El proyecto de ley que propone un servicio obligatorio de dos años para los médicos recién recibidos de especialistas en el sector público del interior del país se debate en la comisión parlamentaria y motivó el pronunciamiento de la Federación Médica del Interior (FEMI) y grupos de estudiantes que cuestionan la obligatoriedad.
La iniciativa parlamentaria –en debate y estudio en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados– propone una reducción de las diferencias en la atención médica entre Montevideo y el resto del territorio nacional. El proyecto exige el trabajo durante dos años en ASSE u otros prestadores públicos al concluir la especialidad, con una carga horaria parcial entre 4 y 16 horas semanales, a fin de la disponibilidad para su dedicación en otros prestadores. El tiempo asignado contará con pago acorde a los laudos y valores de alta dedicación y tendrá aplicación futura.
El diputado Juan Gorosterrazú apoyó la iniciativa y reconoció que “obviamente” la propuesta se cruza con intereses privados. “El proyecto es válido y constitucional en el sentido que hay un interés general por encima del particular. El general tiene que ver con la salud pública como un derecho y que sea garantizada en todo el territorio nacional. Obviamente hay intereses particulares y relacionados a derechos laborales”, dijo a EL TELEGRAFO.
Aclaró que “este proyecto tampoco está planteado como una resolución al problema de la radicación de los profesionales de la salud, sino que se enmarca en la estrategia nacional de recursos humanos que presentó el subsecretario del Ministerio Leonel Briozzo, sumado a otros como las residencias, la Unidad Docente Asistencial, la estrategia nacional de enfermería y otras disciplinas que están dentro de esa estrategia”.
El legislador reconoció que “todos compartimos” la distribución desigual de médicos, especialistas y profesionales de la salud en el interior con respecto a Montevideo.
“Es un servicio remunerado, se haría en ASSE, en el hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Hospital Policial, de acuerdo a las necesidades asistenciales que defina el Ministerio de Salud Pública. Es fundamental el rol de rectoría para la distribución de los recursos humanos. Por eso creemos que este proyecto es sumamente necesario para fortalecer el acceso a especialistas en algunas localidades con dificultades en la demanda, contribuyendo a terminar con las inequidades territoriales”.
Explicó que, en diálogo con el decano de la Facultad de Medicina, “estaba afín a avanzar en la formación de recursos humanos en el interior y este proyecto es una herramienta que permite mejorar el acceso a la atención especializada. Quienes vivimos en el interior sabemos que acceder a un especialista implica viajar cientos de kilómetros o enfrentar una lista de espera y cualquier propuesta que busque corregir esta desigualdad merece el análisis de todos”.
“La estrategia de la formación profesional es a mediano y largo plazo. Es necesario estudiar los mecanismos que permitan dar respuesta más inmediata a las necesidades asistenciales de todo el país”, aclaró para cerrar.
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