Los resultados del censo realizados en 2023 y difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), dan cuenta del estancamiento de la población de Uruguay, en base a su baja natalidad así como el hecho de que la población rural ha tenido un descenso histórico: alcanzó en 2023 apenas el 4% de la población total.
Ese porcentaje podría variar levemente según el concepto de ruralidad que se utilice. En este sentido, el director del INE, Diego Aboal, señaló que las viviendas del programa Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) “han crecido muchísimo, por lo tanto la población rural muchas veces se traslada a pequeños poblados de Uruguay” y que “si se utilizara un concepto un poquito más amplio de ruralidad, probablemente uno pudiera sumar un porcentaje un poquito más alto que ese 4%”.
De cualquier manera, se trata de un porcentaje extremadamente bajo de población afincada en contextos de ruralidad, para los cuales otros estudios y evaluaciones señalan tendencias preocupantes.
En este sentido, los resultados de un monitoreo realizado en 2023 por el Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay (OCAU) que funciona en el ámbito de la Universidad de la República y cuyo informe anual fue presentado a fines del pasado mes de noviembre, muestran que algunas tendencias se mantienen en el agro y en el sector rural, tal como la disminución en los puestos de trabajo y la disminución en la cantidad de empresarios, al tiempo que también se mantiene la tendencia en la concentración del capital y en su extranjerización. Además, a partir de los movimientos sociales, los investigadores señalan que el desarrollo del capitalismo en el agro se manifiesta cada vez más en sus impactos negativos sobre la desigualdad y sobre el ambiente.
El referido Observatorio está constituido por un grupo de trabajo multidisciplinario perteneciente a la Universidad de la República y conformado por diversas unidades académicas de distintos servicios. Su propósito es “abordar, desde una mirada crítica y multidimensional, la descripción y el análisis del cambio agrario en el Uruguay reciente, estimulando a la reflexión del conjunto de la sociedad agraria uruguaya”.
Entre los aspectos que abarca la denominada “cuestión agraria” este observatorio incluye las diversas formas de uso del trabajo humano, así como las luchas y los movimientos sociales que exigen y despliegan estrategias en los territorios agrarios, incluyendo además las relaciones sociales que se producen entre las diversas situaciones de desigualdad y contradicción respecto al acceso, disposición y reproducción de los bienes comunes.
El informe señala a la crisis hídrica de 2023 –con un déficit de agua que comenzó en 2020– como el principal factor que generó impactos profundos no solo en el sector agropecuario, como sucede en caso de sequías, sino que también afectó a un porcentaje importante de la población del país residente en zonas urbanas, principalmente en la zona metropolitana y el sur.
El monitoreo de algunos de los indicadores y variables asociados a la cuestión agraria mostró que esta crisis afectó de manera diferencial a los diferentes sectores del país, a la economía nacional y a los sectores agroexportadores.
También señala el informe que la economía nacional creció un 0,6% y la participación del sector agropecuario en el PBI disminuyó, ya que pasó de un 7,4% en 2022 a un 5,8% en el año 2023. El déficit fiscal aumentó con relación al año 2022, ubicándose en un 3,6% del PBI, y al mismo tiempo creció el endeudamiento público. Si bien creció levemente la economía, aumentó el déficit y el endeudamiento, también aumentaron los niveles de pobreza y desigualdad en el país, concluye.
Agrega que con relación al sector rural y agroexportador “se mantiene la tendencia iniciada en el año 2012 con relación a la disminución de los puestos de trabajo dependientes en el sector agropecuario. Con relación al año 2022 hubo una baja de 391 puestos de trabajo, pero al analizar la serie histórica la diferencia entre 2023 y 2012 es de 17.298 puestos de trabajo menos. Esta misma tendencia se observa en los empresarios rurales. Este año ha marcado el número más bajo de empresarios rurales que aportan al BPS desde el año 2012”, sostienen los responsables del informe.
Las exportaciones de los productos tradicionales agrarios, como por ejemplo la carne, dejaron el primer lugar a la celulosa que se ha convertido en el principal producto de exportación de Uruguay pero con un impacto bajo en la generación de mano de obra.
“La información del año 2023 y lo que hemos visto del año 2024, nos muestran que el Uruguay apunta a tener un cambio potente en su matriz productiva en términos de rubros. Este año pareció ser el año de consolidación de una nueva fase de la producción celulósica en Uruguay”, señala el documento. En este sentido, cabe señalar que las exportaciones de celulosa, con origen en las zonas francas, alcanzaron unos U$S 2.019.000.000, posicionándose como el sector de punta en materia de exportaciones.
El estudio también señala una caída en la importación de maquinaria agrícola con guarismos similares a los del año 2013, una caída en la importación de herbicidas y fertilizantes y, al analizar el mercado de tierras, una caída en el promedio de los precios de arrendamiento, principalmente en las rentas agrícolas y agrícolas ganaderas; un leve aumento del precio de venta promedio con relación al 2022 pero que al mismo tiempo significa el precio más alto desde el año 2014, con unos U$S 3.783 por hectárea.
“Ante este escenario, y a partir de la consulta realizada a diferentes organizaciones y movimientos sociales, pudimos dar cuenta que las demandas de estos estuvieron signadas por las modificaciones en la política pública, por la sequía y por las condiciones de vida en el medio rural. Una frase que fue sistemáticamente repetida por casi todas las organizaciones es que ‘no ha habido avances, sino retrocesos”, se indica en las conclusiones del informe, aunque las organizaciones y movimientos sociales consultados valoraron muy positivamente la creación de los planes nacionales de Agroecología, de Género y de Agricultura Familiar.
Entre las demandas de larga data aún presentes en el sector rural se encuentran temas como el acceso a tierras para mujeres y jóvenes o la mejora de la red de atención en salud y el transporte, entre otros, para los cuales se considera que no ha habido respuestas adecuadas, así como la necesidad de mejorar las políticas de control y fiscalización ambiental y la pérdida de tierras del Instituto Nacional de Colonización.
Estos temas, así como las características de la situación general y las consecuencias de los fenómenos de extranjerización de la tierra, concentración de capital y la disputa por el agua son algunos de los grandes temas que el gobierno que asumirá el 1º de marzo deberá atender e incorporar a su agenda. La razón es sencilla: este es un país donde la generación de riqueza sigue surgiendo del campo. Evidentemente, el sector rural presenta situaciones complejas que deben ser consideradas y atendidas.
