Uruguay volvió a las cifras de suicidios similares a las registradas en 2015. Sin embargo, hubo más de 400 intentos por encima de lo contabilizado en 2024.
A pesar de las estadísticas oficiales, hay un mensaje que se repite desde la población cada vez que es sometida a largas esperas, con desigualdades territoriales en varias especialidades, entre las que también se encuentra la salud mental.
Esta demanda sin cobertura aumenta en Montevideo y la zona metropolitana por cuestiones de densidad poblacional, pero es igualmente acuciante al norte del río Negro, donde se radica el 7% de las especialidades. Es, al igual que en otros aspectos sociales, la otra cara de una realidad que se encuentra por encima de los números fríos.
La evidencia indica un aumento de los problemas de salud mental en Uruguay que requieren, más allá de las menciones reiteradas a un abordaje integral, el seguimiento y la rehabilitación que garanticen una atención sostenida; es decir, que no se debilite o desaparezca conforme cambien los gobiernos.
La tasa de mortalidad por suicidio es mayor en los hombres y, por franja etaria, se concentra en personas de 80 años o más y entre 30 y 34 años. Ronda los 30 casos cada 100.000 habitantes y se establece muy por encima de la media nacional, que se ubica en 19,16.
Con una particularidad sobre los números correspondientes a 2025: se suicidaron siete niños de entre 10 y 14 años. La infancia y la preadolescencia no están ajenas a este flagelo, que requiere un trabajo conjunto con las organizaciones sociales.
Por su lado, los especialistas no aseguran diagnósticos en las puertas de emergencia, sino valoraciones. Además, los cargos necesarios no se reponen desde hace varios años, y alcanza con revisar los llamados efectuados en las últimas administraciones. El mundo académico y las autoridades del gobierno coinciden en el aporte comunitario y, para eso, el Ministerio de Salud Pública lanzó el programa Acción País por la Salud Mental con el financiamiento de 42 proyectos por 34 millones de pesos, o unos 845.000 dólares.
Las iniciativas incluyen distintas terapias y actividades con adultos mayores, niños, embarazadas, disidencias y privados de libertad, algunas de alcance nacional y otras específicas para cada territorio. Las propuestas se mantendrán entre 2027 y 2029, en tanto los recursos están contemplados en el Presupuesto Nacional y otras fuentes ministeriales.
Es decir, caducarán cuando finalice este gobierno y no se vislumbra una política de Estado, a pesar de los sucesivos reclamos de los usuarios. En forma paralela, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció un presupuesto de 25 millones de pesos para la incorporación de psicólogos en todos los liceos del país, orientado a estudiantes de séptimo, octavo y noveno de Ciclo Básico.
En distintos centros educativos de Secundaria del país se registraron casos de violencia entre estudiantes, de padres hacia profesores y de alumnos contra directores, tal como ocurrió en Paysandú. Esos recursos no alcanzarán para el fortalecimiento de la atención de la salud mental porque son insuficientes para garantizar la presencia de un profesional por cada centro. En todo caso, alcanzarán para agilizar las coordinaciones entre los liceos y los prestadores de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este enfoque porque en estos espacios se realiza una detección temprana de la problemática de salud mental en adolescentes y jóvenes. El principal desafío será llevar esta medida a la práctica con presencia real para el trabajo vinculado a otros aspectos que vuelven vulnerables a las personas, como la violencia intrafamiliar, la discapacidad y los contextos cada vez más complejos. Sin espacios de escucha y orientación dentro de los liceos —es decir, sin inversión en recursos humanos— no puede garantizarse un seguimiento adecuado de la problemática de la salud mental y su impacto en conductas o aprendizajes.
El perfil de muchos niños y adolescentes uruguayos está delineado por la falta de perspectivas de vida y de entorno, en ocasiones marcado por el consumo problemático de sustancias, la falta de empleo, la persistencia de condiciones de precariedad y la mirada hacia un peligroso círculo vicioso que los rodea.
De hecho, la Ley N.° 19.529 o Ley de Salud Mental, aprobada en 2017 por todos los partidos políticos, promueve ese abordaje que prioriza la prevención, la atención comunitaria y la coordinación entre organismos estatales.
En definitiva, al menos en Uruguay, algunas cosas no cambian. El país casi duplica la media global y regional, con un problema centrado en los hombres y los adultos mayores. Y tampoco cambia el perfil de los escasos recursos que definen los gobiernos, sin permitir llegar a la equidad e igualdad de un sistema que no brinda un abordaje en su integralidad, a menos que la persona cuente con recursos económicos y realice consultas con profesionales en el ámbito privado.
De hecho, la Universidad de la República publicó en 2023 que las personas que viven en situación de pobreza tienen un 50% más de riesgo de desarrollar trastornos mentales severos, por no acceder a una consulta y por tener que enfrentar los estigmas asociados a este problema.
Incluso siendo un país con amplia cobertura sanitaria que mejora sus indicadores de desarrollo humano, los trastornos depresivos y de ansiedad afectan a un 10% de la población adulta, de acuerdo con el último informe del Observatorio Uruguayo de Salud Mental. Menos del 20% de las personas que necesitaron atención médica, psicológica o psiquiátrica la recibieron de forma oportuna.
Las barreras culturales y la estigmatización que pervive sobre la salud mental atraviesan a las generaciones como el fantasma de la debilidad. Si el suicidio es evitable, tal como lo señalan los técnicos, entonces desde todo punto de vista se asemeja a un fracaso colectivo: ese que revela que la prioridad y sostenibilidad de las iniciativas en apoyo a la salud mental son, hasta ahora, un buen intento.
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