(ECOS)
El Poder Ejecutivo deberá explicar en el Parlamento lo que tiene pensado hacer en torno a la decisión de la estatal brasileña Petrobras anunciada el viernes, de retirarse de Uruguay. La empresa comunicó oficialmente que venderá sus 88 estaciones de servicio, dejará la distribución de combustibles y abandonará el mercado de gas local.
Más allá de ser una decisión tomada en la casa matriz, que excede el margen de maniobra del gobierno, la oposición reclamará un “plan de contingencia” para atender la situación. Así lo expresó el senador nacionalista Álvaro Delgado, que anunció la convocatoria a las autoridades respectivas a la Comisión de Industria de la Cámara Alta. La decisión de Petrobras tiene un fuerte componente empresarial. “La escala que tenemos en Uruguay no nos interesa”, graficó su presidente, Roberto Castelo Branco, al fundamentar la medida, enmarcada en un plan de privatización por el que el gobierno de Jair Bolsonaro prepara el final del monopolio de la empresa en Brasil para reducir costos y precios.
Para la Unión de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) el retiro de la petrolera viene siendo advertida desde hace meses y va de la mano con el duro conflicto que se vive en las empresas de gas por cañería a través de sus subsidiarias Montevideo Gas y Conecta. “Ya no le interesa el servicio público, lo que la lleva a no tener una política de inversiones ni un plan comercial”, advirtió el sindicato. Para “resguardar el servicio público”, pidió al gobierno que deje sin efecto los envíos al seguro de paro y los despidos ya previstos. Se confirmó además el comienzo de una huelga de hambre mañana por parte de un grupo de trabajadores.
