Presentan proyecto de ley de competitividad y Reducción del Costo de Vida, para hacer Uruguay “menos caro”

(EFE)
El ministro Oddone definió los importadores múltiples como el “buque insignia” de la iniciativa. La ley, que será enviada al Parlamento esta semana, no garantiza bajas de precios pero apunta a crear condiciones de mayor competencia. Un análisis del economista Leonardo Veiga identifica una limitación relevante: los alimentos importados podrían quedar fuera del mecanismo central.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentaron este miércoles en Torre Ejecutiva el proyecto de ley de Competitividad, Innovación y Reducción del Costo de Vida. La iniciativa busca generar reformas de tipo microeconómico orientadas a promover un mejor clima de negocios, a partir de la reducción de los costos de gestión en los procesos de producción, comercio e inversión, la mitigación de barreras de entrada a los mercados y la revisión de regulaciones que afectan la innovación.

“Son más de 240 artículos distribuidos en cuatro capítulos: agilización de trámites, facilitación de comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida e innovación y aceleración de la inversión”, precisó Oddone. El ministro definió el proyecto como “una modesta pero importante reforma del Estado”, la primera desde 1995. El proceso previo incluyó la recepción de más de 150 propuestas y la revisión de leyes de más de 80 años, algunas de las cuales “actualmente resultan irracionales”.

Oddone presentó como el elemento central del proyecto “la existencia de importadores múltiples para un mismo producto”, apuntando a eliminar las barreras que permiten que un solo distribuidor monopolice la importación de una marca.

El mecanismo funciona así: hoy, para importar un producto es necesario registrarlo ante la autoridad sanitaria presentando el llamado “dossier técnico”, que contiene la fórmula del producto, el certificado de libre venta en origen y las especificaciones técnicas. Esa información solo la tiene el fabricante, quien la entrega a un único distribuidor en Uruguay. Ese distribuidor registra el producto y se convierte en el único importador legal, no porque la ley lo prohíba explícitamente, sino porque ningún competidor puede conseguir el dossier. El resultado es un monopolio de importación por marca que permite márgenes de precio elevados sin competencia intra-marca.

La solución propuesta por la ley es que el primer importador siga presentando el dossier, pero la autoridad lo guardará bajo custodia. Un segundo importador podrá registrar el mismo producto sin necesitar acceder al dossier. La barrera desaparece sin exponer la fórmula del fabricante.
Este mecanismo aplica, según lo anunciado por Oddone, a productos fitosanitarios y domisanitarios, que incluyen una canasta amplia de artículos de higiene del hogar como pasta de dientes, champú, desodorante y detergentes.

En materia de comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones se sustituirán los certificados por declaraciones. En el caso de las importaciones, la declaración aduanera incorporará la información necesaria para el control posterior a cargo de la DGI en trámites vinculados a exoneraciones, al pago del Imesi y del Imeba. Esta medida alcanza a 25.000 trámites, equivalentes al 15% del comercio exterior anual.
Respecto al canal rojo en operaciones aduaneras, su uso quedará restringido a criterios de riesgo, dado que la verificación física y documental genera demoras en el despacho. El cambio conlleva una reducción de las verificaciones físicas y, en consecuencia, un ahorro para las empresas.
En materia de registros sanitarios, se amplía la vigencia de 5 a 10 años, las renovaciones podrán hacerse mediante declaraciones juradas y se elimina la obligatoriedad de traducción de documentos al inglés o al portugués. También se habilitará el inicio de trámites paralelos en habilitaciones, que hoy deben gestionarse en forma secuencial.

La Comisión de Defensa de la Competencia pasará a ser un servicio descentralizado con más autonomía y más recursos, lo que le dará mayor capacidad de investigar acuerdos de distribución exclusiva.
Ante la consulta periodística sobre si el proyecto asegura que los precios bajarán, Oddone fue cauteloso: “No podemos decir que esta ley garantiza que los precios van a bajar, pero creemos que promovemos un ambiente más competitivo con reducción de costos”. Agregó que el gobierno “tendrá que estar vigilante para que esa reducción de costos se traslade a precios”. En ese punto mencionó también “el control de los ciudadanos” como factor. “Hay una zona de confort de muchos operadores que este proyecto pretende remover”, subrayó.

En tanto, el economista Leonardo Veiga, docente del IEEM, planteó en la red X una observación que podría limitar el alcance del mecanismo estrella. El punto central es que los productos domisanitarios e higiene personal se registran ante el Ministerio de Salud Pública, pero los alimentos importados se registran ante las intendencias departamentales, a través del registro bromatológico municipal.

Si la ley toca el registro del MSP pero no el régimen bromatológico municipal, los alimentos importados quedarían exactamente igual que hoy: mismo importador exclusivo, mismos precios. El dato es relevante porque la alimentación y bebidas no alcohólicas representan el 25,85% de la canasta del IPC, frente al 4,35% de higiene personal. El propio Oddone fue coautor en 2020 de un estudio de CPA Ferrere que identificó brechas de precio significativas también en alimentos: el café Nescafé llegaba a costar hasta el triple que en Argentina, y las galletitas Oreo entre 20 y 50% más caras.
Veiga admite que puede ser que el texto de la ley sí incluya a las intendencias y que simplemente no se mencionó en la conferencia de prensa. Habría que verificarlo cuando se publique el articulado completo. “En el trámite parlamentario habrá oportunidad de ampliar el alcance”, señaló. La solución técnica, apunta, sería la misma: el primer registrante presenta el dossier, la autoridad lo custodia, los siguientes importadores se registran sin repetirlo, aplicando el mecanismo también a nivel municipal.
El proyecto será enviado al Parlamento durante la semana.