Los comerciantes de avenida España pidieron que la Intendencia reconsidere los aspectos del proyecto de remodelación que reducirían la circulación vehicular y abra “una instancia real de diálogo” para compatibilizar la recuperación patrimonial con la actividad comercial, la movilidad y el empleo.
El planteo fue realizado luego de la reunión que mantuvieron ayer jueves con representantes técnicos de la Intendencia de Paysandú, en el marco de una preocupación que se viene expresando públicamente en los últimos días. Según pudo establecer EL TELEGRAFO, la semana próxima el intendente Nicolás Olivera recibirá a los comerciantes para analizar el alcance de los reclamos.
En un comunicado, los comerciantes manifestaron su “profunda preocupación ante el proyecto de remodelación presentado por la Intendencia de Paysandú”, aunque aclararon que no rechazan la intervención prevista para una de las avenidas históricas de la ciudad.
“No nos oponemos a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de una de las avenidas más emblemáticas de nuestra ciudad”, señalaron. En ese sentido, consideraron “muy positiva la restauración de bancos, jarrones, fuentes y demás elementos que forman parte de la identidad de avenida España y de la historia de Paysandú”.
Sin embargo, advirtieron que una obra de esa magnitud debe alcanzar “un equilibrio entre la preservación patrimonial y la funcionalidad urbana”. La principal objeción está centrada en “la decisión de reducir significativamente la capacidad de circulación de una de las arterias más importantes de la ciudad”, expresaron.
Los comerciantes señalaron que la disminución de un carril se plantea en un contexto de aumento sostenido del parque automotor. “Disminuir un carril de tránsito parece ir en sentido contrario a las necesidades actuales y futuras de la movilidad urbana”, indicaron, en una ciudad con unos 113.000 vehículos, cuyo parque automotor crece sin pausa.
También afirmaron compartir el objetivo de reducir la velocidad y mejorar la seguridad vial, pero plantearon que podrían existir otras soluciones. “Creemos que existen alternativas técnicas menos invasivas, de menor costo y con menor impacto sobre la actividad económica, que podrían cumplir el mismo propósito sin afectar la capacidad de circulación de una avenida estratégica”, sostuvieron.
Otro de los puntos de preocupación es el plazo de ejecución, estimado en aproximadamente dos años. Para los comerciantes, ese período podría generar dificultades de acceso, menor circulación de público y perjuicios directos sobre empresas instaladas en la zona.
“La disminución del tránsito, las dificultades de acceso y la lógica reducción de la concurrencia de público pueden comprometer seriamente la viabilidad de muchas empresas que llevan años generando trabajo e invirtiendo en nuestra ciudad”, advirtieron. En el comunicado también subrayan que el impacto no alcanza únicamente a los propietarios de los comercios. “Detrás de cada empresa existen trabajadores, familias y puestos laborales que también observan con incertidumbre las consecuencias que una intervención de estas características puede generar”, señalaron. Finalmente, remarcaron que el planteo “no pretende frenar el progreso”, sino contribuir a que la obra “sea una verdadera mejora para toda la comunidad, sin que ello implique poner en riesgo empresas, inversiones y fuentes laborales que forman parte del presente y del futuro de nuestra ciudad”.
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