Opinión

Las encuestas alertan pero no tienen por qué asustar: el pánico no es bueno y menos cuando se tiene poder; se pierde la cabeza y se abusa.

Hay, sin duda, un problema de comunicación, como piensan en el gobierno cuando ven los números. La solución es comunicar, sí –con cierta coherencia sería recomendable–, pero comunicar, no ocultar ni esconder. No es salir a las apuradas y tirar pelotas para cualquier lado.

El secreto nunca es lo mejor; hay que desechar ese “no se lo digas a nadie”. Esta advertencia o compromiso inquieta más, por supuesto, cuando tiene que ver con temas públicos y el manejo de los asuntos, y especialmente los dineros de los contribuyentes.

Antel se negó a informar cuánto pagó a Tenfield por el fútbol uruguayo y declaró confidencial esa información. No está bien: lo de la confidencialidad debe ser una excepción muy excepcional. Se deben cuidar los intereses privados legítimos sí, pero siempre que se respeten y antepongan los legítimos derechos e intereses de todos y cada uno de los individuos que componen la sociedad, y a la vez, que se respete su derecho a la información, su derecho a saber cómo sus representantes manejan sus asuntos, cómo administran su plata. La burocracia con el amparo y la impunidad de la “confidencialidad” es letal.

En el caso específico que nos ocupa, dada la popularidad del tema, que siempre genera “púas”, “rumores”,“envidias” y todas esa hierba mala que florece cuando hay mucho dinero en juego, lo que corresponde es que el funcionario actúe con total claridad, que sea diáfano, que lo sepan todos; desechar los esquives. Cuánto más transparente mejor y más beneficioso para el funcionario y para lo intereses del o los privados actuantes, y por supuesto para la sociedad toda que en definitiva es la que paga.

Y parece que el gobierno no lo entiende así. Legisladores de los tres partidos que componen la CR e integran la comisión investigadora del caso Cardama, se quejan de que el Ministerio de Defensa les ha retaceado información para que cumplan con lo encomendado y para lo cual el aporte de esa secretaría de Estado es imprescindible. Dicen que solo les ha llegado una quinta parte ( 20%) de la información necesaria.

No está bien después del aviso a “toda la población”, por cadena y focos, y las posteriores “filtraciones”, y declaraciones de funcionarios del gobierno y tanta “bulla” que se hizo, que ahora el ministerio no le aporte a los representantes de “toda la población” los elementos para que investiguen.

Esto no le ayuda al gobierno: no valida ni da credibilidad a sus propuestas de diálogo, por ejemplo.

No le ayuda anunciar pomposamente urbi et orbi, un plan de seguridad para muchos años y recién después decirle a toda la oposición “tomá, ¿querés verlo?”. Lo cortés no quita lo valiente. Y además, no cambia nada: el grueso que cree en la democracia va a recurrir a sus representantes para que se lo explique. A esos representantes legítimos –y no digitados desde arriba– a los que la ministra de Defensa pretende fijarle tiempos; a los se les dificulta investigaciones sobre costosos “homenajes”, y a los que se pretende ubicarlos como vagón de cola en el manejo de un tema, como el de la seguridad, en el que al gobierno no le va bien.

En fin, el “no se lo digas a nadie” y las “filtraciones selectivas”, sirven una ratito, pero siempre rebotan en contra y lo recogen las encuestas.

El Banco Central del Uruguay publicó hace pocos días los datos de la actividad económica correspondientes al pasado año, que mostraron un crecimiento del 1,8% respecto a 2024. Desde una mirada optimista, el dato del último trimestre —0,1%, similar al del mismo período del año anterior— cortó una racha a la baja. Sin embargo, con una visión de más largo plazo, el resultado quedó por debajo de las proyecciones realizadas por el equipo económico al momento de elaborar el presupuesto quinquenal, por lo que deberán introducirse ajustes, tal como señaló el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una rueda de prensa tras la reunión que mantuvo con la Confederación de Cámaras Empresariales.

De acuerdo con el informe del Banco Central, el resultado se explica “en parte por el crecimiento de la actividad de la refinería de petróleo, las industrias de producción de alimentos, la mayor actividad comercial y el dinamismo en el suministro de comidas y bebidas”. Estos factores fueron parcialmente contrarrestados “por el desempeño negativo de la construcción y la menor generación de energía eléctrica”.

Desde el enfoque productivo, se destacó “la incidencia positiva de las actividades de industria manufacturera, comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, y servicios financieros, así como la incidencia negativa de la construcción y de energía eléctrica, gas y agua”. Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento de la actividad económica “se asocia a un incremento de la demanda interna, compensado en parte por una caída de la demanda externa neta”. Este aumento de la demanda interna responde tanto al crecimiento del gasto de consumo final como de la formación bruta de capital.
En cuanto al sector externo, el informe señala que “el volumen físico de las exportaciones de bienes y servicios aumentó 1,9%, mientras que las importaciones crecieron 4,1% interanual”, lo que se traduce en “una demanda externa neta menos positiva en términos de volumen físico respecto al año anterior”.

Oddone reconoció que estos números están por debajo de lo previsto y que se sigue “con detenimiento la evolución de la economía y del escenario fiscal durante este año”, aunque por ahora el gobierno se mantiene “vigilante” del proceso. Resulta evidente que se está ante una economía que se desaceleró, aunque continúa en crecimiento, levemente por debajo de lo esperado, pero con algunas señales de mejora en el último trimestre del año pasado.

Claro que estos datos corresponden al cierre de diciembre y no reflejan lo ocurrido en los meses recientes, que han sido particularmente agitados: primero por la situación en Venezuela y luego por el conflicto en Oriente Medio. Ambos factores han impactado en el precio internacional del petróleo, con las implicancias que ello tiene para un país importador como Uruguay.

El efecto de estos movimientos comenzará a reflejarse en los próximos meses, entre otras razones porque los nuevos embarques de petróleo llegarán con ajustes de precio. Así lo explicó días atrás la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona: existía cierto margen, pero se ha ido reduciendo. En este contexto, no se descarta incluso adelantar el ajuste en los precios de los combustibles, inicialmente previsto para fines de abril. “Estamos evaluando medidas que están bajo nuestro control, como el precio de los combustibles. Todavía no hay una decisión tomada.

En principio, el ajuste bimestral indicaría que debería realizarse el mes que viene, pero estamos analizando las circunstancias”, señaló Oddone.
En este escenario, que obligará al gobierno a moderar el ritmo del gasto y que suma la presión de un eventual aumento anticipado de los combustibles —con su consiguiente impacto en toda la economía— comienzan a formarse algunos nubarrones. Estos llevan a pensar, incluso dentro del propio equipo económico, en un crecimiento para 2026 por debajo de las estimaciones iniciales.

Cabe esperar, entonces, que en la próxima Rendición de Cuentas —que deberá presentarse este año ante el Parlamento— se introduzca una adecuación a esta nueva realidad. La incógnita es si la interna del partido de gobierno estará dispuesta a asumir ese costo político o si, por el contrario, optará por sostener la situación mediante mayor endeudamiento, como ha ocurrido en otras ocasiones, o a través de soluciones de corto plazo.

En cuanto a posibles factores que puedan mejorar el panorama, uno de ellos es el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que trasciende lo estrictamente comercial y abre nuevas oportunidades para la inversión extranjera. Si bien sus efectos concretos pueden demorar, la eventual entrada en vigor transitoria el 1º de mayo podría generar impactos en el corto plazo, aunque sea en términos de expectativas y clima de negocios entre los actores de ambos bloques.

Por otro lado, un aspecto menos mencionado es el de las tareas de prospección en aguas territoriales. Mucho se ha hablado de los posibles efectos negativos de estos estudios, pero un eventual hallazgo de petróleo podría implicar un cambio de magnitud para la economía del país.

En un contexto de crecimiento inferior al estimado por el gobierno nacional y a los anuncios formulados oportunamente sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron esta semana con representantes de las cámaras empresariales para dialogar sobre el desarrollo económico del país y despejar dudas planteadas por los empresarios.

Asimismo, previamente a la instancia, los empresarios enviaron una carta al jerarca exponiendo sus preocupaciones, de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro.

En la oportunidad, los temas planteados por los sectores empresariales estuvieron vinculados a la competitividad. Al respecto, el secretario de Estado presentó gráficas que “mostraban que el año pasado Uruguay estaba a mitad de tabla” en relación con los países de la región. En los primeros días de enero se produjo un “cambio drástico”, cuando el dólar pasó a ubicarse en $ 37, por lo que “Uruguay era el peor de la clase en términos de apreciación cambiaria”. “Nos habíamos apreciado muchísimo”, remarcó el empresario a Montevideo Portal.

Según el análisis de Loureiro, el titular de Economía presentó en la reunión las acciones adoptadas por el gobierno ante esta situación, cuyos resultados “afectaron positivamente”, lo que permitió revertir parcialmente el escenario y ubicar a Uruguay entre los países con menor apreciación. Además, Loureiro mencionó “ciertas discrepancias” entre los empresarios y el gobierno. Según detalló, para el Ejecutivo el gasto del Estado “no es algo que los tenga preocupados. Obviamente no fueron electos para reducir el gasto, pero a nosotros sí nos importa”, señaló. “Es importante seguir trabajando en los mecanismos posibles. También es cierto que no podemos limitarnos a decir que hay que reducir el gasto sin presentar propuestas”, agregó. Otra de las preocupaciones planteadas fue el costo de la electricidad y del combustible, aunque admitió que desde los sectores empresariales se reconoce que actualmente es un tema “complicado” debido al conflicto en Medio Oriente.

Otro punto considerado en el encuentro fue el control macroeconómico y la estabilidad de la inflación, donde se resaltó la importancia de que estos indicadores se mantengan bien gestionados. Además, se analizó la desaceleración de la economía. Si bien se señaló que no es un fenómeno exclusivo de Uruguay —ya que “todos los países de la región se vienen desacelerando”—, se advirtió sobre la necesidad de “cuidar las decisiones” para evitar que las medidas agraven esta tendencia.

Por su parte, Gabriel Oddone señaló en rueda de prensa que posiblemente deba realizarse una “reestimación” del crecimiento económico esperado para este año, a la luz de la magra expansión del producto bruto interno (PBI) en 2025.

“A partir del dato (sobre el PBI publicado el pasado martes 24), vamos a trabajar en las próximas semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, del crecimiento esperado para este año”, manifestó.
De todas formas, ratificó que la proyección oficial del Poder Ejecutivo es que la economía uruguaya crezca un 2,6 % en 2026 en comparación con 2025.

El ministro había declarado la semana pasada que en la Rendición de Cuentas de junio se realizará una “actualización de toda la mirada fiscal” y añadió que “seguramente” deban introducirse “algunas iniciativas con el propósito de controlar” que el resultado fiscal “no se desvíe” de lo previsto.

Consultado sobre si en la próxima Rendición de Cuentas podría incluirse algún tipo de recorte del gasto público, el ministro sostuvo que no se puede “descartar ninguna” iniciativa. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, señaló.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de un ajuste fiscal, Oddone fue evasivo y pidió “levantar el nivel de las preguntas”, dejando la incógnita, aunque implícitamente abrió la puerta a esa posibilidad, dependiendo de la evolución de las circunstancias.

Oddone manifestó asimismo que está “atento” a la situación de la economía internacional, a la que calificó como “muy compleja y muy volátil”, pero al mismo tiempo se mostró “confiado en que la economía uruguaya tiene las capacidades y fortalezas necesarias para atravesar un escenario de este tipo”. “Con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando, avizoramos un escenario de crecimiento para este año”, afirmó el jerarca, según un comunicado difundido por la Secretaría de Estado.

En cuanto a la ampliación de la exoneración del 75 % de los aportes patronales para nuevos trabajadores, el viceministro enfatizó la relevancia de generar empleo formal en el Litoral: “Esta medida no solo reduce el costo de generar nuevos puestos de trabajo, sino que también constituye una herramienta muy importante para avanzar en la formalización laboral en departamentos donde tal vez el empleo no es el principal problema, pero sí lo es la informalidad. Formalizar implica, en definitiva, otorgar mayores derechos a los trabajadores”, subrayó.

Del análisis de las declaraciones de los jerarcas de la conducción económica surge que, en un país con un margen de maniobra muy acotado en materia económica —no solo por acción del actual gobierno, sino por condicionamientos que se arrastran desde hace muchos años—, se ha optado por atender puntualmente a los eslabones más débiles del entramado socioeconómico, como es el caso del Litoral, problemática particularmente agravada en Paysandú, al reconocer la existencia de un escenario diferencial para esta zona fronteriza.

Sin embargo, en nuestro departamento la situación se ha agravado por su condición de territorio agroindustrial, a lo que se suma el contexto nacional de pérdida sistemática de competitividad debido al tipo de cambio y al llamado “costo país”, así como el factor adicional de la lejanía respecto de Montevideo y sus implicancias logísticas. Y pese a que el Ministerio de Economía ha anunciado medidas como exoneraciones parciales de aportes patronales —orientadas a fomentar la contratación y la formalización—, resulta evidente que, en departamentos con alto desempleo y caída de la actividad económica, como los del Litoral y particularmente Paysandú, estas iniciativas, aun siendo positivas, difícilmente “muevan la aguja”. En el mejor de los casos, su impacto será marginal e incluso imperceptible, dado que persisten serios obstáculos para la captación de inversiones al norte del río Negro.

Sigue pendiente, y de forma cada vez más acuciante, la adopción de instrumentos por parte del gobierno nacional que compensen el mayor “costo país” que implica emprender y sostener actividades productivas al norte del río Negro. Se trata de un déficit estructural que no se corrige con medidas puntuales, las cuales apenas rozan la superficie de una problemática compleja y multidimensional. Las cuestiones de fondo —las que verdaderamente podrían generar cambios sustantivos en el mediano plazo— continúan, lamentablemente, sin abordarse.

Lo cierto es que ningún partido político ha estado dispuesto hasta ahora a asumir el costo de implementar las reformas necesarias, ya que sus resultados no serían visibles en el corto plazo, sino recién al cabo de varios años. Así parece funcionar nuestro sistema político: privilegiar la inmediatez, gestionar el presente con mirada electoral y postergar las soluciones de fondo.

Vivimos en una región del mundo que puede ser la reserva alimentaria del planeta pero también en la que comer sano es cada vez más un lujo. El hecho de que unos 130 millones de latinoamericanos no puedan costearse una dieta saludable representa una de las paradojas más grandes de nuestra región y también un desafío social y un problema para los sistemas de salud.

Con vastas regiones de tierras cultivables, gran biodiversidad y consolidada como potencia exportadora de alimentos a nivel global, América Latina presenta una de las contradicciones más profundas y dolorosas de nuestro contexto económico y social: acceder a una nutrición equilibrada se ha transformado en un símbolo de estatus, un lujo reservado para quienes se mueven en los deciles superiores de ingresos.

No es que faltan alimentos, lo que hay es una crisis de calidad donde el hambre en algunos países y sectores de la población convive una creciente obesidad y sobrepeso que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables en el marco de un sistema que incentiva el consumo de calorías baratas y alimentos ultraprocesados, mientras se hace difícil acceder a productos frescos y naturales.

El informe del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, publicado en febrero pasado en forma conjunta por varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (FAO, FIDA, OPS, PMA y Unicef), arroja cifras que deberían interpelarnos como habitantes del lugar del mundo donde más cuesta acceder a una dieta saludable.

Mientras que el promedio mundial del costo diario para tener una alimentación que cumpla con los requerimientos nutricionales básicos se sitúa en unos 3,66 dólares, en el continente latinoamericano esa cifra asciende a 5,16 dólares diarios por persona. De esta manera, alimentarse en Bogotá, México o cualquier ciudad uruguaya es proporcionalmente más caro que hacerlo en muchas de las capitales de países desarrollados donde los ingresos son mucho más elevados. No se trata solo del precio nominal de las papas o la lechuga sino de su relación con el poder adquisitivo real de los hogares. Eso, que en términos de la economía del bienestar recibe el nombre de “asequibilidad”, no es otra cosa que la relación entre el costo de la canasta nutricional y el bolsillo de las familias. Es también una ecuación que arroja resultados lamentables para la equidad social porque cuando el costo de comer sano se vuelve algo prohibitivo para las familias, éstas se ven forzadas a realizar sustituciones que son razonables desde el punto de vista financiero a nivel familiar, pero muy negativas para la salud.

En este sentido, se ha visto que las sustituciones se dirigen invariablemente hacia los productos ultraprocesados, que ofrecen una densidad calórica elevada a un costo mínimo, saciando el hambre de forma inmediata pero sembrando en nuestro cuerpo semillas de enfermedades a largo plazo, que podrían ser evitadas. Evidentemente no es lo mismo comer proteína fresca (como carnes rojas, pollo o pescado) y verduras que fideos con caldos en cubos y refresco azucarado, panchos o pan con mortadela. A corto plazo resulta una decisión racional para llegar a fin de mes pero a largo plazo este tipo de alimentación se relaciona con problemas como obesidad o hipertensión. El problema de la obesidad es transversal incluso en países que han logrado reducir el hambre de manera significativa como Uruguay, Brasil o Chile, donde las tasas de sobrepeso continúan aumentando. Por otra parte, en los últimos 30 años la región ha experimentado grandes cambios en los patrones de consumo. La apertura del mercado ha permitido la entrada masiva de la industria de alimentos ultraprocesados sin marcos regulatorios claros para proteger la salud pública. Estos alimentos no son otra cosa que formulaciones industriales diseñadas para su consumo rápido, con producción y distribución barata que han ido desplazando los sistemas alimentarios locales y las dietas tradicionales basadas en granos, tubérculos, granos y frutas y verduras frescas. El uso de estrategias de marketing agresivas, muchas veces dirigidas a los niños, donde el consumo de estos productos se vincula a lo moderno, la felicidad o la pertenencia social resulta ampliamente ganador ante el costo de las proteínas de alta calidad como el pescado o pollo sin procesar y los micronutrientes esenciales presentes en los vegetales verdes.

El caso de Uruguay es digno de estudio porque por un lado ha logrado erradicar la subalimentación severa, pero por otro, existe en paralelo una crisis de malnutrición por exceso que es una amenaza para la salud pública. Con un 72% de sobrepeso y un 36% de obesidad en la población adulta, supera a Brasil y se encuentra apenas por debajo de Argentina en la prevalencia de exceso de peso. En lo que respecta al sobrepeso en niños y adolescentes, es preocupante que nuestro país se encuentre entre los peores de la región, afectando casi a 4 de cada 10 escolares.

La obesidad no es un tema estético, sino de salud para la persona y la sociedad dado que su relación con la hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares está ampliamente documentada.
La explicación también tiene que ver con los hábitos alimentarios y las decisiones de compra de las familias. La Universidad de la República ha desarrollado la Canasta Básica Alimentaria con Enfoque Nutricional (Cbaen) como una herramienta para medir cuánto cuesta comer de forma saludable.
El costo mensual de esta canasta era de 7.268 pesos uruguayos por persona a diciembre del año pasado. Si consideramos un hogar de cuatro o cinco personas, el presupuesto necesario solo para cubrir una dieta sana supera ampliamente lo que perciben miles de trabajadores por salario mínimo o asistencia social.

El informe de la Cbaen 2025 señala también que ante un incremento de la capacidad de gasto, los hogares uruguayos no siempre sustituyen ultraprocesados por alimentos frescos, sino que más bien aumentan el gasto de ambas categorías, lo cual sugiere que el consumo de ultraprocesados es un hábito tan arraigado y funcional a los ritmos de vida modernos que aún teniendo dinero extra no se traduce en siempre en mejor decisión para la salud.

Importa señalar que nuestro país ha destinado recursos a fortalecer la atención primaria de la salud y ha sido pionero en iniciativas vinculadas a la alimentación, como el rotulado frontal de alimentos mediante octógonos que advierten sobre exceso de sodio, azúcares o grasas saturadas, existiendo además políticas sociales que inciden en la alimentación, como el aumento del 50% del denominado “bono crianza” para los hogares más vulnerables con niños o el Programa de Alimentación Escolar que atiende a miles de niños diariamente.

No obstante, la alimentación de mala calidad es un síntoma de un sistema con fallas donde lo sano es caro y lo que enferma suele ser más barato. ¿Acaso no será hora que las políticas públicas trasciendan la información nutricional y entren en el terreno de la economía de la alimentación y se consideren subsidios directos a las verduras, frutas o legumbres para garantizar la accesibilidad de la misma forma que hoy lo hace con la leche pasteurizada? ¿O promover las huertas familiares, que eran tan comunes en las casas de nuestros abuelos hace apenas 30 ó 40 años? ¿Qué otras soluciones pueden ser viables para que el acceso a una dieta equilibrada no siga siendo un privilegio de clase y la obesidad una marca física de la desigualdad? Urge pensarlo.

La baja cantidad de población de nuestro país tiene sus ventajas pero también sus limitantes. Y en los próximos años, a estar por las proyecciones de los expertos, a partir de las tendencias que revelan mediciones como el reciente Censo, lo más factible es que empecemos a ser cada vez menos los uruguayos. Para colmo de males, eso se va a traducir en un envejecimiento poblacional, porque la expectativa de vida es cada vez mayor, y aunque es en sí misma una buena noticia, también supone desafíos mayores para el sistema de cuidados, para el sistema de atención a la salud y para la seguridad social. Solo en Educación primaria este año hay 15.000 alumnos menos, si hacemos la proyección, dentro de 10 o 15 años habrá 15.000 trabajadores menos produciendo y aportando a la financiación de estos sistemas. Es mucho aporte el que ha de faltar.
Ya antes hemos destinado espacio en esta sección a analizar los problemas demográficos del país, como así también hemos buscado hacer aportes al debate de cómo hacemos para revertir la tendencia actual y buscar que en el futuro haya más uruguayos y uruguayas.

En el programa En Perspectiva Emiliano Cotelo viene realizando un ciclo de entrevistas con actores de la sociedad para que vuelquen su visión al respecto y qué alternativas están viendo a futuro, pensando en su sector de actividad en particular, pero también en cómo proyectan al país en los años venideros.
En esta oportunidad el entrevistado fue el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, quien dejó una serie de inquietudes para sumar a la discusión de qué hacer, de cómo hacer para revertir el escenario proyectado pero también de cómo mantener la actividad empresarial. La clave, dijo, en síntesis, está en limitar la emigración de los uruguayos y en fomentar la inmigración de trabajadores jóvenes y capacitados. Para ello es indispensable que Uruguay se vuelva más atractivo. La entrevista toda es muy interesante y está disponible para quien la desee revivir en los canales del programa, pero a efectos del tema puntual nos centraremos en algunos conceptos que transmitió el presidente de la Confederación, una entidad que tiene como objetivo trabajar la agenda a largo plazo más que situaciones puntuales de los sectores empresariales, porque para eso está cada cámara.
Loureiro recordó que durante el segundo período de gobierno de Tabaré Vázquez, la OPP, en ese momento dirigida por el hoy presidente del BROU, Álvaro García, realizó un trabajo de prospectiva, con el que recorrió todo el país recogiendo impresiones en talleres con la comunidad. Al cabo de ese proceso uno de los temas que más se trabajó fue, justamente, el demográfico. “Se planteaban como tres escenarios. El negativo, el neutro, y el positivo. Tres escenarios de la evolución demográfica a 2050. El positivo era podíamos llegar a 4.200.000 habitantes”, recordó. “Después de cinco años sale el Censo. Y con todos los estudios que se hacen a partir del censo y una cantidad de información que Instituto de Estadísticas tiene, justamente, se publican estas últimas cifras que son bastante preocupantes, para un poquito más a largo plazo, 2070, pero no deja de ser que en el 2050 no se va a cumplir lo que se pensaba que se iba a cumplir. O sea, se va a cumplir el negativo”, afirmó. Loureiro dijo además compartir la visión del ministro de economía, Gabriel Oddone, de que Uruguay tiene que crecer más. “Tiene pendiente aumentar la tasa de crecimiento”, que ha estado muy poco por encima del 1% en los últimos diez años. “Ya venía siendo un reto complicado a veces de crecer más, con menos trabajadores la complicación aumenta”, planteó. Pero haciendo un acercamiento, el directivo planteó que esta falta de crecimiento no es general y pareja. “Donde se crece menos es en el quintil 5, en el quintil donde están los principales egresados de las universidades en todo lo que es la economía del conocimiento. El mundo va para la economía del conocimiento, entonces no es solamente que tenemos un problema de cantidad de personas que vamos a tener en ese futuro, sino que además vamos a tener menos en aquellas que son más productivas para el futuro que se nos viene”. El problema empieza a ser mucho mayor, dijo.
Y entonces es que aparece este asunto de los desplazamiento poblacionales. “Veníamos insistiendo en lo que se llama migración calificada”, que se produjo para algunos sectores especialmente tecnificados. “Para poder tener esa migración calificada tenemos que tener al país en crecimiento a tasas que el ministro Oddone, proponía para cuando se estableció el presupuesto nacional”, expresó Loureiro. Tasas que son muy superiores a las actuales, como ya hemos comentado aquí mismo antes. El razonamiento es que “para ser atractivos como país, tenemos que estar creciendo y poder pagar salarios para que migrantes calificados puedan venir”. Pero ese es el desafío de corto plazo al que hay que sumarle otros agregados, como lograr “sectores económicos multiculturales”, que hagan su aporte también a la producción del país y a su inserción internacional en mercados a los que hoy no accedemos.
El directivo empresarial dijo que en este contexto actual tan agitado el país y la región tienen en la tranquilidad un argumento, como lo expuso el presidente Orsi en la asunción al frente de la presidencia pro tempore de Celac.

Sin embargo, más que conquistar extranjeros que deseen avecinarse, Uruguay tiene el desafío de frenar una dolorosa emigración. “No podemos perder cerebros dentro del Uruguay”, afirmó. “Tenemos hoy una emigración importante, sobre todo en sectores jóvenes que no están muy bien tratados en el mercado de trabajo. Ese es un tema donde tenemos que trabajar más, pero no alcanza solo con política de empleo juvenil, tenemos que trabajar mucho en la capacitación, en la formación”, expresó. Aunque también dejó su visión personal de que “también habría que trabajar más en primera infancia, familia. Uno de los más importantes y el que hay que resolver es el tema de la pobreza y el tema de la primera infancia. Ahí es donde hay que trabajar más activamente”.

Varios de estos temas que planteó Loureiro tienen un denominador en común, que es lo caro que es nuestro país. Tanto para atraer inmigración como para evitar que se nos vayan los jóvenes calificados, los que tienen posibilidad de hacerse de un buen empleo en el exterior, hay que lograr que el salario que puedan obtener les rinda y la forma de hacerlo es que baje el costo de vida. Aunque la inflación está controlada, los costos que tiene Uruguay son una razón para que quien tenga intención de venir a radicarse se lo piense dos veces, y es a la vez un incentivo para quienes manejan la idea de irse. No es lo único que pesa, claramente hay otros argumentos, pero no dejará de estar entre las principales razones por las que hacer las valijas.

Como era de prever, desde el lado argentino se sigue cuestionando como sea el proyecto de instalación de la planta de e-combustibles de HIF Global en Paysandú, y en sentido el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, volvió a reclamar la relocalización de la planta de hidrógeno verde.

“Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia”, afirmó el gobernador. “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”, agregó.
“Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando”, expresó, para agregar luego, entre otras consideraciones, que “si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte, a todos lados vamos a ir”.

Pues está muy bien que defienda lo que a su entender son los intereses de la provincia, pues para eso seguramente lo eligieron sus conterráneos en el último acto eleccionario, pero de la misma forma ocurre de este lado del río, y lo que está por lo tanto en discusión es un conflicto de intereses que debe ser procesado dentro del marco legal y también político, por quienes tienen responsabilidades de gobierno en ambas orillas.

“No estamos en contra de las inversiones, si cumplen los mínimos requisitos de impacto ambiental. Queremos traer inversiones para Entre Ríos. Lo que no podemos aceptar es que este tipo de inversiones industriales, que generan humo y en algunos casos mal olor, se hagan frente a nuestras playas, las más concurridas de nuestra provincia. No tiene sentido, no tiene lógica. Por eso pedimos enfáticamente la relocalización de esta planta, si es que finalmente se concreta”, dijo Frigerio. Como antecedente inmediato a cuestionamientos surgidos inicialmente, tenemos que en el marco del proceso de estudio hubo una reconfiguración del proyecto de la planta de e-Combustibles de HIF Global en Paysandú, incluso con reducción de su superficie a un 35% respecto al diseño original, así como la reubicación de sus chimeneas hacia el noreste.

Se han contemplado así planteos surgidos desde la vecina orilla en cuanto a la afectación de la visual para el turismo de sol y playa al reducirse su visibilidad desde las afueras de la planta, atendiendo la demanda de empresas turísticas de Colón, a la vez que esta nueva configuración disminuye en un 70% la intervención sobre el monte nativo y aumenta el área de reserva de biodiversidad a 260 hectáreas. Todo eso por reclamos bastante fuera de lugar, por cuanto la primera molestia de los colonienses es por el impacto visual que tendría la planta. Y si este reclamo parece absurdo, más lo es por cuanto la industria estaría varios cientos de metros dentro de territorio nacional, detrás de dos islas que también son uruguayas. Dicho de otra forma: para poder ver algo –si aún fuese posible hacerlo— tendrían que ingresar a aguas territoriales uruguayas, porque las islas cortan la visión en línea recta. Aunque en este caso el sinsentido se explica porque Colón suele “apropiarse” de las islas San Francisco y Queguay –que son nuestras—y hasta las hace aparecer como parte del “Caribe entrerriano” en su oferta turística.
Otro de los cambios técnicos establece el reemplazo del sistema de circuito cerrado por un sistema de torres de enfriamiento, que permite reducir la superficie construida manteniendo niveles sostenibles de consumo de agua, en tanto también en relación con el proyecto, el Ministerio de Ambiente aprobó la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Actuación Integrada Complementario (PAIC-HIF), lo que es un espaldarazo en cuanto a las garantías de inocuidad para el emprendimiento.

Estos elementos contemplan algunos de los reparos surgidos sobre todo desde grupos ambientalistas –algunos sensatos, otros no, sino más bien fundamentalistas– y da cuenta de que es posible conciliar la ecuación costo- beneficio de la incorporación de la planta, que es la mayor inversión de la historia en el Uruguay y y la región.

Pero naturalmente, y casi por definición, los grupos ambientalistas no aceptan otra “argumentación” más que la suya propia, y han vuelto a la carga, a la vez que conservan y aún potencian sus “lobbies” para presionar a sus gobernantes con “causas justas” de carácter tremendista, y en este caso, es recogida por el gobernador Frigerio para intentar incidir en una decisión soberana de nuestro país.

No hay que llamarse a engaño ni confundir escenarios: el gobernador hace lo que sus electores esperan que haga, y lo mismo ocurre de este lado del río, tanto por el gobierno nacional como el departamental, y en este sentido hace pocas horas el intendente Nicolás Olivera al referirse al tema, insistió en una entrevista que la principal preocupación planteada desde Colón refiere a una posible “contaminación visual”, aunque señaló que todavía no existen conclusiones técnicas al respecto. “Hasta el momento se habla de una sola afectación. Alguno, después, cada tanto, mete algún otro tema arriba de la mesa para agregar un poco de sensacionalismo”, afirmó.

El intendente recordó que el año pasado hubo reuniones en Montevideo entre autoridades de ambos países, incluidos los cancilleres y representantes de Entre Ríos y Colón, en las cuales Uruguay aceptó analizar los planteos argentinos. Según indicó, a raíz de esas conversaciones, el Ministerio de Ambiente incorporó exigencias específicas en los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

Sin embargo, Olivera cuestionó que desde la provincia argentina ya se plantee la posibilidad de acudir a tribunales internacionales. “Ya se está hablando de ir a La Haya; no aprendimos nada de lo que nos pasó hace 20 años, que fue fruto de una manga de locos que dijeron que los niños iban a nacer con dos cabezas y cortaron los puentes”, afirmó, en referencia al conflicto generado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en el río Uruguay.
El problema es que por más absurdo que resulte el reclamo y que el tiempo ponga en evidencia el delirio ambientalista, éstos jamás reconocen el daño que producen con su prepotencia mesiánica que va más allá de lo material, porque termina afectando las relaciones históricas entre pueblos hermanos. Ya batalla por Botnia generó heridas que aún no han cicatrizado completamente, heridas que están dispuestos a volver a abrir, y que a diferencia de los supuestos daños que generarían los vertidos de la planta de celulosa y que nunca ocurrieron, éstas sí han hecho un daño real.

A finales de febrero, el gobierno no pensaba cambiar sus proyecciones económicas ni modificar su ruta fiscal. El ministro de → Leer más

La inauguración de la Residencia Estudiantil en el predio que algún día supo ocupar la Dirección de Vialidad de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) marca un hito de contenido doble para nuestro departamento.

Como se explica en la página web de la propia Intendencia “la construcción de la Residencia Universitaria de Paysandú (RUP) nace de una iniciativa nuestra, de la Intendencia de Paysandú, como parte de nuestras políticas de promoción social, educativa y territorial. Lo hacemos con un propósito claro: asegurar que los jóvenes del interior del departamento y de otras localidades del país puedan acceder y permanecer en la educación terciaria y universitaria en nuestra ciudad. Queremos multiplicar oportunidades.

Por eso impulsamos la creación de una infraestructura que les permita estudiar, crecer y proyectar un mejor futuro. Es una inversión que asumimos con visión y convicción, alineada a un nuevo modelo de desarrollo que pone la mirada en el futuro de Paysandú. Esta residencia moderna y funcional se integra además con la obra del nuevo campus de la Universidad de la República, que hoy se construye en las antiguas instalaciones del Corralón Municipal, un espacio que donamos en el marco de un proyecto integral de desarrollo para nuestra ciudad (…) La cuota mensual general es de 1,5 BPC e incluye alojamiento en dormitorio compartido, uso de lavadero e instalaciones de cocina equipadas, vigilancia y CCTV, servicio de recepción, conectividad, limpieza de áreas comunes, cobertura de emergencia por área protegida y espacios destinados al estudio y la convivencia. También podrán solicitarse precios promocionales de 1 BPC o 0,5 BPC, según la evaluación socioeconómica y la disponibilidad presupuestal”. El primer hito de esta nueva obra tiene relación con una apuesta clara y fundamentada para revitalizar una zona de la ciudad que, en las últimas décadas, había sufrido un continuo e inexorable deterioro urbano. La RPU dotará de movimiento y nueva vida a un sector que sólo tenía alguna clase de movimiento durante los fines de semana.

Además, era inundable –ahora se elevó a cota 10 metros, incluido los accesos—y había un asentamiento irregular en un terreno lindero que debía ser asistido cada vez que el río crecía, y que fue realojado.
Asimismo, y por su cercanía con el Club Remeros, potencia la oferta deportiva de esta institución en función del número de jóvenes que pasarán a vivir en su entorno.

En una entrevista realizada al Ingeniero Horacio Mársico en el mes de junio de 2025, el profesional destacaba, durante una recorrida por el edificio que estaba en construcción en ese momento, que “las condiciones del lugar: buena ubicación, vistas privilegiadas desde la altura y un entorno totalmente transformado. Estamos recuperando un terreno que antes se inundaba y que estaba degradado. Hoy, ese mismo espacio se convierte en un orgullo para Paysandú y para los futuros profesionales que vivirán y estudiarán aquí”. Asimismo, subrayó que “el área donde se ubica la residencia ya no corre riesgo de inundación ni de cortes de energía, un factor importante para garantizar la seguridad y el confort de los estudiantes. Con una capacidad inicial para 140 estudiantes, la residencia también fue diseñada con posibilidad de ampliación. El edificio tiene margen para crecer si fuera necesario. No lo estamos pensando de inmediato, pero es una posibilidad real si el proyecto da buenos resultados”.

El segundo hito, está relacionado con la proyección de Paysandú como una ciudad universitaria, un logro que ha llevado diversos esfuerzos desde los más variados ámbitos (la política, la academia y la propia IDP) a través de varias décadas. Si a ello se le agrega la adjudicación de la exterminal de ómnibus a la UdelaR y la obra que se lleva a cabo en el exCorralón Municipal, resulta claro que Paysandú se encuentra en un camino virtuoso en el cual la Intendencia y la UdelaR han desempeñado un papel fundamental con acciones claras, comprometidas, efectivas y eficaces. Hoy por hoy, la conformación de una ciudad universitaria constituye un camino cierto y claro de desarrollo para nuestro departamento (tan golpeado por situaciones de desempleo y seguro de paro) al tiempo que muestra un bienvenido cambio en la UdelaR, absorbida durante décadas por el centralismo montevideano.

Una muestra de esa atmósfera estudiantil que se vive en la ciudad es que el pasado miércoles 18 de marzo se llevó a cabo, una vez más, el tradicional evento “Tocó Venir”, en el que se dio la bienvenida a la generación universitaria 2026. En esa ocasión, en la página web de la Intendencia consta que “el Intendente resaltó que son más de 1.600 estudiantes los que comenzarán a transitar la vida universitaria en Paysandú, que se suman a los que ya vienen, totalizando más de siete mil jóvenes de todo el país que eligen Paysandú para vivir unos cuantos años de su vida. No es solo el tema de que sea la Universidad de la República y la Intendencia los que organizan, es Paysandú que les da la bienvenida a esos miles de gurises y gurisas”, indicó el Intendente. Paysandú ya es una ciudad universitaria. Paysandú sigue siendo el lugar con mayor matrícula universitaria en todo el país, sacando Montevideo, eso hay que cuidarlo y que se siga manteniendo depende de todos nosotros”.

Por su parte, Mauricio Cabrera, director del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (UdelaR), destacó a la página web de la UdelaR que “la creación de la residencia es resultado de un trabajo articulado entre instituciones públicas para la consolidación de la ciudad universitaria. Apostar a la educación superior como principal herramienta de movilidad social es, y debe ser, una política de Estado, y debe ser una política articulada con los gobiernos departamentales. Actualmente, más de la mitad de la matrícula universitaria en Paysandú corresponde a jóvenes provenientes del interior del departamento u otras partes del país, incluido Montevideo”. La residencia está dirigida a personas de todo el país interesadas en cursar estudios en la UdelaR, los Institutos de Formación Docente, UTEC, UTU y otras instituciones radicadas en el departamento.

Esta condición de “ciudad universitaria” es finalmente una realidad tangible para todos los ciudadanos sanduceros y no solamente para los estudiantes y sus familias. Desde el punto de vista económico, se produce un incremento de los habitantes de la ciudad con el consiguiente crecimiento del consumo en diversos rubros (alquileres, compra de alimentos y artículos de limpieza, por mencionar sólo algunos) y desde el punto de vista social y educativo se produce genera un contingente de futuros profesionales que mantendrán un vínculo con la ciudad y que muy probablemente permanezcan viviendo en nuestra ciudad una vez que hayan egresado de sus respectivas carreras. Todo esto se traducirá en una población con estudios y títulos universitarios en diversas disciplinas, lo que constituye un pilar fundamental para poner al servicio de toda la comunidad (por ejemplo, entidades públicas y privadas y sociedad civil) de un conocimiento generado en forma local y con recursos locales, lo que obviamente potencia su valor agregado y su derrame en territorio.

Lo que hace tan sólo una o dos décadas atrás parecía imposible, finalmente sucedió: Paysandú es una ciudad universitaria y la residencia a inaugurarse es un pilar fundamental de esa realidad tan alentadora.

La residencia universitaria de Paysandú (RUP) tuvo un presupuesto de $262 millones de pesos y tiene capacidad para 140 alojamientos ($262.000.000/140 = $1:871.428 por alojamiento.
La R.U.T de Tacuarembó tuvo un presupuesto de $187.000.000 y capacidad para 250 alojamientos: $187.000.000/250 = $748.000 por alojamiento (menos de la mitad del costo por alojamiento que Paysandú).
La construcción de la residencia universitaria (RUP) de Paysandú con una superficie de 2.100 m² y la reparación del galpón aledaño como área de servicios, tuvo un presupuesto de U$S 6.500.000. Tiene capacidad para 140 estudiantes y profesores, en dormitorios compartidos para dos y áreas comunes de servicios.
Por cada alojamiento el costo fue de U$S 46.428 (U$S 6.500.000/140, por lo que cada dormitorio para dos alojamientos, con cocinas y baños compartidos con los demás de los otros apartamentos, costó U$S 92.856 (46.428 x 2).
Con esa suma de dinero el gobierno departamental de Paysandú pudo haber adquirido casas desocupadas y ubicadas en plena ciudad, seleccionando las mejores dentro de las 8.225 que detectó el censo de viviendas del 2023. De haber procedido de esa manera hubiera beneficiado a todos:
1) Para los dueños de viviendas desocupadas que hubieran podido vender a buen precio sus casas.
2) Para los trabajadores del área de la construcción que hubieran podido encontrar trabajo en las reparaciones que fueran necesarias en las viviendas adquiridas.
3) Fundamentalmente para los estudiantes que podrían haber encontrado alojamientos cercanos a los centros de estudio y no a 32 cuadras de distancia donde que se construyó la residencia. Este año se inscribieron 1.700 nuevos estudiantes para carreras universitarias en Paysandú, por lo que la residencia universitaria con capacidad para 140 cupos, no llega ni al 10% de los estudiantes inscriptos. En resumen: 1) Altísimo costo por cada alojamiento estudiantil. 2) Capacidad insuficiente de alojamientos (menos del 10% de los inscriptos y 3) Ubicación pésima de la residencia, a 32 cuadras de los centros de estudio en un lugar expuesto a sufrir inundaciones. Esta decisión de la intendencia de Paysandú tiene un propósito que no es para beneficiar a los estudiantes, a quienes usa como pretexto para poner el marcha el master plan que la intendencia de Paysandú contrató a OMA (Oficina de Arquitectura Metropolitana para la elaboración del proyecto de transformación urbanística de la costa de Paysandú. Este plan maestro se extiende sobre un área de 350 hectáreas, desde el Puente Internacional “General José Artigas” hasta la desembocadura del Arroyo Sacra.
Ing. Ricardo Brasesco

Como vecino de la ciudad de Paysandú quiero expresar mi profunda preocupación y rechazo ante recientes decisiones adoptadas por la Intendencia en materia tributaria.
Mientras la Contribución Inmobiliaria ha sufrido un incremento del 20%, afectando directamente a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, simultáneamente se ha dispuesto una bonificación del 50% en multas de tránsito para contribuyentes morosos.
Este criterio resulta claramente injusto y contradictorio. Se está enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía: cumplir no tiene recompensa, mientras que incumplir puede resultar beneficioso.
Quienes, con esfuerzo, responsabilidad y compromiso, han pagado sus tributos en fecha, hoy se ven perjudicados frente a quienes no lo hicieron. En términos concretos, el contribuyente cumplidor termina pagando significativamente más que aquel que incurrió en mora y ahora accede a beneficios excepcionales.
Esta situación no solo vulnera el principio de equidad, sino que también erosiona la cultura de pago y la confianza en la administración pública.
Entiendo que pueden existir políticas orientadas a la regularización de deudas. Sin embargo, estas no deben implementarse a costa de castigar a quienes han actuado correctamente.
Por todo lo expuesto, solicito la revisión de estas medidas, a efectos de restablecer criterios de justicia y equidad, la implementación de incentivos reales para los buenos pagadores y mayor transparencia y coherencia en las decisiones tributarias.
No es razonable que el esfuerzo y la responsabilidad sean penalizados. Una sociedad justa se construye premiando el cumplimiento, no favoreciendo la mora.
Con la convicción de que este planteo representa el sentir de muchos ciudadanos, espero una pronta reconsideración de estas políticas.
Dardo Arévalo

Esto de la Fiscalía es una gran chance para la dirigencia política y para el presidente en especial; una oportunidad, pienso, para ganar y crecer en credibilidad, para respaldar con hechos la seriedad y sinceridad del tan mentado diálogo social y de la pacífica y respetuosa convivencia política e institucional y bla, bla,bla, bla. (Que no sé si se lo creen tanto los de afuera; si vienen, será por la exenciones y concesiones en demasía que terminan pagando los uruguayos de a pie, esto es, los que no tienen la suerte de ser funcionarios y de pertenecer a la privilegiada burocracia).

Lo de la fiscalía es tan fácil; solo se trata de ratificar formalmente a la actual fiscal subrogante; a la doctora Mónica Ferrero. Y estaría bien que fuera así: ella se lo ha ganado con su propia trayectoria que da fe de sus virtudes y de su capacidad, lo que, además, ha probado desde que asumió el interinato.

Pero por si ello no bastare, está la razón del artillero: “los malos” no la quieren (por algo va o carga con custodia). Y si “los malos” –digamos Marset que está de moda y que se dice tuvo algo que ver con el atentado– están por un lado, es una chance, como decíamos, para demostrar –incluso sobreabundar– que nuestros representantes están por el otro.
Dejemos eso de lado. Además, el hecho de que si Ferrero no renuncia permanecerá en el cargo como interina hasta el 2030. Ya toda la oposición le ha dado su respaldo, lo que hace imposible, por cuestión de mayorías, nombrar un nuevo fiscal para sustituirla. (Y no es dable pensar que la CR mañana vaya a salir a negociar su cabeza).

Decidir y considerar el tema de la fiscalía ha sido un elemento muy positivo para la armonización y unidad de la CR. Y ello es aún mas notorio en lo que respecta al Partido Colorado.

La pregunta es ¿por qué no? Sobre todo cuando el presidente Yamandú Orsi, públicamente dice de su respaldo a Ferrero y afirma “que nunca le quitó apoyo”.

Tengo entendido que Orsi se lo ha manifestado privadamente, más de una vez, a Ferrero. Entonces ¿por qué no envíar el mensaje sin más trámite? Sería muy bueno para su imagen: un acto de mando, en el marco de lo que cabe al cargo, como una forma de decir, por si es preciso, para algo me eligieron.
Ademas sería un mentis a los rumores, muchos intencionados sin duda, sobre influencias malignas, monjes negros y titiriteros. Fortalecería su imagen presidencial y al mismo tiempo, quizás, les quitaría un peso y sacaría del centro de la atención a asesores y colaboradores de su confianza, los que por esas cosas que tiene la política, o de los mentideros y de las redes, los señalan como “los villanos de la obra”.
PD: Confieso que me han sorprendido declaraciones de última hora del presidente Orsi, quien en respuesta a un planteo de senadores de la CR, ha dicho que por ahora no enviará el mensaje, para evitar “manoseo de nombres” –por la oposición no, está claro–, o que “se lo coman los perros”. ¿Qué perros?, ¿quiénes son los perros?, ¿“los malos” de que hablábamos, u otros?

Diría que esto le mejora la chance al mandatario para refirmar su autoridad y dar tranquilidad a sus mandantes que son más, muchos más, que los vociferantes que llenan una plaza, o los que caben en un comité de base, o los burócratas que copan una mesa sindical o política.

La expresión “Al enemigo, ni justicia” es uno de los epítomes más persistentes del imaginario político argentino. Potenciada por la tradición oral, la mística combativa y la cultura autoritaria, esta síntesis posee un origen preciso, Juan Domingo Perón, aunque sin antecedentes verificables en la tradición militar o en su propia disfunción orgánica.

Hay un memorando manuscrito de 1952, dirigido por Perón al ministro Román Alfredo Subiza. Se trata de un documento, referenciado por estudiosos como Juan José Sebreli, que da cuenta del origen del axioma ideológico. Es una definición que forma parte de algo mayor, una estrategia de conducción, una contradicción binaria amigo‑enemigo, que constituye un principio político.

Casi dos décadas después, en 1971, durante la entrevista filmada por Fernando Solanas y Octavio Getino en Madrid, ubicable en YouTube, Perón mejora su formulación y es la que legó: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”. Era un peronismo en disputa, que recogía en su seno contradicciones violentas que la distancia del exilio y la autoridad simbólica del viejo líder alimentó hasta límites inimaginables. Pero cuando la batalla ya estuvo “ganada y pérdida” ya fue tarde porque casi todos serían derrotados por la triple A y el ascenso de la dictadura militar. No obstante, la síntesis se había colado en el identitario del movimiento.
La originalidad de esta expresión reside en la economía verbal y en la radicalidad política que condensa. Como toda expresión ideológica, la frase fue reinterpretada, discutida, y relativizada. Hasta llegar, incluso, a debates sobre el “derecho penal del enemigo”.

En suma, los indicios disponibles permiten afirmar con documentos a la vista, que la frase es de Perón, con una primera aparición verificable en 1952 y una ratificación pública en 1971. Ahora bien, ¿a cuál Perón?

Contexto y concepto

La síntesis “Al enemigo, ni justicia” alcanza su plenitud cuando se la inscribe en el clima político que la produjo. Ni exabrupto ni ocurrencia aislada: aparece cuando el peronismo consolida su poder y simultáneamente enfrenta una creciente conflictividad. A inicios de los años cincuenta, el gobierno de Perón atraviesa un proceso de endurecimiento, donde la distinción entre lealtad y hostilidad se vuelve criterio operativo. En esa confrontación, la frase funciona como doctrina: la justicia deja de ser un valor universal para convertirse en un recurso subordinado a la lógica de la conducción.
La estructura conceptual es radicalmente binaria. La oposición amigo‑enemigo es funcional: el amigo es parte del proyecto; el enemigo, una amenaza. Así las cosas, la justicia es apenas un instrumento. La síntesis ignora la condición de neutralidad respecto al antagonismo político.

La reaparición pública de la frase en 1971, va en ese sentido restaurador de la organización en dos dimensiones: el frente interno en disputa y el externo, en lucha. Desde el exilio, Perón realínea lealtades y delimita las fronteras partidarias. La contundencia de la fórmula opera como marcador identitario: delimita pertenencias y exclusiones, y afirma que el conflicto político no se resuelve en el terreno de la equidad, sino en el de la decisión.

En la medida que el conflicto político avanzaba en violencia, la síntesis ganó en autonomía cultural. Las adhesiones fueron más allá del peronismo y se transformó en resumen de una cultura política que personaliza el antagonismo concibe la justicia como herramienta estratégica. Esa deriva explica su posterior asociación, casi siempre impropia, confrontando sobre el “derecho penal del enemigo”, donde la universalidad del derecho cede a la lógica binaria.
En suma, la síntesis trasciende a Perón. Es representativa de un momento histórico en que la política argentina se reconfigura bajo la presión del antagonismo, y condensa una arquitectura entera de pensamiento y poder.

Cuestiones conceptuales

Aunque la fórmula “Al enemigo, ni justicia” es original en su forma, existen antecedentes que comparten la misma concepción: la exclusión del enemigo del marco jurídico común y la subordinación de la justicia al choque político binario.
Ya Cicerón distinguía entre el ciudadano y el hostis: la justicia opera solo dentro del pacto civil; el enemigo queda fuera de su alcance. Hay un principio estructural: la justicia es interna; el enemigo no tiene derecho a ella.

Maquiavelo, por su parte, sostenía que la conservación del Estado exige acciones que no pueden medirse con criterios morales corrientes. Frente al enemigo político, la justicia no actúa como límite, sino como variable subordinada a la necesidad. La lógica es equivalente: el enemigo es objeto de cálculo no de equidad.

En el siglo XX, Carl Schmitt retoma esta matriz: la distinción amigo‑enemigo funda lo político, y la justicia no interviene en ese antagonismo. La frase peronista condensa, en clave popular, esta doctrina: el conflicto define el alcance de la justicia, siempre restrictivo.
En América Latina del siglo XIX, las guerras civiles produjeron expresiones y prácticas donde el enemigo era tratado fuera de cualquier marco jurídico. No existe una expresión tan contundente como la lograda por Perón, pero sí una cultura política que naturaliza que el enemigo no es un adversario jurídico, sino un obstáculo a neutralizar, incluso eliminar.

En síntesis, la frase peronista condensa una genealogía conceptual que atraviesa la tradición clásica, la razón de Estado moderno, el decisionismo del siglo XX y las prácticas políticas regionales.
Frente al enemigo…
La fórmula peronista no pertenece solo a su tiempo. Su lógica, es decir, la exclusión del enemigo del marco jurídico común reaparece ahora en los nuevos movimientos autoritarios, donde el adversario es redefinido como amenaza existencial y la justicia se convierte en herramienta de neutralización o cancelación. El lawfare es su expresión jurídica contemporánea: la justicia como arma, la neutralidad erosionada, el antagonismo convertido en principio operativo.

Esta deriva no es nueva. Carl Schmitt, ya referido, “teórico político y activista nazi destacado pero efímero”, lo formuló sin ambigüedades: “El enemigo no es un competidor ni un adversario; es la negación de nuestra forma de vida”. Y concluye: “Frente al enemigo, la norma no obliga”. Estas sentencias condensan la arquitectura conceptual que hoy vuelve a activarse. La frase “Al enemigo, ni justicia” encuentra así su eco más profundo: no como reliquia del peronismo, sino como síntoma obsesivo de una política que, al nombrar al enemigo, redefine los límites mismos de la justicia. Y ello trasciende al origen de la síntesis y se extiende en este universo de mentiras y patrañas.

La lógica de las fake news, del lawfare, de la cancelación y otras prácticas afines deben erradicarse y solamente debe haber lugar para una sana convivencia democrática. No es iluso el planteo, es de salud institucional.

Jonathan Haidt, psicólogo social estadounidense sostiene que ciertas ideas difundidas en la educación y la cultura actual, aunque bien intencionadas, han generado fragilidad psicológica y mayor polarización en los jóvenes.Este profesional identifica tres “grandes falsedades”.

1) “Lo que no te mata te hace más débil”; evitar toda dificultad impide desarrollar resiliencia.

2) “Confía siempre en tus sentimientos”; las emociones son importantes, pero no siempre reflejan la realidad.

3) “La vida es una lucha entre buenos y malos”; esta visión binaria aumenta la polarización y dificulta el diálogo.

Entre las causas señaladas figuran: la sobreprotección parental, cambios en prácticas educativas, influencia de redes sociales y cultura de la cancelación.

Propone educar en resiliencia y fortaleza emocional, enseñar pensamiento crítico y promover el debate abierto, equilibrando protección y autonomía.

La idea central es que proteger en exceso puede debilitar; la educación debe formar personas capaces de enfrentar la dificultad y el desacuerdo con madurez. Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

En 2009 la revista Time publicaba una de esas tapas inolvidables, una foto intervenida en la que el Cristo Redentor tomaba altura desde el cerro Corcovado cual de si un cohete espacial se tratase. “Brazil takes off”, o “Brasil despega”, era el título que acompañaba esa inolvidable portada. Claro, algunos años más tarde reprodujo esa tapa con otra intervención de la misma foto, con el Cristo estrellándose tras haber perdido impulso, reflejando la situación económica del hermano país tras las crisis que le azotaron.
Hoy no tenemos una imagen así de potente que ilustre en tan pocos trazos a Paraguay, pero si el Cristo Redentor estuviese en Asunción bien valdría la misma tapa para ilustrar el proceso económico que está viviendo “el otro socio” del Mercosur, aunque con un punto de partida muy diferente al de Brasil, está claro, no va por allí la comparación.

El crecimiento guaraní está fuertemente impulsado por la inversión privada, destaca la colega Sara Valenzuela en un artículo para La Nación de Asunción en el que analiza este “despegue” y entre los sectores “locomotora” de este desarrollo se encuentra la maquila.
El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay publica en su web que el “Régimen de Maquila es un sistema de producción de bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es promover el desarrollo industrial, la generación de empleo formal y el incremento de las exportaciones con valor agregado nacional”. De esta forma, agrega, “la producción o prestación de servicios se realiza por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, denominada matriz, en virtud de un contrato internacional. Todo lo producido en territorio nacional bajo este régimen se destina a la exportación hacia cualquier parte del mundo, promoviendo la apertura de nuevos mercados”.

En el artículo de La Nación la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Carina Daher, analizó que el país tiene un gran potencial “para convertirse en centro regional de producción”, si continúa el camino trazado. Para ello, señaló, es esencial garantizar “seguridad jurídica y una reglamentación moderna”, que ofrezca previsibilidad a largo plazo “para que los empresarios se sientan cómodos y respaldados en el entorno empresarial”. A ello, dijo, debe sumarse “una infraestructura y logística eficiente, que permita integrar al país con los principales corredores productivos de la región, de manera que la conectividad sea fluida y eficaz para los inversionistas”. Del mismo modo consideró imperioso impulsar una “formación técnica avanzada” con orientación a la “Industria 4.0”, así como a “las nuevas habilidades que demanda la manufactura global”. Daher agregó que la maquila paraguaya “ya no compite solo por costo, sino por productividad, calidad y velocidad de respuesta” y que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar y automatizar procesos.

Pero sumado a todo ello, Paraguay parece ser en este momento la piedra angular de una serie de proyectos de infraestructura que atraviesan de un lado a otro la América del Sur, el viejo sueño del “Corredor bioceánico” del que venimos escuchando hablar desde hace décadas, y que Paysandú pretendió integrar con el malogrado proyecto del “Paralelo 33”. En los últimos días tuvo lugar en Montevideo el II Encuentro de Alto Nivel de la Red de Infraestructura y Transporte del Consenso de Brasilia, del que el gobierno de nuestro país destacó el lanzamiento oficial del Observatorio de Infraestructura de América del Sur, pero que además de ese asunto tuvo también en la agenda un análisis sobre el Corredor Bioceánico de Capricornio, planteado “como caso emblemático de integración física entre países”, así como otra instancia dedicada al financiamiento de proyectos de infraestructura regional, de la que participaron de referentes técnicos de organismos internacionales.

Este Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC), por si no escuchó hablar de él, “es una iniciativa de cooperación que busca convertirse en la más relevante a nivel subcontinental. Se basa en su potencial para transformar significativamente la logística y el comercio en la región, y para contribuir al desarrollo de los estados subnacionales involucrados. Conceptualmente, su propósito es conectar el centro oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando el Chaco Paraguayo y el noroeste de la Argentina”. Así se describe en la propia página web del proyecto. En esta iniciativa –que por cierto no es la única de su tipo– las cargas pasan bastante al norte de nuestro país, incluso el cruce por Paraguay es bastante al norte de Asunción, la capital, pero indudablemente es una alternativa para que tanto ese país como Bolivia puedan extraer su producción. Claro, en este esquema Uruguay queda expuesto a perder relevancia como punto de salida de la producción regional, o como “puerta de entrada” al Mercosur, como nos gusta decir.

Pero no queda allí la cosa, porque recientemente Argentina y Brasil acordaron la construcción del puente binacional San Javier–Porto Xavier, que habilita también otro de estos trazados de lado a lado del continente sin tocar Uruguay. Y para más datos, otra noticia, en la web de noticias del Canal 26 de Argentina, se publicaron en los últimos días detalles sobre el trazado del tren bioceánico, un proyecto ferroviario que “contempla un recorrido superior a los 3.700 kilómetros, partiendo del puerto de Santos en Brasil, sobre el Atlántico, hasta el puerto peruano de Ilo, en la costa del Pacífico”, un tendido que atravesará el corazón de Sudamérica “pasando por ciudades clave como Campo Grande, Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Desaguadero”.

Así las cosas, se vienen etapas desafiantes si el país no se ocupa de aumentar y mejorar la infraestructura para la conectividad, pero también hay que cambiar algunos aspectos culturales, porque parte de ese ofrecer garantías incluye que por ejemplo no se detenga toda la actividad portuaria por semanas porque los trabajadores quieran discutir la incorporación de un software. Ese tipo de ventajas no las podemos dar.

La distancia geográfica entre el estrecho de Ormuz y el Río de la Plata podría alimentar una peligrosa ilusión de inmunidad en el imaginario uruguayo. Sin embargo, los eventos ocurridos en lo que va de este mes empiezan a demostrar lo contrario. Mientras las noticias de la Organización de las Naciones Unidas confirman que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha alcanzado un punto de no retorno con el ataque a infraestructuras gasíferas en el Golfo y el desplazamiento de más de tres millones de personas, el ciudadano uruguayo está comenzando a sentir la onda expansiva en un lugar que también nos duele: los costos de la vida cotidiana y de la producción nacional. Esto es, nuestro bolsillo.

El escenario internacional actual en esa región del mundo constituye una crisis humanitaria que está tomando proporciones muy graves, a la vez que representa también un sacudón logístico y energético. Con el petróleo Brent superando la barrera de los 100 dólares y el cierre inminente de vías navegables por donde transita el 20% del crudo mundial, la interdependencia de las economías globales constituye un punto de vulnerabilidad.

Uruguay tiene una economía abierta, pequeña y estructuralmente dependiente de la importación de petróleo para sostener buena parte del dinamismo nacional. Desde esta perspectiva, un conflicto de esta magnitud no es una noticia más sino una variable macroeconómica a tener en cuenta.

El conflicto del Golfo Pérsico golpea un área sensible de la economía nacional: los insumos agropecuarios utilizados por nuestro sector productivo. Al respecto, cabe recordar que Irán es un actor relevante en el mercado global de urea y derivados petroquímicos esenciales para la fabricación de fertilizantes.

Para los países del Cono Sur latinoamericano, y en especial para el sector agroexportador uruguayo la prolongación de este conflicto implicará no solo combustibles más caros sino también un encarecimiento de los productos que se utilizan como nutrientes del suelo. Producir será más caro y eso también terminará trasladándose a los precios de los alimentos para las familias uruguayas. Se trata de una situación que reaviva la necesidad de producir fertilizantes locales y diversificar proveedores, aspecto que comienza a posicionarse como prioridad en la agenda de los países del Mercosur.

Por otro lado, la crisis en las rutas marítimas hacia esta región del mundo también afecta la llegada de componentes esenciales electrónicos y tecnológicos. En este sentido, el aumento de los seguros de carga y el desvío de buques comerciales por rutas más largas y costosas comienza a generar un efecto inflacionario en el sector tecnológico.

El combustible causa también gran preocupación. La ministra de Industria ha intentado dar señales de calma afirmando que Uruguay compra crudo principalmente en Occidente. Es verdad, pero también es un dato insuficiente porque el petróleo es un commodity global y no importa si el barril viene de Texas, Brasil o Nigeria ya que si el precio internacional se dispara por los acontecimientos del Golfo Pérsico, también pagaremos una cara factura.

Por otra parte, mientras Medio Oriente y Europa –por el conflicto de Ucrania– se consolidan como zonas de alto riesgo bélico, América Latina refuerza su imagen como refugio geográfico y político, lo que seguramente generará atracción de capitales, aumento de la exportación de petróleo desde países de nuestra región y una mejor performance nacional en la exportaciones de carne, granos y celulosa.

Algunos analistas también han señalado que cabe esperar que las crisis también funcione como un acelerador político hacia la transición energética empujando la obtención de créditos verdes internacionales y agilizando la llegada de empresas que buscan producir hidrógeno verde en lugares donde la paz y la estabilidad institucional están garantizadas.

A diferencia de otros vecinos que aún dependen de la generación térmica a partir de gas importado, petróleo o carbón, la transformación ejemplar de la matriz eléctrica uruguaya –gracias a las inversiones históricas en energía hidráulica y las más recientes en energía eólica, biomasa y solar– actúa hoy como un “airbag” macroeconómico. Contar con niveles de 98% de generación a partir de fuentes renovables otorga al nuestro país de una gran capacidad de resiliencia. Esto nos libra del temor a desabastecimiento eléctrico, no obstante, nuestro límite es el transporte y la logística, que siguen dependiendo de combustibles fósiles.

En ese sentido, la crisis actual constituye un recordatorio de que la transición hacia la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde podría llegar a ser una prioridad de seguridad para la economía nacional. La denominada “segunda transición energética”, es decir, la descarbonización del transporte pesado y la apuesta al hidrógeno verde, no se ha completado. Seguir en ese camino se perfila como una urgencia de supervivencia para blindar la economía frente a crisis como la actual en Medio Oriente y de otras futuras que puedan ocurrir en el convulsionado mundo que vivimos.

La construcción de la primera planta de producción de hidrógeno verde en Paysandú responde también a estos intereses y puede ser una importante estrategia de independencia. Sin embargo, este hito de innovación se está convirtiendo en un punto de roce social y diplomático.

El reciente cruce de declaraciones entre el intendente sanducero Nicolás Olivera y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, revive fantasmas que la región parecía haber olvidado. El gobernador entrerriano ha sido tajante al comparar el proyecto de HIF Global con Botnia, advirtiendo de posibles impactos visuales y ambientales sobre la ciudad de Colón y amenazando con recurrir a tribunales internacionales. Olivera por su parte, defendió la inversión como una oportunidad de empleo y desarrollo calificando de precipitadas la críticas entrerrianas.

Este choque de intereses soberanos locales ilustra una contradicción: mientras el mundo –y también la ONU en recientes declaraciones– empuja a abandonar el petróleo para evitar ser rehenes de crisis como la de Irán, la infraestructura necesaria para esa transición choca contra la sensibilidad de comunidades que temen por el recurso hídrico compartido, o simplemente por la estética de la fábrica.

Una vez más la diplomacia ambiental es necesaria. La transparencia en el uso del agua y el impacto ambiental tampoco puede ser una concesión, sino un seguro de bienestar general y una estrategia para que la inversión no se judicialice.

Lo que es innegable es que el conflicto de Irán demuestra que seguir atados al combustible fósil constituye una pérdida de soberanía y, por otra parte, resulta paradójico que nuestra estabilidad interna tenga tanta dependencia de un régimen que se encuentra a 13.000 kilómetros de distancia. Ignorar la conexión entre las crisis internacionales y el costo de vida en nuestro país es un lujo que no nos podemos permitir.

Hoy en día la soberanía de una nación también se mide por su capacidad de no quedar rehén de conflictos ajenos. Uruguay tiene herramientas para liderar esta respuesta regional pero el camino del hidrógeno verde exige algo más que tecnología; es necesaria una diplomacia de cercanía capaz de convencer a nuestros vecinos de que la independencia energética es, en última instancia, una carta de estabilidad para la región. El éxito de la estrategia energética uruguaya nos conviene a todos pero es importante cómo se utilice la estabilidad institucional para amortiguar impactos sin comprometer el equilibrio económico, fiscal y ambiental, mientras se aguarda la maduración de estos proyectos renovables.