Dos barrios, un mismo padrón y una pregunta incómoda

Hay situaciones que parecen imposibles de explicar. Y cuando algo no tiene explicación lógica, generalmente empieza a tener explicación política.
En Paysandú existe un terreno que durante años fue conocido como propiedad de la antigua Sociedad de Panaderos. Allí, más de doscientas familias fueron levantando sus viviendas con esfuerzo, sacrificio y la esperanza de algún día acceder a la tan ansiada escritura de su hogar.
Han pasado administraciones municipales de distintos colores y nombres. Pasó una, pasó otra, y pasó otra más. Promesas hubo muchas. Soluciones, pocas o ninguna.
Los vecinos golpearon puertas, realizaron gestiones y reclamaron una respuesta. Mientras tanto, gracias a distintas intervenciones del Estado, lograron acceder a servicios básicos de OSE y UTE. Es decir, existen para pagar facturas, pero no para obtener la seguridad jurídica de la tierra donde viven.
Pero la historia se vuelve todavía más interesante.
Porque según relatan vecinos de la zona, en una parcela enorme sobre Rodríguez Nolla y Ayacucho, comenzaron a aparecer terrenos que habrían sido vendidos entre cinco y diez mil dólares. Lotes de aproximadamente diez por veinte metros. El lugar incluso recibió un nombre elegante: “Barrio Privado El Mirasol”.
Qué maravilla la creatividad uruguaya. Donde algunos ven una ocupación irregular, otros descubren una inmobiliaria de alta velocidad.
Y aquí aparece la pregunta que nadie parece querer responder.
¿Cómo puede ser que existan dos realidades completamente distintas dentro del mismo padrón?
Por un lado, familias que llevan años esperando una solución para regularizar sus viviendas.
Por otro, terrenos que aparentemente cambian de manos, se venden y hasta adquieren nombre de barrio privado.
Y mientras tanto, la Intendencia realiza calles, coloca alumbrado público, presta servicios y hasta recibe recientemente la visita del intendente preocupado –con razón– por la falta de presión del agua potable que suministra OSE. Loable preocupación.
Pero ya que estamos preocupados, quizás convendría preocuparse también por un pequeño detalle: la situación jurídica de cientos de familias que siguen esperando una respuesta desde hace años.
Porque resulta curioso que el Estado pueda reconocer un barrio para cobrar tributos, instalar luminarias, abrir calles y gestionar servicios, pero parezca sufrir un repentino ataque de amnesia cuando llega el momento de resolver la propiedad de la tierra.
La pregunta final es sencilla.
Si todos saben dónde está el problema, si todos conocen la situación y si todos han recorrido el barrio prometiendo estudiar soluciones… ¿qué es exactamente lo que están esperando?
Porque los años pasan, las familias siguen allí, las casas continúan creciendo y las promesas envejecen más rápido que las paredes.
Y en Paysandú parece que existe una nueva categoría urbanística: barrios suficientemente legales para recibir servicios, pero demasiado ilegales para recibir escrituras.
Una figura tan absurda que debería estudiarse en las facultades de Derecho.
O quizás en las de magia.
David Doti