Roberto Ciré es edil de la Lista 609 y coordinador de la bancada del Frente Amplio. Es oriundo de Las Piedras y fue funcionario de Ancap en el área del portland durante casi 40 años. Llegó a Paysandú en el año 2000, al año siguiente encabezó la campaña por el plebiscito en defensa de la empresa pública y ocupó el cargo de presidente de la Federación Ancap (Fancap) por varios años. Desde su área de seguridad y protección, participó en el proceso de instalación de ALUR en Paysandú y Bella Unión. Pasó a retiro en 2015 y ese año resultó electo edil por el lema Espacio 609. Desde entonces está dedicado a la actividad político-partidaria. Ciré se manifestó de acuerdo con el plan estratégico para el portland que presentó el gobierno en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
Antecedentes
Luego de un extenso análisis, el gobierno tomó decisiones que “a nuestro juicio son bastante acertadas y no son de las peores. Hemos estado analizando con severidad las actas de la concurrencia de la presidenta de Ancap –Cecilia San Román– al Parlamento”.
La jerarca señaló a los legisladores que el portland de Ancap ocupa a 400 trabajadores en total. “El costo de la tonelada en el mercado es de 4.340 pesos, Minas la saca a 7.514 pesos y Paysandú a 9.800 pesos. En Minas, es casi la mitad de costo y en Paysandú, más del doble”.
También en el Parlamento “informó que el horno trabaja en Minas 142 días del año y en Paysandú 103, de acuerdo a las estadísticas del año 2025. Por lo tanto, la mayor parte del proceso de producción estaba parado. Por los datos concretos que tenemos, el mercado se mueve en torno a las 800.000 toneladas en venta durante el 2015 en el país”, dijo a EL TELEGRAFO.
El organismo “tiene una producción para 580.000 toneladas. Entonces, tiene un elevado tiempo parado el horno y, de alguna forma, eso venía generando en los últimos 25 años, 800 millones de dólares de pérdidas”.
Decisiones
Durante varios gobiernos, “incluso del Frente Amplio, no se tomaron decisiones claras. Fundamentalmente para reacondicionar la producción y realizar las inversiones necesarias que pongan a Ancap en igualdad de condiciones con otras empresas”.
Ciré indicó que “había que tomar decisiones y aclaro por qué no me parecen las más desacertadas. En primer lugar, la planta no se cierra sino que seguirá vendiendo el cemento portland en la región, abasteciendo a todo el mercado al norte por una decisión política del directorio de Ancap”.
Reconoció que “lo que sí sucede en la planta de Paysandú es que se para el horno. De esos 103 días que trabajaba durante el año, quizás hoy lo prendan menos porque la calidad del cemento no exige esa producción”. Explicó la existencia de dos tipos de calidad de cemento. “Uno es el que produce Minas, fundamentalmente para las obras de viviendas y el otro, es el que produce Paysandú para hacer obras de infraestructura como carreteras, puentes y grandes obras desde el punto de vista industrial”.
En ese marco, “por lo que entendemos, el gobierno tomó la decisión de dejar a los trabajadores públicos y privados de Paysandú bajo un sistema mixto. Se trae el clínker de Minas y en Paysandú se termina el proceso de refinado, embolsado y distribución”.
Inversiones
De acuerdo al proyecto, “Ancap seguirá produciendo portland” y tiene previsto inversiones “para equilibrar los costos de producción y generar mayor eficiencia en la planta”.
El portland tiene tres centros de distribución, en Manga, Minas y Paysandú y con el fin de “equilibrar los costos, esa inversión en el quinquenio es de aproximadamente 30 millones de dólares para poner a la producción del portland en su conjunto, en condiciones equiparadas a la industria privada y poder competir”.
El mercado está distribuido en 42% para la empresa Artigas –de Cementos Avellaneda–, Ancap tiene un 33% del mercado, Cielo Azul 18% y Cimsa 7%. “Estas dos últimas tendrían dificultades y estarían por decidir abandonar el mercado o vender sus acciones. Si Ancap puede lograr evolucionar y mejorar su eficiencia, seguramente esa porción del mercado –que es casi un 25% más– lo absorba el ente, porque es una marca reconocida e impuesta que no tiene que generar propaganda y es requerido, fundamentalmente, por su calidad”, agregó.
Ciré subrayó que “históricamente el portland ha dado pérdidas. En 2024 fue 21 millones de dólares y creo que esos costos se irán abatiendo, tratando de lograr los equilibrios a fines del quinquenio. A eso aspiramos y a tener una competencia activa para lograr la recuperación de una parte del mercado que la empresa perdió en los últimos años”.
Reconoció que hubo “muchas decisiones políticas que no fueron las más acertadas y entiendo la postura del sindicato que ha dicho siempre que el portland debe ser estatal y público. Aún en esta decisión, que es muy difícil de comprender por parte de los trabajadores que temen por el incumplimiento del gobierno”.
Reafirmó que, de acuerdo a este proyecto, “la empresa seguirá siendo estatal y pública porque no se pierde ni el valor ni la propiedad de las canteras que existen en Paysandú”.
La empresa seguirá trabajando con “la totalidad de los trabajadores del portland de Paysandú. Por eso, esperamos que, con estas condiciones, se logre un acuerdo entre el sindicato y el directorio de Ancap a los efectos de poder revertir esta situación”.
Por otro lado, Ciré manifestó su postura sobre la posibilidad de instalar el tercer horno. “Las inversiones para su instalación son prácticamente irrealizables. Es irrealizable desde el punto de vista económico y material porque gran cantidad de partes del horno que está depositado allí, han sido utilizadas en la actual infraestructura”. Afirmó que “la Junta Departamental, los ediles y el intendente estarán alertas, porque nadie está dispuesto a perder una fuente de trabajo en el departamento. Y mucho menos, en Paysandú donde el 12% de la mano de obra está desocupada”.
Consulta a los trabajadores
Ciré relató que el diputado Juan Gorosterrazú “nos informó a los ediles que cuando fueron al Parlamento, la ministra –de Industria Fernanda Cardona– salió por un lado y por el otro ingresó el sindicato. No tengo la veracidad de que este proyecto fuese consensuado con los trabajadores. Sí creo que se tomaron decisiones políticas que, quizá, no fueron por el mejor camino. Ahora, como ciudadano, tengo el derecho de preguntarle al sindicato si estamos de acuerdo en seguir perdiendo 22 millones de dólares anuales, sabiendo que hay una situación compleja en todo el país”, concluyó.
