Pantalón cortito

“Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre, 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración de tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra tranquilidad, nuestra convivencia en sociedad”. Estas fueron las palabras con las que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, justificó el incremento en la inversión para el combate a la pobreza infantil. Lo hizo en el marco de una presentación organizada por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en el antiguo Hotel Casino Carrasco, hoy Sofitel. “Si nosotros no hacemos algunas cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil, nuestro modelo de convivencia, una buena parte de nuestro activo para atraer inversiones, para atraer gente que viene a vivir a Uruguay, está afectado”, expresó. “Y tenemos que tener más recursos, atender la seguridad porque hay problemas nuevos, hay que tener nueva tecnología y más funcionarios. Por eso, en la Rendición de Cuentas que queremos aprobar y que estamos batallando por lograr, estamos creando 300 cargos policiales, no los 1.000 que nos pidió el Ministerio del Interior, pero sí 300 nuevos. Es un tema central. Por eso estamos incorporando tecnología, gastando más de 6 millones de dólares anuales adicionales para tener algunas herramientas para el combate al delito, que en algunas zonas —en particular en el área metropolitana de Montevideo y en algunas ciudades del interior— es especialmente grave”, señaló, explicando por qué considera necesario “fortalecer el sistema de transferencias a la infancia”.
Caso contrario, advirtió, el riesgo es converger “hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región”, y mencionó específicamente lo que ocurre en los países del Pacífico “para que vean lo que son las sociedades que se fragmentan y que resuelven mal el problema de integración. Eso, yo creo, no es donde los gobiernos quieren vivir, y eso nos obliga a poner recursos y focos en esos lugares: en seguridad, en situación de calle y en niñez”.
Hay un límite muy fino entre lo que dijo literalmente el ministro Oddone y lo que quiso dar a entender. En una lectura lineal, el ministro planteó que existe una relación causa-efecto entre la pobreza infantil y las raíces de la inseguridad. La interpretación es, sin embargo, un poco más indirecta, porque lo que plantea es un riesgo que se incrementa, y no una estigmatización al estilo “todos los pobres son ladrones”.
Hay razones adicionales para ello. Oddone explicó bien, en la misma conferencia, una trampa de nuestro modelo de protección social, que tiene amplias prestaciones y beneficios sociales, pero que están muy condicionados al empleo por medio del aporte a la seguridad social. “Protege muy bien a toda persona que está integrada a lo largo de su vida activa al mundo laboral. Si las personas están integradas de manera intermitente en el mundo laboral, o no están integradas, no tienen seguro de desempleo ni tienen una cobertura de salud adecuada ni tienen un sistema de jubilación disponible”, señaló. Quedar desempleado o tener empleo informal es perder una red de protección. Hay entre 300.000 y 500.000 personas en esa situación en Uruguay que dependen de los mecanismos de protección social. Es demasiado.
Entonces es comprensible que, como dijo el ministro, “si nosotros no gastamos más allí, si no orientamos mejor los recursos, podemos discutir si condicionamos o no condicionamos —toda una discusión que está muy bien, que es una buena discusión—, pero si no incrementamos los recursos en diversas facetas hacia ese grupo de acción, tenemos un problema”.
Es entendible la preocupación del ministro de Economía, que unifica la visión de un ministro de Desarrollo Social y la de un ministro del Interior. Sin embargo, Oddone se queda corto con este planteo, porque en definitiva lo que cabría esperar es que el gobierno tuviese una ruta de salida —paradójicamente, así se denominó al plan que sucedió al Panes, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, que creó el primer gobierno frenteamplista— para que, de alguna forma, esta población que necesita recurrentemente del apoyo del Estado comience progresivamente a dejar de hacerlo. Eso no se ha logrado; muy por el contrario, las ayudas monetarias directas solo han perpetuado esta dependencia. Claro, puede que para algunos esto no sea del todo inconveniente. Sin embargo, es un peso muy grande en el presupuesto estatal, que se traduce luego en la necesidad de incrementar la recaudación a través de nuevos impuestos o de retacear recursos a otras áreas del Estado, como estamos viendo que ocurre en la Rendición de Cuentas que se vota esta semana en la Cámara de Diputados, en la que hay una reducción significativa de vacantes en diferentes reparticiones del Estado. Además, el plan sería la contención de esa importante franja de población vulnerable, pero no garantiza ni evita que, año a año, esa población siga creciendo en número.
Entonces sí, es compartible el diagnóstico y la advertencia de Oddone de que hay un riesgo implícito cuando la pobreza alcanza los niveles que señala. Lo que no se puede acompañar es la solución propuesta, porque en algún momento tendrá que dejar de consistir solamente en poner dinero.