La edila del Frente Amplio, Valentina Charrutti, propuso la creación del “Programa Departamental de Redes de Monitoreo Comunitario y Vigilancia Colaborativa Comercial”, una iniciativa voluntaria orientada a homologar e integrar las cámaras privadas exclusivamente dirigidas hacia la vía pública para conformar un mapa unificado de alerta temprana.
La moción, firmada por los ediles que conforman la Vertiente Artiguista, expone que la prevención del delito, el resguardo del comercio y la convivencia pacífica son preocupaciones centrales en Paysandú, Guichón, Quebracho y las distintas localidades del departamento. Expuso que “si bien las tareas de orden público corresponden constitucionalmente al Ministerio del Interior, los gobiernos departamentales y municipales tienen el compromiso y la responsabilidad de articular herramientas que contribuyan a la prevención y a la protección comunitaria”.
Ejemplificó que en Maldonado se han liderado procesos innovadores a través de un Centro de Monitoreo y la habilitación de mecanismos para que sectores privados y comerciales puedan vincular sus sistemas de videovigilancia al monitoreo o alerta pública. En la región, recordó que en Chile —por acuerdos de sistemas colaborativos municipales— y en Argentina, con redes de alerta comercial, se demostró que “la integración de miradas sobre el espacio público reduce significativamente la incidencia delictiva y acelera los tiempos de respuesta”.
En las principales calles donde se encuentra instalado el circuito comercial de Paysandú, Guichón u otros centros urbanos del interior, “una gran cantidad de comerciantes ya cuenta con cámaras de seguridad instaladas. Sin embargo, estos dispositivos funcionan de forma aislada”.
En su fundamentación, aclaró que la propuesta “no requiere inversiones millonarias en la adquisición de nuevas cámaras por parte del Estado, sino que optimiza la infraestructura privada ya instalada. Cumple estrictamente con la Ley N.° 18.331 de Protección de Datos Personales”, en tanto limita la captación únicamente al espacio público exterior. Por otro lado, “respeta las competencias del Ministerio del Interior, actuando como un insumo de prevención y registro audiovisual para la actuación policial y judicial”, y sugiere que los comercios adheridos “puedan acceder a reconocimientos locales como el distintivo de ‘Comercio Seguro’ o eventuales estímulos tributarios que determine el Ejecutivo departamental”.
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