Hay momentos en que una sociedad debe dejar de buscar explicaciones tranquilizadoras y empezar a llamar a las cosas por su nombre.
La discusión sobre la inseguridad en Uruguay no puede reducirse a si hay que defender o cuestionar al ministro del Interior, como se insiste frecuentemente desde algunos sectores —sobre todo desde el sistema político—, tratando de identificar un culpable concreto de tipo coyuntural cuando el tema es mucho más profundo y complejo. Esa es una discusión demasiado pequeña frente a la magnitud del problema. El ministro debe responder por su gestión, naturalmente, pero convertirlo en el único responsable de una situación —en la que, por supuesto, tiene mucho que ver, inherente a las responsabilidades del cargo— que se viene incubando desde hace décadas supone una simplificación que cierra los ojos y, sobre todo, el camino hacia las respuestas que han estado faltando por muchos años.
Un aspecto clave es que en nuestro país se ha perdido terreno en materia de autoridad, educación en valores, respeto por las normas y cultura de la responsabilidad. Y esa pérdida no se produjo de un día para otro. Lleva, por lo menos, veinte años, y nos quedamos cortos con esa estimación.
Durante buena parte de ese período gobernó el Frente Amplio. Y sería ingenuo negar que bajo sus gobiernos existió una determinada mirada sobre el fenómeno delictivo que tuvo consecuencias en la manera de abordar la seguridad.
Durante demasiado tiempo se puso el acento en las causas sociales del delito y en la condición de víctima del delincuente. Por supuesto que la pobreza, la exclusión, las adicciones, la falta de oportunidades y la desintegración familiar deben ser atendidas y son causa y efecto en esta problemática. Pero convertir esas circunstancias en una explicación casi automática del delito termina borrando algo elemental: el delincuente puede haber sido víctima de determinadas circunstancias, pero la víctima del delito también existe y merece tanta o más consideración desde el Estado.
Explicar el delito no puede significar justificarlo. Y mucho menos puede significar desdibujar la responsabilidad individual, porque la política criminal no puede construirse desde la ingenuidad, y menos aún morir abrazada al dogma ideológico, cuando la situación se ha ido de las manos. Una sociedad debe inclinarse por rehabilitar al que delinque, pero debe hacerlo siempre que sea posible. La rehabilitación es deseable, necesaria y, en muchos casos, constituye la mejor inversión que puede hacer el Estado.
Pero mientras esa rehabilitación no exista, o mientras un delincuente siga representando un peligro, y mientras las instituciones no estén en condiciones de garantizar que su liberación no terminará produciendo nuevas víctimas, hay una verdad que algunos sectores se resisten a aceptar: mantener recluido a quien seguramente saldrá para volver a delinquir —como ocurre en el 90% de los casos— también es parte de una política de protección de la sociedad frente a los depredadores, y aquí está fallando el sistema.
Y no se trata de crueldad ni ensañamiento, sino de responsabilidad ante la sociedad, porque cuando un delincuente reincide, la discusión deja de ser abstracta. Hay una persona rapiñada, una familia amenazada, un comerciante extorsionado, un trabajador agredido o, en los casos más extremos, una vida perdida, y ello es consecuencia, en estos casos, de que el Estado deja de cumplir una obligación primordial: proteger a los ciudadanos.
Durante años se ha hablado mucho de los derechos de quienes delinquen y demasiado poco de los derechos de quienes padecen el delito. Esa asimetría debe terminar.
También debe terminar la idea de que endurecer la respuesta penal equivale necesariamente a adoptar una política represiva. Una democracia tiene leyes, jueces, garantías y procedimientos precisamente para establecer cuándo una persona debe ser privada de libertad. Cumplir y hacer cumplir esas decisiones no es autoritarismo: es la esencia del Estado de derecho.
Por eso resulta imprescindible revisar las normas que hayan demostrado ser ineficaces, corregir los errores legislativos y cerrar las puertas que permiten que delincuentes reincidentes regresen rápidamente a las calles sin que exista una respuesta adecuada del sistema. Igualmente, sería otro error creer que una modificación legal resolverá el problema, y tampoco lo hará solo un nuevo plan ni una mayor presencia policial, como así tampoco un cambio de ministro o rimbombantes anuncios de ocasión en una conferencia de prensa.
El problema es mucho más complejo, porque paralelamente hay que reconstruir una cultura de respeto por la autoridad y por las normas. Hay que volver a enseñar que la convivencia implica límites. Que los derechos vienen acompañados de obligaciones. Que el esfuerzo tiene valor. Que agredir a otro tiene consecuencias. Que robar no es una travesura ni una consecuencia inevitable de la pobreza. Que el Estado no puede mirar hacia otro lado frente a quien convierte el delito en una forma de vida, y que quien lo haga es responsable de ello y debe hacerse cargo de las consecuencias.
Y esa tarea no se resuelve en cinco años, en un solo período de gobierno, en el que cada administración llegue con la fórmula mágica que prometió en campaña electoral.
Quizás aquí esté la principal equivocación de quienes reclaman resultados inmediatos. La seguridad no se recupera al mismo ritmo que se cambia una ley o se despliega un operativo policial. Hay daños culturales que tardan décadas en generarse y que, por lo tanto, también requieren décadas para ser corregidos.
Se necesita una política de Estado en materia de seguridad. Pero una verdadera política de Estado no puede significar simplemente repetir durante años las mismas recetas y esperar resultados diferentes.
Debe incluir prevención, educación, políticas sociales, combate a las adicciones, inteligencia policial, persecución del crimen organizado, una Justicia eficaz, cárceles adecuadas y programas serios de rehabilitación.
Y debe incluir también algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto decir: la reclusión, mal que pese, cumple una función imprescindible mientras el delincuente siga siendo un peligro para los demás.
No se trata de elegir entre seguridad y rehabilitación. Se trata de entender que ambas son necesarias, pero que tienen momentos y condiciones diferentes.
Primero está la protección de la sociedad. Después, y en la medida de lo posible, la recuperación de quien delinquió; pero no puede darse al revés. Por eso tampoco corresponde convertir cada problema de seguridad en una batalla partidaria. Si el ministro del Interior comete errores, habrá que señalarlos. Si acierta, habrá que reconocerlo. Pero defenderlo o atacarlo no puede ser el objetivo principal, sino que el objetivo debe pasar por otro lado: corregir una política de seguridad que durante años no consiguió darle al ciudadano la certeza de que el Estado está de su lado.
