Opinión

Actualmente Uruguay se encuentra en una encrucijada institucional que podría tener incidencia en las políticas de seguridad vial: la implementación de la libreta de conducir por puntos. Se trata de un sistema que busca transformar el concepto de sanción vial, pero a la vez enfrenta una serie de desafíos de implementación y administrativos.

En Paysandú y en el país en general, la siniestralidad en el tránsito no es una abstracción estadística sino que remite a personas que conocemos directamente o que alguien de nuestro círculo familiar o de amigos conoce. Es también un problema social y una herida abierta que la política nacional en la materia no ha podido solucionar.

Históricamente el sistema de tránsito ha operado bajo una lógica de impunidad pecuniaria por el cual quien posee dinero para pagar una multa por infracción de tránsito, puede seguir tranquilamente al volante. Esto ha llevado a que los conductores perciban la multa como un costo de circulación más que un correctivo.

La libreta por puntos rompe con esa lógica. Como bien lo señaló el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, durante la presentación del nuevo sistema el año pasado, el objetivo es que la sanción afecte directamente el derecho a conducir. En declaraciones publicadas por el portal de noticias de Presidencia de la República, el jerarca fue tajante al indicar que el sistema no tiene fines recaudatorios sino culturales, lo cual constituye también una forma de reconocimiento al más de 77% de conductores que según datos de Unasev, no cometen infracciones y sufren las consecuencias de una minoría imprudente.

Con el nuevo sistema se elimina la perspectiva de injusticia económica porque el punto que se pierde al cometer infracción duele lo mismo a quien conduce un auto de alta gama que al que reparte mercadería en una moto. Sin embargo, es claro que para que el nuevo sistema verdaderamente funcione y lo haga de forma eficiente, es necesario contar con una buena fiscalización.

Se trata de un tema que pone de manifiesto una tensión no resuelta entre la autonomía departamental y la necesidad de un control nacional unificado. Como es de público conocimiento, el inicio del nuevo sistema viene precedido por postergaciones por causas varias. A finales del año pasado el Congreso Nacional de Intendentes volvió a solicitar una prórroga para la puesta en marcha definitiva, proyectando el comienzo para el primer semestre del presente año y solicitando dos años para su implementación gradual.

Por un lado, las intendencias deben contar con mejor infraestructura de control a nivel local, dado que en varios departamentos aún es insuficiente. Aquí en Paysandú, por ejemplo a fines del año pasado la Intendencia anunció la incorporación de 18 nuevas motocicletas para el cuerpo de inspectores de tránsito, tratándose de un avance bienvenido pero seguramente insuficiente ante el nuevo desafío de contralor de la libreta por puntos. Podríamos preguntarnos por ejemplo qué tan efectiva puede ser la libreta por puntos si el conductor sabe que las chances de encontrarse con un control en horario nocturno o en un barrio periférico son pocas. De hecho en el interior departamental los controles son casi inexistentes, y como hemos constatado hay ciudades en otros departamentos –caso concreto de Nueva Palmira en Colonia, por ejemplo—donde los motociclistas ni siquiera usan casco, cuando es una norma nacional dispuesta por la Ley de Tránsito.

Es en este sentido, también faltan cámaras de fiscalización electrónica y no hay una base de datos que dialogue en tiempo real entre los 19 departamentos, lo que convierte a la libreta por puntos en una mejora con puntos de fuga de información. Porque para eliminar el laberinto burocrático el nuevo sistema necesita que si un vehículo empadronado en Paysandú comete una falta en la ciudad de Maldonado o cualquier otra del país, la información impacte rápidamente aquí. En este sentido, la coordinación entre intendencias, Policía, Unasev será clave para evitar la burocracia y minimizar errores en el registro de puntos.

El informe anual de siniestralidad vial 2025 presentado por la Unasev hace dos semanas, deja conclusiones desalentadoras. El año pasado cerró con un total de 471 fallecidos, un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Esto significa que, en promedio Uruguay pierde más de una vida por día en las calles, una cifra que como se ha destacado en medios de comunicación, supera la mortalidad por homicidios. En lo que respecta a los lesionados hay 77 por día, lo que supone un problema sanitario, aseguraron las autoridades.

Pero aún duele más si miramos los perfiles de las víctimas: el 60% de los lesionados circulaba en moto y el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años concentra el mayor porcentaje de fallecidos, representando el 16,5% de los fallecidos varones y el 14,6% de las fallecidas mujeres. En nuestra ciudad, donde la moto es una herramienta de trabajo y el medio de transporte de miles de personas, éste no puede ser un dato que caiga en el vacío.

El informe de Unasev revela también que el 55,6% de las muertes ocurren en jurisdicción departamental, lo cual significa que no nos estamos matando en las rutas nacionales sino principalmente en las ciudades. Allí es donde las intendencias –por una simple razón de cercanía– deberían controlar y fiscalizar adecuadamente y también donde el vecino que quizá va a trasladarse un trayecto corto debería tener cuidado y conciencia. Sin embargo, a veces no se usa el casco porque es un traslado a pocas cuadras, un padre entrega llaves a un menor sin formación adecuada para circular o el Estado no fiscaliza con el rigor que la vida ajena merece.

A pesar de esto, no sería honesto señalar únicamente a la burocracia, la insuficiencia de recursos de control o la falta de inspectores. El factor humano y personal de cada uno de quienes hacemos el tránsito es un elemento fundamental de la ecuación. Lamentablemente, hemos desarrollado una preocupante tolerancia hacia infracciones que muchas veces consideramos menores, como el exceso de velocidad en las avenidas o la falta de respeto a las señales de “Pare” en las esquinas así como otros comportamientos inadecuados que se normalizan y que ningún sistema de puntos podrá corregir si no existe una voluntad individual de cambio.

La libreta por puntos será otro fracaso si la vemos como si fuera un juego consistente en esquivar al inspector de tránsito o las cámaras en lugar de una herramienta de convivencia. Deberíamos preguntarnos seriamente si estamos dispuestos a pagar el costo de la seguridad, de que la sanción sea efectiva y no negociable o a exigir a nuestros gobiernos locales que inviertan en tecnología de fiscalización de vanguardia y controlen sin medir conveniencias políticas a corto plazo.

Las estadísticas de siniestralidad son claras y alarmantes. La libreta por puntos puede ser una oportunidad para transformar la cultura vial y salvar vidas. Sin embargo el éxito seguramente dependa de la capacidad institucional para aplicarla, la voluntad política para sostenerla en el tiempo y del la disposición de todos a ejercer nuestra responsabilidad ciudadana.

El Balance Energético Preliminar 2025, presentado por la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), volvió a mostrar una alta —por no decir altísima, que correspondería— incidencia de las fuentes renovables en la matriz de generación eléctrica, un 98%. Más allá de este dato puntual, cabe hacer algunas consideraciones acerca de la información presentada en el informe, que es un avance apenas del definitivo, que verá la luz a mediados del año. El título con el que se presentó fue “Uruguay continúa reduciendo la participación de fuentes fósiles en la matriz primaria”. También podría marcarse como destaque que Uruguay produjo un 8% menos que el año previo, 2024, mientras que el consumo final eléctrico aumentó 2% y hubo que apelar a más importación.

De acuerdo con el informe, el sector industrial volvió a ser el líder en el consumo final energético (52%), y en ello tuvieron una participación importante los residuos de biomasa. También se destaca el gran aumento que tuvo el consumo eléctrico en el sector del transporte en 2025, que se triplicó respecto a 2024 y pasó a representar casi el 1% de la electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Este dato es relevante en un contexto en el que los automóviles eléctricos está en un momento de auge, aunque no es directa la conversión de un eléctrico más / un “naftero” menos, porque la casuística es amplia. También, en buena medida, este dato responde al crecimiento de la flota eléctrica en el transporte urbano de Montevideo y el área metropolitana, que ha tenido un crecimiento muy significativo en unidades. En una entrevista con Radio Carve, el expresidente de Cutcsa, Juan Salgado indicaba que la empresa alcanzó el 25% de la flota electrificada, con 281 unidades en circulación y que el objetivo es alcanzar el 100% de buses eléctricos en 2040.

Volviendo al Informe de la Dirección Nacional de Energía, la generación eléctrica el año pasado fue de 15.855 GWh, lo que es un 8% menos que lo generado en 2024. Al mismo tiempo, el consumo final eléctrico creció un 2% y resultó en un valor de 13.488 GWh. El año pasado se exportó la mitad de energía eléctrica que en el año previo (1.022 GWh), mientras que la importación de electricidad fue de 633 GWh, luego que en 2024 había sido de solo 7 GWh.

Siempre de acuerdo al Balance Energético Preliminar, si miramos la composición por fuente de generación, en 2025 la hidroelectricidad se ubicó el primer lugar en la matriz de generación (6.100 GWh). Esto no es novedad, porque históricamente lo ha sido, y aunque sobre todo los últimos meses del año pasado fueron de una sequía importante, en realidad en la mitad norte del país las lluvias no fueron escasas, como tampoco lo fueron en la cuenca alta del río Uruguay, que son los datos relevantes a tener en cuenta para la generación hidroeléctrica. Así, aunque parezca una paradoja, hubo buena generación hidroeléctrica mientras se generaban las condiciones para una emergencia hídrica. A la que otorgaron las represas, le siguió en importancia la electricidad de origen eólico (4.457 GWh) y la obtenida a partir de la quema de biomasa (4.415 GWh). La energía eléctrica generada a partir de energía solar y con combustibles fósiles fue de menor magnitud: 591 GWh y 293 GWh, respectivamente. De allí el dato de que la matriz de generación eléctrica fuera 98% de fuentes de origen renovable en 2025.

El último párrafo refiere al consumo energético —en general, no solo la electricidad—, y al respecto indica que se registró un crecimiento en 2025 del 2% respecto a 2024, que, al igual que en años anteriores, lo lideró el sector industrial (52%), seguido por el sector transporte (25%), el consumo residencial alcanzó al 14%, el comercial, servicios y sector público al 6% y las actividades primarias el 3%.
En cuanto a las fuentes, el 38% del consumo final energético correspondió a residuos de biomasa —esperable con la incidencia que tiene en nuestro país la actividad forestal—, que tuvo un crecimiento de 7% respecto a 2024, luego siguieron el consumo de electricidad (19%) y de gasoil (16%), con aumentos de 2% en cada caso.

El informe ministerial también hace referencia a las emisiones a la atmósfera. “El factor de emisión de CO2 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue de 12 toneladas de CO2 por GWh de electricidad generada y entregada a la red, indica. Si bien se duplicó respecto a 2024, se mantuvo entre los niveles más bajos de los últimos diez años”. Aunque este es un dato que de este lado del Atlántico parecemos desdeñar, o menospreciar, en el contexto actual de activación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, donde este tipo de datos son sumamente valorados, el que se mantenga una generación eléctrica baja en emisiones puede favorecer a productos nacionales a la hora de posicionarse en el exterior.

Es pronto para verlo, por supuesto. En todo caso corresponderá más adelante sopesar si los esfuerzos adicionales que el país —el país en este caso somos todos quienes pagamos por la energía— está haciendo por convertir su matriz eléctrica se ve recompensado. Porque aunque el viento, el agua y la luz del Sol sean “gratis”, las inversiones que se han hecho para captar la energía que proveen no lo son, ni cerca. Por ello, aunque se trate de energías renovables, dependen de infraestructuras costosas que hay que comprar, instalar y mantener.

La ventaja es que —al menos una vez instaladas— no dependen de los precios internacionales del petróleo y de que esté abierto o no el paso de Ormuz, son fuentes genuinamente nacionales y los pasos que se han dado, se dieron en el marco de —acertadas— políticas de Estado que datan de fines del siglo pasado y que se han mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos que han transcurrido.

Recientemente tuvo lugar una nueva instancia en las gestiones y planteos de nuestros gobernantes, gremios y actores de diversas áreas del departamento ante autoridades nacionales, en la que trasladaron su inquietud por la situación que se plantea con la suspensión temporal de la operativa de AmBev y los serios problemas que enfrentan asimismo otros emprendimientos en nuestro departamento, con secuela de cierres y envíos al seguro por desempleo de cientos de trabajadores.

No es un secreto para nadie que Paysandú ha visto incrementadas año a año las dificultades y los desafíos para superarse y más aún, para tratar de seguir ocupando un lugar de destaque por laboriosidad y espíritu emprendedor en el concierto nacional y regional, como ocurriera con particular fulgor en las décadas en que se instalaron y funcionaron las grandes fábricas, e incluso para generar oportunidades de trabajo digno dentro de sus fronteras.

En el caso que nos ocupa, la industria cervecera local hace tiempo que desapareció y ha quedado en su lugar la maltería de la multinacional AmBev, en el marco de un proceso que en mayor o menor grado ha afectado a los grandes establecimientos de aquel Paysandú industrial que fue nuestro legítimo orgullo, en un contexto global muy diferente al actual y con nuestro país plegado a las políticas proteccionistas entonces en boga, en muchos casos a través de subsidios que alentaron las inversiones de los capitales que crearon fuentes de trabajo en nuestro medio.

Hoy la realidad nos presenta un escenario muy diferente, y nuestro departamento se encuentra entre los que presentan mayor índice de desempleo a nivel nacional, con altibajos coyunturales por una u otra razón, pero siempre dentro de la misma tónica de reducción de la oferta laboral, porque el impacto del cierre gradual de las fábricas, de los miles de puestos de trabajo que generaban, no ha podido ser suplido por otras actividades y menos aún con oferta de empleos de calidad.

Es decir, la reconversión no ha sido fácil, porque aquellas políticas de la década de 1940 en adelante, que generaron condiciones para la radicación de capitales en Paysandú, cerca de los centros de producción de materia prima, resultaron sostenibles mientras se aplicaban en el país políticas proteccionistas, con fuertes subsidios directos e indirectos, pero también porque Uruguay era más competitivo a nivel global, donde los países orientales como China, Tailandia o Singapur no pesaban en el comercio mundial.

Pero con el paso del tiempo, nuestro país debió abrirse al mundo ante una situación insostenible por los cambios globales, y muchas de estas empresas fueron desapareciendo como consecuencia de la realidad. Y en el contexto general, Paysandú fue uno de los más afectados, sufriendo duros golpes con la pérdida de emprendimientos que significaron miles de puestos de trabajo, lo que incluso se vio agravado luego con la entrada en vigencia del Mercosur.

Una premisa que debió haberse aprendido –esperamos que sí, pero otra cosa es poder traducirlo en hechos, ante el escaso margen de maniobra que se da en nuestra economía– es que no es posible crear fuentes de trabajo si no se generan atractivos para los inversores, a los que hay que ofrecerles condiciones para que vengan con su capital a dar trabajo mediante emprendimientos viables. Estas condiciones favorables deben formularse a través de medidas de estímulo desde el gobierno nacional, respetando las consecuentes normas y controles medioambientales, pero asimismo con una cuota parte significativa de los gobiernos departamentales.

El punto fue expuesto también en el encuentro reciente con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, con el intendente Nicolás Olivera y ejecutivos regionales de AmBev, para analizar las implicancias de la paralización de la actividad de la empresa hasta el próximo 30 de junio y la posibilidad de reemprender normalmente sus actividades.

Una posibilidad que expuso el intendente Olivera, al señalar la buena disposición de las autoridades del área económica para encontrar respuestas, refiere a que las autoridades se comprometieron a analizar la posibilidad de aumentar los reintegros a las exportaciones, que son del 3 por ciento, para llevarlas a un 6 por ciento, como reclaman los empresarios, en tanto el 8 del corriente el intendente se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en encuentro en el que este tema y el de las industrias sanduceras en general estará en el eje de las conversaciones.

Igualmente, no puede soslayarse que para los sanduceros, como así también como para el Interior más lejano de Montevideo, se conjugan en las soluciones de fondo conceptos como competitividad y productividad, que están relacionados, pero en lo que respecta a la geografía y realidad socioeconómica, hay que asociarlo con logística y sobrecostos de la lejanía con Montevideo, que agravan la condición de país caro del Uruguay.

Y por lo menos en esta coyuntura y en el mediano plazo, sin tener en cuenta lo que puede pasar en el escenario global con conflictos bélicos focalizados y otros factores distorsionantes que pueden aparecer en el concierto internacional, es de esperar que dentro de un margen de maniobra muy acotado y condicionantes estructurales muy rígidas y difíciles de modificar, surjan del área de Economía e Industria respuestas a tono con un desafío que apunta en primer lugar a preservar lo que ya tenemos y que está en riesgo.

Pero en el futuro inmediato tenemos por ejemplo en proceso el proyecto de HIF Global, de la planta de e-combustibles al norte de Paysandú, la inversión más grande de la historia que tendría el país, y cuya viabilidad está centrada actualmente en lograr un acuerdo de precio de venta de la energía de UTE para este emprendimiento. Es de esperar que estas negociaciones tengan el resultado positivo que todos esperamos, como espaldarazo para Paysandú y la región, y que sería un acontecimiento descollante, para dar la pauta de un principio de cambio de pisada que tanto necesitamos por estos lares.

Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sus dispositivos brindaron asistencia a más de 13.000 personas sin hogar y, con respecto al año 2024, supone un incremento del 20%.

Unas 1.500 personas accedieron por primera vez al sistema de alojamiento que registró un total de 8.266 plazas o un aumento del 50%.

Estas cifras se ubican en un nivel bastante más elevado en comparación al panorama que mostraba el último censo correspondiente a 2023, cuando se apuntaba a una población que oscilaba entre 1.300 y 2.700 personas. El problema, históricamente concentrado en la capital del país, se extiende por todo el territorio y cerca de 1.000 están fuera de Montevideo.

Las redes sociales y los medios de comunicación viralizan cada vez más esta situación que, además, es motivo de cruces dentro de la propia fuerza política en el gobierno, así como desde la oposición.

La consultora Cifra mostró que el 62% de los votantes frenteamplistas evalúa positivamente el operativo encabezado por el Ministerio del Interior y el 74% del total de los consultados se manifestó de acuerdo con el traslado de las personas aún contra su voluntad.

Las opiniones son contundentes: ocho de cada diez votantes de la oposición, pero también siete de cada diez votantes del Frente Amplio se manifestaron de acuerdo con la internación compulsiva.

Esta presión hacia el gobierno se agudizará en los próximos meses ante el descenso de la temperatura y la necesidad de resolver acorde a las circunstancias para evitar el antecedente del año pasado, con el fallecimiento de al menos siete personas. La intensidad de los reclamos obligó a alinear fuerzas detrás del Mides junto al Ministerio del Interior, entre otros organismos, y establecer un programa intensivo con la declaración de alerta roja para esta población en calle.

En estos días, el gobierno anunciará un plan de contención ya resuelto en el último Consejo de Ministros celebrado antes de la semana de turismo. Con la mira puesta en un abordaje “integral”, el ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó que aplicará una “estrategia de abordaje” junto a otras herramientas sociales.

Este plan se elaboró a raíz de 40 encuentros nacionales realizados en el país –la mitad en el Interior– con unas 2.000 personas entre técnicos, ciudadanos y personas afectadas.

Pero el problema son los desbordes públicos que visibilizan aún más esta problemática. Al incremento de personas en calle, se suman las situaciones de convivencia, hurtos y vandalización que cruzan a la opinión pública.

Lo hablan en el comité, entre los legisladores oficialistas y distintos dirigentes, que no encuentran respuestas a un problema que crece. Algunos lo escriben en sus redes sociales, otros lo señalan públicamente y una mayoría lo comenta con micrófonos apagados. No es fácil ni rápido de resolver, porque eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. El problema de la calle no se quita sólo con voluntad política para tomar la decisión y la convocatoria de la fuerza pública para que levante los campamentos.
Resulta una imagen cotidiana que ocupen espacios públicos y veredas en condiciones paupérrimas, provocadas por el consumo problemático de sustancias. Entonces, la solución no es únicamente una vivienda para salir de la intemperie.

Por un lado, se ve públicamente la pérdida de la dignidad humana. Pero también se observa nítidamente el hartazgo de la sociedad. Las comunidades se encuentran divididas entre quienes opinan sobre la necesidad de un enfoque basado en derechos, y aquellos que reclaman medidas más duras con la obligatoriedad de tratamientos contra las adicciones que prioricen la convivencia.

Porque la sociedad en su conjunto ya ha manifestado de manera reiterada, que la creciente inseguridad impacta en los barrios y la presencia de personas que pernoctan en cualquier espacio propicia el desorden y la percepción de la normalización de la falta de reglas de convivencia. No es momento para defender al gobierno a toda costa o sentarse a tirar piedras mientras el fenómeno crece en el mundo entero. En Uruguay, aún se habla del enfoque comunitario de la salud mental, pero la comunidad no está preparada para ese enfoque. La extrema exclusión empeora con el consumo de drogas duras y alcohol, además de sus vinculaciones con el delito.

La sostenibilidad de los programas de atención a la salud mental deberán tener una continuidad y seguimiento sostenido en el tiempo. Y no hay suficientes recursos económicos –en primer lugar– para contratar técnicos, establecer una logística y organizar un lugar de alojamiento para el abordaje del consumo crónico de los usuarios. Después, para evitar el retorno a lo que ya conocen en la calle, deberán ser incluidos en planes de viviendas y de vinculación laboral.

Cada cinco años la ciudadanía invierte proporciones importantes de sus impuestos en programas sociales enfocados a distintas políticas presupuestales. Hace años que escuchamos hablar de salud mental, pobreza, infancia y adolescencia. Los diagnósticos están superados por la realidad.

No hacen falta más estudios ni consultas específicas sobre el tema porque la voz ciudadana se encarga de avisarle a los gobiernos de turno que el problema sigue allí.

Fallaron varias administraciones y también el enfoque de las políticas educativas y de trabajo. El Estado se fue retirando de algunos barrios, el narcotráfico ganó espacio con el paso del tiempo y el abuso de sustancias se instaló en una población vulnerable que nada tenía que perder. El sistema represivo y el panorama carcelario agravó aún más el problema, porque salen sin nada y a la calle nuevamente.
Este fenómeno que dejaron que se extendiera en el tiempo, ahora es mucho más complejo, tiene varios orígenes y no converge en la “revolución de las cosas simples”.

A través del territorio nacional, en forma tan silenciosa como efectiva, una plaga arrasa con todas las palmeras que encuentra a su paso: el picudo rojo (Rynchophorus ferrugineus). Si bien su principal hospedante es la palmera canaria, se ha encontrado atacando otras especies, incluyendo Butiá y Pindó.
Mientras tanto, Uruguay se encuentra ocupado con los temas que habitualmente se discuten en nuestro país: la creación del Ministerio de Justicia, el caso Cardama, el desempeño de la selección uruguaya de cara a la Copa Mundial del Fútbol de este año, y tantos otros temas que ayudan a entender por qué los gobernantes romanos decían que al pueblo había que darle “pan y circo”. Eso es lo que hicieron los políticos romanos pero es también los que hacen sus colegas uruguayos: distraer a la gente de los temas importantes mientras ellos viven del pueblo, cobran sueldos abultados y ponen a sus amigos y militantes en puestos de confianza.

La información publicada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) en diciembre de 2025 en la página web www.gub.uy es una muestra irrefutable de la improvisación con la cual se manejan los temas en nuestro país, así como de la costumbre de culpabilizar al gobierno anterior de cualquier situación, evitando asumir cualquier tipo de responsabilidad por la gestión actual.

En efecto, el portal señalado indica que “Dada la poca experiencia generada debido a su reciente introducción en 2022, la severidad del daño y el impacto que pueda llegar a tener en las especies nativas es aún incierto. La información pública con que se cuenta sobre la biología y comportamiento del insecto a nivel nacional es muy reducida. En principio, los adultos se han empezado a observar a inicios de primavera siendo su máxima expresión hacia finales de otoño. Se desconoce claramente cuándo inician las posturas de huevos y hasta qué momento del año se continúan, proceso que en los insectos está fuertemente ligado a la temperatura. En la palmera canaria los estados inmaduros de la plaga penetran por la única yema de crecimiento, ubicada en la cima de la palmera. Su detección temprana es dificultosa, por lo que cuando los síntomas son claramente visibles, muchas veces, es demasiado tarde para realizar el control químico con insecticidas, siendo que no resulta efectivo y la palmera finalmente muere”.
La información del MGAP destaca, asimismo, lo siguiente: En el caso que no se tomen medidas de prevención o control, o se tomen tarde, la plaga termina matando a la palmera infestada.

Esto implica que tarde o temprano la palmera tenga que ser extraída ante el riesgo de provocar accidentes. Una vez definido que el daño es irreversible se debería realizar la extracción, chipeado de hojas, trozado, y destrucción o enterrado de los restos para evitar que la plaga siga desarrollándose e infeste a otros ejemplares. La responsabilidad de la ejecución de las medidas fitosanitarias será de las autoridades locales según la localización del ejemplar afectado según se detalla a continuación: a) las Intendencias en el ornato público; b) los organismos del Estado afectados, en predios estatales (gobierno nacional, entes autónomos, organismos descentralizados, Anep u otros); c) el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en las rutas nacionales y caminos vecinales y d) los propietarios/as de las fincas urbanas o rurales. Las medidas serán ejecutadas a su costo, sin que esto genere indemnización por parte del Estado”.

El picudo rojo no es nuevo. En efecto, la especie fue detectada por primera vez en España en el año 1994 en la provincia de Granada (donde se introdujo con la importación de palmeras ornamentales infestadas por la especie desde el Norte de África) y posteriormente ha ido apareciendo por otras zonas, a lo largo de las áreas de palmeras del sur y este de la Península y en Canarias. Las perspectivas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España son muy poco alentadoras: “Las principales dificultades en cuanto al control de este insecto son: La tolerancia de la especie a temperaturas relativamente bajas, la dificultad que existe para detectar a los ejemplares y la dificultad para llevar a cabo un seguimiento en las palmeras en recintos privados. Teniendo en cuenta la dificultad para la detección de la especie, su control es difícil y costoso”.
Todo lo anterior deja en evidencia que han pasado más de 30 años desde que España estaba en alerta por esta plaga pero los gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional que han gobernado desde esa fecha no hicieron nada al respecto. En algunos círculos se menciona que el picudo rojo ha llegado a Uruguay en importaciones de palmeras de Brasil o México (una actividad comercial que mueve muchísimo dinero en nuestro país) pero tampoco en este sentido las autoridades de los gobiernos de Lacalle Pou y de Orsi han investigado demasiado. Todo muy llamativo, aunque todo muy “a la uruguaya”: las responsabilidades se van disolviendo poco a poco y el paso del tiempo termina siendo el mejor cómplice que tienen los culpables, siempre apoyados por jueces y fiscales temerosos de aplicar la ley vigente por miedo a la que la opinión pública los culpe por ello. Así estamos.

Ante la desidia oficial, la organización civil uruguaya se ha organizado. De acuerdo con la página web www.picudorojouruguay.com se han realizado 781 reportes de ciudadanos que identificaron palmeras con señales de estar infectadas y se han producido 65.106 registros de palmeras provenientes de organizaciones públicas y privadas. De acuerdo con este portal, “Picudo Rojo Uruguay es una iniciativa de monitoreo colaborativo para la detección y control de plagas en palmeras. Tu participación es fundamental para proteger nuestro patrimonio natural. Somos un equipo de profesionales voluntarios comprometidos con la protección de las palmeras en Uruguay. Cada miembro aporta su experiencia y dedicación para hacer posible este proyecto de monitoreo ciudadano”. De acuerdo con lo informado oportunamente por el diario El Pais, al 10/03/26 la Intendencia de Montevideo había retirado 1.200 palmeras de los espacios públicos por la afectación de la plaga.

La incapacidad de los gobiernos de Lacalle Pou y de Orsi para prevenir esta plaga y para combatirla una vez que la misma llegó a nuestro país, es un cruel reflejo de cómo los políticos uruguayos manejan (¿o debemos decir “patean para adelante”?) los temas realmente importantes (inseguridad, déficit fiscal, demografía, suicidio, seguridad social, pobreza infantil, entre otros tantos) sin lograr acuerdos mínimos para diseñar, aprobar y ejecutar políticas de estado. Frente a este panorama, el picudo rojo sigue avanzando y basta con transitar las rutas de nuestro país para ver palmeras cortadas en su copa por haber muerto por esta plaga. Esta pérdida de árboles terminará afectando el turismo sanducero en general y el turismo rural en particular, ya que los mismos forman parte esencial del paisaje de nuestro departamento. El momento de actuar y de reforzar las acciones que se pudieran estar realizando es ahora y en eso las autoridades publicas no pueden complacientes, omisas o negligentes.

Nuevamente debemos referirnos al tema de la gestión del Vertedero Municipal y las acciones adoptadas por el intendente Olivera. En este caso, como ya adelantamos, lo que nos convoca es la rescisión del contrato con Sandeco, la adjudicación a la empresa Teyma y el viaje a Italia del Sr. intendente, pago por Teyma. Lo primero que llama la atención, es cómo Olivera ocultó a la población de Paysandú, la millonaria inversión en la nueva forma de gestión de los residuos en el Vertedero, y cómo esa nueva forma de gestión fue un rotundo fracaso.
Ya explicamos que el Sr. intendente gastó dinero de todos los sanduceros por cerca de un millón de dólares para comprar la máquina encapsuladora, hacer la obra civil etc., en un proceso que terminó con la máquina rota un día sí y otro también y con basura acumulada de hasta un mes en las puertas del Vertedero.

Pero esto no es lo único, Olivera sabía esto desde hacía tiempo y eligió ocultarlo, diciendo en mayo de 2025 que la gestión era un éxito, solo faltaba que la gente fuera a vivir al lugar, de lo bien gestionado que estaba, teniendo en este caso responsabilidad también muchas fuerzas vivas de la sociedad, que veían este desastre y prefirieron callarlo.
En el acceso a la información pública contestado el 24 de marzo de 2026, se agrega y certifica algo que también decíamos, pero que nos era negado de manera permanente, Sandeco no estaba pagando a sus trabajadores, les pagaba menos que un salario mínimo, no les daba cursos de seguridad, les debía salarios, vacacionales, aguinaldos, etc., y esto la IDP lo sabía al menos desde junio de 2025, esto es, un mes después de las elecciones municipales, todo lo que también se le ocultó a la población de Paysandú.
Obvio que todo este desmanejo administrativo trajo aparejado que no solo Sandeco fuera demandada judicialmente, sino que también la Intendencia hoy día tenga juicios laborales de varios trabajadores de esa empresa por los créditos impagos, de acuerdo a la ley de tercerizaciones.
Ahora bien, estos juicios los debe pagar también la población de Paysandú, es decir, no solo gastamos un millón de dólares en un sistema inoperante, se metió a una empresa que no sabía lo que hacía, que incumplió la normativa laboral más elemental, sino que además de todo este desastre debemos pagar millones de pesos en indemnizaciones a los trabajadores de Sandeco, los que ya han demandado a la Intendencia, como debe ser; hermosa forma de cuidar el dinero de los sanduceros, ¿no? Y ojo, que ese es el mismo intendente que manda un presupuesto a la Junta con un impuestazo en el peor momento económico del departamento en años, y que regala la plata de Paysandú en estas aventuras sin ninguna razón. ¿Usted no desconfiaría?

Ahora, ante este panorama, ¿cuándo la Intendencia da por rescindido el contrato? Pues bien, recién el 17 de noviembre de 2025, pocos meses después de haber alabado la gestión de la empresa, que terminó además embargada por más de $7.000.000 (siete millones de pesos), con el agravante que la garantía de fiel cumplimiento que era obligatorio que tuviera, estaba vencida, es decir, los gobiernos del Partido Nacional tienen un problema con las garantías flojas de papeles.
Recordemos además, que esta empresa era una de las que el intendente promocionaba como parte de la lluvia de inversiones que llegarían en el marco del “Paysandú for export”, realmente, para “inversiones” como ésta, que nos van a costar millones y millones a los sanduceros, mejor no, intendente.

En fin, después de este desastre y sin haber hecho una autocrítica pública y una rendición de cuentas de lo gastado y de las deudas que tendremos que asumir, el intendente tiene la suerte de irse de licencia con el sueldo pago por todos nosotros a Italia, concretamente a la feria internacional “Ecomondo”, en la ciudad de Rimini, entre el 1° y el 8 de noviembre de 2025, a interiorizarse sobre temas vinculados al tratamiento de residuos. Y ante la pregunta de quién había pagado el pasaje de ese viaje, se nos responde que lo hizo la empresa Teyma, empresa que, como todo el mundo sabe y conoce, tiene una multiplicidad de contratos con el Estado; desconozco si los tiene o los tuvo con la Intendencia, pero llama la atención que un proveedor pague a un ordenador primario de gasto como lo es el intendente, un viaje de ese porte. Se aclara en el acceso a la información, que el intendente tuvo 2.000 euros de viáticos a su disposición y no los usó, o sea que debemos pensar que los gastos de alojamiento, visitas, comidas, los habrá abonado el Sr. intendente de su bolsillo, o la empresa que lo invitó. Esto llama poderosamente la atención, pero resulta más llamativo aún, si reparamos en que, una vez retornado a Paysandú, lo primero que hace es rescindir el 17 de noviembre de 2025, y acto seguido le adjudica a la empresa Teyma la gestión del Vertedero, sin licitación previa y por la vía de la contratación directa.
Para que se entienda, venimos de una gestión paupérrima, no hay rendición de cuentas, no sabemos a ciencia cierta en qué se equivocó la Intendencia, no sabemos cuánto más nos va a costar la fiesta del Vertedero, y el intendente decide adjudicar en forma directa a la empresa que le pagó un pasaje a Italia la gestión del Vertedero, eso sí es gestión, se podría decir.

En el punto, queremos decir que las acciones del intendente han sido omisas con relación a Sandeco, y en este caso, en nuestra opinión, han sido poco transparentes, ya que, convengamos que resulta por lo menos raro, que una empresa te pague un viaje a Europa y acto seguido le adjudiques un contrato sin licitación. A eso se debe sumar que la ley de ética Pública Nº 19.823, establece en su Artículo 13, lo siguiente: “(Probidad)- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública”. Lo dicho, en la función pública, como en la vida, no solo hay que serlo, sino también parecerlo.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

La política no es, en un sentido estricto, una suma de gestos ni una secuencia de declaraciones. Es el proceso mediante el cual una fuerza social se organiza para producir transformaciones reales en la estructura de la sociedad. Esa fuerza no existe de manera espontánea: se construye, se acumula y se orienta. Y esa acumulación –material, simbólica, organizativa– es siempre el resultado de decisiones conscientes, de mediaciones institucionales y de una estrategia compartida.
Antonio Gramsci lo formuló con claridad al pensar la política como construcción de hegemonía: no basta con tener razón ni con expresar demandas legítimas; es necesario articularlas en un proyecto capaz de convertirse en sentido común mayoritario. Esa hegemonía no se improvisa ni se declama: se trabaja. Supone organización, disciplina colectiva y una relación coherente entre pensamiento, acción y palabra pública.

Como advertía Líber Seregni, la política no puede pensarse solo desde la consigna o el impacto inmediato, sino desde la responsabilidad de resolver pensando en el día después. Gobernar implica anticipar consecuencias, sostener coherencias y cuidar la fuerza acumulada, no dilapidarla en gestos efímeros. Esa mirada estratégica fue una de las claves de la acumulación histórica del Frente Amplio: la paciencia política como forma de responsabilidad.
Una fuerza social de cambio no se define solo por sus intenciones, sino por su capacidad de articular voluntades, producir sentido común y sostener un horizonte de transformación. Esa capacidad se acumula en el tiempo, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el programa y la práctica, entre la palabra pública y la experiencia concreta de gobierno. Max Weber advertía que la política es una vocación precisamente porque exige responsabilidad por las consecuencias de los actos, incluidas y –especialmente– las consecuencias de la palabra.
Es ordenar prioridades
En ese proceso, la comunicación no es un adorno ni un problema técnico. Es una dimensión constitutiva de la acumulación política. Comunicar no es simplemente informar: es ordenar prioridades, delimitar conflictos, construir legitimidad y proteger el capital político acumulado. Pierre Bourdieu mostró cómo la palabra autorizada no describe la realidad: la produce. En política, hablar no es neutral; es ejercer poder simbólico.

Seregni insistía en una ética política exigente: decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. No como fórmula moral, sino como principio de conducción. En política, la palabra compromete, ordena expectativas y construye confianza. Separarla de la decisión es vaciarla de sentido.
Por eso, en un gobierno que se propone transformar, la comunicación no puede ser exploratoria ni errática. Debe estar subordinada a una estrategia, no reemplazarla. Cuando la comunicación se desacopla de la organización y de la planificación, deja de ser una herramienta de acumulación y se convierte en un factor de desgaste. No amplifica la fuerza social: la dispersa. No clarifica el rumbo: lo vuelve incierto.
El problema no es el “ruido”. El problema es la ausencia de política allí donde debería haber conducción.

Ocurrencias no, ideas sí

Hacer política no es emitir ideas al pasar ni ensayar ocurrencias en el espacio público. Hacer política es organizar, planificar y comunicar en función de decisiones que se están construyendo colectivamente. Cuando esa secuencia se invierte –cuando se comunica antes de organizar, cuando se habla antes de decidir– no aparece el ruido: aparece el vacío. Ernesto Laclau insistía en que la construcción política requiere articulación: sin ella, las demandas no se suman, se neutralizan.
La noción de “ruido” en la comunicación de gobierno resulta seductora porque desplaza la responsabilidad. Sugiere que el problema está en la recepción, en la interpretación o en la amplificación mediática. Pero en el ejercicio del gobierno no existe la palabra inocente ni el ensayo sin consecuencias. Hablar ya es decidir, o al menos simular que se decide. Y esa simulación tiene efectos reales: genera expectativas, temores, alineamientos y rechazos.

Trabajar sobre ocurrencias no es una forma imperfecta de hacer política; es no hacerla. La política democrática, especialmente desde una fuerza que se reclama transformadora, exige densidad conceptual, deliberación interna y coherencia estratégica. No porque deba ser rígida, sino porque debe ser responsable. La improvisación no es audacia; es desprotección institucional.
Cuando una idea sensible –sobre empresas públicas, ahorro, inversión o propiedad– se lanza sin marco, sin proceso y sin respaldo colectivo, no se abre un debate: se habilita una captura discursiva. La derecha no necesita refutar; le basta con amplificar. Y la base social no discute; se desconcierta. La experiencia histórica del Frente Amplio muestra que su fortaleza no estuvo nunca en la ocurrencia individual, sino en la síntesis colectiva y en la construcción paciente de mayorías sociales y políticas.

El problema, entonces, no es comunicacional en sentido técnico. Pensarlo de ese modo implicaría una mirada reduccionista de la acción política, como si se tratara de un problema de formatos, vocerías o eficacia del mensaje. En realidad, lo que está en juego es la construcción de mayorías, la acumulación de fuerza social capaz de dar sustento a una síntesis entre las diversas posiciones que atraviesan al sistema político. La comunicación no reemplaza ese proceso: lo expresa, lo ordena y lo protege.
La teoría política cumple aquí un papel preciso: dar soporte doctrinario a la planificación y a la acción, no sustituirlas ni convertirse en noticia. La teoría orienta, anticipa y ordena; la política ejecuta. La noticia no es la hipótesis ni la ocurrencia, sino la acción realizada, reconocible y sostenida. Cuando esos planos se confunden, no hay exceso de reflexión: hay déficit de conducción.
La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero en política y más aún en el ejercicio del gobierno, no es gratuita. Tiene su peaje. Ese costo no se paga en abstracto, sino en términos de acumulación, de confianza y de capacidad de conducción. Quien habla desde una responsabilidad pública no lo hace solo a título personal: compromete una fuerza colectiva, habilita interpretaciones y produce efectos.

La libertad de decir lo que se piensa no exime de la obligación de pensar políticamente lo que se dice, ni de asumir las consecuencias de hacerlo fuera de una estrategia compartida. En política, la palabra es acción. Y cuando se la ejerce sin planificación ni síntesis, el precio no lo paga quien habla, sino el proyecto que se pretende conducir. Lo que entonces se devalúa no es la libertad, sino la unidad que hace posible transformar.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi fue invitado por Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, para participar del lanzamiento de la plataforma “Movilización Progresista Mundial”. Si va, deberá viajar a Barcelona este mes. Se trata de una iniciativa del inefable Sánchez para “facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda”. ¡Tomá! Se dice, para ser más claro, que la idea es “ofrecer una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha” en un “momento en que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica”. ¿Un momento oportuno? Según como se le mire.
La presencia de Orsi los vestiría algo mejor. Irán Lula de Brasil, nuestro paradigma –¿hasta cuándo?– y Petro de Colombia, quien no podrá asumir compromisos por muchos meses. No figuran como invitados, según lo que se sabe, Daniel Ortega de Nicaragua ni Miguel Díaz-Canel de Cuba; quizás por ser de izquierda o extrema izquierda. O quizás para esconderlos –son medio impresentables– aunque estará Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, más notorio como el gran amigo de la Venezuela chavista en general y de Nicolás Maduro en particular.

Objetivamente Orsi les levanta el promedio. Es que los nombrados señores que allí estarán podrían también aprovechar “el momento” para lanzar una plataforma de presidentes presuntamente con problemas vinculados a la corrupción, según se ventila y se investiga en su respectivos países, por “involucramiento” de ellos mismos o de parientes muy cercanos y/o allegados muy estrechos. Vaya uno a saber. La pregunta es: ¿será necesario y oportuno en este momento que el presidente de Uruguay se embarque en esa cosa? Anda mucho loco suelto por aquí, por allá y por todos lados y hay que manejarse con prudencia. Sánchez está jugado, solo le falta declararle la guerra a EE.UU. En algo se parece al israelita Benjamín Netanyahu: tratan de demorar o tapar problemitas internos. Brasil con Lula a la cabeza viene de ala caída, ya no es el país potencia –de futuro– de tiempos pasados, razón por lo cual, quizás, en Cancillería deberían revisar el manual seguido hasta ahora. ¿Y Petro?; es cuestión de meses, dicen en Colombia. Para Uruguay no es fácil, tiene que hilar fino. Javier Milei no tiene problema, lo de él es visceral, además no es muy audaz pensar que lo tiene (Trump) medio agarrado de los pelos (por decirlo así).

Es claro que aquí el gobierno no puede ni debe meterse en lo que hacen los partidos políticos, aun aquellos que son parte importante de la coalición de izquierdas que gobierna. Se explicarían así los saludos a la bandera: lo del presidente del Frente Amplio a Cuba, las posiciones ultras en relación al Medio Oriente, sus organizaciones terroristas y la guerra –un visita y meras declaraciones es cierto– y por supuesto su antiimperialismo que se arrastra desde la Unión Soviética y el siglo pasado y resulta ser la lamparita que ilumina y explica lo que sea, incluso que dos más dos no es cuatro. Se va caminando por una cornisa que es la que deja libre este alocado mundo de ahora y, por tanto, el espacio no es mucho; hay que hacerlo con cuidado entonces. Tenemos problemas internos serios y que pueden ser más serios todavía: qué necesidad de salir a comprar otros más afuera.

Días pasados, en la sede central de UTU, en Montevideo, se entregaron reconocimientos a los primeros egresados del Proyecto MateM, una propuesta educativa que se plantea el objetivo de disminuir la desigualdad en el aprendizaje matemático y mejorar los puentes entre la educación media y el nivel terciario. En la iniciativa intervienen las facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, el Consejo Directivo Central de la ANEP y la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

Durante este evento se valoró la búsqueda de consolidar estrategias educativas conjuntas en base a las necesidades del estudiantado de todo el país. Wilson Netto, subdirector general de UTU, señaló que el proyecto es un esfuerzo entre las instituciones “para corregir defectos históricos que hemos tenido en la enseñanza de la matemática”. Para el funcionario se generó una herramienta capaz de crear nuevos espacios para los estudiantes y acercar posiciones entre la educación media y el nivel terciario, a la vez que se propone un crecimiento profundo del conocimiento, en especial en el Interior. Para la inspectora coordinadora de área, Guadalupe Barreto, “MateM viene a tratar a las matemáticas de una forma diferente, viene a cubrir materialmente, y no solo formalmente, lo que la ley mandata, que es la trayectoria continua y completa del estudiante”. Viene a mostrar “que es posible, y que la matemática no es un impedimento para darle continuidad a lo que son las facultades de ingeniería y economía”.

MateM es un proyecto que se originó en 2021 en el Instituto Superior Tecnológico Arias Balparda, como parte de una solución articulada entre los diferentes niveles educativos. Allí se generaron “estrategias entre ambas instituciones que, junto con la Inspección de Matemática, permitieron idear soluciones acordes a las necesidades de estudiantes de todos los departamentos”. Trabajando sobre la plataforma virtual ProEva, el programa se desplegó en 14 centros de UTU del país en cinco módulos con evaluaciones con accesibilidad en diferentes horarios.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Jorge Xavier, celebró el éxito del programa. “Hoy estamos festejando esto; si uno es capaz de imaginar un futuro mejor, tiene que hacer todo lo posible con responsabilidad y pasión. Estos casos muestran eso: alumnos y alumnas que se comprometieron y alcanzaron el éxito”, expresó.

“Yo sabía que entre la UTU y la Universidad había un gran escalón en cuanto a la matemática, debido a que se abordaban temas similares pero con mayor profundidad. Esto me dio una visión distinta de la matemática, porque se acercaba más a ejercicios de la facultad”, manifestó a su tiempo la egresada Camila Luzardo. Actualmente se está inscribiendo a través de la web de la UTU a los interesados en participar de esta propuesta a lo largo de este año.

Aunque se trata de un esfuerzo a una pequeña escala, si consideramos la cantidad de estudiantes y de centros involucrados, que este tipo de iniciativas esté recogiendo éxito es relevante, en la medida que marca un camino por el que transitar en un área que históricamente nos ha sido esquiva, y así lo demuestran los desempeños en las pruebas PISA, en las que se compara entre los alumnos de diferentes países. Aunque se trata de una comparación a menudo cuestionada, las pruebas permiten comparar con los desempeños de años anteriores, es decir, de alguna manera plantear una evolución de los estudiantes uruguayos. Los resultados en estas pruebas, específicamente en matemática, no han sido favorables. Los últimos disponibles corresponden al año 2022 (el año pasado se realizó una nueva instancia de evaluación de Pruebas PISA, pero los resultados finales todavía no se ha publicado). En líneas generales, los resultados en las tres áreas principales evaluadas (matemática, lectura y ciencias) “mostraron una situación de relativa estabilidad”. “Los estudiantes uruguayos de 15 años de liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales de 7º, 8º y 9º grado obtuvieron, en promedio, 409 puntos en la prueba de matemática de PISA 2022. Fue, detrás de Chile, aunque muy cerca, el desempeño más alto de la región. A nivel internacional Singapur, las regiones de Macao, Hong Kong y Taipéi (China), Japón, Corea, Estonia, Suiza, Canadá y Países Bajos son los diez países o economías con puntajes más altos en matemática en el ciclo 2022, con desempeños promedio de entre 493 y 575 puntos.

La evolución respecto al ciclo 2018 evidenció una leve caída en Uruguay de los desempeños promedio en matemática (de 9 puntos). En el contexto internacional la mayoría de los países reportó una baja en el desempeño promedio en matemática. Solo el 10% de países comparables mejoraron respecto al ciclo anterior, el 58% bajó su desempeño promedio y el restante 33% se mantuvo estable. Claro, esto es el consuelo del tonto, porque en realidad el dato que nos debe interesar es el nuestro, y la comparación con nosotros mismos en las evaluaciones previas.

Hay que pensar si experiencias como la de MateM son escalables a más centros a la vez, o a todos los centros, porque se trata de un área clave del conocimiento pensando en los difíciles tiempos por venir, pero sobre todo porque, como se ha dicho, el “bache” en matemática es en buena medida una razón por la que se explican el fracaso y la deserción escolar. Y tal vez no haga falta implementar completamente la experiencia en todos lados, se podría trabajar en algunas áreas específicas –matemática, física, química– con grupos más reducidos y una atención más personalizada, para ir probando, como reclaman los profesores, que son a la postre los que conocen de cerca la experiencia de enseñar en estas áreas.

Sin dudas, en el marco de los debates y pases de facturas entre partidos políticos, cada gobierno que llega al poder tras el pronunciamiento popular en las urnas suele atribuir culpas —por lo que ocurre o por lo que ocurrirá— a la “herencia maldita” recibida del anterior. Esto adopta diversas formas, incluyendo determinados “maquillajes” acentuados durante la campaña electoral para evitar el castigo ciudadano en las urnas.

De esta regla general no escapa ningún partido, tanto los que hoy están en el gobierno como los que se encuentran en la oposición. Uno de los cuestionamientos más comunes es que unos y otros acusan a sus predecesores de haber ingresado en un “carnaval electoral” previo a las elecciones, con un aumento sustancial del gasto público para aparentar que la situación era mejor de lo que realmente era, trasladando además el costo de ese endeudamiento hacia el futuro, independientemente de quién gobierne.

En este contexto, uno de los parámetros de mayor incidencia ha sido el déficit fiscal heredado, es decir, la diferencia entre el gasto estatal y los ingresos. En ese sentido, no hay partido en condiciones de arrojar la primera piedra. Si nos situamos en los dos últimos actos electorales, tanto el Frente Amplio como la Coalición Republicana legaron prácticamente un déficit del 4% del Producto Bruto Interno al gobierno siguiente.

Sin embargo, no se trata solo del déficit fiscal en sí, sino también de las herramientas con que cuenta o recibe el gobierno para intentar equilibrar la economía. No es lo mismo enfrentar un déficit en un contexto de buena actividad económica, que ofrece cierto margen de maniobra, que hacerlo en un escenario con parámetros poco alentadores, donde los ajustes necesarios pueden profundizar las distorsiones existentes.

Sobre este tema se ha pronunciado en los últimos días el economista Javier de Haedo, al referirse al dato del PBI de 2025. Según su análisis, 2024 “legó” gran parte del crecimiento al año siguiente, mientras que 2026 comenzó “prácticamente cero a cero”.

En 2025, la economía uruguaya creció un 1,8% en comparación con el año anterior. Este porcentaje resultó inferior al proyectado por el gobierno a mediados de ese año, cuando se discutía en el Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, que estimaba un crecimiento de 2,6%.

No obstante, gran parte del incremento económico observado en 2025 se explica por un “arrastre estadístico” proveniente de 2024, según argumentó de Haedo.

Se trata de un indicador que se traslada de un período al siguiente y que “puede cuantificarse como la diferencia entre sus valores en el cierre del período y su promedio”, de acuerdo con lo señalado por el economista en su Monitor de Coyuntura del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

En el caso del Producto Bruto Interno (PBI), el arrastre consiste en la diferencia entre el nivel del cuarto trimestre y el promedio anual. “Cuando se dice que en 2025 el PIB creció 1,8%, se refiere a la variación entre los promedios anuales y no a las variaciones entre los extremos del año informado (que fue de 0,1%)”, explicó.

De este modo, de Haedo sostuvo que 2024 “legó” un crecimiento de 1,6% a 2025, es decir, fue heredado de ese año; mientras que del año pasado al actual se trasladará un arrastre negativo de 0,1%.

“Por lo tanto, casi todo el crecimiento económico informado para el año pasado en realidad corresponde al registrado durante el año anterior. Mientras tanto, el partido que se está disputando en 2026 arrancó prácticamente cero a cero”, evaluó.

Para de Haedo, “el partido” recién comienza, ya que ahora podrá implementarse el nuevo Presupuesto Quinquenal aprobado por este gobierno, el cual ha sido calificado como excesivamente optimista por distintos especialistas en economía, no necesariamente vinculados a la oposición política.

Debe tenerse presente que, en base a los datos de las cuentas nacionales, los analistas coinciden en que ajustarán a la baja sus proyecciones de crecimiento del PBI para 2026. En la misma línea se ubica el Ministerio de Economía y Finanzas. El economista Aldo Lema señaló que las cifras del cuarto trimestre de 2025 deberían motivar una nueva revisión a la baja en las expectativas de crecimiento para este año, que actualmente se ubican en torno al 1,5%.

También la consultora PwC, que ya había ajustado sus previsiones recientemente, considera que el crecimiento en 2026 no superará ese guarismo. Por su parte, la consultora Exante estima que la expansión se acercará más al 1%. La economista Florencia Carriquiry, integrante de esta firma, evaluó que el Ministerio de Economía probablemente se enfoque en recortar gastos de funcionamiento y algunas inversiones. Asimismo, advirtió que uno de los principales riesgos para 2026 radica en el débil desempeño del consumo interno, influido en gran medida por la situación del mercado laboral.
Si bien existen datos positivos en cuanto a la recuperación del salario real, también debe considerarse que muchas empresas se encuentran afectadas en su rentabilidad por el actual escenario socioeconómico. Resulta difícil sostener aumentos del salario real sin que ello impacte negativamente en la generación de empleo, e incluso podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo o en un incremento de la informalidad.

En este sentido, la economista señaló que “si bien los salarios reales continuarán creciendo —lo cual es positivo para el consumo—, el empleo ya comienza a mostrar signos de enfriamiento en los últimos meses”, en alusión a reestructuras y cierres de empresas recientemente anunciados.

Por su parte, la consultora CPA Ferrere estima que la economía crecerá apenas por encima del 1% este año, en un contexto de mayor incertidumbre y deterioro de los términos de intercambio, además de un consumo interno que podría moderarse ante el menor dinamismo del empleo. A ello se suma la incertidumbre —e incluso dudas— respecto al alcance y la efectividad de las medidas que implementará el gobierno para mejorar la competitividad.

Esta desaceleración económica, además, se produce en un contexto internacional complejo, especialmente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente y el consecuente aumento en los precios del petróleo. Las previsiones, por tanto, incorporan una elevada cuota de incertidumbre, lo que lleva a los actores económicos a actuar con mayor cautela y adoptar posturas defensivas para preservar la rentabilidad de sus emprendimientos, antes que embarcarse en nuevas inversiones. Esto resulta, cuanto menos, preocupante en un país que necesita más que nunca de la inversión para crecer y corregir sus desequilibrios económicos.

El Mercosur cumplió el pasado jueves 26 sus primeros 35 años de vida y, aunque en los últimos tiempos de él solo hemos escuchado sobre los vaivenes del acuerdo con la Unión Europea y la disconformidad de los últimos gobiernos de nuestro país, que lo consideran una limitante —un corsé, fue el término elegante— para que Uruguay suscriba acuerdos bilaterales con otros países, el bloque regional sigue caminando, con dificultades, como un muñeco armado con partes de varios otros juguetes. Aun así, no deja de ser un instrumento con un potencial enorme que ni los propios miembros han sido capaces de comprender.

Con motivo de este aniversario, en varios medios argentinos circuló un análisis realizado por Gustavo Scarpetta, experto en comercio internacional y docente en la Universidad Católica de Córdoba, quien puso la lupa sobre el bloque, al que definió como “un adulto que aún no se fue de la casa de sus padres, aunque pronto —el 1º de mayo— comenzará la mudanza, ya que se inicia el proceso de integración con la Unión Europea”.

Lo que plantea Scarpetta es una evaluación de cómo les fue a los integrantes del bloque después de todo este tiempo.

En su planteo recuerda que el Mercosur firmó acuerdos con Chile y con Bolivia a mediados de los años 90, a los que luego se sumaron algunos otros, y que este acuerdo con la Unión Europea —que se persiguió, y se sigue persiguiendo, tras 25 años de negociaciones— constituye su mayor desafío.
“Nació con el objetivo de propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversión a través de la integración competitiva de las economías nacionales”, como explicita la página oficial del bloque. El análisis indica que Brasil y Paraguay aumentaron su participación en el comercio global desde el nacimiento del Mercosur; Uruguay la mantuvo, y Argentina fue el único país que redujo su incidencia en el intercambio mundial, encuadró el experto.

Como antecedente directo del Mercosur, Scarpetta refiere a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), nacida bajo el influjo del Tratado de Roma, que dio origen a la integración europea, en la década de 1960. En ese entonces, indica, “los países que conforman el Mercado Común del Sur representaban el 1,92% de las exportaciones globales. Las exportaciones de Argentina eran de U$S 1.079 millones y las de Brasil, de U$S 1.268 millones”. La iniciativa no prosperó.

“Latinoamérica no pudo fortalecer su integración y, en 1980, volvió a suscribir un acuerdo que sería base para la firma del Mercosur: la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), firmada en Montevideo, que funciona hasta la actualidad y tenía como objetivo crear una zona de libre comercio subcontinental”. En ese entonces, menciona, “la participación de los países que luego serían miembros fundadores del Mercosur descendió de 1,92% a 1,45%”.

Finalmente, en marzo de 1991, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina firmaron el Tratado de Asunción, por el cual crearon el Mercosur. Para ese año, la participación de los países miembros en el contexto global había vuelto a descender: pasó de 1,92% en 1960 a 1,31% al momento de la firma. Hasta ese punto, en 30 años, la participación del bloque cayó de forma sostenida.

El análisis prosigue con el período posterior, es decir, con los 35 años transcurridos desde la suscripción del tratado.

“Mientras el mundo se abría y el comercio internacional ganaba cada vez más importancia, América Latina sufría cierto aislamiento, en parte por la injerencia de la política de sustitución de importaciones. La caída del Muro de Berlín aceleró los tiempos y, en los años 90, ocurrieron hechos que cambiaron la configuración del comercio mundial”. Entre esos hitos menciona la creación de la Organización Mundial del Comercio, la consolidación de la Unión Europea y su moneda común —el euro—, la firma del Nafta (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) y la creación de la zona de libre comercio de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). “Todo ocurrió en solo cuatro años. El Mercosur formó parte de este movimiento aperturista que se observó en el mundo” y, en cuanto a su participación en el comercio global, “el bloque logró detener el descenso”.

Entre la firma del Tratado de Asunción y el año 2000, la participación subió a 1,33%. “Y si consideramos los últimos datos oficiales, la participación de las exportaciones de los países socios en el comercio global alcanzó el 1,57% (datos de 2020), una representación incluso superior a la de 1970, por lo que se habría logrado el objetivo de inserción internacional de las mercaderías producidas en la región”.

No obstante, advierte que el comportamiento de los países socios “no fue similar y no en todos se refleja el mismo auge”. Resume que, cuando nació el Mercosur, “Brasil representaba el 69% de las exportaciones del bloque; Argentina, el 26%; Uruguay, el 3,5%, y Paraguay, el 1,5%”.

¿Cómo cambió esta composición? Brasil pasó de 0,90% a 1,17% de las exportaciones mundiales; Argentina bajó de 0,34% a 0,30%; Uruguay se mantuvo en 0,05%, y Paraguay duplicó su participación, al pasar de 0,02% en 1991 a 0,05% en 2020.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio procesados por el autor, se incluye también a Chile con fines comparativos, como un país de la región que siguió una estrategia distinta. “Aumentó su participación desde 0,25% en 1991 a 0,38% de las ventas mundiales, con lo cual supera a Argentina”.
Agrega el experto que, “considerando el ingreso nacional bruto per cápita (INB en U$S a precios actuales), se observa que todos los países firmantes del Tratado de Asunción mejoraron de manera importante su ingreso per cápita, incluso por encima del promedio mundial”.

Al concluir, plantea que este acuerdo con la Unión Europea supone “una oportunidad de ampliar su comercio internacional y de venderle al mercado más exigente”, a la vez que implicará la llegada de productos competitivos desde esa región. “Todo parece indicar que Brasil está preparado para el desafío y que será positivo para Uruguay y Paraguay, que tienen economías más abiertas. El gran interrogante es si Argentina podrá estar a la altura, considerando que enfrentará la competencia de algunos sectores poderosos de Europa, en medio de una crisis de consumo”.

En todo caso, cabe agregar al análisis de Scarpetta que no todos los países partían de las mismas condiciones iniciales ni tuvieron, en el mismo lapso, una conducta similar en sus políticas macroeconómicas; pero, claro, eso sería motivo de un análisis más fino.

La sensación es que el instrumento, como ya se ha dicho, tiene un enorme potencial que no hemos sabido explotar. Nunca llegaron a concretarse ideas que estaban muy claras desde el comienzo, como la libre circulación de bienes y personas.

En cambio, hubo un período muy complejo en el que, en aras de coincidencias ideológicas entre gobiernos, el bloque adoptó una fase política que aportó poco a su esencia económica y aduanera, que es la que debería seguir primando.

Como se temía —y era esperable, o mejor dicho, inevitable—, la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente tuvo como inmediata repercusión un incremento global en los precios del petróleo, afectando en consecuencia a la economía mundial. Si bien el impacto ha sido diferente en cada país según sus realidades internas, esta nueva situación no ha podido ser soslayada en ningún caso.
En ese sentido, agencias internacionales señalan que el petróleo aumentó un 55% a nivel global tras el primer mes de la guerra en Medio Oriente. A ello se suma la incertidumbre que marcó las últimas semanas y la confirmación de lo más temido por los mercados: la prolongación del conflicto, sin un desenlace claro en el corto plazo y con señales de estancamiento.

Durante este período, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alteró bruscamente la aparente calma de los mercados financieros. Al cumplirse un mes, el barril de petróleo Brent se disparó un 55%, alcanzando los U$S 112.
Se configura así el escenario más temido: un conflicto prolongado en el tiempo, que ha derivado en un aumento de los precios del petróleo y del gas, impulsado por daños en infraestructuras energéticas y el riesgo de una menor oferta global.

El barril Brent —referencia en Europa— subió un 55,31% desde el inicio del conflicto, llegando a rozar los U$S 120. Por su parte, el crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), aumentó un 48,67% y se acerca a los U$S 100, su nivel más alto desde mediados de 2022.
En paralelo, el gas se revalorizó más del 70%, alcanzando los U$S 62,52 por megavatio hora.
Asimismo, se registraron caídas en las principales bolsas. Según el analista de XTB, Manuel Pinto, estas reflejan un escenario de pesimismo ante una posible desaceleración económica, producto del aumento de los precios energéticos, el repunte inflacionario y la expectativa de subas en las tasas de interés.
Si el escenario global ya es complejo, la situación en Uruguay presenta desafíos adicionales. El país importa el 100% del petróleo que consume y, aun sin conflictos internacionales, registra algunos de los precios de combustibles y electricidad más altos de la región. En este contexto, cualquier variación, por mínima que sea, impacta en una economía con elevados costos internos para todos los sectores.
Como todo importador de crudo, Uruguay es tomador de precios internacionales, por lo que el traslado de los aumentos al consumo interno resulta inevitable. De lo contrario, se generarían pérdidas a lo largo de la cadena hasta llegar al surtidor, algo insostenible en el tiempo.

Esto explica que en prácticamente todos los países se hayan ajustado los precios de los combustibles, y Uruguay no será la excepción. El gobierno dispuso un incremento a partir del 1º de abril, lo que ya generó tensiones políticas, dado que desde la oposición se señalan omisiones y responsabilidades del Poder Ejecutivo.
En este contexto, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, promoverá la convocatoria de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, ante la Comisión de Industria del Senado, a raíz del aumento dispuesto.

Desde el 1º de abril, el precio de la nafta súper será de $82,27 (un aumento de $5,39), mientras que el gasoil 50S pasará a $50,63 (un aumento de $3,31), según informó el gobierno en un comunicado conjunto. El supergás, en tanto, se ubicará en $94,65 (un incremento de $6,19).
Si bien los ajustes son bimensuales —y se esperaba que el próximo fuera en mayo—, el gobierno aplicó la cláusula prevista en el artículo 5º del decreto 130/025, que habilita a suspender transitoriamente el mecanismo en caso de condiciones excepcionales que afecten significativamente el sistema de precios. Tanto Cardona como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, calificaron el contexto internacional como “extraordinario”.
No obstante, Viera señaló que la convocatoria busca conocer los criterios que seguirá el gobierno para la fijación de precios en este escenario, así como las previsiones sobre el abastecimiento energético.
“Queremos saber qué planifica el gobierno, cómo evalúa la realidad internacional y el impacto de los conflictos en el precio del petróleo”, expresó el legislador.

Asimismo, cuestionó el cambio en la metodología de fijación de precios. “Nos preocupa que este gobierno haya modificado el régimen anterior. Fue una decisión política que consideramos temeraria, en el marco de una lógica de cambio por cambio, estableciendo un esquema bimensual”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, consideró que la suba de los combustibles es “lógica en el contexto internacional”. No obstante, advirtió que persisten problemas estructurales, como los subsidios al supergás y al transporte, que continúan cargándose sobre el gasoil.
En esa línea, el ministro Oddone aclaró que, por el momento, el aumento de combustibles no se trasladará al precio del boleto de ómnibus.
“Entendemos que esos costos no deberían recaer sobre el gasoil productivo, sino financiarse por otras vías”, sostuvo Ferber.

Quedan así expuestas distintas visiones sobre una problemática que, si bien se agrava en la coyuntura internacional, tiene raíces estructurales en Uruguay: la alta carga impositiva sobre los combustibles, el rol de Ancap, los costos logísticos, el centralismo y la rigidez de los costos fijos, además de la persistente confrontación política.
En definitiva, el intercambio constante de responsabilidades entre oficialismo y oposición, sin una mirada autocrítica, refleja una dinámica que profundiza la vulnerabilidad del país. Así, cualquier alteración externa —por mínima que sea— termina teniendo un impacto significativo en la economía nacional.

En Uruguay hay 1,9 millones de personas en edad y condiciones de actividad. De ese total, 1,75 millones están ocupadas y 150.000 se encuentran desocupadas. Dentro de ese conjunto de personas ocupadas, aproximadamente 400.000 trabajan sin cobertura de la seguridad social. Paysandú, con 10,8% de desempleo, se ubica entre los departamentos con mayor índice, detrás de Treinta y Tres, que se acerca al 14%.

Uruguay tiene a más de medio millón de personas —unas 600.000, según el monitor de la Universidad Católica— con dificultades para acceder a un trabajo. Dentro de esa población, los principales afectados son jóvenes, personas mayores de 50 años y mujeres. Desde hace décadas, se repite el mismo perfil de ciudadanos que atraviesan diversas vulnerabilidades socioeconómicas.
Uno de cada cinco trabajadores no aporta a la seguridad social y el 30% de los asalariados gana menos de 25.000 pesos líquidos al mes. La informalidad y los bajos ingresos reducen las posibilidades de acceso a una matriz de protección social y limitan a esa población a la permanencia en la pobreza.
En Uruguay, este problema es estructural. Se enmarca en un proceso de deterioro que lleva décadas, presiona negativamente sobre la inserción internacional del país y se refleja en su bajo crecimiento económico. Estos factores inciden, a su vez, en la generación de oportunidades laborales. Se configura así un círculo vicioso que se agrava con el envejecimiento de la población, un factor que, además, plantea nuevos desafíos para la seguridad social debido a la creciente demanda de cuidados, cuya respuesta aún es deficitaria.

En el país, más de 161.000 personas se presentaron para 5.500 puestos del programa Uruguay Impulsa, mientras que las industrias tecnológicas no logran cubrir su demanda. Esta es una deuda pendiente en materia de capacitación y formación para el empleo tecnificado. Sin embargo, se sigue planteando como posible solución la concreción o extensión de nuevos subsidios, una política conocida que no se sostiene en el tiempo ni promueve el desarrollo humano, económico y social a largo plazo.
Uruguay es, además, un país con estabilidad macroeconómica, pero con una tendencia a adoptar medidas de corto plazo para mejorar indicadores sensibles que afectan, desde hace varios períodos, a una misma población.

Esta evolución, acompañada por el deterioro de otros indicadores sociales como la pobreza infantil, demuestra que el mundo del trabajo se encuentra desde hace tiempo en constante transformación.
De acuerdo con datos del Banco Central, Uruguay mejoró sus indicadores de competitividad respecto a enero. Sin embargo, en la comparación interanual con el mismo mes del año pasado, el país registra una caída de la competitividad por sexto mes consecutivo, superior al 5%. A enero, Uruguay se encontraba en su nivel más caro para el mundo desde el año 2000.
Es decir, si bien el país ofrece seguridad jurídica, un sólido sistema democrático y una percepción positiva en cuanto a bajos niveles de corrupción, existen competidores con características similares, pero a menor costo.

Este estancamiento encuentra al país en un contexto de bajo crecimiento y en plena evaluación de las inversiones públicas, como consecuencia de las presiones del escenario internacional.
No obstante, este factor no es nuevo. Hace pocos años se configuró un entorno internacional aún más complejo, cuando el mundo debió detener gran parte de su producción debido a una pandemia sin precedentes en la era moderna.

Mientras esto ocurría a nivel global, en Uruguay se instalaba el argumento de que las medidas económicas, las rebajas salariales y el envío masivo de trabajadores al seguro de desempleo eran una “excusa”. Los archivos de la web así lo recuerdan.
Hoy, de forma similar, se sostiene que el contexto internacional presiona al alza otros precios de la economía, considerados factores clave para el funcionamiento de la matriz productiva y de las materias primas, que influirán en las decisiones que el Poder Ejecutivo adoptará mes a mes.
En Uruguay, todos los gobiernos heredan la misma dificultad: conducir un país tomador de precios. Y lo saben, porque muchos de sus integrantes cuentan con una extensa trayectoria como gobernantes o parlamentarios.

El problema radica en la construcción discursiva de esta realidad: hoy es Medio Oriente y la crisis del petróleo; antes fue la pandemia; y previamente, la crisis financiera global de 2008 y la burbuja inmobiliaria. Así, podríamos remontarnos a cada crisis que enfrentó el gobierno de turno con medidas extraordinarias que, por lo general, implicaron mayores presiones sobre los contribuyentes.
Este escenario en permanente cambio encuentra a una amplia mayoría de la población trabajadora en un punto de alta sensibilidad económica y social, marcada por la incertidumbre en el mercado laboral.
El último anuncio del gobierno señala que se destinarán 10 millones de dólares anuales en subsidios para la Ley Integral de Empleo. Actualmente, según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el país asigna el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) a programas de empleo. Sin embargo, un alto porcentaje de trabajadores continúa en la informalidad, mientras que la Encuesta de Demanda Laboral en Tecnologías de la Información de la CUTI indicaba, en julio del año pasado, la existencia de 12.000 puestos sin cubrir.
Los programas impulsados por los sucesivos gobiernos no garantizan continuidad ni resuelven los problemas estructurales en un contexto volátil y con una masa trabajadora con baja capacitación técnica. Tampoco logran abarcar la totalidad de las personas desocupadas.
Porque son aspectos que los subsidios no alcanzan a resolver.

El inicio de la Semana de la Cerveza marca un momento muy especial en el calendario de todos los sanduceros: es cuando la agenda se cubre de eventos, actividades, encuentros familiares y diversión, al mismo tiempo que recibimos a visitantes de todo el país y de la región. Posicionada desde hace muchos años como uno de los eventos multitudinarios del país, y sin lugar a duda uno de los más antiguos, su fortaleza y permanencia radica en varios factores, algunos de los cuales conviene siempre repasar.
Tal como lo expresara EL TELEGRAFO en su edición de ayer, “su historia comenzó en 1966, cuando un Jorge ‘Chino’ Gavary, trabajador de la cervecería Norteña, impulsó la primera edición. Desde entonces fue creciendo hasta convertirse en una marca de Paysandú, en una cita de la Semana de Turismo y en una forma muy sanducera de abrir la ciudad, recibir gente y celebrar lo propio”. De acuerdo con una nota publicada en el diario El País, “el objetivo era obtener ganancias para el sindicato y al mismo tiempo dotar al departamento de un atractivo turístico. El entonces gerente de la empresa, Raúl Laurenzo, confió en su intuición y en pocos meses obreros y empresarios inauguraban la primera edición. Lo que comenzó en el parque de la misma fábrica se extendió en pocos años a toda la ciudad y se transformó en uno de los mayores atractivos del país para la Semana de Turismo”.
En el corazón de esa idea de “abrir la ciudad, recibir gente y celebrar lo propio” radica el pilar más firme y potente de esta fiesta popular y ello se debe a un motivo que muchos presienten, pero no todos alcanzan a definir: la Semana de la Cerveza somos nosotros, todos los sanduceros, los que nacieron y viven aquí, los que tuvieron que irse, pero añoran “el pago chico” y los que se hicieron sanduceros “de ley” pero también “de corazón”. Cada uno a su manera y en la forma que más sienten, llevan a Paysandú en la sangre y son embajadores honorarios cuando recorren otras tierras. Todos ellos forman parte de un equipo que esta semana recibirá a 200.000 visitantes según el ministro de Turismo, Palo Menoni. La cifra impacta, pero también compromete y ese compromiso nace, como debe ser, de cada uno de nosotros y de lo que haremos en esta semana para ser buenos anfitriones con una sola finalidad: que quienes nos visiten se lleven el mejor recuerdo y el año que viene, cuando tengan que decidir qué hacer en Semana de Turismo, Paysandú sea la primera y mejor opción.
Si bien la Semana de la Cerveza es una iniciativa nacida y construida de la sociedad civil sanducera, resulta imposible desconocer el apoyo que Oscar Garrasino le brindó, cumpliendo un papel fundamental para transformarla en una fiesta popular de renombre. Cono si eso fuera poco, su aporte como arquitecto y gobernante marcó toda la ciudad y la propia zona donde hoy se desarrollan las principales acvitidades de esta semana. De acuerdo con lo expresado por los autores Barriola y Mendizábal en su libro publicado en el año 2011 bajo el título “Tu Patrimonio”, Garrasino “ocupó el cargo de Intendente de Paysandú en dos oportunidades, siendo también presidente del Consejo Departamental a lo largo de los años cincuenta y sesenta. Su labor en materia edilicia ha sido importantísima, debiéndose considerar su obra como un patrimonio moderno de alto valor, tanto para el Departamento de Paysandú, como para todo el país”.
Es más, el especialista en turismo Juan Andrés Pardo se refiere en su página de Facebook al exintendente en los siguientes términos: “Si hoy la costa de Paysandú es un lugar de encuentro, disfrute y vida al aire libre, hay un nombre clave detrás de esa idea: Oscar Garrasino. A fines de los años 30 y 40, fue el gran impulsor y proyectista del Balneario Municipal, concebido no solo como playa, sino como un conjunto urbano moderno pensado para toda la ciudad”. En ese sentido, se mencionan las siguientes obras que se pueden ver en el Balneario: “El parador (hoy Angelina), El icónico “barquito” (actual policlínica). El templete y las fuentes ornamentales, El teatro de verano, baños, pérgolas y el murete que organiza playa y paseo. Todo el conjunto responde a una mirada moderna y art decó, donde arquitectura, paisaje y vida social se integran frente al río Uruguay. Más que edificios, Garrasino dejó una idea de costa pública compartida. Un legado que sigue siendo parte de la identidad sanducera”.
Pero la Semana la Cerveza es, también, una oportunidad económica casi única que dinamiza la pobre economía departamental, golpeada por el desempleo y la informalidad, a la vez que se suman los envíos al seguro de paro y las fábricas “se achican” para tratar de “capear el temporal”. En medio de este panorama tan desolador, la llegada de visitantes brinda una bocanada de aire para los sufridos bolsillos familiares, los cuales de una forma u otra tratarán de “hacer unos pesos”. No importa si es vendiendo torta fritas, artesanías, bebidas, cuidando vehículos o transportando pasajes. Hay que aprovechar esta semana providencial y, mientras el cuerpo aguante, trabajar lo que se pueda y en lo que se pueda. Solo por este aspecto tan importante desde el punto de vista económico, humano y social, la Semana de la Cerveza tiene más que justificada su realización.
A pesar de ello, está claro que una vez finalizada esta semana tan especial, volverán las discusiones que todos los años atraviesan la sociedad sanducera como un disco rayado que cual lamento interminable repite una y otra vez los temas de siempre: los artistas contratados, el precio de la entrada al predio ferial, la seguridad dentro y fuera del predio, la demora (poca, mucha o nula) en conocer el balance, la existencia un déficit y su volumen, en fin… los temas con los cuales los sanduceros parecemos entretenernos hasta que llegue la próxima edición de esta gran fiesta sanducera.
Lejos de los fuegos de artificio que los ediles y demás políticos sanduceros utilizarán para defender o atacar la Semana de la Cerveza de este año, pongamos nuestro granito de arena para que los visitantes vuelvan: tratémoslos bien, seamos cordiales y serviciales si necesitan una indicación sobre donde queda un lugar, mantengamos limpia la ciudad y los paseos públicos y sobre todas las cosas tengamos en cuenta que el turismo interno o de la región, tanto da, es una fuente genuina de recursos que los sanduceros no sabemos cómo explotar.
En un departamento donde cierran las fuentes de trabajo, renovar el deber de gobernantes, empresarios, trabajadores y sociedad civil en general por una Semana de la Cerveza con más y mejores actividades siempre será una apuesta por mejorar, por el progreso y por ser, en definitiva, una versión mejor de cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra tarea para una fiesta de origen obrero que debe llenarnos de orgullo y de alegría, pero también de trabajo y de recursos en un momento tan delicado para todas las familias del departamento.

El Estado no nace como equilibrio, sino como concentración de poder. Su origen está ligado a la necesidad de imponer orden, pacificar conflictos y garantizar obediencia en un territorio determinado. En ese sentido, su vocación inicial es autoritaria, no en un sentido moral, sino estructural: el Estado surge para mandar antes que para garantizar. Thomas Hobbes lo formula con crudeza al describir al soberano como aquel que concentra la fuerza necesaria para evitar la guerra de todos contra todos, aun a costa de la libertad individual: “Covenants, without the sword, are but words”.

Esta vocación autoritaria originaria ha sido señalada con especial claridad por la tradición anarquista, que no concibe al poder estatal como una desviación corregible, sino como un problema estructural. Mijaíl Bakunin lo expresa sin ambigüedades: “El Estado es la negación más flagrante de la humanidad”. Desde esta perspectiva, toda forma estatal, incluso la más democrática, conserva un núcleo de dominación que se reproduce bajo nuevas legitimaciones. La crítica anarquista no discute los excesos del Estado, sino su principio mismo.

Esta concentración originaria del poder precede a la ciudadanía. El ciudadano no funda al Estado; es el Estado el que, con el tiempo, produce al ciudadano como figura jurídica y política. Max Weber sintetiza este punto al definir al Estado moderno como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio. La legitimidad no elimina la coerción; la organiza.

Con el transcurso de las luchas políticas —revoluciones, constitucionalismo, ampliación de derechos— esa vocación autoritaria no desaparece, sino que se modula y se limita. El poder se ve obligado a justificarse y forzado a someterse a reglas. Pero ese equilibrio es siempre consecuencia de un conflicto, nunca condición originaria. Como advierte Norberto Bobbio, el Estado de derecho no suprime el poder, sino que lo canaliza jurídicamente.

Así, la división de poderes formulada por Montesquieu constituye uno de los intentos más influyentes de contener la concentración originaria del poder estatal. Al separar funciones y establecer frenos y límites, se busca evitar que el ciudadano quede expuesto a una autoridad sin límites. No obstante, estos contrapoderes no eliminan la asimetría entre Estado y ciudadano; la administran. El ciudadano no se enfrenta a un poder único, sino a un entramado institucional que, aun dividido, conserva una capacidad de imposición muy superior a la individual.

Con Marx se produce un quiebre decisivo en la comprensión del Estado. Ya no se trata solo de una instancia de orden o legitimación, sino de una forma histórica ligada a relaciones materiales de dominación. En La ideología alemana, el Estado aparece como expresión de los intereses de la clase dominante y no como árbitro neutral. Este enfoque introduce un antes y un después: el poder estatal deja de analizarse únicamente en términos jurídicos o políticos y pasa a entenderse como parte de una estructura social más amplia, donde la ciudadanía formal puede coexistir con profundas desigualdades reales.

Un punto de inflexión central en este proceso es la codificación. Cuando el Estado crea códigos, comienza a autorregularse. La norma escrita, general y estable no surge primariamente para proteger al ciudadano, sino para ordenar el ejercicio del poder e imponer previsibilidad. La experiencia napoleónica resulta clave: el Código Civil de 1804 no solo unifica el derecho, sino que consolida la idea de que el poder estatal debe expresarse de forma sistemática y general. Esta codificación fortalece al Estado al mismo tiempo que lo limita: lo vuelve previsible, pero también más eficaz.

Desde ese momento, el poder deja de ser solo decisión y pasa a ser procedimiento. El poder estatal se vuelve impersonal. Ya no depende de la voluntad inmediata del soberano, sino de formularios, plazos, competencias y rutinas administrativas. El ciudadano deja de enfrentarse a una figura excepcional y pasa a convivir con un aparato permanente, omnipresente, que actúa incluso cuando parece neutral o técnico. Como señala Michel Foucault, el poder moderno no se ejerce solo prohibiendo, sino produciendo conductas, organizando lo posible.

Así, la relación Estado–ciudadano se configura como una tensión estructural: entre una autoridad que nace para mandar y una ciudadanía que, a través de luchas históricas, logra imponer límites sin poder eliminar la asimetría originaria.

Potestades asimétricas

El Estado dispone de potestades asimétricas frente a los particulares que no derivan de una superioridad moral, sino de su posición institucional, en un poder en disputa. Estas potestades le confieren privilegios jurídicos y materiales que estructuran la relación de poder. Entre ellas se destacan la potestad normativa, la potestad coercitiva y la potestad administrativa, que le permite autorizar, habilitar, registrar o denegar aprobaciones en la vida cotidiana. A ello se suma el privilegio de la autotutela, por el cual el Estado puede ejecutar sus propios actos sin acudir previamente a un juez. Estas prerrogativas no son anomalías del sistema, sino su condición de funcionamiento: expresan la asimetría estructural que persiste incluso en los Estados constitucionales.

Omisión: ¿a quién le cae el costo?

Cada vez con mayor frecuencia, el poder del Estado no se manifiesta a través de la acción, sino de la omisión. En contextos complejos, el Estado elige no intervenir, no regular, no decidir, y esa inacción no es neutra: produce efectos jurídicos y materiales, usualmente en perjuicio del más débil. En muchos casos, la omisión consolida un statu quo que beneficia a sectores privilegiados; en otros, congela situaciones cuya resolución implicaría asumir costos políticos. El resultado es una debilidad jurídica estructural para quienes carecen de recursos para forzar la reacción estatal.

Así, la omisión se convierte en una forma más o menos sofisticada de ejercicio del poder: el Estado no actúa, pero deja actuar. Y en esa omisión se beneficia el propio poder administrativo, que, para sostener el desequilibrio, se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones.

El siglo XXI no exhibe una “clase” dirigente con capacidad innovadora ni vocación de conducción. Por el contrario, tiende a enredarse en dilaciones, evitando laudar por temor al debate público. Sin embargo, no renuncia a arrogarse herramientas de coerción y presión para imponerse cuando lo considera necesario. Como señaló Tabaré Vázquez, “gobernar es decidir, y decidir implica asumir costos”. En ese marco, el Estado omite restablecer normas de carácter general, preservando privilegios que deberían licuarse para restituir un principio básico del orden jurídico: que todos los ciudadanos, y los colectivos que los representan, son iguales ante la ley. Por ello, es necesario combatir los espacios de opacidad.

Gobernar implica optar y ser consecuente. Eludir decisiones no exime de responsabilidad: la traslada, y esta recaerá sobre el más débil. Cuando el Estado posterga, omite o diluye, los costos se invisibilizan circunstancialmente, pero siempre afloran y terminan profundizando, tardíamente, desigualdades que se comprometió a combatir.

Los contextos materiales no pueden operar como excusas selectivas: los principios son inclaudicables. El recurso metálico es siempre finito; la igualdad ante la ley, no. Hay que construirla. Porque, en esencia, la democracia profunda es eso: una construcción.