El último informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) estimó que la metodología aplicada por el gobierno para fijar los precios de los combustibles generó un sobrecosto de casi U$S 90 millones en combustibles durante 2025. El documento motivó al diputado Fermín Farinha a realizar un pedido de informes sobre la resolución adoptada por la DGI en los últimos días de diciembre, donde el Ministerio de Economía introduce una rebaja en el descuento del Imesi, del 33% al 28%.
“Es evidente que la decisión adoptada genera fundadas dudas respecto de la razonabilidad de la medida, su adecuación a la finalidad legal del régimen y la eventual priorización de objetivos recaudatorios en detrimento del desarrollo regional y la equidad territorial”, señala el legislador en su exposición.
El Barómetro Energético del CPP señala que entre marzo y diciembre, los consumidores uruguayos pagaron U$S 88 millones por encima del precio de importación de la nafta Súper 95 y del gasoil 50S.
El gobierno de Yamandú Orsi abandonó la fijación mensual del Precio Paridad Importación (PPI), “un criterio muy cercano a las operaciones de importación de crudo de Ancap” y comparó el criterio de dos meses. De esa forma, sumó un sobreprecio llamado “factor de estabilización”, que adicionó $ 1,5 por litro en naftas y gasoil.
De acuerdo al documento, “la sociedad volvió a pagar un sobreprecio que llegó a U$S 39 millones en nafta Súper 95 y alrededor de U$S 50 millones en gasoil 50S con IVA incluido”.
En la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se establecieron los criterios para fijar los precios de los combustibles acorde a los criterios de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) en su informe mensual y al informe financiero de Ancap, que no es público.
El CEPP indica que con la metodología aprobada en 2021, hasta febrero de 2025 “la sociedad ahorró alrededor de U$S 450 millones y aun así Ancap arrojó resultados positivos, salvo cuando la refinería, su principal actividad, estuvo sin producir por mantenimiento y conflictos gremiales”.
El informe considera, además, el supergas y elimina el efecto del IVA. Estima que la renta monopólica neta para Ancap se ubicó en torno a U$S 35 millones y se origina en un sobreprecio de U$S 39 millones para la gasolina, de U$S 40,5 millones en el gasoil y un subsidio implícito al supergas de U$S 35 millones.
Según el documento del CEPP, el PPI funcionó como una referencia informativa en vez de un ancla efectiva para la fijación de precios y el uso de los combustibles como “una herramienta de financiamiento fiscal”.
Los precios fijados por el Poder Ejecutivo para los principales combustibles líquidos, nunca estuvieron por debajo de la paridad de importación, a diferencia del período anterior, “en el que siempre fue más barato refinar que importar”, dice el CEPP.
El informe indica que el 42% del Precio de Venta al Público (PVP) además de los costos de Ancap, corresponde a impuestos y costos de la cadena de distribución en el gasoil, mientras que en la gasolina, la cifra alcanza el 61%.
“Este mecanismo de financiamiento presenta bajos niveles de transparencia, al no estar explícitamente aprobado por el Parlamento ni reflejarse de forma directa en el presupuesto público. Asimismo, no se alinea con buenas prácticas internacionales, ya que distorsiona los precios relativos y difumina las responsabilidades en el diseño y financiamiento de las políticas sociales”, concluye el informe.
Medida de impacto
Farinha promovió el pedido de informes al Poder Ejecutivo luego de conocerse la información técnica divulgada el Departamento de Economía del Centro Comercial e Industrial de Salto, que “confirma que la rebaja del descuento del Imesi a las naftas, del 33% al 28% en zonas de frontera, no cumple con la finalidad del decreto vigente, al no asegurar la paridad efectiva con el Precio de Paridad de Importación (PPI)”.
Consultado sobre el pedido de informes, señaló que “se sustenta en informes técnicos que advierten que el porcentaje actualmente aplicado resulta insuficiente para neutralizar las asimetrías de precios con los países vecinos. Esta situación impacta directamente en la competitividad del litoral y en el bolsillo de las familias que dependen del combustible para trabajar, producir y trasladarse”.
A esta situación se suma la modificación introducida por el gobierno en la metodología de fijación de precios de los combustibles. “Al abandonar el seguimiento mensual del Precio de Paridad de Importación e incorporar el denominado factor de estabilización, se generó un sobrecosto para los uruguayos en el año 2025 estimado en unos 88 millones de dólares por encima del precio de paridad”, dijo a EL TELEGRAFO.
De acuerdo con el informe del CEPP, “con la metodología aprobada en 2021, los uruguayos acumularon un ahorro cercano a los 450 millones de dólares. Sin embargo, entre marzo y diciembre de 2025, los consumidores pagaron un sobreprecio estimado en 88 millones de dólares como consecuencia del nuevo esquema de cálculo”.
El legislador señaló que el cambio en la forma de calcular los precios tuvo un claro impacto recaudatorio, apartándose del criterio de paridad y trasladando mayores costos a la ciudadanía. “El impacto es particularmente grave en los departamentos fronterizos, donde además se redujo el descuento del Imesi sin la aplicación efectiva de otras herramientas previstas en la ley de frontera”.
A través del pedido de informes, Farinha solicita al Ministerio de Economía y Finanzas y a los organismos competentes que expliquen los fundamentos técnicos de la rebaja del descuento del Imesi, su impacto real sobre la paridad de precios y el destino del mayor ingreso generado por el nuevo esquema.
