El Frente Amplio manifestó su oposición al nuevo proyecto para crear la Fundación +Paysandú, al considerar que habilitaría el traspaso de funciones y recursos públicos hacia una institución regida por el derecho privado, con menores posibilidades de fiscalización por parte de la Junta Departamental.
La dirigente recordó que la bancada frenteamplista ya había votado en contra de una versión anterior de la propuesta y –antes que Olivera anunciara el retiro del proyecto– había indicado la disposición a estudiar la nueva redacción.
Dijo que apenas una hora antes del ingreso a sala para tratar las solicitudes de comisiones investigadoras les fue entregada una segunda versión. “Entre las 18 y las 19 que entramos a sala era imposible que pudiéramos leer un proyecto de tal envergadura”, afirmó.
“Por lo poco que pudimos leer, este proyecto es peor que el anterior, porque incluye más irregularidades. Tenemos que mirarlo jurídicamente muy bien, pero diríamos que está rayando la inconstitucionalidad”, expresó.
UNA ESTRUCTURA PARALELA
La principal preocupación del Frente Amplio radica en que la fundación podría desarrollar actividades que actualmente corresponden al gobierno departamental, pero bajo normas de derecho privado. Fernández mencionó expresamente “las áreas vinculadas a la cultura, el desarrollo del departamento y el fortalecimiento institucional”.
“No estamos de acuerdo con todo aquello que sea paralelo a la Intendencia y que escape de los controles de la Junta Departamental”, señaló. “El proyecto habla de ocuparse de la cultura, del desarrollo de Paysandú y de todas las cosas de las que se ocupa la Intendencia. Entonces nuestra pregunta es para qué tenemos la Intendencia”, agregó.
Según explicó, la bancada entiende que el pasaje hacia el ámbito privado debilitaría la capacidad de los ediles para solicitar información y controlar el destino de los recursos. “Yo estoy pagando dinero a una institución pública para que esa institución lo vuelque en una institución privada y después no tengo derecho a controlarla. Al pasar al derecho privado se terminan los controles”, afirmó.
Fernández comparó la situación con la experiencia de Fundación A Ganar y sostuvo que el manejo de recursos públicos exige mecanismos de rendición de cuentas. “¿Cómo sabemos adónde van esos dineros o si están bien invertidos, si no tenemos derecho a pedir informes y ellos no tienen la obligación de darnos la información?”, preguntó.
“SE PIERDE LA LÓGICA DEL VOTO”
La edila remarcó que la Intendencia administra recursos provenientes de la recaudación departamental y de partidas nacionales. A su juicio, la gestión de esos fondos debe mantenerse dentro de una estructura sometida al control democrático.
“Hay dinero de las arcas propias de la Intendencia, que proviene de las patentes, las contribuciones y todo lo que pagan los ciudadanos. También hay dinero del gobierno nacional. Darle esos recursos a una institución privada para que los maneje nos parece que limita la posibilidad de control”, sostuvo.
Para Fernández, la objeción no cuestiona la legitimidad del intendente ni el programa elegido por la ciudadanía, sino la posibilidad de delegar funciones por fuera del esquema institucional. “Cuando uno elige un gobierno, lo elige dentro de las normas constitucionales habituales. Si todo puede pasar al derecho privado, se pierde la lógica del voto”, expresó.
La iniciativa no fue sometida a votación debido a que el Frente Amplio y otros sectores no regresaron a sala. La lista 22 del Partido Nacional también resolvió no ingresar, por lo que no se alcanzó el quórum necesario.
Fernández consideró que el procedimiento utilizado para presentar el proyecto fue insuficiente para una discusión seria. “Estas cosas se deben discutir en la bancada de cada partido. Tenemos que estar en conocimiento todos los ediles”, afirmó.
“Nuestra posición es muy clara. Eso no quiere decir que no vayamos a estudiar el proyecto y dar nuestros argumentos, pero ya consideramos que es aún peor que el anterior”, concluyó.
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