Justicia terapéutica en discusión parlamentaria
La Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que propone la creación de tribunales para delitos leves —como lesiones o tentativa de hurto— cometidos por personas con adicciones, sustituyendo las penas tradicionales por tratamientos de rehabilitación.
La iniciativa no es nueva. Ya se aplica en varios países con el objetivo de fortalecer las estrategias de combate a la reincidencia y aliviar la superpoblación carcelaria.
En Estados Unidos existen más de 4.000 programas de este tipo en todo el país desde finales de la década de 1980. Estos mecanismos sustituyen las penas de prisión por sistemas de supervisión judicial. Junto con Canadá, además, se amplió el modelo mediante la creación de juzgados especializados en salud mental.
En Argentina funciona la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, dedicada al estudio de la evidencia empírica y a la aplicación de programas para el tratamiento del consumo de sustancias. En Chile, desde hace varios años, se implementan los Juzgados de Tratamiento de Drogas, con especial énfasis en el sistema penal adolescente.
En Uruguay, la propuesta —respaldada por la Junta Nacional de Drogas— también se discute desde hace años. A fines de 2019, jueces de distintos países de la región, junto con el entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, promovían este mecanismo para derivar personas a centros especializados.
Uruguay no cuenta con una justicia terapéutica y la discusión estará centrada, entre otros aspectos, en la disponibilidad de recursos y en la voluntad política para implementarla. En el sistema penitenciario, ocho de cada diez personas que ingresan a prisión presentan consumo problemático de sustancias. Entre ellas, casi siete de cada ocho tienen una relación de dependencia con las drogas que condiciona gran parte de su vida cotidiana.
En América del Sur, Uruguay encabeza el ranking de países con mayor cantidad de personas privadas de libertad por habitante. Hasta el 6 de mayo —cuando la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, compareció ante el Parlamento— la tasa alcanzaba los 480 reclusos cada 100.000 habitantes.
En ese momento se contabilizaban 16.789 personas privadas de libertad, de las cuales el 91% eran hombres. El año pasado recuperaron la libertad 10.691 personas, un promedio de 31 liberaciones por día. Esto supone que el número de ingresos continúa siendo superior y que este indicador tampoco ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Las cárceles no rehabilitan. En algunos establecimientos, las personas privadas de libertad viven en condiciones de hacinamiento que alcanzan el 200% de la capacidad prevista, mientras que las distintas administraciones no han logrado reducir los niveles de reincidencia. Según el Observatorio Uruguayo de Drogas, existe una prevalencia “sensiblemente mayor” que en la población general en el consumo de alcohol, marihuana, cocaína y pasta base entre las personas privadas de libertad.
De esta realidad surge la iniciativa parlamentaria presentada por el diputado colorado Rodrigo Martínez. Es evidente que nadie deja de consumir por una resolución judicial. Sin embargo, la propuesta incorpora un tratamiento que incluye una internación voluntaria de 30 días y un posterior seguimiento ambulatorio. La recaída no constituye un incumplimiento del tratamiento; lo que determina su fracaso es el abandono. En ese caso, la persona retornaría al proceso judicial ordinario.
Frente a una grave situación carcelaria y a elevados niveles de reincidencia que siguen sin resolverse, oficialismo y oposición parecen alineados para avanzar en la incorporación de herramientas de justicia terapéutica.
Desde 2005, la población penitenciaria se cuadruplicó y el sistema político no ha encontrado respuestas efectivas, pese a los numerosos debates instalados en el Parlamento, en distintos ámbitos académicos y en los medios de comunicación.
que sí sabemos, al menos como sociedad, es que las cárceles se han transformado en verdaderas “universidades del delito”. En muchos casos, quienes recuperan la libertad encuentran destruidos sus vínculos familiares y terminan enfrentando situaciones de exclusión social o de calle.
Sin embargo, en el caso de las personas con adicciones que no logran acceder a un tratamiento de rehabilitación, persiste una interrogante: cómo se obtendrán y sostendrán los recursos necesarios para que la justicia terapéutica pueda mantenerse en el tiempo. Las dificultades para garantizar la continuidad de los proyectos institucionales constituyen, en términos generales, una de las debilidades estructurales del sistema uruguayo.
Por otra parte, es cierto que el sistema penitenciario demanda enormes recursos y se ha convertido en un barril sin fondo que recae sobre los contribuyentes, sin que ello haya derivado en respuestas satisfactorias frente a los problemas de inseguridad ciudadana.
El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó el año pasado que Uruguay destina aproximadamente US$ 1.000 mensuales por cada persona privada de libertad. Sería ingenuo suponer que esta iniciativa resolverá por sí sola la problemática del consumo de sustancias vinculada al delito o que garantizará procesos exitosos de rehabilitación capaces de evitar la reincidencia.
Se trata, al menos, de una propuesta que permitirá desarrollar un plan piloto y abrir un debate parlamentario sobre una cuestión que rara vez ocupa un lugar central en la agenda pública: el consumo problemático de sustancias como factor asociado a determinadas conductas delictivas. Asimismo, permitirá discutir la construcción de un sistema de rehabilitación que, hasta ahora, sigue siendo insuficiente en Uruguay.
También es evidente que los partidos políticos suelen aprobar o rechazar iniciativas en función de las percepciones predominantes en la sociedad, que en materia de seguridad tienden a inclinarse hacia enfoques más punitivos.
Referentes de distintos partidos políticos y operadores judiciales se han mostrado favorables a esta propuesta legislativa y han expresado su disposición a contribuir a su desarrollo. Resta conocer cuál será el lugar que ocupará esta iniciativa dentro de las prioridades legislativas y si logrará avanzar en el proceso de discusión parlamentaria. Como observación de estilo, para una publicación en un diario, eliminaría o reformularía la frase «casi siete tienen a las drogas como principal actividad vinculada a su trayectoria delictiva», porque resulta ambigua y puede generar cuestionamientos sobre la fuente o el significado exacto del dato. Conviene precisar si se refiere a delitos vinculados al mercado de drogas, a la obtención de recursos para consumir o a otra categoría específica. Esto fortalecería la solidez argumentativa del artículo.
