En un contexto de crecimiento inferior al estimado por el gobierno nacional y a los anuncios formulados oportunamente sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron esta semana con representantes de las cámaras empresariales para dialogar sobre el desarrollo económico del país y despejar dudas planteadas por los empresarios.
Asimismo, previamente a la instancia, los empresarios enviaron una carta al jerarca exponiendo sus preocupaciones, de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro.
En la oportunidad, los temas planteados por los sectores empresariales estuvieron vinculados a la competitividad. Al respecto, el secretario de Estado presentó gráficas que “mostraban que el año pasado Uruguay estaba a mitad de tabla” en relación con los países de la región. En los primeros días de enero se produjo un “cambio drástico”, cuando el dólar pasó a ubicarse en $ 37, por lo que “Uruguay era el peor de la clase en términos de apreciación cambiaria”. “Nos habíamos apreciado muchísimo”, remarcó el empresario a Montevideo Portal.
Según el análisis de Loureiro, el titular de Economía presentó en la reunión las acciones adoptadas por el gobierno ante esta situación, cuyos resultados “afectaron positivamente”, lo que permitió revertir parcialmente el escenario y ubicar a Uruguay entre los países con menor apreciación. Además, Loureiro mencionó “ciertas discrepancias” entre los empresarios y el gobierno. Según detalló, para el Ejecutivo el gasto del Estado “no es algo que los tenga preocupados. Obviamente no fueron electos para reducir el gasto, pero a nosotros sí nos importa”, señaló. “Es importante seguir trabajando en los mecanismos posibles. También es cierto que no podemos limitarnos a decir que hay que reducir el gasto sin presentar propuestas”, agregó. Otra de las preocupaciones planteadas fue el costo de la electricidad y del combustible, aunque admitió que desde los sectores empresariales se reconoce que actualmente es un tema “complicado” debido al conflicto en Medio Oriente.
Otro punto considerado en el encuentro fue el control macroeconómico y la estabilidad de la inflación, donde se resaltó la importancia de que estos indicadores se mantengan bien gestionados. Además, se analizó la desaceleración de la economía. Si bien se señaló que no es un fenómeno exclusivo de Uruguay —ya que “todos los países de la región se vienen desacelerando”—, se advirtió sobre la necesidad de “cuidar las decisiones” para evitar que las medidas agraven esta tendencia.
Por su parte, Gabriel Oddone señaló en rueda de prensa que posiblemente deba realizarse una “reestimación” del crecimiento económico esperado para este año, a la luz de la magra expansión del producto bruto interno (PBI) en 2025.
“A partir del dato (sobre el PBI publicado el pasado martes 24), vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, del crecimiento esperado para este año”, manifestó.
De todas formas, ratificó que la proyección oficial del Poder Ejecutivo es que la economía uruguaya crezca un 2,6 % en 2026 en comparación con 2025.
El ministro había declarado la semana pasada que en la Rendición de Cuentas de junio se realizará una “actualización de toda la mirada fiscal” y añadió que “seguramente” deban introducirse “algunas iniciativas con el propósito de controlar” que el resultado fiscal “no se desvíe” de lo previsto.
Consultado sobre si en la próxima Rendición de Cuentas podría incluirse algún tipo de recorte del gasto público, el ministro sostuvo que no se puede “descartar ninguna” iniciativa. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, señaló.
No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de un ajuste fiscal, Oddone fue evasivo y pidió “levantar el nivel de las preguntas”, dejando la incógnita, aunque implícitamente abrió la puerta a esa posibilidad, dependiendo de la evolución de las circunstancias.
Oddone manifestó asimismo que está “atento” a la situación de la economía internacional, a la que calificó como “muy compleja y muy volátil”, pero al mismo tiempo se mostró “confiado en que la economía uruguaya tiene las capacidades y fortalezas necesarias para atravesar un escenario de este tipo”. “Con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando, avizoramos un escenario de crecimiento para este año”, afirmó el jerarca, según un comunicado difundido por la Secretaría de Estado.
En cuanto a la ampliación de la exoneración del 75 % de los aportes patronales para nuevos trabajadores, el viceministro enfatizó la relevancia de generar empleo formal en el Litoral: “Esta medida no solo reduce el costo de generar nuevos puestos de trabajo, sino que también constituye una herramienta muy importante para avanzar en la formalización laboral en departamentos donde tal vez el empleo no es el principal problema, pero sí lo es la informalidad. Formalizar implica, en definitiva, otorgar mayores derechos a los trabajadores”, subrayó.
Del análisis de las declaraciones de los jerarcas de la conducción económica surge que, en un país con un margen de maniobra muy acotado en materia económica —no solo por acción del actual gobierno, sino por condicionamientos que se arrastran desde hace muchos años—, se ha optado por atender puntualmente a los eslabones más débiles del entramado socioeconómico, como es el caso del Litoral, problemática particularmente agravada en Paysandú, al reconocer la existencia de un escenario diferencial para esta zona fronteriza.
Sin embargo, en nuestro departamento la situación se ha agravado por su condición de territorio agroindustrial, a lo que se suma el contexto nacional de pérdida sistemática de competitividad debido al tipo de cambio y al llamado “costo país”, así como el factor adicional de la lejanía respecto de Montevideo y sus implicancias logísticas. Y pese a que el Ministerio de Economía ha anunciado medidas como exoneraciones parciales de aportes patronales —orientadas a fomentar la contratación y la formalización—, resulta evidente que, en departamentos con alto desempleo y caída de la actividad económica, como los del Litoral y particularmente Paysandú, estas iniciativas, aun siendo positivas, difícilmente “muevan la aguja”. En el mejor de los casos, su impacto será marginal e incluso imperceptible, dado que persisten serios obstáculos para la captación de inversiones al norte del río Negro.
Sigue pendiente, y de forma cada vez más acuciante, la adopción de instrumentos por parte del gobierno nacional que compensen el mayor “costo país” que implica emprender y sostener actividades productivas al norte del río Negro. Se trata de un déficit estructural que no se corrige con medidas puntuales, las cuales apenas rozan la superficie de una problemática compleja y multidimensional. Las cuestiones de fondo —las que verdaderamente podrían generar cambios sustantivos en el mediano plazo— continúan, lamentablemente, sin abordarse.
Lo cierto es que ningún partido político ha estado dispuesto hasta ahora a asumir el costo de implementar las reformas necesarias, ya que sus resultados no serían visibles en el corto plazo, sino recién al cabo de varios años. Así parece funcionar nuestro sistema político: privilegiar la inmediatez, gestionar el presente con mirada electoral y postergar las soluciones de fondo.
