Vecinos de la zona del ex Sanatorio Pasteur, donde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) proyecta instalar un refugio gestionado por el Claeh, expresaron su preocupación por las consecuencias que entienden podría tener el funcionamiento del centro en el barrio, recordaron los problemas que aseguran haber vivido años atrás cuando un dispositivo similar funcionó a pocos metros, en calle Sarandí, y comenzaron a reunir firmas mientras preparan una reunión con autoridades nacionales.
En nombre de los residentes de la zona, Gloria Vivian, Alicia Torrens y Margarita Dotti señalaron que no cuestionan la asistencia a las personas en situación de calle, sino la forma en que se resolvió la instalación del refugio, las características del inmueble elegido y la ausencia, según sostienen, de garantías respecto a la convivencia y seguridad del entorno.
Firmas y reunión con Civila
“Somos un grupo de vecinos y comerciantes que nos unimos con esta causa y vamos a llegar hasta lo último”, anunciaron. El planteo no se limita ya a expresiones públicas. Los residentes comenzaron una campaña de recolección de firmas que, aseguran, ha trascendido incluso los límites del barrio. “Lo estamos prácticamente haciendo casa por casa”, explicaron. Agregaron que también se han sumado personas residentes en otros puntos de Paysandú que quieren respaldar el planteo.
El próximo paso será intentar llevar directamente sus argumentos al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. El objetivo será plantear que se reconsidere la ubicación elegida y que se estudien otras alternativas. “No importa que sea en el centro, pero que sea una casa a medida de lo que necesita”, sostuvo una de las entrevistadas.
“La verdad es que conocer la noticia fue un dolor porque esto se cocinó por atrás. No hubo participación; nos enteramos todos por la prensa”, expresaron. Señalaron que no existió una instancia previa con residentes de la zona y cuestionaron que tampoco se hubiera consultado, según afirmaron, a organismos como Anep, la Intendencia o el Ministerio del Interior.
Remarcaron que se trata de un barrio con numerosos residentes de muchos años y una importante presencia de personas mayores. También funciona en el entorno una serie de centros educativos y asistenciales, entre ellos UTU, la escuela N.° 2 y Los Candiles. Hasta ahora, afirmaron, se trata de una zona tranquila, “más allá del movimiento habitual generado por centros educativos, ambulancias y otros servicios”.
“La experiencia que tenemos es mala”
Pero el principal temor surge de una experiencia que las propias vecinas aseguran haber atravesado cuando un refugio funcionaba “a la vuelta”, en Sarandí entre Monte Caseros y Zorrilla de San Martín. “Es un barrio tranquilo al lado de lo que tuvimos que pasar cuando estaba el refugio en calle Sarandí”, señaló una de ellas. “La experiencia que tenemos es mala y pensamos que ahora esto va a ser peor”, agregó. A esa vivencia suman testimonios recogidos de residentes de Santa Elena, donde actualmente funciona otro dispositivo del Mides.
Insistieron, sin embargo, en establecer una diferencia. “Nosotros no estamos en contra de dar una ayuda. Lo que sí afirmamos es que no es el lugar indicado”, señalaron. Entre los principales cuestionamientos aparece la estructura del antiguo sanatorio. Las vecinas sostienen que el edificio carece de espacios abiertos adecuados para un programa de estas características. “Si le quieren dar calidad de vida a ellos, parece que no es el lugar, porque por ejemplo no tiene patio. Está diseñado para un sanatorio”, señalaron. “Todos sabemos que, si ese local no tiene patio, la gente va a estar afuera”, advirtieron.
“No nos oponemos a que traten de solucionar los problemas que ellos tienen, que son graves. La pobreza no asusta. Pero les van a dar una cucheta para dormir de noche; al otro día el café, y tendrán que irse a la calle”, sostuvo una de las vecinas.
En ese sentido reclamaron que se les brinden “soluciones al problema de drogadicción, de alcoholismo o los problemas que tengan. Eso es lo que queremos”, afirmó.
Los vecinos también cuestionan que no existe información suficientemente clara sobre el proceso que llevó a seleccionar el inmueble. “Hay una serie de contradicciones que nos llaman mucho la atención”, indicaron, y reclamaron conocer si el edificio fue inspeccionado y si cuenta con las habilitaciones correspondientes.
Sostuvieron además que una decisión de esa magnitud debería haber sido analizada entre diferentes organismos y con participación del propio barrio. “El Ministerio del Interior necesariamente tuvo que tener una opinión; Anep también es importante y ni que hablar los vecinos”, expresaron.
“¿Qué garantías tenemos?”
Para las vecinas, la discusión no pasa únicamente por dónde debe funcionar un refugio, sino por las condiciones que debe reunir para quienes serán atendidos y por las consecuencias que tendrá para quienes viven en su entorno.
Sobre ese punto dicen no haber obtenido todavía una respuesta que consideran central. Relataron que durante una reunión con la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, preguntaron directamente “qué garantías tendrán los vecinos respecto a la seguridad y la convivencia”. La respuesta, según afirmaron, fue “ninguna”.
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