La problemática relacionada con las dificultades financieras de personas e instituciones —principalmente pequeñas y medianas empresas— ha sido, desde siempre, un tema de profunda preocupación para esta página editorial. Es imposible alcanzar el desarrollo económico de las familias o de las empresas si no existe previamente una base sólida de educación financiera, especialmente en el caso de las medianas, pequeñas y microempresas, así como en las primeras etapas de cualquier emprendimiento, donde muchas veces se confunden las finanzas personales del emprendedor con las del propio emprendimiento.
En agosto de 2025 se difundió un estudio de la Universidad de la República (UdelaR) y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), que reveló que “el acceso al crédito en Uruguay avanza, pero también las dificultades de pago, afectando a casi un cuarto de la población adulta. La concentración del mercado y las tasas abusivas preocupan a especialistas y legisladores, que reclaman medidas urgentes”. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Cadena del Mar, “en Uruguay, cerca de dos millones de personas tienen algún tipo de relación con el mercado de crédito. Sin embargo, un informe de la UdelaR y de AEBU advierte que el 24% de los adultos con préstamos enfrenta problemas de pago, y casi la mitad de los usuarios de crédito reconoce preocupación por su nivel de endeudamiento.
El trabajo, presentado en el marco del proyecto “Interés por intereses”, reveló que, para diciembre de 2023, unas 2,1 millones de personas tenían deudas con el sistema financiero y que alrededor de 800.000 se encontraban en situación de impago. Además, alertó que los sectores más vulnerables son los que pagan tasas más elevadas, en algunos casos superiores al 100% anual. La investigación también advirtió que buena parte del endeudamiento no responde a inversiones productivas, sino a cubrir gastos básicos o saldar deudas previas, lo que refleja un uso del crédito como estrategia de subsistencia ante ingresos insuficientes. El problema podría ser aún mayor, ya que el BCU no registra toda la actividad del crédito informal”.
Tal como ha señalado el banco español BBVA, “la educación financiera es un proceso informativo, formativo y de asesoramiento que nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre el dinero, el ahorro y la inversión. Con una buena base, es más fácil gestionar gastos, elegir préstamos y planificar el futuro. De esta manera, mejoraremos nuestro bienestar económico. (…) La alfabetización financiera de la sociedad es una responsabilidad compartida en la que deben intervenir las familias, el sistema educativo, las instituciones financieras, los reguladores y la sociedad en general. Es importante aprender sobre finanzas básicas desde una edad temprana, tanto en nuestros hogares como en el sistema educativo y a lo largo de toda nuestra vida laboral”. Según el BBVA, “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluye desde 2012, en su Informe PISA, la evaluación de la capacidad de estudiantes de 15 años para comprender y aplicar conceptos financieros básicos. Esta concluyó en su último informe que uno de cada cinco estudiantes, en los 20 países y economías participantes, no alcanza el nivel básico de competencia financiera, mientras que alrededor del 11% alcanza el nivel más alto de conocimientos financieros. Entre esas competencias se incluyen, entre otras, manejar una cuenta bancaria, utilizar una tarjeta de débito, interpretar y evaluar un extracto bancario o comprender las tasas de interés de un préstamo. Las mujeres, las personas más jóvenes, las personas con menores ingresos y quienes poseen un menor nivel educativo tienden a tener, en promedio, menos conocimientos financieros que otros grupos”.
A modo de ejemplo, en nuestro país el Banco Central del Uruguay (BCU) lleva adelante el Programa de Educación Económica y Financiera, denominado BCUEduca, cuyo objetivo es promover y desarrollar la educación y la cultura económica y financiera. Desde 2012, BCUEduca impulsa acciones destinadas a instalar estas temáticas en la agenda pública e incluirlas en los planes de enseñanza escolar, liceal y de formación docente.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por su parte, también cuenta con programas relacionados con la educación financiera. Como ha señalado el propio ministerio, “la promoción de la educación financiera es un elemento fundamental para construir ciudadanía. Las finanzas personales no giran en torno al dinero, sino en torno a las personas y su bienestar”. Entre otras ventajas de la educación financiera, esta secretaría de Estado destaca las siguientes: a) incorporar herramientas financieras ayuda a definir y alcanzar objetivos personales; b) contar con mayores conocimientos sobre el tema permite organizar mejor el dinero; y c) aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos de pago tendrá impacto en nuestra “huella financiera”, es decir, en el historial de comportamiento de pagos que queda registrado en el sistema financiero.
Entre otras organizaciones públicas y privadas del país, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) también impulsa diversos programas vinculados con esta temática. Ante esta situación, la pregunta debería ser la siguiente: si existen tantos recursos humanos y materiales destinados a la educación financiera, ¿por qué los resultados continúan siendo tan preocupantes? Tal vez un informe del BCU, publicado en 2024 bajo el título “Endeudamiento de los jóvenes en Uruguay”, pueda contribuir a esclarecer este problema.
El informe referido expresa que “la casi totalidad de los deudores con dificultades en su capacidad de pago corresponde a deudas por crédito al consumo. Es de destacar que, dentro de dicho grupo de deudores, un 89,8% presenta deudas con Empresas Administradoras de Crédito (EAC), en tanto que más de dos quintos presenta adicionalmente deudas con bancos públicos y/o privados”. Asimismo, señala que “un 95,65% de los jóvenes presenta deudas exclusivamente destinadas al consumo, en tanto que solo un 0,33% y un 0,04% del total de deudores jóvenes presenta deudas exclusivamente destinadas a la adquisición de automóviles y vivienda, respectivamente”.
Queda claro que quienes deberían estar pensando en su manutención y crecimiento económico están más preocupados por acceder a bienes de consumo, sin importar si poseen medios suficientes para pagarlos, algo particularmente inquietante si se piensa en el futuro del país, del cual esos jóvenes son protagonistas directos. Si los jóvenes no son capaces de orientar sus deudas hacia bienes duraderos —como puede ser una vivienda propia o herramientas para su emprendimiento económico (maquinaria, local comercial, entre otros)—, muy poco, o tal vez nada, puede esperarse frente al consumismo que impulsa la adquisición de bienes y la contratación de servicios que, en caso de no poder abonarse, terminan transformándose en una verdadera “muerte civil”.
Es precisamente este término, proveniente del latín civiliter mortuus, el que mejor ilustra la pérdida de los derechos civiles de un individuo, algo que ni la educación financiera desplegada en tantos ámbitos uruguayos parece lograr evitar. Todo ello resulta preocupante, porque un país cuyos jóvenes llevan simbólicamente una bandera de remate sobre la frente poco o nada podrá hacer por construir su propio futuro.
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