En los últimos tiempos, el debate ético sobre la expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) parece haberse concentrado casi exclusivamente en el consumo de sus infraestructuras, en especial las cifras astronómicas de gigavatios que demandan sus servidores y en los millones de litros de agua dulce que se evaporan a diario para enfriar las enormes granjas de datos instaladas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es menos visible el primer y más destructivo eslabón de la cadena tecnológica de la inteligencia artificial.
Antes de que un algoritmo se ponga en marcha o un servidor requiera refrigeración, existe un costo material primario, pesado y silencioso que se cobra directamente sobre el ambiente. Ocurre que, para construir los microprocesadores de última generación, las tarjetas gráficas especializadas y las redes que sostienen el mundo digital, la industria ha desencadenado una voraz cacería de los denominados “materiales críticos”, entre los que se encuentran el litio, el cobalto, el cobre, las tierras raras y materiales de purificación extrema como la alúmina de alta pureza, el galio y el germanio.
Detrás de la ubicuidad y supuesta inmaterialidad algorítmica se oculta, en realidad, un modelo profundamente extractivo cuyas facturas hídricas, ambientales y humanas se pagan en las cuencas contaminadas y en las comunidades más vulnerables y vulneradas de lo que se suele llamar el Sur Global.
Las promesas de limpieza de la atmósfera mediante la transición energética y de expansión de las fronteras del conocimiento humano mediante la IA nos han instalado en un cambio de época que viene acompañado de algunas paradojas físicas y morales que no deberían pasar desapercibidas.
Si nos fijamos en nuestra realidad inmediata, Uruguay y la región han sido testigos directos de esos cambios: por un lado, nuestro país se consolida como hub tecnológico exportador de software y avanza en la atracción de infraestructuras de datos, mientras las grandes empresas tecnológicas mundiales aceleran su carrera por automatizar procesos y entrenar modelos inteligentes masivos.
Sin embargo, detrás del discurso de ciudades inteligentes y servidores en la nube existe una realidad que no se puede negar: nada en el mundo digital es totalmente inmaterial, sino que, por el contrario, todo se basa en un uso de materiales de la corteza terrestre y del agua.
Para terminar con la era de los combustibles fósiles, transitar hacia un mundo más limpio y, a la vez, alimentar a los voraces centros de cómputo, se ha desatado una gran cacería de materiales críticos que debería hacernos preguntar no solo qué tecnología queremos construir, sino a costa de quiénes se está haciendo.
Al mirar en detalle y leer los informes que están produciendo algunos organismos internacionales sobre el tema, reaparecen las asimetrías históricas entre el Norte y el Sur Global.
Por ejemplo, el continente africano posee aproximadamente un tercio de las reservas de estos minerales estratégicos, y solo la República del Congo concentra más del setenta por ciento del cobalto del planeta, insumo indispensable para estabilizar las baterías de los celulares que llevamos en el bolsillo o para los motores eléctricos. Allí la minería artesanal e informal condena a miles de familias y niños a respirar polvos tóxicos, mientras la disputa por el control de los yacimientos genera violencia por parte de milicias armadas que afectan a comunidades enteras.
En América Latina, estas mismas tensiones han dejado de ser un tema de debate sobre una realidad lejana para transformarse en verdaderas heridas abiertas en el territorio. El llamado “triángulo del litio”, repartido entre las alturas andinas de Argentina, Bolivia y Chile, alberga la mayor reserva de este material blando del planeta. Lamentablemente, la técnica dominante para extraerlo, basada en la evaporación masiva de salmuera en piscinas gigantescas, sacrifica el agua. En solo un año, la producción global de litio llega a demandar cientos de miles de millones de litros de agua dulce y salobre, acelerando la pérdida de este elemento vital para las personas y comunidades. En la Puna argentina y el salar de Atacama chileno, la salinización de las napas subterráneas y el agotamiento de los acuíferos han roto el equilibrio ecológico, forzando el desplazamiento silencioso de comunidades originarias cuyos modos de vida dependían de la integridad de la cuenca.
En sociología y salud pública, a estos lugares afectados por los motivos antes señalados se los llama “zonas de sacrificio”, es decir, lugares en el mapa donde la naturaleza, la salud y la vida humana son conscientemente relegadas en favor del consumo de otros rincones del planeta.
La historia regional es pródiga en lecciones amargas, y si los países de América Latina y el Sur Global simplemente cumplen el rol pasivo de ser canteras para abastecer microprocesadores y baterías fabricadas por las potencias industriales, habrá nuevas condenas de subdesarrollo.
Ahora bien, atribuir esta crisis únicamente a los centros de poder financiero sería una simplificación ingenua, porque las “zonas de sacrificio” florecen sobre todo donde la gobernanza local tambalea, la debilidad institucional de los Estados permite la desregulación, o donde la corrupción o la falta de fiscalización interna terminan cediendo las cuencas hídricas al mejor postor.
Por otra parte, si bien es cierto que la industria empieza a explorar alternativas de extracción diseñadas para reducir el consumo de agua, la comunidad internacional debería avanzar más rápido hacia pactos multilaterales vinculantes que garanticen la trazabilidad de los minerales, para que recursos manchados por la violencia, la explotación laboral o la destrucción ecológica no ingresen al mercado formal.
Es que, como ciudadanos y consumidores, la responsabilidad tampoco nos es ajena. Debemos saber que cada pantalla que encendemos y cada imagen que le pedimos crear a una IA solo por divertirnos lleva una huella invisible de agua, suelo y trabajo humano. Exigir dispositivos duraderos, transparentes y éticamente producidos debería ser un deber del estilo de vida contemporáneo. Sin embargo, sería injusto cargar la responsabilidad sobre los hombros del ciudadano, porque las transformaciones necesarias seguramente no vengan de la abstención del uso sino de la presión política para exigir reformas, regulaciones y garantías corporativas éticas.
Desde Uruguay, este debate adquiere una resonancia particular. Nuestro país, que ha mostrado al mundo un modelo exitoso de transición hacia energías renovables y que se consolida como un hub tecnológico regional, no puede ser indiferente a la huella material de su propio progreso, y tampoco está exento de tensiones territoriales internas. El debate sobre el uso intensivo del agua por megaproyectos tecnológicos o el impacto hídrico de la industria forestal está presente para recordarnos que la sostenibilidad es una negociación diaria, y que solo con mirada autocrítica podremos ejercer la responsabilidad de llevar a foros multilaterales una voz en defensa de la gestión ética del agua y la trazabilidad tecnológica, para que nuestro Cono Sur tenga un desarrollo que no sacrifique la dignidad de los pueblos en favor de un extractivismo irresponsable.
