No es noticia. El 24 de junio de este año, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala abierta de Richter, respectivamente, sacudieron el norte de Venezuela, dejando hasta ahora unos 4.000 fallecidos, un número significativo de personas que aún permanecen desaparecidas y más de 11.000 heridos de diversa entidad. Los sismos redujeron a escombros la zona de La Guaira y algunos sectores de la capital, Caracas, en una catástrofe de esas que no se pueden prever. ¿O en este caso sí?
De un tiempo a esta parte vienen circulando versiones sobre la existencia de un informe elaborado por expertos japoneses, encomendados por el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de este siglo, en el que no solamente se advertía sobre los devastadores efectos de un terremoto de la dimensión de los que habían ocurrido en el país en el pasado, sino que, además, se sugerían medidas de mitigación de riesgos y las formas de financiarlas. Ese informe —insisten estas versiones, que incluso se han difundido en medios internacionales— fue absolutamente ignorado por el gobierno bolivariano.
Lo primero que cabe señalar es que es cierta la existencia de este documento, solo que no fue ocultado ni mucho menos destruido, como sugieren algunas de estas versiones. Muy por el contrario, alcanza con una simple búsqueda en Google para que aparezca entre los primeros resultados, titulado “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”. Fue entregado al gobierno venezolano en 2005, efectivamente, pero fue fruto de un trabajo que expertos japoneses llevaron adelante desde 2002, en colaboración con científicos y técnicos locales. Lo que parece tener bastante certeza es el hecho de que no se llevaron adelante —algunas tal vez sí, pero parcialmente— las acciones allí sugeridas.
No sorprenderá que, como suele ocurrir en estos casos, el estudio fuese solicitado a partir de otro episodio trágico: en este caso, un devastador deslave ocurrido en la misma zona de La Guaira en 1999. En nada debe sorprendernos, a nosotros, los uruguayos, que tenemos en la rambla montevideana un emblema, una postal del país en la actualidad, pero que en su momento —se construyó en el primer tercio del siglo XX— fue una solución pensada para frenar los embates de los temporales del Río de la Plata.
Cuando arribó el equipo técnico, se analizaron, entre otras dimensiones, los riesgos sísmicos, de deslizamientos e inundaciones que amenazaban la región. Entre las conclusiones, el informe indicaba que la ubicación geológica, la calidad del suelo, las deficiencias en la planificación urbana y las modalidades de construcción hacían de Caracas una ciudad “altamente vulnerable” ante un terremoto. Los expertos contratados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) detectaron que prácticamente ninguna edificación en la zona norte de Caracas y en La Guaira cumplía con condiciones sísmicas adecuadas. También señalaron que hospitales y centros de emergencia estaban ubicados en áreas expuestas y podrían quedar inoperativos en una catástrofe.
El mismo estudio aclara —se puede acceder a él escaneando el código QR adjunto— que “no es, de forma alguna, un modelo de predicción para el próximo terremoto, sino más bien una visualización de los daños posibles y de las consecuencias de la ocurrencia de un evento de este tipo”. Agrega que no se evaluaron estructuras específicas, “sino que emplea el análisis estadístico para evaluar la vulnerabilidad de una región. El resultado no debe ser utilizado para el diseño sísmico de estructuras, ni tampoco para usos de aseguradoras”.
Allí se plantea, para calcular las eventuales víctimas, que el número de personas por casa en el área de estudio es de 4,5. Se estudió la capacidad sísmica de las edificaciones existentes construidas entre 1968 y 1982, que presentaban “de baja a moderada capacidad sísmica, principalmente falta de resistencia contra un terremoto como el de 1812”. En cuanto a las edificaciones existentes construidas entre 1983 y 2001, se apunta en el informe que tenían “capacidad sísmica moderada contra un terremoto como el de 1812”.
En cuanto a la capacidad sísmica de las edificaciones construidas después de 2002, estas tenían capacidad sísmica alta contra un terremoto como el de 1812. Sin embargo, explicaba el informe, existían muy pocas edificaciones —menos del 0,1%— en el área de estudio con estas características.
No señala expresamente que fuese a haber determinada cantidad de muertes, pero el estudio sí transmite la alta vulnerabilidad de la zona frente a un eventual episodio sísmico, impresión que quedó a la vista luego de los recientes sismos. Para mitigar el impacto, el equipo proponía llevar adelante un Plan Maestro con veinte medidas concretas, entre ellas, el reforzamiento sísmico de edificios y puentes existentes; la construcción de estructuras para controlar flujos de escombros; la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo; la implementación de sistemas de alerta temprana y evacuación; la creación de un centro de comando de emergencias, y el fortalecimiento de la organización comunitaria para la prevención.
Ahora bien, ¿el hecho de que exista este informe, con sus sugerencias, es suficiente para afirmar que las consecuencias, al menos las fatales, pudieron haberse evitado? Difícilmente.
Nosotros, desde acá, desde Uruguay, no podemos asegurarlo. Tampoco tenemos las credenciales para reprochar nada. Basta reconocer las dificultades que la geóloga Leda Sánchez tiene para recorrer, a lo largo y ancho del país, el equipamiento que ha colocado, gestiona y mantiene, y que le permite —nos permite— disponer de información sobre los riesgos de un eventual episodio sísmico. En todos estos años, Sánchez no ha logrado que se le aseguren las partidas necesarias para montar un sistema de alerta temprana. Incluso hay quienes se burlan cuando la experta plantea que el país está expuesto a la ocurrencia de un terremoto, del que, además, hemos tenido avisos.
Ojalá se equivoque y nunca ocurra. Y, en caso de que ocurra, tal vez en realidad no estemos tan expuestos, por las características de nuestra densidad poblacional y, posiblemente, por una mejor calidad de las edificaciones. En todo caso, no lo sabemos.
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