Es una buena noticia que las expectativas de inflación (IPC) volvieran a bajar y quedaran en el 4,6 para los próximos 24 meses, alcanzando su mínimo histórico y a la vez manteniéndose muy cerca de la meta inflacionaria establecida por el Banco Central del Uruguay.
Las proyecciones de los analistas indican que la inflación se sigue alejando del techo del rango de tolerancia, y pese a la consolidación del IPC a la baja, todavía no se ha podido converger al 4,5 por ciento trazado por la autoridad monetaria.
Asimismo indican que la inflación para los próximos doce meses se situaría en el 4,7 por ciento, pero a la vez para lo que resta del año se espera que la mediana de la inflación oscile en el 3,9 por ciento, mientras por otro lado el dólar no superaría los 40,50 pesos para fin de año, lo que es una buena y una mala noticia al mismo tiempo, dependiendo ello del lado de mostrador del que se esté: para los importadores –el consumidor en general también– es una buena noticia, y para los exportadores se sigue en la mala, a la hora de traducir las divisas a pesos y enfrentar el costo país, muy alto en dólares en la comparativa internacional.
Por supuesto, el IPC no debe tomarse como un valor aislado en sí, sino que en la economía todo tiene que ver con todo, y por ejemplo, tenemos que mientras se estima un crecimiento del PBI del 2,40 por ciento para este año, bajará al 2 por ciento en 2026 y en 2027, lo que significa que el país tendrá un crecimiento muy modesto en este período, por decir lo menos.
Como contrapartida, no se ha podido abatir el déficit fiscal: el gobierno del Frente Amplio lo dejó en el 4,5 por ciento en 2020, y el gobierno de Lacalle Pou lo entregó más o menos en el mismo porcentaje.
Al señalar que en economía todo tiene que ver con todo, también es preciso agregar la cuota parte de las expectativas: no se trata solo de las leyes de la economía, sino que también su evolución depende de las expectativas de los operadores, es decir las condiciones que éstos detectan o creen detectar en la evolución del mercado, y las decisiones que adoptan en función de ello, lo que no va siempre en la decisión correcta, y en caso de inestabilidad, se tiende a la retracción de las inversiones y a no adoptar posturas de riesgo.
Un combo que resulta difícil de evaluar, sobre todo en un país con tan escaso margen de maniobra como Uruguay, altamente dependiente del mercado exterior, muy vulnerable a sus vaivenes y peor aún, estructuralmente atrasado y a la vez caro en sus costos internos.
Si fuéramos a analizar por lo tanto solo la evolución del IPC, corresponde señalar sin ninguna duda que se ha dado un gran paso adelante en los últimos años, si se tiene en cuenta por ejemplo que el Uruguay tuvo por allá por fines de la década de 1960 valores de inflación que superaron por lejos el cien por ciento, y se ha logrado irlo bajando en los últimos años, pasando primero de los tres dígitos a los dos, para luego situarse en un dígito desde hace tiempo, por debajo del número simbólico del 10 por ciento que dispararía reajustes de salarios y pasividades altamente comprometedores del gasto y de la propia estabilidad.
Además, la inflación se ha catalogado, con razón, como un impuesto que castiga a los más pobres, por cuanto hace que los reajustes salariales siempre corran detrás, en tanto quien tiene algún capital o eventualmente puede manipular precios y otros parámetros propios, puede compensar el desfasaje, pero en todos los casos en el marco de gran la inestabilidad y expectativas de subas por encima de lo que realmente corresponde en cuanto a los costos propios, porque el empresario tiende a cubrirse para no quedar en riesgo de descapitalizarse.
Pero que haya inflación estable no quiere decir que corra paralelamente la mejora en el poder adquisitivo del trabajador, de las pasividades y tampoco en la salud de la empresas, y este es el gran problema que arrastra nuestro país desde hace ya varios años: la inflación ha sido controlada en base al anclaje del dólar, que está subvaluado según se lamentan los exportadores, que ven como crecen sus costos en moneda nacional y en dólares, mientras a la vez ello no es compensado por un mayor retorno en pesos por cada dólar que venden.
Es decir, mal que pese, esta estabilidad del IPC no equivale a una “felicidad” completa, sino que hay sombras en la economía que no vienen desde este gobierno ni desde el anterior, sino que se remontan a problemas estructurales, y al hecho de que todo gobierno, más allá de su impronta y política económica, ha mantenido el dólar depreciado de forma de no disparar la inflación, habida cuenta de la gran sensibilidad de los operadores al valor de la divisa, utilizado como referencia por los operadores en todas las áreas.
A la vez, otro aspecto que también es síntoma de que las cosas están prendidas con alfileres en nuestra economía es el costo del dinero: el interés que se cobra en el circuito bancario multiplica largamente la inflación, y ello hace que contraer deuda en moneda nacional es un compromiso no siempre posible de abordar, y que haya quienes se arriesguen a tomarlo en dólares.
El Estado no es ajeno a este escenario: el Banco Central, por razones de seguridad y confianza, mantiene altos encajes bancarios, que se traducen en mayores costos para estas instituciones, que naturalmente hacen su negocio con la circulación y cobro de préstamos, a la vez que el alto costo del Estado es consecuencia de servicios caros que dejan que desear, altos impuestos para financiar la burocracia estatal, gasto excesivo e ineficiente, escasos atractivos para los inversores, traducido ello en un déficit fiscal que se mantiene incólume, más allá de los enunciados de los portavoces de los sucesivos gobiernos.
Por lo tanto, podríamos decir que es buen síntoma que la fiebre baje, es decir el IPC, pero este parámetro controlado no quiere decir que nuestra economía esté sana. Se va llevando, como se puede, pero la realidad indica que cada gobierno que llega le da a los problemas sin resolver otro puntapié hacia adelante, para no pagar costos políticos.
