Día: 12 de julio de 2026

Hay conflictos laborales irracionales que terminan convirtiéndose en un problema para todo un país. Lo que ocurre desde hace semanas en el puerto de Montevideo pertenece claramente a esa categoría. Se trata del sexto episodio de conflictividad sindical en apenas un año, un conflicto que hace tiempo dejó de ser una discusión entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario. Hoy constituye una seria amenaza para la competitividad del Uruguay, su comercio exterior y la credibilidad internacional de su principal puerto.
Lo más preocupante es que, desde el gobierno, nadie parece dispuesto a asumir la verdadera dimensión del problema. Mientras el sindicato endurece sus posiciones y el Poder Ejecutivo se limita a expresar preocupación, la economía continúa pagando una factura que crece día tras día. El puerto opera en un clima de incertidumbre permanente; las navieras revisan sus escalas, los exportadores pierden mercados y los operadores logísticos acumulan pérdidas. Entretanto, el gobierno sigue apostando a que una negociación que lleva meses empantanada produzca, por sí sola, un milagro.
Toda negociación colectiva supone concesiones recíprocas. Pero cuando una de las partes condiciona el simple retorno al diálogo al pago de un bono mensual extraordinario de 50.000 pesos líquidos para todos los trabajadores o, alternativamente, a garantizar 25 jornales mensuales exista o no trabajo, la negociación deja de ser un ámbito de construcción de acuerdos para transformarse, lisa y llanamente, en un ejercicio de presión o de extorsión. Difícilmente pueda calificarse de otro modo una exigencia que pretende imponer beneficios extraordinarios antes siquiera de volver a sentarse a conversar.
El reclamo sindical ya no parece orientado únicamente a preservar derechos laborales. Apunta, en los hechos, a mantener un conjunto de garantías y privilegios construidos durante años al amparo de una posición de fuerza excepcional. Porque esa es la verdadera particularidad del conflicto portuario: quienes paralizan la actividad saben perfectamente que tienen la capacidad de afectar una parte sustancial de la economía nacional. Y utilizan esa ventaja como herramienta de negociación.
Nadie discute el derecho de huelga. Forma parte del sistema democrático y constituye una conquista histórica del movimiento sindical. Lo que sí resulta cuestionable es el abuso de ese derecho cuando termina convirtiéndose en un mecanismo de extorsión sobre el conjunto de la sociedad. Porque los perjudicados ya no son únicamente la empresa empleadora. Son cientos de exportadores, importadores, transportistas, agencias marítimas, depósitos fiscales, despachantes de aduana, trabajadores independientes y pequeñas empresas que nada tienen que ver con el diferendo, pero que soportan íntegramente sus consecuencias.
La situación adquiere una gravedad aún mayor si se considera el funcionamiento específico del puerto de Montevideo. Más del 90 % del movimiento de contenedores del país depende de una terminal cuya operativa lleva semanas sometida a paros parciales, interrupciones sorpresivas y modalidades de protesta que hacen imposible cualquier planificación logística seria. Ningún cliente internacional acepta indefinidamente semejante grado de incertidumbre, mucho menos en un mercado donde abundan puertos competidores dispuestos a captar ese tráfico.
Ese es el verdadero daño que muchas veces no aparece reflejado en las estadísticas diarias. Las pérdidas millonarias provocadas por cada jornada de paralización son importantes, pero pueden recuperarse con el tiempo. La pérdida de reputación, en cambio, demanda años. En el negocio marítimo, un puerto deja de ser atractivo mucho antes de quedar vacío. Basta con que sea considerado poco confiable para que las navieras comiencen a buscar alternativas permanentes.
Eso es, precisamente, lo que ya está ocurriendo. Los desvíos hacia Buenos Aires, Santos, Río Grande o Itajaí dejaron de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Algunas de las principales líneas navieras del mundo ya modificaron servicios, cancelaron escalas o trasladaron operaciones hacia otros puertos de la región. Recuperar esas rutas será extremadamente difícil. La logística internacional se organiza sobre la base de la previsibilidad, no de la esperanza de que el próximo conflicto dure menos que el anterior.
Los propios datos oficiales muestran una caída significativa en el movimiento de contenedores. Pensar que semejante retroceso responde exclusivamente a factores coyunturales sería un ejercicio de ingenuidad. La competencia regional avanza mientras Uruguay transmite exactamente el mensaje contrario al que debería proyectar: incertidumbre, conflictividad permanente y ausencia de respuestas.
Pero si la conducta sindical merece cuestionamientos, la actitud del gobierno resulta todavía más desconcertante. Hasta ahora, la respuesta oficial ha consistido, esencialmente, en manifestar preocupación y promover instancias de diálogo. Ambas cosas son necesarias, pero claramente insuficientes. Cuando un conflicto privado comienza a comprometer el interés general, el Estado tiene la obligación de actuar con mayor firmeza.
No se trata de intervenir en favor de una empresa ni de desconocer derechos sindicales. Se trata de proteger un servicio estratégico para el país. El interés general no puede quedar subordinado indefinidamente a una negociación que no encuentra salida porque una de las partes continúa elevando sus exigencias mientras mantiene paralizada buena parte de la actividad.
Existen herramientas legales para enfrentar situaciones excepcionales. Los protocolos de contingencia y, llegado el caso, la declaración de servicios esenciales no constituyen una agresión contra los trabajadores. Son mecanismos previstos precisamente para impedir que la paralización de determinados servicios termine lesionando los derechos de millones de personas que permanecen completamente ajenas al conflicto.
Sorprende, por ello, la resistencia del gobierno siquiera a considerar esas alternativas. La imagen que transmite es la de un Poder Ejecutivo más preocupado por no incomodar a un actor sindical que por preservar la competitividad de una infraestructura crítica para el desarrollo nacional. Esa actitud no fortalece el diálogo; simplemente prolonga un conflicto cuyos costos recaen sobre toda la sociedad.
Ha llegado el momento de que el gobierno comprenda que la neutralidad también tiene consecuencias.
Defender el derecho de negociación colectiva no implica tolerar indefinidamente que un sector estratégico del país permanezca sometido a una lógica de bloqueo permanente. Cuando el ejercicio de un derecho comienza a comprometer el bienestar general, corresponde al Estado restablecer los equilibrios.
Porque, en definitiva, el puerto no pertenece ni a la empresa ni al sindicato. Pertenece al país. Y ese país no puede quedar sometido al talante de un poder sindical que actúa como si estuviera por encima del interés general.

Hay una afirmación sobre la realidad política de los Estados Unidos que cada vez es más asumida como una verdad evidente, formando parte del paisaje político estadounidense de manera prácticamente incuestionable. Se trata del emergente Democratic Socialists of America (DSA).

Aparecen nombres como Claire Valdez, Darializa Ávila Chevalier, Melat Kiros, junto a otros más conocidos, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Todos ellos van expandiendo su influencia y consolidando avances; cada paso ha estado marcado por la prudencia, pero también por una dosis de audacia.

Tres referentes del siglo XX

El DSA tiene sus orígenes en el Partido Socialista de América (Socialist Party of America, SPA), cuyos dirigentes más notorios fueron Eugene V. Debs, Norman Thomas y Michael Harrington.

Debs fue un reconocido dirigente sindical, fundador de los Industrial Workers of the World y candidato en cinco oportunidades a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialista de América. Su consecuente militancia sindical y política le valió un amplio reconocimiento, convirtiéndose en uno de los socialistas más conocidos de la historia estadounidense. Vivió entre 1855 y 1926 y fue en las elecciones de 1912 cuando obtuvo su mejor resultado electoral, con cerca del 6 % de los votos.

Norman Mattoon Thomas (1884-1968) fue otro destacado dirigente del SPA y también candidato presidencial en varias ocasiones. Su plataforma socialista y pacifista continúa siendo reconocida hasta nuestros días. Al definir su pensamiento, Thomas destacaba su condición de antimilitarista y socialista cristiano. Escribió varios libros, entre ellos una apasionada defensa de los objetores de conciencia de la Primera Guerra Mundial, ¿Es la conciencia un crimen?, y posteriormente Socialismo reexaminado, considerada una de las expresiones más representativas del consenso socialdemócrata de los años sesenta.

Edward Michael Harrington Jr. (1928-1989) fue igualmente un destacado socialista democrático estadounidense. Sobresalió como escritor; su obra más conocida fue The Other America (1962). Sin embargo, Harrington no limitó su actividad al ámbito intelectual: también fue dirigente político, teórico, profesor de Ciencia Política y comentarista radial. En 1982 fue uno de los fundadores de los Democratic Socialists of America y su primer líder de mayor proyección.

DSA, 1982

En 1972, durante la convención anual del partido, el SPA decidió transformarse en una organización menos radical y adoptar el nombre de Social Democrats USA.

Al año siguiente, Harrington, quien encabezaba una facción minoritaria del SPA y se había opuesto a esa transformación, fundó el Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC). Otra fracción dio origen al Socialist Party USA.

Los Democratic Socialists of America nacieron oficialmente en 1982 como resultado de la fusión entre el DSOC y el New American Movement (NAM), una alianza de intelectuales socialistas y comunistas con raíces en los movimientos de la denominada Nueva Izquierda de las décadas de 1960 y 1970.

Para dimensionar el peso político de aquella corriente, basta señalar que, al momento de la fusión, el nuevo DSA reunía alrededor de cinco mil afiliados provenientes del DSOC y aproximadamente mil del NAM.

Hoy, el Democratic Socialists of America es una organización política que ha recorrido un sostenido proceso de crecimiento. Ha superado las tensiones propias de toda etapa fundacional y ha comenzado a influir en las principales ciudades del país, con dirigentes que destacan por su personalidad política sin descuidar el trabajo colectivo.

Entre sus figuras más conocidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Si bien el DSA no es un partido político, ha participado intensamente en procesos electorales a través de las elecciones internas del Partido Demócrata. Su crecimiento organizativo también ha sido significativo: pasó de unos seis mil miembros en 2015 a superar los cien mil en la actualidad.

El órgano de conducción del DSA es el Comité Político Nacional (CPN), integrado por veinticinco delegados que cumplen funciones similares a una junta directiva. Sus integrantes son elegidos cada dos años por la Convención Nacional. Cada capítulo del DSA tiene derecho a enviar delegados en proporción a su tamaño y también existen representantes elegidos “en general” para las zonas donde no existen capítulos activos.

Para integrar el Comité Político Nacional se establece que no más de la mitad de sus miembros sean hombres y que, al menos, el 20 % de los cargos estén reservados para personas racializadas. En 2025 se aprobó ampliar el número de integrantes de 16 a los actuales 25. Este comité elige, además, un Comité Directivo integrado por cinco de sus miembros. Las oficinas nacionales del DSA y del DSA Fund se encuentran en las ciudades de Nueva York y Washington D. C.

El huracán Bernie

Las adhesiones crecieron de manera exponencial cuando la organización se movilizó en torno a la campaña presidencial del senador por Vermont Bernie Sanders en 2016. Aunque aquella batalla electoral terminó en derrota, tanto esa campaña como la de 2020 revelaron una energía política inédita dentro del sistema estadounidense y, particularmente, en la izquierda.

Para numerosos analistas, ambas campañas constituyeron la primera gran señal de advertencia para el establishment demócrata: una parte importante del electorado buscaba un cambio y había encontrado en Sanders un vehículo para expresar esa expectativa.

El largo recorrido político de Sanders nunca fue sencillo. Incluso como candidato independiente que competía dentro de las primarias del Partido Demócrata debió enfrentar fuertes cuestionamientos. Sin embargo, a partir de 2016 el escenario comenzó a modificarse. El movimiento progresista inició un proceso de crecimiento, articulándose con quienes se definían como socialistas democráticos y encontraban en Sanders un referente político e intelectual.

Otro punto de inflexión llegó en 2019, cuando las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, por Nueva York, y Rashida Tlaib, por Michigan, ambas integrantes del DSA, comenzaron a actuar coordinadamente junto con otros legisladores progresistas en el Congreso. Su presencia generó inquietud e incluso preocupación dentro del liderazgo tradicional del Partido Demócrata. Ambas reconocen la influencia política ejercida por Sanders.

En términos generales, tanto simpatizantes como críticos coinciden en que el número de legisladores y dirigentes progresistas ideológicamente cercanos al socialismo democrático es considerablemente mayor que el de quienes integran formalmente el DSA.

Creciendo

Los socialistas democráticos han obtenido importantes éxitos desplazando a legisladores tradicionales en distritos fuertemente liberales, para luego imponerse con comodidad en las elecciones generales de esos mismos distritos.

La incógnita sigue siendo si lograrán reproducir esos resultados en elecciones altamente competitivas. En procesos electorales anteriores, los republicanos obtuvieron buenos resultados vinculando a los candidatos demócratas con Bernie Sanders y el socialismo democrático para presentarlos ante el electorado como excesivamente liberales y alejados de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

Las operaciones

No está claro si podrán ganar las operaciones de medio orden, que esperan la misma impronta, con una proyección fin en términos militares. Hay una vitalidad relacionada al enemigo. Ya están prontos, desplegados, a la espera de una reserva.

Guillermo Pérez Rossell murió el pasado 4 de julio, cumplido ya los 90 años, creo, –detalles y precisiones son anécdotas– dedicados en su totalidad casi al periodismo. Fueron unos 66, como puntal de El País, según consignó este diario en su despedida.
Alguien me avisó por redes y vi además un tuit de Graziano Pascale, dando cuenta: “Qué triste noticia. Partió Guillermo Pérez Rossell, un periodista de raza, que dejó su huella en la historia de El País….”.

Sumó un comentario personal: “El gremio pierde uno de sus más nobles integrantes. Hoy las campanas doblan por todos los periodistas. Además un amigo. Qué pena infinita”. A su vez Graziano abundó :“Vivirá siempre en quienes lo conocimos. Cumplió al pie de la letra lo de Kapuscinski: no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona”.

Todo cierto. Cumplió su tarea a cabalidad, con dedicación completa; por más de medio siglo como secretario de redacción cargó en sus espaldas la responsabilidad de hacer que el diario apareciera todos los días: era de esos “jefes-peones” del periodismo, que recién culminaban su tarea del día a la madrugada del día siguiente luego de dar el “vamos” a las rotativas. Remero incansable.
“Es así, poeta, son esos periodistas laburantes, que no aparecen ni figuran tanto, pero sin cuya existencia los diarios no estarían en la calle todos los días”, machacaba siempre el gran maestro, Francisco Luis Llano, el periodista argentino que entre otras cosas hizo el diario Clarín de Buenos Aires.

Guillermo era gran periodista y humilde , -´-“rara avis” en el gremio, hay que confesarlo– y su prioridad era, precisamente, poner el diario en la calle para que, por sobre todas las demás, los ciudadanos recibieran información. Porque también era un defensor implacable de la libertad de expresión. Me consta.

Lo conocí por la segunda mitad de la década del ’60 del siglo pasado; cuando el largo conflicto de la prensa, por el ’67, creo, en la mesa que “presidía” el maestro de Guillermo, como mío y de tantos otros, Luis Horacio Vignolo –otro grande–, en El Sorocabana de la Plaza Libertad, planta baja y especie de ágora de la Asociación de la Prensa Uruguaya- APU- ubicada unos pisos mas arriba.
Después se nos hizo una costumbre vernos por allí a tomar un cafe e intercambiar datos y chismes de la profesión y el gremio.
Nuestra relación se afianza cuando Guillermo pasó a ser parte de la delegación de El País que asistía a las reuniones y asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí también se vio al obrero, del mejor nivel intelectual y profesional, trabajar y ayudar a que las cosas salieran en tiempo y forma de las diversas Comisiones que desarrollaban una intensa labor en pos de la defensa de la libertad de prensa. Guillermo destacó y destacó mucho.

Y cuando se suponía que iba a llamarse a sosiego, incluso porque los avances técnicos nos dejaban un poco atrás –a los viejos con catálogos atrasados, diríamos– él se puso a la vanguardia y hoy el País Digital es el permanente y continuo homenaje a Guillermo Perez: fue su pionero y “ empujador” sin pausa y hasta fastidioso. ¡Que curiosidad tan grande!, propia del periodista de primera, con una energía no tan común.

Y cuando se tomó un tiempito se dedicó a escribir, a contarnos de sus recorridas por el mundo y dio rienda suelta a su gran sensibilidad, a sus miradas profundas y a su poder de comunicador, que sabe lo que es noticia y como contárselo a la gente. Sus notas las recogió en un libro: “ El inexplicable ser humano y sus países”
Y no se quedó ahi. Ya mayor convocaba cada tanto a su casa a viejos colegas, en tertulias enriquecidas por la memoria y la imaginación, transformando aquello en una alegre y gran redacción.
Merece que estemos de luto y de duelo. Por haber sido un gran periodista y porque era un gran compañero.

Hay cifras que deberían provocar una conmoción nacional. Sin embargo, en Uruguay pasan casi desapercibidas, perdidas entre declaraciones políticas, inauguraciones, promesas y discusiones de ocasión.
Según los datos correspondientes a 2025, el Tribunal de Cuentas observó gastos por 1.750 millones de dólares.
Sí, leyó bien. Mil setecientos cincuenta millones de dólares.

Y aquí es donde conviene recordar algo fundamental: el Tribunal de Cuentas no determina si un gasto es simpático o antipático, de izquierda o de derecha, popular o impopular. Su función es mucho más sencilla: verificar si ese gasto se ajusta o no a la normativa vigente.

Por eso la cifra resulta tan alarmante.

Porque detrás de cada observación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede ser que quienes administran dinero ajeno no sean capaces de cumplir las mismas reglas que les exigen a los ciudadanos?
Y es imposible no hacer memoria.

En 2002, cuando Uruguay atravesaba la peor crisis económica de su historia reciente, el gobierno de Jorge Batlle logró obtener un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que permitió evitar el default y mantener al país de pie cuando parecía tambalearse al borde del abismo.

Aquellos 1.500 millones fueron considerados entonces una cifra gigantesca. Una cifra capaz de definir el destino económico de toda una nación.

Hoy descubrimos que los gastos observados por el Tribunal de Cuentas en un solo año alcanzan los 1.750 millones de dólares.

Es decir, una cifra superior a aquel salvavidas histórico que permitió rescatar al Uruguay en uno de sus momentos más dramáticos.

Y entonces surge la pregunta que nadie parece querer responder.

Si los organismos públicos, nacionales y departamentales, administraran los recursos con el mismo cuidado con que cualquier familia administra el presupuesto de su hogar, ¿cuántos impuestos podrían aliviarse?

¿Cuántos préstamos dejarían de ser necesarios?

¿Cuántas obras podrían financiarse sin seguir metiendo la mano en el bolsillo de quienes trabajan y producen?

Lo más preocupante es que las observaciones parecen haberse transformado en una costumbre.

Se observa. Se toma nota. Se sigue adelante.

Y nadie se inmuta demasiado. Como si la legalidad fuera una recomendación. Como si los recursos públicos fueran infinitos. Como si el dinero de los contribuyentes apareciera por generación espontánea.
Pero no aparece.

Sale del comerciante que paga impuestos. Del jubilado que hace cuentas para llegar a fin de mes. Del trabajador que ve cómo cada peso cuesta ganarlo.

Por eso el problema no son solamente los 1.750 millones observados.

El verdadero problema es la naturalidad con que aceptamos que semejante cifra deje de escandalizarnos.
Porque cuando una sociedad deja de sorprenderse por el uso irregular de los recursos públicos, el despilfarro deja de ser una excepción.

Y pasa a convertirse en un sistema. Y como ocurre siempre, la cuenta final nunca la pagan quienes gastan.
La termina pagando el ciudadano.

Este quedó con un puñal más profundo porque la comparación entre los 1.500 millones que evitaron el default en 2002 y los 1.750 millones observados en 2025, genera un contraste muy potente y fácil de entender para cualquier lector.

David Doti

El art. 13 del Código del Proceso Penal (CPP) establece: “(Etapas del proceso). El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso”. Pues bien, está claro que el proceso de ejecución penal, es decir, la etapa de cumplimiento de la pena, es también parte del proceso penal, y diríamos que la parte más importante, de la cual nadie se ocupa, (tampoco parece haber sido considerada por la Comisión de reforma del proceso penal).

Es más, se da en el punto una paradoja, pues la modificación de un instituto centenario como lo es la libertad anticipada, que hoy está limitada para una serie de delitos, con buen criterio se ampliaba y se habilitaba la posibilidad de que personas que fueran condenadas por homicidios, abusos sexuales, etcétera, pudieran tramitar este beneficio, el que podrían obtener luego de evaluaciones psicológicas sobre la rehabilitación del recluso y de decisiones de fiscales y jueces.

Pero, lamentablemente, la demagogia punitiva que viene ganando a todas las bancadas del parlamento, llevó a que esa posibilidad fuera retirada de la discusión, sin más. Más allá de ese aspecto y alguno menor, no existen en este proyecto de reforma mayores modificaciones. Ahora bien, ¿era necesario introducir modificaciones al proceso de ejecución de la pena en nuestro país? Pues evidentemente sí. Sin perjuicio de que la pena, sus clases, su monto, su determinación, es un tema de derecho penal sustantivo y no de una reforma del proceso penal, el proceso como instrumento es el que se encarga de su cumplimiento, y en esa tarea debe preservar los derechos de los penados, los que solo tienen limitada la libertad ambulatoria, pero no otros derechos como el derecho a la vida y a su integridad física y mental.

Entonces, la pregunta elemental, es si tenemos un modelo de cumplimiento de la pena que respete el artículo 26 de la Constitución Nacional, máxime cuando la norma en cuestión ordena: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Está más que claro que nuestras cárceles no cumplen, salvo excepciones, con ese mandato, pero no lo hacen desde mucho tiempo atrás, habiendo conspirado en tal sentido la inflación legislativa de creación de delitos, de aumento de penas, de limitaciones a las libertades provisionales, anticipadas, etcétera, que han traído como consecuencia que hoy tengamos 17.000 presos, un promedio de 477 cada 100.000 habitantes, siendo el país con más prisionalización de Latinoamérica, situación que hace imposible el manejo razonable de esa masa humana que termina siendo un montón de olvidados para el común de la gente.

Es más, el excomisionado parlamentario, Miguel Petit, informa que el 46% de la población carcelaria vive en situaciones crueles e inhumanas, el 37% está en centros donde no es posible la rehabilitación, y solo el 17% vive en establecimientos aptos para la rehabilitación, es decir, solo 2.890 presos de 17.000; ¿qué hacemos con los 14.110 restantes? Hablamos de un sistema con un 120% de sobrepoblación, y 57 muertes de personas en custodia del Estado en el último año.

Como decimos, en esta etapa de reformas del proceso penal, lo único interesante que existía en la propuesta, referido a la libertad anticipada, ya no existe, por el miedo del sistema político a enfrentar el dilema de la gente privada de libertad. Pero no solo no existe ninguna norma sobre ese tema, tampoco se modifica un instituto como el de la redención de pena por trabajo y estudio, beneficio creado por la ley de humanización del sistema carcelario, que pretendía que el recluso una vez ingresado, pudiera, con su esfuerzo, ir pagando su pena de una forma que no fuera el ocio compulsivo, instituto al cual los distintos gobiernos han ido limitando cada día más, al punto de establecer que ciertas personas que han cometido determinados delitos no pueden acceder al beneficio.

Tampoco se da ninguna variación sobre el régimen de salidas transitorias para trabajar o para acercamiento familiar, la que sigue limitada por delito y por tiempo de reclusión. Nada de esto se ve reflejado en este proyecto de reforma del proceso penal, y uno se pregunta por qué se dará eso. Somos de los que creemos que el tema de la cárcel y de los condenados es un tema que el sistema político y la academia no ha tenido ni tiene la valentía para encarar, pero tarde o temprano deberá hacerlo, pues es más que claro que la cárcel es una de las causas principales de la criminalidad en nuestro país.

Visto lo anterior, es imposible pensar que tendremos una baja de los delitos y una mayor y mejor seguridad ciudadana, si no pensamos en mejorar las condiciones de las cárceles, y si no dejamos de pensar que la pena privativa de libertad es la única forma de “pagar un delito”, pues a las pruebas me remito, las campañas de ley y orden, de hay orden de no aflojar, de vivir sin miedo, etcétera, lo único que han logrado en nuestro país, es inocular la visión de que todo se soluciona por la vía de la mayor represión, y eso ha sido un error que estamos pagando todos los días con las cifras de la delincuencia que tenemos.

Por último, y pese a que el proyecto en ciernes pareciera no pasar de reformas superficiales, aguardamos igualmente la posibilidad de que se le pueda hincar el diente a este drama nacional.

Federico Álvarez Petraglia