La Asociación de Cuidacoches del Uruguay (ACU), presente en seis departamentos, impulsa el reconocimiento formal de la actividad y elabora un proyecto de ley nacional para regularla. En Paysandú cuenta con unos 60 afiliados.

El presidente de la filial, Robert Olivera, afirmó que “no hay control de la Intendencia”, lo que genera “una distorsión total” y afecta la imagen del sector. El sindicato reclama fiscalización municipal, lugares asignados y mayor orden en las paradas.

La ACU presentó una plataforma de reclamos que incluye remuneración fija, BPS, baños, garitas, ropa de trabajo, capacitaciones y participación en planes de vivienda. Olivera señaló que el decreto vigente impide recibir salario y que depender de monedas es “una forma encubierta de precarización”.

También pidió formalización laboral porque, sostuvo, “el Estado no puede ser cómplice de la informalidad”, y denunció la falta de respuestas de la Intendencia y la Junta. Desde Paysandú se impulsa un proyecto de ley nacional junto al diputado Juan Gorosterrazú.

El sector enfrenta además riesgos, violencia y conflictos con la Zona Azul. “Queremos que se hagan cargo”, concluyó Olivera.