Cuando gran parte de las discusiones en el ámbito político, a menos de un mes de la asunción del nuevo Poder Ejecutivo, están centradas en la Ley de Urgente Consideración y los cargos que tendrá la futura oposición en directorios de empresas y organismos del Estado, ha pasado casi desapercibido el dato –que nos afecta y seguirá afectando por bastante tiempo a los uruguayos– divulgado hace pocos días en el sentido de que el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez cerró el año con un déficit fiscal del 4,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Debemos tener en cuenta que José Mujica finalizó su mandato con un déficit de 3,4% y la actual administración esperaba dejarlo en 2,5%, de acuerdo a reiterados anuncios, pero tras mil y una argumentaciones sobre las causas para no haber podido hacerlo, lo deja en un 4,7%.
De acuerdo al informe publicado la semana anterior por el Ministerio de Economía y Finanzas, el resultado global del sector público no financiero cerró con un déficit de 2,9% del PBI. El informe toma en cuenta los ingresos obtenidos por la ley que atiende la situación de los llamados “cincuentones” y deja afuera los intereses del Banco Central.
Según analistas económicos, si se agregan los intereses del Banco Central el déficit sube 0,5 puntos porcentuales, y si se quita el ingreso extraordinario de la solución votada para los “cincuentones” –producto de una ley aprobada en el Parlamento, no de un beneficio estructural– se agrega 1,3 puntos más al déficit, llegando así al -4,7% final, lo que equivale a U$S 2.665,5 millones.
Ese dato es el más alto para un año calendario desde el 6,2% del PBI que marcó en 1989, y determinó que el entonces gobierno entrante de Luis Alberto Lacalle Herrera hiciera un ajuste fiscal para enjugar el déficit.
En suma, de lo que se trata es que desde hace ya varios años, el Estado gasta mucho más de lo que le ingresa, y este desnivel, como ocurre en un hogar en similar situación, tenemos que solo puede solventarse con deuda o emisión, mientras se intenta ahorrar y/o aumentar los ingresos, para ir balanceando la situación, so pena de que ésta se torne insostenible.
El punto es que esto ha ocurrido en gobiernos del Frente Amplio, donde ingresó gran cantidad de recursos adicionales por concepto de exportaciones, y en lugar de gastar criteriosamente e invertir en infraestructura para promover inversiones y sustentabilidad, lo que se hizo fue incorporar gastos fijos, que los padecemos ahora, ya con la economía estancada y en retroceso, y por ende condicionando severamente el desenvolvimiento económico del país, demás de, por supuesto, dejando con las manos atadas y sin margen de maniobra más o menos razonable al nuevo gobierno.
Mientras tanto, en el gobierno electo que encabeza Luis Lacalle Pou se omite utilizar la palabra ajuste y se habla de ahorro en el gasto. El objetivo de este ahorro (ajuste en definitiva) es alcanzar los U$S 900 millones en el primer año, es decir 1,6% del PBI, para tratar de llevar el escenario a una posición menos comprometida.
La meta del gobierno saliente en la Rendición de Cuentas era de un déficit de 3,4% del Producto.
Sin embargo, el déficit “incluye los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social”, que alcanzó a “1,3% en términos del PBI”, dijo el MEF. Esto es, estable, respecto a 2018.
Esos son ingresos extraordinarios y están afectados al futuro pago de jubilaciones de los “cincuentones” que salieron de las AFAP. Estas son personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP. Al salirse y volver al régimen previo (solo por el Banco de Previsión Social sin topes de jubilación), sus ahorros en las AFAP pasan al fideicomiso.
Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó, por lo que empeorará el déficit. Por eso, al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 4,7% del PBI (había sido 4,2% en 2018).
Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha intentado minimizar las consecuencias de este déficit, pese a que ha quedado demostrado por los hechos que no se pudo cumplir ni por asomo con todos los anuncios de ir revirtiendo el déficit fiscal por el actual gobierno, lo que quiere decir que no es un tema fácil y que los responsables de esta situación no han encontrado la fórmula para que sus previsiones optimistas se cumplieran.
A la vez, tenemos que en 2019 hubo una caída del salario real, como consecuencia de la pérdida de ingresos por el sector privado, en tanto aumentó levemente la de los empleados estatales por encima de la inflación, lo que igualmente no alcanza para que estatales y privados hicieran un promedio que, trasladado a los aumentos de pasividades, permitiera un reajuste por encima de la inflación, aunque fuera mínimo, y por lo tanto esta vez los pasivos han perdido poder adquisitivo en sus prestaciones.
La reflexión lógica e incuestionable es que el sector privado ha pagado en desempleo y pérdida de poder adquisitivo el gasto excesivo del Estado, y por aquí pasa el eje de la cuestión, pese a que por motivos ideológicos, desde el gobierno del Frente Amplio se intenta plantear el tema en otros términos para no perder su fuente de sustento electoral cuando pase a la oposición, retomando la vieja perspectiva de ir acumulando descontento y poder para cuanto lleguemos a la próxima contienda electoral, dentro de cinco años.
Y pese a que el ministro Astori procura restar gravedad a este escenario, cuestionando que “el tema fiscal se analiza con un sentido de urgencia y gravedad, y por favor quiero que me entiendan bien, que no tiene correspondencia con la realidad”, al punto de que “Uruguay tiene que tener una trayectoria más tranquila hacia un mejor resultado fiscal”, el hecho de que lejos de revertir este escenario, lo haya ido empeorando sistemáticamente en el quinquenio, pese a anuncios reiterados en contrario con plazos establecidos, es una señal que debe asumirse en toda su trascendencia.
Y esta señal dice a las claras que la herencia que se deja es mucho peor que la que menciona y lo que es aún más significativo, con una tendencia consolidada, debido a que no se instrumentaron en tiempo y forma por el gobierno saliente las medidas de ajuste desde el Estado, que sí deberá hacer el gobierno que viene, por un tema de responsabilidad hacia el país y los uruguayos.
