El proyecto de ley de Rendición de Cuentas propone el fortalecimiento de la autonomía técnica y económica del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Así lo señaló su presidente, Esteban Vieta, quien abogó por la descentralización del organismo, contenido en los artículos 144 al 160 de la iniciativa.
La tasa del 4% sobre la venta de raciones pasará a ser administrada directamente por el INBA, con el fin de agilizar el pase del dinero a las intendencias u oenegés con destino al control de la población canina y felina.
Vieta insistió en la incorporación de 25 funcionarios “en pase en comisión desde cualquier organismo del Estado” para ampliar la capacidad operativa a todo el territorio nacional. En esta rendición también se discute su cambio a persona pública no estatal (derecho privado).
En Uruguay, hay “2.400.000 –entre perros y gatos– y 300.000 se encuentran en situación de calle. Se reciben entre 400 y 550 denuncias mensuales vinculadas al bienestar animal y la tenencia responsable.
Cambio de paradigma
En la Rendición de Cuentas, “hay un cambio para el instituto, la idea es que se desprenda del Ministerio de Ganadería y deje de ser un anexo de la dirección general porque no es un instituto completo. Se pretende que sea realmente un instituto con autonomía técnica y económica”, dijo a EL TELEGRAFO.
Tal decisión flexibiliza la disposición de los recursos públicos. “Hoy en día, el 4% de la tasa de las raciones que aproximadamente son unos 80 millones de pesos, van primero a rentas generales y de ahí al MGAP”, agregó.
Acuerdos con intendencias
El instituto acordó con los gobiernos departamentales un cambio en los convenios y definió los recursos para cada uno. En el caso de Paysandú, corresponden dos millones de pesos, pero no son recursos distribuidos en forma estándar, sino de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Particularmente hay un cambio fuerte, porque con dos millones de pesos antes se podían hacer sólo 1.333 castraciones a un monto de $1.500 por cirugía. Escuchando a las intendencias en una reunión en el departamento de Flores, se acordó retirar el monto de $1.500 y poner un mínimo de 1.333 castraciones, pero se deja librado a que los dineros se puedan utilizar de una forma más integral. Que las intendencias puedan duplicar o triplicar la cantidad de castraciones”, dijo Vieta.
Algunos gobiernos departamentales sacaron cuentas y relataron a Vieta que “si dividen 2 millones de pesos entre 12, son unos $166.000. Ese monto dividido entre dos profesionales, son $84.000. Las intendencias nos señalaron que con ese dinero contratarían a dos veterinarios a quienes se les pediría 10 castraciones por día de lunes a viernes. Son cinco días a la semana que suman veinte cirugías por día entre cada profesional. Al año, son unas 4.600 castraciones. Prácticamente triplica la cantidad de esterilizaciones por intendencia con un cambio de modalidad de escritura del documento”.
No obstante aclaró que “cada intendencia lo hará de la manera que lo considere correcto. Con cada castración debería colocarse un chip pero no ocurre cotidianamente, incluso falta educación sobre la obligatoriedad de las castraciones.
Problema que crece
Según Vieta, entre perros y gatos en Uruguay hay 2.400.000 y 300.000 se encuentran en situación de calle. La problemática se incrementa, en tanto el INBA cuenta con tres inspectores para todo el Interior. “Ni que hablar que quienes han mantenido históricamente las castraciones con un trabajo en equipo y el retiro de animales han sido rescatistas, voluntarios independientes u oenegés ya formadas. Es una situación muy compleja y en esta Rendición de Cuentas intentamos que el instituto crezca, tenga más manos y brazos para manejar los dineros públicos y el personal que trabaje sobre tenencia responsable y bienestar animal”.
Por otro lado, reconoció que las opiniones sobre el instituto no son favorables. “Queremos preservar el INBA, que se hable bien y nos encontramos ante un cambio de paradigma para que se pueda revertir lo que hoy se dice y se pueda trabajar con la gente”.
Independencia técnica y económica
El ingreso de recursos se define por un porcentaje de la venta de raciones para animales. “Al día de hoy el INBA no puede hacer convenios con una empresa del Estado, ni recibir fondos que le harían bien al instituto”, señaló Vieta.
Anunció que próximamente lanzarán un collar inteligente que el instituto desarrolla junto a Antel y el Secretariado Uruguayo de la Lana. Contarán con GPS, carga solar y resistencia al agua, permitiendo conocer los recorridos de los animales y establecer zonas de permanencia.
“Habrá dos, uno para el campo y otro para la ciudad que serán similares pero con características diferentes. El del campo, una vez que sea colocado no se podrá retirar. Uno es solar y el otro se cargará a batería. Ambos van a geolocalizar al animal de compañía durante las 24 horas, más que nada por los animales que atacan al ganado. Intentamos minimizar estas problemáticas con la tecnología”.
Incluso, “se conocerá por los latidos del corazón si necesita atención sanitaria y estudiamos la posibilidad de un nuevo mecanismo para que su responsable, a distancia y por celular, pueda darle una orden a su animal de compañía”. En el collar se introducirá un mecanismo que detallará el rango del movimiento y si el perro pasa ese límite, automáticamente se accionará un zumbido que lo asustará y retornará a su lugar. “Cuando esto se apruebe, Uruguay será pionero porque no existe un mecanismo similar en América Latina”, aseguró.
Rendición de cuentas
Este proyecto plantea que un representante de las protectoras integrará un consejo honorario asesor y no continuará en el órgano de dirección. Esta decisión provocó la reacción de algunas oenegés.
“Pensemos en cualquier otro organismo del Estado. Por lo general, quienes toman decisiones son personas públicas. A veces hay que tomar decisiones de Estado y, por eso se retiró a toda la participación civil, pero continúan asesorándonos. Otro tipo de comisiones funcionan de esta manera, con un órgano que toma decisiones y uno que asesora. En lo personal, van a estar trabajando a la par y pondremos el hombro juntos”, precisó Vieta.
Acuerdos
El jerarca aseguró que los acuerdos para llevar adelante una campaña de control de la población canina en el territorio, continuará como se había diagramado el año anterior. “Lo único que pedimos es que acuerden con las intendencias para no superponer las jornadas” y recordó que el dinero recibido deberá utilizarse en zonas donde residen dueños de animales de compañía que no pueden afrontar el costo de una cirugía.
En cuanto a las denuncias que se presentan, enfatizó que continúa el reclamo por la tipificación. “Lamentablemente, si hoy una persona comete una falta, lo único que puedo hacer es sancionarlo, pero paga y sigue. No puede ser que con el pago se acabe el problema. Debe haber otro trasfondo como maltrato, agresiones, lesionados o situaciones aberrantes”.
Caballos sueltos
Consultado sobre la política que instrumentará para la requisa de caballos sueltos en la vía pública, reconoció que “es una problemática nacional muy grave”. El decreto 233/022 sigue vigente y “lamentablemente el INBA llega tercero, detrás de la Policía y el Ministerio de Ganadería. Nosotros venimos con un cambio de paradigma, trabajo en equipo y que todos seamos primeros”.
El INBA estudia la posibilidad de cambiar el decreto o llevar adelante un trabajo similar al efectuado en Montevideo o San José.
“Próximamente iremos a otros departamentos para armar una política pública y evitar lo que ocurre con accidentes de tránsito muy graves o fatales. También desde el INBA peleamos por un chipeo nacional equino. Si ocurre un accidente, mediante el chip se ubicará a su dueño”, concluyó.
Sé el primero en comentar