Cuidado, niños y prioridades

El Diálogo Social al que convocó el gobierno --fruto de un compromiso de campaña del presidente de la República, Yamandú Orsi, tras el naufragio de la consulta que pretendía revertir la reforma de la seguridad social aprobada en el período anterior-- ha tenido ya múltiples instancias virtuales, presenciales y en los diferentes departamentos, recogiendo insumos tanto de la opinión pública como de expertos que han presentado diagnósticos y evaluaciones sobre las diferentes temáticas que se abordan en este ámbito. Una de estas instancias, la desarrollada el pasado 9 de octubre, llevó por título “Evidencia para repensar la ampliación de cobertura y tiempos de educación y cuidados” y en ese contexto se presentó el informe de una consultoría encomendada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a las expertas Ana Balsa y Deborah Zak, sobre los cuidados en la primera infancia particularmente. Un informe que mostró varios puntos sobre los que es necesario no solo trabajar, sino además plantearse una reflexión. De acuerdo con este informe, en el año 2023 el gasto en cuidados de la primera infancia en el país fue de 8.810 millones de pesos, unos 227 millones de dólares, o un 0,3% del PBI, y eso sin contar los gastos directos de las familias. Esos son solo números que muestran cuánto se invierte y si de pronto se entrar a comparar podrá parecernos mucho o poco en relación a lo que en el Estado se destina a X cosa. Sería extraño que apareciese alguien que diga que le parece mucho, pero en estos contextos actuales nada debería sorprendernos. Pero lo que resulta más interesante sobre este informe es que propone un cuestionamiento de la calidad de este gasto, y puntualmente sostiene que no hay forma de saber cuál es la calidad del trabajo que se está haciendo en primera infancia, porque no hay una evaluación al respecto. Las profesionales señalaron falencias varias, como la falta de una rectoría general del sistema, superposiciones entre instituciones como INAU y ANEP; en particular en los CAIF hay problemas de información en torno a la evolución de los niños y se encontraron centros en los que los costos por niño son tan elevados como 11.000 dólares al año. “En términos de cobertura tenemos cosas buenas: aumentó la cobertura, aquellos niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, todavía tenemos desafíos de cobertura importante sobre todo en niveles uno y dos y en ocho horas. Los que más están faltando cubrir son niños obviamente más vulnerables”, planteó Balsa, encargada de la presentación en el seminario. Sin embargo, detrás de estas cosas buenas, aparecen dudas. “Tenemos marcos de calidad no vinculantes, sistemas de información débiles, ausencias de mediciones sistémicas de desarrollo y calidad del centro, sistemas de supervisión deficitarios, serios problemas en la formación de recursos humanos, falta de consenso y evaluación de distintas aproximaciones pedagógicas y carencia de evaluaciones externas”, prosiguió. “La gobernanza, o sea, la falta de una rectoría a nivel sistémico, creo que abraza todo esto y determina muchas de estas cosas que vemos hoy en día”, expuso. Otro punto que planteó la experta, y que podemos atar a una campaña que se está desarrollando desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), procurando concientizar sobre la importancia de que los niños vayan a la escuela. Sí, a ese extremo hemos llegado. Lo que José Pedro Varela concibió como la consagración del derecho al acceso a la educación para todos, hoy es visto como una obligación prescindible y la caída de tres gotas locas es vista como un argumento para que los gurises no vayan a la escuela. El peso está en las faltas y en las notas, dejando de lado la adquisición de conocimientos y la socialización. Cuánto para entender. Lo cierto es que, a juicio de lo que mostró el estudio de Balsa y Zak, hay una baja percepción de los beneficios de la concurrencia de los niños a los servicios (escuela, jardín, CAIF, etcétera), pero esto se da incluso en sectores de la población con mejores niveles de vida. “Sabemos que la inasistencia es un factor crónico en el país y sabemos que esto refleja una subvaloración también de lo que es la educación. Entonces también hay temas de que no se entienden bien los beneficios, las familias no entienden bien los beneficios de que un niño, una niña, asista a un centro de primera infancia”, planteó. “Si nosotros miramos por ejemplo en ANEP donde tenemos datos de asistencia, el 58% de los niños del quintil 1 tiene asistencia insuficiente, frente a 41% de los quintiles 4 y 5. Ese 41% ya igual, es como muy shockeante. Hay a nivel general de la población una desvalorización o un bajo reconocimiento del aporte que puede hacerle al niño en su desarrollo la asistencia a uno de estos centros”. Sin embargo un el concepto aun más preocupante es que no se conoce, porque no se evalúa, cuál es la calidad de los servicios que está ofreciendo el sistema. A modo de ejemplo Balsa mencionó que solamente el 17% de quienes trabajan en los centros de primera infancia tiene formación terciaria y planteó que debe anteponerse la evaluación de la calidad del sistema a una expansión. “Un centro malo es una desinversión para el país. Un centro malo puede perjudicar a los niños. Puede bajar la capacidad cognitiva de los niños, puede bajar sus capacidades socioemocionales”, advirtió. “Y no sabemos nada de la calidad de los centros en Uruguay, nada. Todo lo que tenemos para evaluar calidad está, como siempre, como colgado de palillos. Entonces tenemos que trabajar en profundizar muchísimo. Y yo digo quizá que prefiero que pongamos el foco primero en invertir, en entender la calidad del sistema y después proceder a hacer la expansión. Porque una expansión sin saber que la calidad es buena, puede ser malísima”.