La visita del presidente Yamandú Orsi a Paysandú, con motivo de la inauguración de la zafra citrícola, dejó una expectativa que ahora deberá traducirse en hechos. El mandatario afirmó que volverá al departamento después de las vacaciones de invierno con anuncios vinculados a inversiones de importancia. La promesa genera expectativas porque llega en un momento particularmente delicado para la economía sanducera, marcada por la pérdida sostenida de puestos de trabajo, el debilitamiento de la actividad industrial y la incertidumbre sobre el futuro de empresas que todavía sobreviven en un contexto cada vez más adverso. Paysandú atraviesa una coyuntura signada por el desempleo, la falta de nuevas inversiones y la dificultad para sostener el tejido productivo, lo que conforma un escenario que exige respuestas concretas y decisiones de fondo. No alcanza con diagnósticos reiterados ni con reconocer que el problema afecta también a otros departamentos del norte del país. Precisamente porque se trata de una situación estructural, las soluciones también deben ser estructurales.
Durante décadas, el interior profundo ha padecido las consecuencias del centralismo capitalino. La concentración de infraestructura, servicios, oportunidades y decisiones en Montevideo ha generado una brecha que no ha dejado de ampliarse. Para cualquier inversor, instalarse a cientos de kilómetros del principal puerto, del mayor mercado consumidor y de los centros logísticos implica asumir costos adicionales que muchas veces terminan inclinando la balanza hacia otras regiones o incluso hacia países vecinos. El denominado “costo país” afecta a toda la economía nacional, pero en el norte del río Negro ese peso resulta aún mayor. La distancia incrementa los costos logísticos, dificulta la competitividad y reduce el atractivo para captar capitales. A ello se suma una infraestructura que todavía presenta carencias y una ausencia histórica de incentivos realmente diferenciales para compensar esas desventajas.
Por eso, cada gobierno ha terminado heredando un problema que ninguno ha logrado resolver plenamente. Las políticas de promoción de inversiones —muy limitadas— no han contemplado las asimetrías territoriales. Resulta imprescindible avanzar hacia un régimen específico que otorgue ventajas concretas a quienes decidan instalar proyectos productivos en el interior del país, especialmente en aquellos departamentos que enfrentan mayores dificultades para generar empleo.
En este contexto, el proyecto de HIF Global representa mucho más que una inversión privada. Constituye probablemente la oportunidad de transformación económica más importante de la historia reciente de Paysandú y del país. Una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares no solo tendría un impacto directo en la construcción y posterior operación de la planta de hidrógeno verde y e-combustibles, sino que generaría una cadena de actividades complementarias, demanda de servicios, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos altamente calificados.
No se trata únicamente de crear empleos directos. Un emprendimiento de semejante magnitud dinamiza el comercio, fortalece a pequeñas y medianas empresas proveedoras, impulsa inversiones inmobiliarias, mejora la infraestructura y posiciona al departamento como un polo industrial con proyección internacional. Son oportunidades que difícilmente se presentan dos veces.
Sin embargo, también es cierto que el proyecto enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es el costo de la energía eléctrica, un insumo esencial para la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis. Uruguay posee una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, con una generación renovable cercana al 99%, pero esa fortaleza ambiental no siempre se refleja en tarifas competitivas para proyectos industriales de gran escala.
Las negociaciones entre el gobierno, UTE y los inversores adquieren entonces un carácter decisivo. La diferencia entre concretar o perder esta inversión puede depender de lograr un esquema tarifario que haga viable la producción frente a otros países que ofrecen electricidad más económica y condiciones similares para el desarrollo del hidrógeno verde.
El presidente Orsi tiene, en este sentido, una oportunidad inmejorable para demostrar que el discurso sobre la descentralización puede transformarse en acciones concretas. Si en su próxima visita llega con definiciones claras sobre este proyecto, estará enviando una señal muy positiva tanto a los inversores internacionales como a toda una región que necesita recuperar la confianza.
Naturalmente, tampoco debemos caer en un optimismo ingenuo. El mercado internacional del hidrógeno verde ha evolucionado de manera distinta a la prevista hace apenas algunos años. Muchos proyectos anunciados con entusiasmo entre 2021 y 2024 se han retrasado debido al aumento de los costos financieros, la inflación global y las dudas respecto a la demanda efectiva del producto.
Sin embargo, lejos de significar un retroceso definitivo, el escenario parece estar ingresando en una etapa de mayor madurez. Europa continúa considerando al hidrógeno verde como un componente estratégico de su seguridad energética y de su política industrial. La necesidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles, especialmente tras las consecuencias de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones en Medio Oriente, mantiene vigente el interés por desarrollar cadenas de suministro confiables provenientes de países políticamente estables.
Uruguay reúne varias condiciones que pocos competidores poseen simultáneamente. Además de su matriz energética renovable, cuenta con excelentes recursos eólicos y solares, estabilidad institucional, seguridad jurídica, disponibilidad de agua y una importante producción forestal que facilita el acceso al dióxido de carbono biogénico necesario para elaborar combustibles sintéticos de alto valor agregado. La propia Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde proyecta inversiones superiores a los 13.000 millones de dólares y la generación de más de 30.000 puestos de trabajo hacia 2040. Son cifras ambiciosas que solo podrán materializarse si proyectos emblemáticos como el de Paysandú logran superar la etapa de negociación y transformarse en realidades productivas.
Durante demasiado tiempo, el norte del país ha visto pasar oportunidades mientras la inversión y el desarrollo continuaban concentrándose en el área metropolitana. Cada cierre industrial, cada empresa que reduce personal y cada joven que debe emigrar en busca de oportunidades representan un costo social difícil de cuantificar.
Paysandú necesita recuperar la esperanza, pero esa esperanza debe apoyarse en decisiones concretas y no únicamente en anuncios. Nuestros gobernantes deben asumir y demostrar con hechos que apostar por el interior no constituye un gasto ni una concesión política, sino una verdadera estrategia nacional de desarrollo integral, que hasta ahora no se ha dado ni por asomo.
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