidad de la política internacional, este acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, dan un nuevo aire tanto a uno como a otro bloque. No es un buen momento de proyección de Europa, atravesada por los riesgos de una tentación autoritaria y regresiva de aquella esperanza civilizatoria como lo fue la revolución francesa, que sentó para la democracia moderna los valores de igualdad, libertad y fraternidad hoy tan atacados.

A partir de completar la ratificación parlamentaria, el acuerdo UE-Mercosur significará un mercado integrado de más de 770 millones de personas, alcanzando un PBI total superior a los 18 billones de euros.

En contrapartida, la UE obtendría acceso preferencial a mercados que representan un 95% del PBI de la región, expandiendo así su presencia en comparación con otros actores globales.
Su posicionamiento económico y político cobraría, por esta vía, una nueva dimensión. Podría reconvertir su proyección abandonando, quizás, el estigma de potencia desorientada para recobrar ánimo y revalorizar su posición.

Creada en el año 1948, la Organización de Naciones Unidas (ONU) atraviesa una de sus crisis de credibilidad más severas, multicausales y persistentes a lo largo del tiempo.

En efecto, en palabras del especialista Jesús A. Núñez Villaverde, “hablar de crisis de la ONU se ha convertido ya hace tiempo en un lugar común, hasta el punto de que cada referencia al inminente colapso del orden internacional basado en normas cabría interpretarlo como un clavo más en el ataúd del legítimo representante de la comunidad internacional. Desgraciadamente, por voluntad directa de sus Estados miembros ha ido quedando crecientemente marginada y sin capacidad real para cumplir la principal de sus tareas: evitar la guerra. Así, se repiten hasta la extenuación las críticas contra el escaso poder de su secretario general, el magro balance de la diplomacia preventiva y de las operaciones de paz desplegadas en todos los rincones del planeta o la rémora que supone un Consejo de Seguridad lastrado por una composición y un proceso de toma de decisiones que no se ajustan a la relación de fuerzas del mundo actual”. Sin perjuicio de todo ello y de la crisis financiera que enfrenta la institución fruto de la caída de la contribución realizada por los países miembros (caída que refleja la falta de confianza de los mismos en la ONU), lo cierto es que se trata de una organización cuya imagen y credibilidad se encuentran muy dañadas. Durante décadas, la ONU ha demostrado con total éxito su inoperancia y falta de capacidad para lograr evitar o el amenos atemperar los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial: la guerra de Corea, el conflicto armado en Vietnam, las masacres de la antigua Yugoslavia o de Ruanda, así como la invasión de Rusia a Ucrania, absolutamente todo lo que ha sucedido en Medio Oriente desde el ’45 a la fecha, entre tantos otros enfrentamientos en los cuales el multilateralismo de la ONU ha sido impotente para preservar la paz, motivo central para lo cual ha sido creada. A pesar de ello, la ONU ha sido totalmente exitosa a la hora de elaborar y difundir la agenda “woke” a través de organizaciones que dedican millones de dólares en todo el mundo para promover el feminismo, los derechos LGTBI y otras iniciativas de contenido y finalidad similares. Como sucede en todo el mundo (Uruguay incluido) esas agendas globales incluyen la contratación de exfiguras de gobierno o políticos como consultores contratados a través de programas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del cual muchos de ellos se embolsan miles de dólares en consultorías. Es por eso que cuando ocupan cargo de gobierno o se desempeñan en bancas parlamentarias defienden con tanto entusiasmo las posturas de las ONU. Favor con favor se paga. Igualmente de inútil e intranscendente ha resultado el papel de la ONU en la invasión de Ucrania a la cual hicimos referencia, ya que siempre se ha cuidado de no molestar a Vladímir Putin con sus declaraciones y de tampoco incomodar a los países árabes cuya agenda a través de las décadas siempre ha sido claramente contraria a la existencia del Estado de Israel. La tibieza de la ONU ante la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hezbollah el 7 de octubre de 2023 deja en claro que la ONU está flechada desde hace mucho y que el proceso de independencia de muchos países africanos en la década de los años ‘60 ha inclinado la balanza hacia el lado de quienes han optado por el terrorismo internacional como forma de actuación pública. Estos países son mayoría en la Asamblea General de la ONU, órgano cuyas decisiones no tienen carácter obligatorio y por ende a nadie le interesan realmente. Se trata de “castigos morales” que no logran preocupar a quienes están dirigidas, porque no tienen moral alguna, precisamente.

De acuerdo con un artículo publicado por el portal de noticias de la cadena BBC, “Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics, dice que la invasión rusa de Ucrania hace dos años y ahora la guerra de Gaza han demostrado que el Consejo de Seguridad de la ONU “está paralizado y es disfuncional” y que la Asamblea General de las Naciones Unidas es “más una institución simbólica que una agencia ejecutiva”.
Considera que el estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es una consecuencia del regreso de las rivalidades entre grandes potencias que enfrentan a China y Rusia, por un lado, contra Estados Unidos y Europa, por el otro. “La ONU, incluidas sus diversas agencias, está en coma”, afirma. “Este es un momento peor que la Guerra Fría”. Todo ello deja en claro una sola cosa: más allá de las posiciones e interpretaciones de cada uno, lo cierto es que la ONU es una vergüenza como institución multilateral y un fracaso en relación con sus propios objetivos. El caso de Venezuela ha sido un ejemplo más de la inoperancia no sólo de la ONU, sino también del Mercosur, cuyos gobiernos de izquierda del momento hicieron entrar a prepo a Venezuela en esa organización internacional violando los derechos de otro Estado Parte (Paraguay) en una jugada de las que le gustaban al expresidente José Mujica porque ponían “lo político por encima de lo jurídico”. Finalmente, y como se trataba de una realidad que “rompía los ojos” recién en el año 2017 Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil constataron “la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela” y por ello suspendieron a ese país del Mercosur. Toda esa violación democrática del chavismo venezolano ya era conocida cuando se solicitó su ingreso, pero se tenía que devolver el favor a Maduro –que puso mucha plata y recursos en los países y gobiernos afines, en forma directa y de turbios negocios– y a la memoria del propio Chávez porque es aclaro que todas esas valijas repletas de dinero que llegaron desde Caracas a Uruguay no fueron un simple regalo, sino que fueron una forma de financiar las campañas políticas de los partidos políticos “compañeros” en esta parte de América del Sur. Resulta irónico como los frenteamplistas uruguayos que durante años negaron la existencia de presos políticos en Venezuela muestren ahora, como un gesto de buena voluntad, la liberación de presos que según ellos nunca existieron. El cinismo de la izquierda uruguaya en su máxima expresión.

El propio presidente de la República Yamandú Orsi, en su reciente visita a la localidad de Nuevo Berlín sostuvo que el sistema internacional atraviesa una crisis profunda. “Hay que darse cuenta de que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Tenemos que acostumbrarnos”, afirmó. “Los organismos internacionales están pulverizados. El derecho internacional está pulverizado”, añadió, tras recordar su reciente participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Hagan un repaso de esos discursos y nos damos cuenta de que es otro mundo”. Y tiene mucho de cierto. Sólo le faltó un mea culpa de la izquierda tanto latinoamericana como mundial, que hizo mucho para que se llegara a esta situación. Las palabras del presidente uruguayo tienen mucho de la situación actual, pero también del futuro que se nos viene a pasos agigantados y para el cual debemos estar preparados. En un mundo en el cual el multilateralismo pierde cada día más fuerza y muchos de los problemas internacionales se terminan gestionando en el “pico a pico” de las relaciones bilaterales. Es verdad que el mundo ya no será lo que parecía ser, pero tampoco lo será la ONU, fruto de su propia incapacidad, su pésima gobernanza, su incontenible pérdida de prestigio y su estructura pensada para otras épocas. En ese mar de incertidumbres y desafíos, Uruguay debe ajustar sus velas para esos nuevos vientos y posicionarse como el país pequeño pero respetado que es.