(ÁMBITO)
El titular del astillero español Cardama, Mario Cardama, presentó un escrito de 20 páginas ante la comisión investigadora del Parlamento en el que defendió la experiencia de la compañía y el cumplimiento de los plazos para construir las dos patrullas oceánicas, explicó las dificultades que atravesó para obtener la garantía exigida y cuestionó la actuación del actual gobierno, al que acusó de haber utilizado los problemas detectados con el aval de Eurocommerce para terminar un contrato en el que, según afirmó, “no tenían interés”.
La respuesta del empresario se produce después de que la administración de Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou por incumplimientos y problemas vinculados con la garantía de fiel cumplimiento. Frente a esos argumentos, Cardama sostuvo que hasta el anuncio realizado por el Ejecutivo el 22 de octubre de 2025, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) nunca había objetado formalmente las garantías, intimado a sustituirlas ni comunicado un incumplimiento contractual.
Incluso aseguró que el 10 de octubre, apenas 12 días antes de esa conferencia de prensa, mantuvo una reunión con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y sus asesores en la que no se plantearon cuestionamientos sobre esos puntos. Según su versión, la conversación estuvo centrada en extender la vigencia de la carta de crédito ante los retrasos previstos en la entrega de los motores.
Uno de los aspectos abordados ante la comisión fue la capacidad del astillero para asumir la construcción. Cardama sostuvo que la compañía lleva más de 100 años construyendo barcos y que durante los últimos 30 entregó casi 40 buques de acero de diferentes características.
“Los buques OPV para Uruguay no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos por nuestro astillero”, aseguró, y señaló que la compañía ya había alcanzado acuerdos con los dos desarrolladores de la tecnología que incorporarían las patrulleras para avanzar con su montaje.
También destacó que el proceso constructivo fue certificado por Lloyd’s y utilizó posteriormente la evaluación de Bureau Veritas para cuestionar las objeciones surgidas durante la supervisión uruguaya. Según Cardama, esta última calificó como “satisfactoria” la construcción.
El empresario fue especialmente crítico con los representantes de la Armada Nacional, a quienes cuestionó su experiencia en la supervisión de nuevas construcciones navales. Además, atribuyó parte de la ralentización de las obras a que entre marzo y setiembre de 2025 no hubo un representante de la Armada designado para el seguimiento.
Respecto de los plazos contractuales, recordó que la primera patrullera debía entregarse en 18 meses y la segunda en 30 meses. Admitió que eran tiempos “exigentes”, pero argumentó que el contrato contemplaba eventuales retrasos ocasionados por terceros y atribuyó a causas externas la demora en la entrega de los motores principales. “Entendemos que los plazos eran razonables y realizables”, concluyó.
Otro de los principales ejes de las respuestas fue la demora en constituir la garantía de fiel cumplimiento, uno de los puntos que terminaron en el centro de la decisión del gobierno de rescindir el vínculo.
Cardama explicó que el contrato contemplaba dos garantías: una de fiel cumplimiento equivalente al 5% del precio y otra correspondiente al anticipo financiero del 10%. Según afirmó, esta última había sido propuesta por el propio astillero pese a que la legislación uruguaya no la exigía y pudo constituirse mediante una póliza de Redbridge.
La dificultad, según su versión, estuvo en la primera. El empresario argumentó que la exigencia de emitirla a primer requerimiento y el hecho de que el proyecto involucrara buques con armamento militar complicaron inesperadamente su obtención.
Aseguró que realizó gestiones ante diferentes bancos internacionales, pero que encontró restricciones relacionadas con la guerra en Ucrania. Según explicó, las entidades consultadas no financiaban ni otorgaban garantías para proyectos que involucraran armamento cuando el destinatario fuera un país que recibiera asistencia del Banco Mundial, condición que atribuyó a Uruguay.
El astillero exploró posteriormente otras alternativas.
La búsqueda terminó con la presentación del aval posteriormente cuestionado, que, según Cardama, fue aceptado por Defensa “tras varios meses de negociaciones y revisiones del texto y las condiciones por parte del Ministerio y sus asesores externos”.
Cardama concentró sus principales cuestionamientos sobre lo ocurrido después del cambio de gobierno. Aseguró que desde la asunción de la actual administración hasta el 22 de octubre de 2025 no recibió una objeción formal que le permitiera advertir que la garantía podía conducir a la terminación del contrato. “Jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce –ajeno a nuestro conocimiento y, por supuesto, implicación alguna– para terminar con un contrato en el que no tenían interés”, sostuvo.
Tras el anuncio de octubre, el abogado Gonzalo Fernández, como mediador entre el astillero y el gobierno, participó de una reunión en Torre Ejecutiva junto con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y Lazo.
De acuerdo con Cardama, allí se analizaron diferentes alternativas: rescindir el contrato, cederlo a un tercero, reducirlo a una única patrullera, modificar los hitos y el sistema automático de pagos o incorporar un sobrestante designado por el gobierno uruguayo. El empresario sostuvo que pidió que las modificaciones pretendidas fueran entregadas por escrito, pero aseguró que ese listado nunca llegó pese a sus reiterados reclamos.
Pese al enfrentamiento con el gobierno y a la rescisión dispuesta por el Ejecutivo, Cardama manifestó ante la comisión que mantiene su disposición a encontrar una salida negociada. “Nos interesa que se busquen soluciones prácticas, ejecutables, que eviten la pérdida de valor”, afirmó.
TRABAJADORES DE ANCAP SUSPENDIERON MEDIDAS DE FUERZA
(TELENOCHE)
La asamblea de los trabajadores de Ancap (Fancap) realizada este jueves en la planta de La Tablada resolvió aceptar el cuarto intermedio propuesto por el Ministerio de Trabajo (MTSS). De esta forma, los funcionarios suspenden las medidas de fuerza y, durante el período de tres semanas, negociará de manera bipartita con la empresa estatal.
“Llegamos a un punto de consenso para pulir la propuesta”, dijo el miércoles Salvador Sprovieri, presidente de Fancap. El dirigente sostuvo que espera que, durante ese tiempo, se pueda negociar de forma bipartita y firmar un acuerdo con la petrolera estatal. Los trabajadores reclaman, especialmente, una mayor cantidad de operadores y un mejor mantenimiento en la planta de La Tablada.
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