(ÁMBITO)
El gobierno resolvió establecer servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) ante la continuidad del conflicto entre la empresa y el sindicato, una medida que comenzará a regir luego de que las partes no lograran acordar por sí mismas qué prestaciones debían garantizarse durante las medidas gremiales.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó este viernes que la decisión será comunicada a las partes en la mesa de negociación y remarcó que no se trata de una declaración de esencialidad, una posibilidad que había sido reclamada tanto por la empresa como por sectores de la oposición durante los últimos días.
“Tomamos la decisión como gobierno de transitar y de establecer los servicios mínimos. Eso no ha sido común en el país. No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta, vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos”, explicó Etcheverry.
La resolución de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Transporte y Obras Públicas (MTOP) establece con carácter “transitorio y limitado” que, mientras continúe el conflicto colectivo entre TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), deberán garantizarse determinadas prestaciones indispensables para preservar “un nivel básico de seguridad y continuidad operativa” de la terminal especializada del Puerto de Montevideo.
Entre las prestaciones que deberán garantizarse se encuentran los servicios de muelle para la carga y descarga de buques, además de la recepción de contenedores llenos y vacíos correspondientes al transporte carretero y, eventualmente, fluvial, tanto de importación como de exportación.
Para el transporte carretero, la resolución fija específicamente que el servicio mínimo deberá garantizar 25 contenedores por hora. El gobierno tomó la decisión después de que las partes no alcanzaron un acuerdo sobre la determinación de estos servicios durante las instancias de negociación. La resolución sostiene además que se trata de un régimen “especial y transitorio”, propio de una situación “anormal y pasajera”, por lo que su aplicación no podrá utilizarse como antecedente y quedará limitada exclusivamente al conflicto actual.
Etcheverry explicó que la medida busca reducir el impacto de la disputa sin recurrir a la esencialidad y asignando responsabilidades tanto a los trabajadores como a la compañía. “Estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y de exigir a ambas partes, porque el conflicto es del sindicato pero también es de la empresa que tiene que acordar sobre la base de la garantía de menor afectación de los servicios”, sostuvo.
La ministra agregó que la decisión se adoptó siguiendo los procedimientos correspondientes. “Lo fijamos el lunes, con el decreto, y hoy estamos haciendo la comunicación, habiendo transitado todo el camino que corresponde de seguir los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo”.
Etcheverry reconoció que el conflicto mantiene al gobierno en “una situación compleja”, aunque destacó que tanto la empresa como el sindicato continuaron participando de las negociaciones pese a no haber alcanzado un acuerdo completo. “Creo que nos ha permitido, con el diario del lunes, ver (…) que hay cosas que merecen estar en la mesa de negociación para mejorarse”, señaló. “Tenemos que encontrar mecanismos para poder mejorar esta relación. Hoy estamos en esa situación. Ha habido realmente disposición de ambas partes, por más que no hayan llegado al 100% de los acuerdos, de mantenerse en la mesa de negociación. También es cierto, en términos de lo que le corresponde al gobierno, que la paralización disminuyó sustantivamente cuando la negociación se empezó a dar en el marco institucional”, agregó. La ministra aseguró que durante la intermediación se adoptaron las medidas que el Ejecutivo entendió “correspondientes para poder disminuir los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdo”. La decisión supone así una alternativa a la declaración de esencialidad que venía formando parte de la discusión política y empresarial en los últimos días: el gobierno no declara esenciales todos los servicios de la terminal, sino que determina prestaciones mínimas obligatorias para limitar el impacto de eventuales interrupciones mientras continúa la negociación entre TCP y el sindicato.
CALIFICADORA CONFIRMÓ GRADO INVERSOR DE URUGUAY EN BBB
(TELENOCHE)
La calificadora Fitch Ratings reafirmó la calificación del grado inversor de Uruguay en BBB con perspectiva estable. De acuerdo al organismo, la calificación se sustenta en un Producto Bruto Interno (PBI) relativamente alto, sólidos indicadores de gobernanza y finanzas externas robustas.
La calificación se ve limitada por las moderadas perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo, un largo historial de alta inflación (aunque en mejora) y la flexibilidad de las políticas restringida por la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera.
Fitch Ratings señala que, en la calificación, incidieron las modestas revisiones del presupuesto quinquenal, la ley de competitividad, que se discute en el Parlamento, y los cambios en el régimen de la seguridad social.
Además, menciona la desaceleración del crecimiento y apunta que el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal a partir de 2027 podría ser más complejo.
CRIMEN DE URUGUAYO EN QUARAI TERMINÓ CON CUATRO DETENIDOS
(TELEMUNDO)
La Policía de Artigas detuvo a cuatro personas tras 12 allanamientos, incautó unos cinco kilos de droga, armas, municiones y teléfonos celulares, en el marco de la investigación por el asesinato de un ciudadano uruguayo en Quaraí, Brasil. El hecho ocurrió el 9 pasado miércoles en la zona de Vila Gaudencio. El crimen del hombre de 39 años, con antecedentes penales, desató una investigación que derivó “con objetivos que venían siendo investigados en el marco de la operación Algol”, indicó la Jefatura de Artigas en un comunicado.
Con todo, en la mañana de este jueves se desplegó un importante operativo policial que contó con diferentes direcciones de la Policía.
En los allanamientos se arrestó a cuatro personas y se decomisaron cuatro ladrillos de sustancia blanca y amarillenta, varios envoltorios con droga, dos rifles, una escopeta, una chumbera y casi 50 cartuchos. La Fiscalía dispuso las diligencias correspondientes y la conducción de los detenidos a la sede fiscal.
