Es una buena noticia que el Directorio de OSE haya incluido entre las obras previstas para el quinquenio la ejecución de proyectos de saneamiento para las ciudades de Quebracho y Guichón, atendiendo un largo anhelo de los residentes en esas zonas del departamento, los que han padecido frustraciones cuando durante las sucesivas administraciones de gobierno se sucedieron anuncios que finalmente no se concretaron en realidades.
Ahora también estamos en este momento en los anuncios, pero el hecho de que las obras hayan sido incluidas en el denominado plan de universalización del saneamiento, que proviene del gobierno anterior, con las correspondientes asignaciones presupuestales, abre una cuota de optimismo en el sentido de que finalmente los proyectos podrán materializarse a partir de 2027, de acuerdo a las autoridades del organismo.
Pero como suele ocurrir en nuestro país, siempre hay peros, reparos y consideraciones que tienen su base en la realidad pero también en miradas subjetivas de acuerdo al color del cristal con que se mire, por cuanto es frecuente en los cambios de gobierno el pase de facturas y además el síndrome refundacional que caracteriza a los partidos políticos que asumen el gobierno, en el sentido de que todo lo que se hace por las nuevas autoridades es bueno y lo anterior es descartado ya por venir de donde viene.
Las reflexiones vienen a cuento a partir de la presentación este miércoles por los directores de OSE ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados de las reformas incorporadas en el plan de saneamiento para el interior del país luego de que detectaran –según expresaron– una diferencia de U$S 260 millones entre lo previsto para la iniciativa y el financiamiento disponible. Según informó el organismo, el objetivo es “asegurar su ejecución efectiva y ampliar la llegada del servicio en distintas localidades”.
Señalaron que en el proyecto existen “limitaciones en la priorización de intervenciones, deficiencias técnicas y de diseño, dificultades contractuales y una diferencia significativa entre los compromisos asumidos y el financiamiento disponible”.
En ese sentido, OSE indicó que el esquema vigente contemplaba compromisos por “aproximadamente U$S 583 millones”, mientras que el financiamiento que había alcanzado la empresa estatal fue de U$S 323 millones, lo que generaba una diferencia de U$S 260 millones, por lo que fue “inviable” la ejecución del plan.
A partir de este escenario, el organismo resolvió “reordenar el plan con un enfoque centrado en la cobertura efectiva”, priorizando las intervenciones que permitan “maximizar el acceso real al saneamiento en cada localidad y asegurar que las obras lleguen a los hogares”.
Pablo Ferreri, presidente de OSE, aseguró que los cambios en el plan se dan en un contexto donde la empresa sobrelleva una “situación financiera muy comprometida”, la cual –según detalló– se debe a que en la administración pasada se concretó la “firma de contratos claramente inconvenientes para OSE”.
El jerarca cuestionó los criterios utilizados en el diseño original del proyecto. Según señaló, se analizaron documentos de la gerencia de saneamiento en los que “se dejaba constancia de que OSE no había intervenido en la elección de las localidades” en las que el proyecto iba a ejecutarse. Además, afirmó que existían proyectos “no bien realizados”, en los que “no se tomaban en cuenta las exigencias ambientales” ni “el volumen y la densidad de la población”.
A su vez, desde la oposición, el diputado nacionalista Juan Pablo Delgado criticó severamente la reformulación del plan de saneamiento para el interior del país impulsado por la nueva administración de OSE, asegurando que el proyecto original del gobierno de Luis Lacalle Pou fue “reducido a la mitad”.
Delgado señaló que el plan pasó de cubrir 61 localidades a aproximadamente 28 o 29, calificando el cambio como una disminución sustancial de las metas originales. La convocatoria de Delgado a las autoridades de OSE al Parlamento se basó en la falta de avances en los contratos de obras que venían de la administración anterior.
“Nos enteramos que el plan de saneamiento se reduce a menos de la mitad de las localidades y se sacan localidades más chicas, porque tienen baja población. Eso es discriminatorio, es injusticia territorial, no es justicia social”, estimó el legislador y dijo que OSE “castiga” a las localidades más pequeñas.
Y hablando del cristal con que se mire, tenemos como contracara que el diputado sanducero Juan Gorosterrazú destacó el plan de saneamiento para Quebracho y Guichón, calificándolo como “una obra largamente reclamada que durante el período anterior había quedado únicamente en anuncios y cartelería”.
También solicitó adelantar las obras dada la crítica situación laboral del departamento.
Por su lado los también legisladores sanduceros Fermín Farinha y Walter Verri valoraron el anuncio de OSE sobre las obras de saneamiento para Quebracho y Guichón, aunque advirtieron que Nuevo Paysandú sigue sin solución.
Farinha recordó que la confirmación llegó “luego de mucho tiempo de trabajo” de alcaldes, fuerzas vivas, el intendente y los diputados, y solicitó adelantar el inicio de las obras para impactar en el empleo local. Señaló además que “queda pendiente el saneamiento de Nuevo Paysandú, comprometido desde el año 2022”, recordando que el vicepresidente de OSE, Guillermo Caraballo, “lo había anunciado hace ocho años en Quebracho y nunca se concretó”.
Es decir, más allá de algunas consideraciones no exentas de razón vertidas por cada representante político hay una verdad que seguramente está más o menos a mitad de camino de lo expresado, porque en estos temas nadie está en condiciones objetivas de lanzar la primera piedra. Es que hay un reguero de anuncios y proyectos que han ido quedando por el camino a lo largo de los años, por falta de concreciones. Por ejemplo, recién después de 20 años de anuncios, marchas y contramarchas, se ha construido durante el anterior gobierno la planta de tratamiento de efluentes cloacales y extensión de la red de saneamiento de la ciudad de Paysandú, por una inversión de 20 millones de dólares. Lo que deberían hacer los integrantes del sistema político, en lugar de intercambiarse culpas y buscar el mejor golpe de efecto para quedar bien ante la tribuna, es elevar las miras de cara al futuro, anteponiendo el bienestar general, y aunar esfuerzos para empujar todos juntos en aras de concretar en tiempo y forma lo que se ha anunciado.
