Representantes de organizaciones ambientalistas de Uruguay, Argentina y Chile participaron en un encuentro para analizar el avance de los proyectos de hidrógeno verde y combustibles sintéticos impulsados por la empresa HIF, incluida la eventual instalación de una planta en Paysandú. La instancia fue promovida por colectivos socioambientales y contó con la participación de AUTE, sindicato de trabajadores de UTE, como uno de los coordinadores de la convocatoria.
Durante dos jornadas –la primera en San José (Colón), y la segunda en Paysandú– se intercambiaron visiones sobre los impactos territoriales, económicos y climáticos de estos emprendimientos, así como sobre los antecedentes de la empresa en Chile.
CUESTIONAMIENTOS A LA “TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA”
Ana María Barbosa, integrante de “Agua es Vida” y “Ecotambores” de Tambores, explicó que el objetivo fue “poner un poco en común cuáles son nuestras preocupaciones y qué podemos hacer juntos ante la llegada de estos proyectos de hidrógeno verde en la región”.
La activista cuestionó el enfoque oficial en torno a la transición energética y sostuvo que “se habla de la descarbonización a nivel global, pero sin embargo los proyectos que se implementan impactan directamente en los territorios”.
Barbosa planteó dudas sobre los beneficios concretos para las comunidades locales y preguntó “¿qué le puede dejar una planta industrial de hidrógeno verde a Tambores?”. También manifestó preocupación por la utilización de recursos hídricos en la zona de la Cuchilla de Haedo, “que es un parte aguas”, y advirtió que determinados territorios pueden transformarse en “zonas de sacrificio”.
PREOCUPACIÓN EN COLÓN Y LLAMADO AL DIÁLOGO
Desde la ciudad argentina de Colón, Carlos Serrati, de la multisectorial Somos Ambiente, centró su planteo en el carácter transfronterizo del proyecto. “Aquel aparente beneficio que puede generar una industria, genera un perjuicio en una localidad que está por fuera de la jurisdicción de donde se va a hacer la inversión”, afirmó.
Serrati subrayó que hasta el momento las acciones desarrolladas han sido pacíficas y orientadas al diálogo, y que no se han planteado medidas como el cierre de puentes internacionales. No obstante, advirtió que la tensión social podría incrementarse si no se generan instancias formales de intercambio. “La preocupación está vigente y el enojo es creciente”, expresó.
En ese sentido, señaló que “es inevitable que no se piense en un Gualeguaychú” como antecedente regional de conflicto, aunque aclaró que actualmente no existe una situación de ese tipo ni se han definido acciones de esa naturaleza. Según indicó, la responsabilidad de evitar una escalada corresponde a las autoridades que toman decisiones sin contemplar a las comunidades involucradas.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN CHILE
El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuestionó la trayectoria de HIF y su posicionamiento público. Indicó que se trata de “una empresa nueva que se crea recién en el año 2020” y que “lo único que tiene es una planta piloto” en Magallanes. Cuenca afirmó además que en Chile la autoridad ambiental exigió modificar la denominación del proyecto industrial.
“Una nueva planta a instalarse en Chile, un tercio de la que se quiere construir en Uruguay, no se podrá llamar fabricación de combustible carbono neutral, se tendrá que llamar planta de fabricación de combustible sintético”, señaló, al no haberse acreditado técnicamente su neutralidad de carbono.
INTERROGANTES SOBRE EMPLEO Y DESARROLLO
Durante el encuentro también se plantearon interrogantes sobre la generación de empleo, las cadenas de valor asociadas y el impacto fiscal de la infraestructura necesaria para estos proyectos.
Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar articulando instancias de formación e intercambio entre organizaciones de los tres países, así como de acceder a información pública detallada antes de que se adopten decisiones definitivas sobre la instalación de nuevas plantas industriales en la región.