Desde hace décadas, el tema de la falta de especialistas médicos en el Interior, lejos de atenuarse, se ha ido acentuando, tanto en el caso de las mutualistas como en ASSE, y no hay hasta ahora una respuesta decidida del Estado para revertir esta situación. Mientras tanto, los pacientes derivados a especialistas siguen esperando dos, tres, cuatro y hasta más meses para ser atendidos, sin encontrar respuesta para esta atención especializada, mientras siguen pasando los años sin soluciones a medida para este problema. El diario El Observador da cuenta de que hay dos proyectos legislativos de 2026 para radicar especialistas médicos en el Interior de Uruguay: uno del Frente Amplio que obliga a recién egresados y otro del Partido Nacional basado en incentivos. Las propuestas buscan solucionar la falta de profesionales en el norte del país, contraponiendo la obligatoriedad frente a los beneficios económicos.
El diputado del Partido Nacional Andrés Grezzi presentó un proyecto de ley que otorga incentivos a especialistas médicos para que trabajen en centros públicos del Interior. La iniciativa es una respuesta a la que presentó el Frente Amplio, que obliga a los recién recibidos a trabajar en hospitales públicos de todo el país durante sus dos primeros años de egreso.
El autor del proyecto afirmó que no está de acuerdo con el presentado por el oficialismo, entiende que es inconstitucional, y que por eso propuso esta alternativa, que “busca no obligar a que tengan que ir al Interior, pero sí darle incentivos para que se puedan radicar allí”, dijo Grezzi en diálogo con el citado medio periodístico.
Por su lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve había presentado en abril el proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales públicos de todo el país.
Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una “carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años”, según el texto del proyecto.
La implementación de este proyecto alcanzaría a los “profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización”.
Se tendría en cuenta para determinar esta carga horaria la “distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país”. Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública el que determine las “necesidades asistenciales de cada especialidad”.
El MSP “no registrará ni habilitará” el título para el ejercicio de la profesión a quienes no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario. Ante este planteo, la Federación Médica del Interior (FEMI) afirmó que el proyecto de ley en cuestión “no constituye una solución adecuada. La imposición de un período obligatorio de ejercicio no garantiza la radicación sostenida de profesionales ni la calidad asistencial, pudiendo además generar efectos contraproducentes en el mediano y largo plazo”. En cambio, la federación entiende que “las soluciones deben orientarse a fortalecer la formación de especialistas en el Interior, mejorar las condiciones laborales y generar incentivos reales para la radicación”.
Hay una pregunta que debería atravesar cualquier discusión sobre nuestro sistema de salud: ¿el lugar donde nace y vive una persona puede determinar sus posibilidades de acceder a un especialista médico? La respuesta, aunque incómoda, es sí. Y esa realidad expone una de las mayores inequidades del país: la enorme distancia que existe entre la atención sanitaria disponible en Montevideo y la que reciben miles de uruguayos que viven en el Interior, una brecha que se vuelve todavía más profunda en los departamentos ubicados al norte del río Negro.
Durante décadas, el diseño del sistema sanitario ha reproducido una lógica centralista. Montevideo concentra la mayor parte de los especialistas, de los centros de alta complejidad, de la actividad académica y de las oportunidades laborales. Mientras tanto, el Interior continúa esperando. Espera médicos, espera consultas, espera diagnósticos y espera respuestas. Pero quienes no pueden esperar son los pacientes.
Hablar de listas de espera en el Interior no es hablar únicamente de tiempos administrativos. Es hablar de oportunidades perdidas para diagnosticar a tiempo, de enfermedades que avanzan, de tratamientos que se retrasan y de una desigualdad que termina castigando siempre a los mismos. Montevideo concentra una proporción significativamente mayor de médicos por habitante que el resto del país. Esa diferencia ya es importante entre la capital y el Interior, pero se vuelve dramática cuando se observan los departamentos más alejados de los grandes centros urbanos, particularmente los del norte del río Negro. Allí la escasez de especialistas es mucho más marcada, y los usuarios del sistema público deben convivir con largas listas de espera o directamente con la ausencia de determinadas especialidades.
El problema no admite soluciones simples. La distribución desigual de los recursos humanos en salud responde a múltiples factores. La formación de especialistas sigue concentrándose mayoritariamente en Montevideo. Los médicos construyen allí sus vínculos personales, familiares y profesionales, y encuentran mejores posibilidades de desarrollo académico, mayores redes de apoyo, más tecnología y, muchas veces, mejores condiciones laborales.
Por eso resulta indispensable avanzar en una política sostenida de descentralización de la formación médica. Formar especialistas en el Interior significa también generar arraigo: quien estudia, trabaja y desarrolla su vida en una comunidad tiene muchas más posibilidades de permanecer allí ejerciendo la profesión.
Sin embargo, esa es una estrategia cuyos resultados llegarán en el mediano y largo plazo. Y en el interín, no es irracional debatir y mejorar propuestas como la planteada por el diputado Preve: la creación de un servicio público, obligatorio, transitorio y remunerado para especialistas recientemente formados, destinado a cubrir durante un período determinado las necesidades del Interior del país. Al fin y al cabo, el Estado les financió una carrera universitaria completa, y no es descabellado pensar en una devolución que beneficie al interés general. Además, no sería algo completamente novedoso: así funcionó por décadas la educación primaria, donde las maestras recién recibidas comenzaban a trabajar en el interior profundo, en las escuelas más alejadas e aisladas de la campaña, antes de poder tomar escuelas en las capitales departamentales. Gracias a eso pudieron funcionar hasta hoy las escuelas rurales, adonde difícilmente un maestro novato elegiría ir a trabajar por propia voluntad.
La iniciativa seguramente abrirá debates. Pero al considerarse el instrumento, debe preguntarse cuál es el problema que intenta resolver, porque el verdadero centro de esta discusión no debería ser la comodidad del sistema ni las preferencias corporativas. El centro tiene que ser el paciente, y por ese eje deben pasar los mayores desvelos, en lugar de priorizar quién gana o pierde en la confrontación de intereses sectoriales o particulares.
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