Opinión

A su manera, estas dos últimas semanas han puesto sobre el tapete aquello que fue el dilema central y dramático de la película de Kevin Costner, cuyo título original es Dances with Wolves, basada en el libro de Michael Blake.

El relato cuenta que, durante la Guerra de Secesión estadounidense, el multicondecorado teniente John J. Dunbar es enviado a un puesto avanzado en la frontera del territorio indio, sin más compañía que su fiel caballo, Cisco. Su misión “administrativa” consistía en relevar al oficial al mando, pero al llegar descubre que el puesto está abandonado. Su sentido del deber y del honor militar lo impulsa a cumplir con su tarea. Con tesón, convierte su espacio de acción en un lugar limpio y ordenado, aunque en la más completa soledad. A medida que avanza en esa labor, desarrolla una amistad cada vez más cercana con un desconfiado lobo de pradera al que llamará “Calcetines”, quien lo acompaña en las patrullas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.

Danza en ASSE

El 24 de marzo, Álvaro Danza fue designado oficialmente presidente de ASSE, y el 2 de abril asumió el cargo y presentó su compromiso de gestión. Desde entonces, Danza no ha dejado de trabajar en función de ese plan.

En siete meses de gestión se ha restablecido el suministro de medicamentos sin quiebres críticos de stock en todo el país; se redujo en un 15% la espera para las especialidades de mayor demanda, y ya no hay niños esperando ser operados de cataratas. Se reforzaron los servicios de urgencias y CTI, y se dio respuesta total a las demandas durante la alerta roja. Con los mismos recursos que en 2024, se realizaron 50 000 consultas más de especialistas. Es decir, se cumplió el objetivo de “menos espera, más productividad”.

Otro elemento destacable es que esta nueva administración ha marcado con firmeza su impronta bajo la consigna de una “gestión de cercanía y descentralizada”. En efecto, el presidente de ASSE ha visitado todas las unidades ejecutoras del país para conocer y reconocer cada espacio institucional, no solo desde la perspectiva de los informes técnicos y de los análisis de los diferentes responsables de la organización, sino desde el propio espacio asistencial. Una mirada directa que aporta una dimensión propia y colectiva a la gestión.

En este lapso, ASSE ha incorporado 38 nuevos nodos, sumando tecnología y equidad al sistema público de salud. En línea con esa política de mayor infraestructura y equipamiento, se instaló un tomógrafo en Colonia, y lo mismo sucederá en Mercedes, Salto, Cerro e INOT.

En las áreas administrativa y financiera se implementó una política de compras centralizada y, con el apoyo del Ministerio de Economía, se reperfiló la deuda heredada. También se han dado pasos concretos para fortalecer los vínculos asistenciales público-público, desde una lógica de complementación.

Volvamos a la designación

El ministro Gabriel Oddone precisó en el ámbito parlamentario que el déficit fiscal heredado era mucho mayor al presentado por las autoridades anteriores. Era el resultado de haber postergado pagos y adelantado ingresos: U$S 160 millones en el MTOP, U$S 100 millones en ASSE y otros U$S 100 millones en diversos organismos, lo que implicó una afectación adicional del 0,4 % del PIB. También se adelantaron cobros del Imesi en Ancap, del impuesto al patrimonio en UTE y unos U$S 30 millones del IRAE en esa misma empresa.

Además de estas opacidades, de los faltantes de medicamentos y de una morosidad asistencial que puso en entredicho el cumplimiento de lo establecido en la ley del SNIS, se precipitó un proceso de deterioro del clima de trabajo. Ejemplo de ello es que recientemente se conoció que uno de los adscriptos del exvicepresidente de ASSE mantenía relaciones sexuales en el propio despacho del jerarca. La prueba fue aportada por la mujer, quien publicó en la red X fotos de esos momentos, donde se reconoce la oficina.

Debate y JUTEP

Álvaro Danza nunca ocultó su realidad multioocupacional. Por el contrario, esta está explícitamente detallada en su declaración jurada ante la Jutep, la cual fue publicada por distintos medios.

El multiempleo no fue descubierto por terceros, sino informado por el propio Danza en su declaración jurada. Este punto es significativo, pues prueba de manera inequívoca que la información aportada era veraz y completa, a diferencia de situaciones del pasado, cuando las declaraciones juradas de funcionarios del gobierno anterior resultaban incompletas o con ocultamiento de información.

De todos modos, antes del pronunciamiento de la Jutep, Danza renunció a todas esas ocupaciones.

El debate y los protagonistas

Dos de los protagonistas del debate por parte de la oposición no se destacaron por la agudeza de sus argumentaciones, sino por la agresividad de sus expresiones. En ese sentido, perdieron la oportunidad de enriquecer el debate público, mientras que muchos de ellos solo buscaron enrarecer el clima político.
El Directorio de la Jutepresolvió, por mayoría de 2 a 1, hacer suyo uno de los dos informes de los servicios técnicos: aquel que concluye que “no existe incompatibilidad entre el cargo en ASSE y las funciones privadas declaradas”, al entender que esos vínculos profesionales carecían de poder de decisión administrativa o política, siendo exclusivamente asistenciales y médicos.

En síntesis, los informes técnicos de la Jutep difirieron porque uno aplicó una lectura lineal del artículo 200 de la Constitución —asumiendo una incompatibilidad por la mera existencia de vínculos laborales—, mientras que el otro fue más fino en el análisis: identificó la naturaleza y especificidad de cada relación profesional, y concluyó que no había incompatibilidad por ausencia de poder de decisión.

En otras palabras, el informe que la Jutep adoptó establece que Danza no tenía ni tiene cargos de dirección, ni capacidad de contratación en las mutualistas donde desempeñaba funciones clínicas. Es decir, solo ejercía funciones médicas. El informe explica que el artículo 200 busca evitar conflictos de interés en quienes deciden contratos, no en profesionales sin poder de decisión. Además, señala que las actividades docentes y las rentas patrimoniales tampoco generan conflictos con ASSE.

El camino aparece despejado, no solo por el pronunciamiento de la Jutep —por mayoría de 2 a 1—, sino también porque se extinguieron las razones que originaron el cuestionamiento. Sin embargo, la polémica puede demorar en apagarse.

Circuló en redes el facsímil de una requisitoria del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se pedía a un medio que le revelara sus fuentes de información, en el marco de una “investigación administrativa por información publicada en prensa”. Se solicitaba respetuosamente la colaboración del medio, a sabiendas y conscientes del amparo legal del secreto profesional y el derecho del periodista a no revelar la identidad de sus fuentes. Lo que querían: 1) un ejemplar físico de la noticia publicada y el link donde se hallara la misma publicación original en soporte electrónico; 2) indicar si solicitó al ministerio acceder en alguna forma a la información que fuera publicada posteriormente ; 3) en qué fecha tuvo conocimiento o accedió a la información publicada; 4) indicar si denunciante o denunciado solicitaron la publicación de la noticia o si hubo persona alguna que lo solicitara y 5) cómo y en qué circunstancias pudo hacerse de la referido información.

El levantamiento del secreto bancario que apuntala el ministro Gabriel Oddone, el “interrogador bueno”, el nuevo Danilo Astori, en su planteo inicial no la iba con sutilezas, entraban en tus cuentas, a toda hora, de noche y de día, sin dar cuenta a nadie (los narcos tienen más garantías) y los pedidos de afuera con curso acelerado. Quizás Oddone no ha sopesado bien, o sí, las consecuencias en el campo económico y de la inversión, pero no solo el problema es ese, sino que afecta a derechos protegidos por la Constitución y se constituye en un instrumento terrible en manos de dictadores o de simplemente violadores de la Constitución que sostienen que lo político –y más si es “progre”– está por sobre lo jurídico. Cuidado.

En la reciente Asamblea de la SIP, a mediados de octubre, el tema estuvo presente y se consideró especialmente cuando se presentó el informe referente a Uruguay, del que surgía categóricamente que en el país hay libertad de prensa: desde las elecciones pasadas y la asunción del nuevo gobierno “los medios de comunicación, los periodistas, los usuarios de redes sociales han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas”.

Se señalan sí algunas luces amarillas: cierto “letargo” burocrático o “trancadas” en materia de acceso a la información pública, acciones aisladas de jueces y fiscales (caso de exagerado derecho de réplica –Búsqueda–). Y una luz roja –y toque de alerta–, fue precisamente para lo del secreto bancario tal como se planteaba en el proyecto inicial. Esa piedra libre para los DGI “sin conocimiento de los titulares y sin ningún tipo de garantía judicial” han sido “utilizados por varios gobiernos latinoamericanos para jaquear a opositores y empresas y arremeter contra la libertad de prensa”, dijo la SIP. Dato extra: la mayoría de los países que usan los inspectores fiscales contra las libertades son de “ideología” progre con todas sus variedades, así como lo es el nuestro.

La verdad que lo del MEC al lado del lo del MEF, es casi una elegante genuflexión, algo ingenua, es cierto, y fuera de lugar.

Si no fuera porque hace tiempo se volvió un lugar común, esta nota podría llevar el mismo título que la célebre novela de Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. Nos referimos nada menos que al cierre de la muestra museística, del “Museo”, como se le conocía —aunque no reuniera todas las características formales para recibir tal denominación—, que funcionó en los talleres de AFE, originalmente construidos por la empresa Midland Uruguay Railway, la segunda en importancia entre las ferrocarrileras inglesas del país.

Este museo —llamémosle así— fue sostenido exclusivamente por el esfuerzo de trabajadores y jubilados ferroviarios, con el permiso de la empresa para utilizar un espacio que, de todos modos, habría permanecido vacío. Con base en su experiencia y en el conocimiento adquirido a lo largo de su vida laboral, montaron una exposición que permitía a quienes se acercaban conocer la historia del ferrocarril en Paysandú y los oficios que se desarrollaban en torno a este medio de transporte, que tuvo su edad de oro, en la que Paysandú desempeñó un papel fundamental.

Nadie puede decir que este cierre tomó por sorpresa. Al contrario, ha sido un proceso tan anunciado que deberíamos todos sonrojarnos al ver cómo lo dejamos morir.
En abril de 2022, durante la Semana de la Cerveza, dedicábamos este mismo espacio a alertar sobre la situación preocupante de los talleres, que paulatinamente fueron quedando sin personal. La crisis se profundizó tras la decisión de dejar de correr el servicio ferroviario entre las canteras y la planta de cemento de ANCAP, cuando el traslado de la materia prima pasó a realizarse en camiones. Con ello cesó también el mantenimiento de los vagones.

Simultáneamente dejaron de funcionar los servicios de pasajeros en el sur del país, cuyos coches eran mantenidos en los talleres sanduceros. Allí se disponía de pintura, carpintería, tapicería y personal especializado en los aspectos estrictamente ferroviarios, como el relleno de rodaduras y otros ajustes. Todo eso es hoy pasado, porque ha dejado de existir.

La historia del Ferrocarril Midland del Uruguay comenzó a escribirse antes de 1890, año de su inauguración. La línea se construyó simultáneamente desde Paso de los Toros hacia Paysandú y desde Paysandú hacia Salto. Los trabajos en nuestra ciudad comenzaron por el muelle propio de la empresa, un muelle ferroviario del que existen múltiples registros, con veleros atracados y en plena operación de carga y descarga. Fueron tiempos de gloria que se extinguieron en la década del 40.

Luego vino la nacionalización de todas las empresas ferroviarias, su unificación en AFE y la historia que muchos conocen: una empresa que nunca terminó de consolidarse como la solución logística que el país necesitaba. El transporte carretero de cargas y pasajeros, al ritmo en que mejoraban las rutas, la desplazó hasta el lugar marginal que hoy ocupa.

Toda esa historia fue recogida por los trabajadores y jubilados de los Talleres Paysandú de AFE, quienes —a puro costo y esfuerzo propio— construyeron esta muestra con materiales recuperados, conseguidos o donados, y compartieron su pasión por el ferrocarril con el público que se acercó una y otra vez. No siempre pudieron abrir cuando querían, porque los obstáculos estuvieron permanentemente a la orden del día.
Son los mismos trabajadores que, con su esfuerzo, recuperaron la locomotora N° 88, la antigua vaporera que luce frente a la Estación, en la plaza que ellos mismos acondicionaron en una esquina del predio, utilizando materiales en desuso. También se ocupaban de mantenerla, como lo hicieron hace pocos días, al cumplirse 15 años de su emplazamiento, para regocijo de quienes pasan por allí y se detienen a sacarse una foto junto a todo un Monumento Histórico Nacional.

Seamos justos: no digamos que nadie hizo nada por preservar este patrimonio. Los talleres fueron declarados Bien de Interés Patrimonial por la Comisión Departamental del Patrimonio Cultural, y desde la Junta Departamental también se promovieron iniciativas para establecer un mayor grado de protección. Los Talleres de AFE en Paysandú incluso despertaron interés fuera de fronteras: un equipo de la televisión francesa, que produce un programa sobre ferrocarriles del mundo, destacó el estado de conservación de las instalaciones y del equipamiento. Muchas de las máquinas son las originales que instaló la Midland y constituyen un testimonio vivo de cómo se trabajaba en plena Revolución Industrial, la primera, la de la máquina a vapor.

Hoy que el ferrocarril ha vuelto —al menos en el discurso— a ocupar un lugar en las preocupaciones de la administración estatal, este museo, los talleres, la estación y la tradición ferroviaria merecen ser considerados parte esencial de nuestra historia. Iniciativas como la muestra fotográfica realizada por estudiantes de UTU también apuntan a rescatar ese legado del olvido.

Esta mala noticia no debe achacarse, bajo ningún concepto, a los trabajadores. Muy por el contrario, debemos reprochárnosla a nosotros mismos: a todos, por no haber logrado convencer a quienes toman decisiones de que esto era algo importante y necesario de conservar.

Por lo pronto, los objetos que integran la muestra permanecerán en el lugar, lo que deja una rendija por la que aún se filtra un rayito de esperanza: que en el futuro pueda ser posible otro desenlace.

Al haberse definido desde el Ministerio de Economía y Finanzas —al menos hasta ahora— que no habrá mensaje complementario respecto al proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal, la situación puede resumirse con una de las frases preferidas del expresidente José Mujica: “es lo que hay, valor”. Esto implica que, con los tiempos apremiando las definiciones, los reclamos presupuestales de varios sectores —como la enseñanza y, especialmente, la Universidad— solo podrían ser atendidos, al menos parcialmente, mediante reasignaciones o trasposiciones de recursos.

En resumidas cuentas, se trata de sacar fondos de un lado para trasladarlos a otro; dejar a algunos con menos para atender las demandas de otros grupos de presión o lobbies, dejando al desnudo, como pocas veces, el llamado “síndrome de la sábana corta” que caracteriza a la distribución de los recursos estatales en cada período de gobierno.

Es decir, hay un tironeo contrarreloj entre quienes quieren una porción mayor y quienes no quieren ver reducida la que ya tienen asignada. En esta redefinición de prioridades se juega un “alargue” fundamental —en términos futbolísticos—, el último plazo para intentar dar vuelta el resultado.

La economía, sin embargo, tiene reglas claras, y una de las principales es no gastar más de lo que se tiene. La única alternativa sería endeudarse o seguir arrastrando déficit en las cuentas públicas. Y, al postergar las correcciones necesarias, lo único que se logra es consolidar el déficit y limitar cada vez más las herramientas disponibles para cumplir las metas propuestas.

En ese marco, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, ha señalado que no existen posibilidades de reducir —ni siquiera de mantener— el déficit fiscal si se atienden todos los pedidos presupuestales que quedaron sin respuesta. Desde el punto de vista estrictamente numérico, la única opción es “sacar de un lado para poner en otro”. Pero lo que puede parecer lógico en las planillas contables no lo es tanto cuando detrás de los recursos a reasignar hay personas, instituciones, necesidades o prioridades que se postergan en un amplio mar de demandas.

Conviene recordar que, al hablar de distribución de recursos, en el Estado siempre hay “paño para cortar”. Existen dependencias con competencias superpuestas, áreas sobredimensionadas en personal y otras que, por el contrario, reclaman más recursos humanos y materiales. Hay programas a medio ejecutar que podrían interrumpirse si no reciben los fondos necesarios, y casi todos los sectores —salvo contadas excepciones— golpean la puerta pidiendo más, convencidos de que lo merecen y lo necesitan para sostener y expandir sus actividades.

En este tire y afloje hay de todo, y las negociaciones, planteos y reuniones con los directamente interesados no siempre terminan como muchos esperan. Es que, cuando varios reclaman cien y solo hay diez para repartir, las frustraciones suelen ser el denominador común, y los satisfechos, la excepción.
Pero existen otros aspectos del Presupuesto Quinquenal en discusión que trascienden el corto plazo. Se refieren al futuro del país más allá del período 2025-2029, porque hay cuestiones estructurales que ni siquiera se rozan en el debate presupuestal, lo que permite suponer que no habrá correctivos adecuados en este quinquenio.

Uruguay, más allá de la estabilidad macroeconómica que exhibe —notable para un país con nuestras vulnerabilidades—, arrastra debilidades que condicionan su desarrollo y para las cuales no se han previsto respuestas. Todo se posterga “para más adelante”, para ese “algún día” que nunca llega. En ese sentido, según un informe de la Consultoría Económica de Grant Thornton en Uruguay y Paraguay, recogido por el suplemento Economía y Mercado del diario El País, los indicadores de innovación muestran un rezago persistente. De acuerdo con datos del Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo equivale a apenas 0,63 % del Producto Bruto Interno (PBI), frente a un promedio del 3 % en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), e incluso por debajo de Brasil, que destina alrededor del 1,5 %.
Además, la mayor parte de esa inversión proviene del sector público, con una participación empresarial todavía muy limitada. Este rezago innovador se refleja también en la productividad, estancada en los últimos quince años. Es decir, aunque aumenten el empleo y el capital, si no mejora la eficiencia productiva, los avances en ingresos y salarios reales serán escasos o nulos. A ello se suma un mayor costo de bienes y servicios en relación con los ingresos promedio de la población.

Esta baja productividad genera mayor vulnerabilidad frente a los vaivenes externos. Según el mismo estudio, la productividad laboral —medida como PBI por hora trabajada en paridad de poder adquisitivo— se mantiene en torno al 44 % del nivel de Estados Unidos, sin señales de convergencia desde mediados de la década pasada.

Y acá volvemos al Presupuesto 2025-2029. Aunque en su exposición de motivos se reconoce la importancia de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, este sector pasa de representar el 0,4 % del total presupuestal en 2025 al 0,3 % en 2029, lo que implica una caída del 8,4 % en el último año del quinquenio.

Esto demuestra que los recursos que se detraen de los sectores reales de la economía para financiar el funcionamiento del Estado apenas alcanzan, en el mejor de los casos, para sostenerlo. Invertir menos en ciencia, tecnología e innovación significa avanzar en sentido contrario al del mundo. Una contradicción evidente con lo que se proclama desde el sistema político, sin distinción de partidos: se repite el discurso de la modernización, pero los hechos muestran que seguimos improvisando y apagando incendios en lugar de prevenirlos. Cada Presupuesto Quinquenal es una muestra elocuente de esa realidad.

El aporte del voluntariado al bienestar de las personas y las diferentes comunidades es algo reconocido desde hace tiempo. Su presencia y rol marca una diferencia en el mundo en lo que respecta a la contribución a la cohesión social y la satisfacción de las necesidad de muchos grupos poblacionales frente a situaciones de pobreza o de crisis.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas reconoce el papel del voluntariado como motor para alcanzar los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio, destacando particularmente sus aportes a la reducción de la pobreza, la educación de calidad, la acción climática y su contribución a la paz, justicia y solidez institucional.

El voluntariado no es solamente una manifestación de la solidaridad sino, fundamentalmente, una poderosa herramienta hacia la transformación social. Reconocer el valor de esta contribución no implica desconocer que el voluntariado también pone de relieve las limitaciones del sistema público para desarrollar su acción en las diversas áreas que son su responsabilidad.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi un 15% de la población mundial adulta realiza actividades de voluntariado, lo que representa aproximadamente mil millones de personas. Su trabajo solidario y honorario es cuantificable también desde el punto de vista de la contribución económica y es muy significativa.

En este sentido, según la OIT el trabajo voluntario equivale a más de 109 millones de empleos de tiempo completo, lo que sería una parte sustancial del Producto Bruto Interno en muchos países.
En nuestro departamento, como en otras partes del interior del país, la cultura del voluntariado constituye una expresión de compromiso comunitario con diferentes causas, desde acciones barriales hasta en instituciones deportivas, sociales, culturales, organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las parroquias, bibliotecas comunitarias, comisiones de diferente tipo, la salud, la vivienda o el apoyo a la educación o acciones destinadas a la niñez o la tercera edad, entre otras.

“Tradicionalmente el trabajo voluntariado era una actividad casi invisible para la sociedad en general, así como para los organismos de gobierno, para el mundo académico y con casi nula repercusión en los medios de comunicación. En los últimos años esta percepción se ha revertido, son reiteradas las apariciones sobre esta temática en la prensa, en encuestas de opinión, el tema se ha incorporado en la las agendas de organismos de gobierno y se maneja a nivel de la población en general. (…) La atención prestada por los medios de comunicación es una respuesta, una búsqueda de una alternativa posible frente al descreimiento general, a la pérdida de valores, a la crisis social y económica que afecta a toda la sociedad”, señalan las académicas Analía Bettoni y Anabel Cruz en un estudio sobre el tema publicado a principios de los años 2000.

Veinticinco años después podría decirse que, a pesar de la “liquidez” de los tiempos contemporáneos, el voluntariado vive entre nosotros como una tradición solidaria que honra la historia de nuestro país y departamento, siendo el reflejo de la existencia de una ciudadanía activa y solidaria.
Según la Encuesta Nacional de Voluntariado de 2019, se trata de una práctica ampliamente extendida en el país ya que una de cada cuatro personas realizó actividades voluntarias en el último año previo al estudio, lo que ubica a nuestro país entre los más comprometidos de América Latina en cuanto a participación social. No obstante, el voluntariado en áreas como la alimentación, la salud, el apoyo escolar o el acompañamiento a personas mayores también puede ser interpretado como una expresión de la insuficiencia de las políticas públicas para atender las necesidades más básicas de la población en diferentes puntos del territorio nacional.

El punto es que cuando la sociedad organizada se convierte en un sostén importante de las poblaciones vulnerables, lo que está en discusión es la capacidad del Estado para garantizar los derechos de esas personas. En muchos rincones del país –y esa fue una realidad que resultó aumentada durante la pandemia a través de las ollas populares, por ejemplo– son los grupos u organizaciones de voluntarios las que sostienen comedores, acompañan adultos mayores o sostienen el funcionamiento de alguna biblioteca comunitaria.

En Paysandú como en otros departamentos del país, algunas organizaciones de voluntarios se encargan justamente, de tratar de reducir esas brechas concretas tratando de subsanar la escasa presencia institucional, la escasez de recursos humanos especializados, la infraestructura limitada o la reducción de tiempos de respuesta que no siempre se ajustan a las necesidades de la gente.
No se trata de desmerecer la importancia y el valor del voluntariado, sino al contrario, lo reivindicamos como acción ética y de compromiso que fortalece el tejido social. No obstante, no puede ser la única red de contención posible porque no es buena cosa naturalizar la ausencia institucional o invisibilizar la responsabilidad pública.

El voluntariado necesita ser reconocido y potenciado pero no puede ser un instrumento que cubra carencias estructurales. Por el contrario, las instituciones nacionales y departamentales deben destinar recursos y desarrollar políticas que fortalezcan las redes comunitarias vinculadas a esferas básicas para los ciudadanos, como la salud, la cultura, el acompañamiento, la vida saludable u otras. Es importante fortalecer las redes comunitarias sin delegar en ellas lo que les corresponde por mandato constitucional, garantizando derechos, promoviendo la equidad o cuidando a quienes más lo necesitan.

Paysandú cuenta con una fuerte tradición y desarrollo del voluntariado, que ha sido un instrumento fundamental ante crisis que nos han enfrentado a la adversidad, pero todos los ciudadanos merecen y tienen el derecho de vivir en un territorio donde la solidaridad no sea la única respuesta posible. Uruguay necesita una política nacional de voluntariado que articule y fortalezca las acciones en el territorio. Sería interesante poder avanzar, como lo han hecho otros países, a una mayor articulación y fortalecimiento a través de la articulación entre gobiernos departamentales y colectivos ciudadanos, el financiamiento estable para las organizaciones comunitarios y la evaluación del impacto y la transparencia en el uso de los recursos. Esa corresponsabilidad es un horizonte deseable y, sería bueno que también fuera posible.

De acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial el 29 de octubre, el año que viene los precios de los productos básicos alcanzarán su nivel más bajo en seis años y se incrementará el excedente de petróleo. Algunos análisis tempranos señalan que no se trata de buenas noticias para países como Uruguay y Argentina.

De hecho la alianza OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros diez países productores asociados liderados por Arabia Saudita y Rusia, ha tomado una decisión mixta que busca equilibrar la demanda global con el temor a la inestabilidad geopolítica. El grupo acordó un noveno aumento consecutivo de su oferta petrolera en 137 mil barriles diarios (bd) a partir del mes de diciembre.

En un comunicado emitido en Viena tras una reunión telemática de ocho países clave, la OPEP+ detalló la medida: “En vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo”. El aumento se aplicará sobre los 1,65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023. Esto encuadra con el planteo de que “Las presiones inflacionarias se atenúan, pero las tensiones geopolíticas opacan las perspectivas”, que el informe sugiere como descripción de escenario: Los precios mundiales de los productos básicos caerán en 2026 al nivel más bajo de los últimos seis años y marcarán así el cuarto año consecutivo de declive, se afirma en la edición más reciente del informe del Grupo Banco Mundial titulado Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos).

Se prevé que los precios se reducirán un 7% tanto en 2025 como en 2026, impulsados por el débil crecimiento económico mundial, el creciente superávit en la oferta de petróleo y la persistente incertidumbre en las políticas. Tal disminución de los precios de la energía está ayudando a atenuar la inflación mundial, mientras que la baja de los precios del arroz y el trigo ha contribuido a hacer más accesibles los alimentos en algunos países en desarrollo. Sin embargo, pese a las recientes reducciones, los precios de los productos básicos se mantienen por encima de los niveles anteriores a la pandemia: se prevé que en 2025 y 2026 serán un 23% y un 14% más altos, respectivamente, que en 2019.

“Los mercados de productos básicos están ayudando a estabilizar la economía mundial”, comentó Indermit Gill, el economista en jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial, en la medida que esta caída de los precios de la energía contribuyó a la baja de la inflación mundial de los precios al consumidor. Sin embargo avizora que esto no durará y afirma que “los Gobiernos deberían aprovechar para poner en orden sus finanzas, preparar sus economías para el desarrollo de la actividad empresarial y acelerar el comercio y la inversión”.

Se espera que este bajón dure dos años. Porque en el fondo persisten determinadas presiones al alza en los precios: continúan las tensiones geopolíticas y los conflictos podrían volver a impulsar los precios del petróleo y la demanda de productos básicos considerados refugios seguros, como el oro y la plata. Sumado a ello, las condiciones meteorológicas extremas provocadas por un ciclo del fenómeno La Niña más intenso de lo previsto podrían afectar la producción agrícola y elevar la demanda de electricidad para calefacción y refrigeración, aumentando la presión sobre los precios de los alimentos y la energía. Por otra parte, la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) y la creciente demanda de electricidad para el funcionamiento de los centros de datos podrían hacer subir los precios de la energía y de los metales básicos como el aluminio y el cobre, esenciales para la infraestructura de la IA.

A ojos del economista en jefe adjunto y director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, Ayhan Kose, esta baja en los precios, en especial el del petróleo, ofrece una oportunidad “para que las economías en desarrollo impulsen reformas fiscales que promuevan el crecimiento y la creación de empleo”, en especial apelando a una “eliminación gradual de los costosos subsidios a los combustibles”, que libere recursos para invertir en infraestructura y capital humano. Claro que este escenario no encuentra a Uruguay y a Argentina parados de igual manera. Pero no cabe entrar en comparaciones, que además no tienen sentido, porque no es novedad para nadie que cuando Argentina se resfría, acá tenemos que ir comprando pañuelos.

De todos modos es sano reconocer que la posición uruguaya es sólida. Sin ir más lejos el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó días atrás la Consulta del Artículo IV correspondiente al año 2025 para Uruguay con una evaluación (ver en código QR) en la que destacó “la resiliencia de la economía uruguaya, respaldada por sólidas políticas macroeconómicas, y valora positivamente los avances en la modernización de los marcos de política fiscal y monetaria”.

“Durante 2024, Uruguay registró un crecimiento económico de 3,1%, impulsado por la recuperación del sector agrícola y el aumento del turismo. Asimismo, la inflación descendió hasta 4,2% en agosto de 2025, convergiendo hacia el objetivo establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU). En ese contexto, conjuntamente con el descenso de las expectativas de inflación, el BCU inició un proceso gradual de flexibilización de la política monetaria. Para 2025, el FMI proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,5%, sostenido por el fortalecimiento de la demanda interna y las exportaciones. También prevé que la inflación se mantenga en torno a 4,5%, en línea con la meta del Banco Central”.

El organismo agregó que los riesgos macroeconómicos se encuentran balanceados, aunque recuerda que Uruguay continúa “expuesto a la evolución de los precios internacionales de materias primas y a condiciones externas”. Justamente los factores que podrían verse afectados si se cumplen los vaticinios del comienzo. Sin embargo, indica el FMI que “la sólida posición de liquidez, los plazos largos de la deuda y una mayor proporción de emisiones en moneda local contribuyen a mitigar dichos riesgos”. Así y todo es sumamente importante que prime la mesura en el gasto, como parece —con algunos matices, por cierto— haber sido el norte en el proyecto de Ley de Presupuesto que está a estudio ya en la segunda cámara, sin ceder a las fuertes presiones que un día tras otro vemos de parte de sindicatos púbicos que tal vez con razón en sus pretensiones, pero desentendiéndose de la realidad, consideran que es posible transcurrir toda la historia de bicicleta en bicicleta, como si eso no tuviese consecuencias.

En la edición del domingo de EL TELEGRAFO dábamos cuenta sobre la detección de nuevos intentos de estafa vinculados a redes sociales o llamados telefónicos, con diversas variantes en las modalidades pero siempre buscando mediante el engaño, o especulando con urgencias y dramas familiares para derribar las defensas y aprensiones de la potencial víctima, que queda con la guardia baja y a merced de los estafadores. En este caso, la Fiscalía General de la Nación emitió una advertencia pública “ante la detección de maniobras delictivas en distintos departamentos, donde personas se hacen pasar por funcionarios de la institución para obtener dinero mediante engaños telefónicos”. Según informó el organismo los falsos funcionarios llaman a particulares afirmando que un familiar cercano habría sufrido un accidente de tránsito o estaría detenido, y bajo esa excusa exigen el pago inmediato de dinero o transferencias para resolver la situación o evitar consecuencias legales.

Ante estos elementos, la Fiscalía recordó enfáticamente que no solicita dinero bajo ninguna circunstancia, desde que “ningún fiscal ni funcionario está autorizado a pedir transferencias, pagos en efectivo ni depósito de ningún tipo a cambio de gestiones, favores o supuestas soluciones judiciales.

Ocurre que cualquiera de nosotros, leyendo esta noticia desde la tranquilidad del hogar, un escritorio o donde sea, nos sentimos tentados a reflexionar hasta qué punto llega la credulidad de las personas que han caído en estos engaños, o como puede ser que no se desconfíe ante estos pedidos anónimos que llegan a través del teléfono, pero las cosas son distintas cuando el presuntamente involucrado es uno de nuestros seres queridos y aflora instantáneamente el instinto de protección y de actuar con premura para evitarle males mayores.

Es sabido que una de las modalidades más comunes es que los estafadores envían un mensaje a muchos usuarios, con la pretensión de que algunos de ellos les proporcionen datos personales, para acceder a sus cuentas bancarias o poder operar a distintos niveles, sobre todo tomando créditos en diversas instituciones, y cargar así el pago a sus víctimas.

En otros tiempos este tipo de maniobras –que siempre existieron– se hacía por otras vías, apoyándose siempre en la credulidad o desconocimiento de los afectados, pero en estos delitos cibernéticos el común denominador es un desconocimiento de gran parte de la población, sobre todo de personas mayores, de la forma de operar a través de herramientas informáticas y así son sorprendidos a diario en su buena fe.
Es que a esta altura del milenio, el avance de las tecnologías de la información (TIC) es parte de una globalización a la que no escapa ninguna de las áreas de actividad, y en este contexto la informática, la digitalización, la incorporación de estas tecnologías en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, aún en aspectos elementales, hacen que la educación digital resulte pieza fundamental para un uso adecuado de los instrumentos que se nos brindan y que en muchas áreas son excluyentes.

En reciente artículo en el semanario La Mañana, en una entrevista a Santiago Ingold, licenciado en computación y especialista en ciberseguridad, el profesional señala que “con base en la cantidad y gravedad de los incidentes ocurridos últimamente, nadie puede pensar que el problema de la ciberseguridad no es grave. Los ataques tienen impactos cada vez mayores y ocurren más frecuentemente, así que es un problema en crecimiento en Uruguay, pero también en el mundo. En el sector privado no es solamente un problema tecnológico, sino que es un problema de negocio y las empresas que no lo ven así, lamentablemente están más expuestas a los riesgos reales de sufrir un incidente. Por otro lado en el sector público la ciberseguridad tampoco es solamente un tema tecnológico y tiene que ver con los incidentes de seguridad a nivel estatal que pueden afectar los derechos ciudadanos y en caso de ataques externos a infraestructuras críticas, la soberanía digital del país”.

Es decir, que se trata de una problemática muy compleja y de vastos alcances, porque por un lado los ciberdelincuentes “trabajan” a gran escala a nivel de empresas para obtener datos y venderlos o plantear medios de extorsión para devolver datos, pero también a escala menor, ante el ciudadano común, hay quienes se dedican a buscar el engaño a través de la credulidad de las víctimas, con mensajes en base a logos falsos, requiriendo tales o cuales datos, confirmación de identidad y contraseñas, etcétera, entre un sin fin de variantes que han hecho caer incluso a personas con experiencia dentro de la informática.

Ingold considera que el incremento de las ciberestafas tiene que ver con el crecimiento exponencial de la digitalización en todos los aspectos de nuestras vidas: “cada vez más hacemos online cosas que antes hacíamos presencialmente o por teléfono, tales como trámites, reservas, consultas, compras, reuniones y un largo etcétera”, a la vez que reflexiona que “antes la gente iba al banco a depositar o retirar una cantidad de dinero y tenía ciertas precauciones al momento de entrar o salir y de trasladarse. Hoy en día debemos tener precauciones para proteger nuestros dispositivos o contraseñas con los que accedemos al home banking. Pero como lo hago desde mi casa, puedo sentirme más seguro y no ser tan consciente del riesgo al que estoy expuesto.

El punto es que a medida que se avanza en la difusión masiva de los instrumentos, nos encontramos con que el impacto en la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, se presenta con una repercusión generacional que es marcadamente diferencial, con notoria desventaja en el caso de personas de la tercera edad, sobre todo, para insertarse en el nuevo esquema no solo en lo que refiere para el mejor uso cotidiano, sino también para estar al tanto de las “trampas” que se plantean por los ciberdelincuentes para aprovecharse de la confianza y la falta de conocimientos de numerosos usuarios.

Por lo tanto, es fundamental que se reduzca la denominada brecha digital para que las personas que no estén al tanto del funcionamiento de las herramientas informáticas, no resulten víctimas fáciles de estas estafas, que han dejado el tendal de afectados, como se da justamente con personas usuarias de instituciones bancarias.

Y como dice Ingold, los usuarios deben “desconfiar de lo urgente y lo gratuito, o más en general, desconfiar de cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad. La mayoría de los fraudes apelan a sentimientos como el miedo o la urgencia para reducir nuestra capacidad de razonamiento”, lo que indica que ante casos de alguna duda, se debería intentar confirmación por otras vías o contacto directo con otros familiares y la institución involucrada, como medida primaria para evitar males mayores.

El punto es que más allá de la educación y la concientización, así como la prudencia personal en el manejo de datos, se requiere asimismo una legislación sólida y actualizada que aborde específicamente el ciberdelito en Uruguay, y que se pueda actuar de manera ágil en la respuesta de prevención y/o reparación ante estas maniobras, cuando ello es todavía posible.

Aumenta la cantidad de psicofármacos suministrados a pacientes pediátricos, y las estadísticas lo confirman científicamente. Durante setiembre y octubre de 2023 se realizaron seguimientos a niños y niñas de entre 2 y 14 años internados en el Hospital Pereira Rossell, cuyos resultados fueron publicados en mayo de este año.

El estudio reveló que el 72% de los casos analizados recibió antipsicóticos y el 47% fue tratado con polifarmacia, es decir, una combinación de antipsicóticos y antidepresivos. La Revista de Psiquiatría InfantoJuvenil señaló que los motivos más frecuentes de prescripción fueron trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta.

El informe comprobó que “la prescripción no está acompañada de un correcto monitoreo” y advirtió una “escasez en la indicación de tratamientos no farmacológicos”. Recomendó, además, realizar estudios comparativos sobre la efectividad de distintas terapias y definir un protocolo de actuación para niños y adolescentes con trastornos de salud mental.

Los casos más comunes corresponden al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), cuya incidencia aumentó en el país —y también a nivel global— desde la pandemia de COVID-19. Los trastornos de ansiedad se cuadruplicaron y los de conducta se quintuplicaron. Ante este panorama, los psicofármacos se han convertido en el recurso más habitual para atender diagnósticos diversos.

El estudio, basado en datos del Sistema de Gestión de Consultas de ASSE, señaló que entre enero de 2019 y mayo de 2023 había 4.887 niños en lista de espera para Psicología. “En este contexto se visualiza la problemática del acceso a la terapia”, concluye el documento, que advierte una “sobreutilización de la farmacoterapia en detrimento de los abordajes no farmacológicos”. Además, alerta: “El uso exclusivo de psicofármacos constituye una vulneración de derechos, ya que, aunque la indicación médica esté justificada, la ausencia de otros espacios terapéuticos genera daño”.

El informe enfatiza que las intervenciones en salud mental no pueden reducirse al tratamiento farmacológico, dado que esta es una dimensión multidisciplinaria que requiere incluir al entorno familiar para lograr un abordaje integral.

Sin embargo, se vuelve a evidenciar la falta de políticas institucionales sostenidas que trasciendan los distintos gobiernos, habiliten recursos y, sobre todo, tiempo para atender una problemática compleja. Mientras no exista un protocolo integral que articule los ámbitos de educación, salud y protección infantil, habrá tantos enfoques como poblaciones que requieran intervención. Esto refleja una paradoja: en un país donde nacen cada vez menos niños, la sociedad dispone de menos herramientas para afrontar los problemas sociales de la infancia. Con frecuencia, la única respuesta es la prescripción de un medicamento, ante la carencia de recursos para otras terapias.

Las cifras son especialmente alarmantes en la población institucionalizada. Un estudio del INAU realizado en 2021 sobre el sistema de protección de 24 horas mostró que el 35% de los niños de entre 6 y 12 años consumía psicofármacos, cifra que aumentaba al 47% entre los adolescentes de 13 a 17 años.

Asimismo, un informe de Unicef de 2020 reveló un elevado número de niños y adolescentes internados en clínicas de salud mental, de los cuales el 40% permanecía internado incluso con el alta médica.

Al egresar, muchos no cuentan con un seguimiento adecuado, en un contexto donde se ha naturalizado el consumo de drogas durante las salidas no acordadas. Este déficit de atención integral y de seguimiento impide, además, la continuidad de las actividades curriculares.

Para lograr un abordaje efectivo, resulta fundamental incluir a todos los niños y adolescentes en los controles médicos regulares. Sin embargo, como advirtió la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en Uruguay unos 126.000 menores no cuentan con controles médicos, una cifra alarmante si se compara con el total de niños escolarizados.

La ministra, pediatra de profesión, subrayó la necesidad de “dar respuesta a determinadas disciplinas, especialidades e interconsultas”, en el marco de una de las diez prioridades establecidas por el Ministerio desde su asunción en marzo. El séptimo punto de esa agenda prioriza “la salud de la primera infancia, infancia y adolescencia, y su rol central en el desarrollo nacional”.

Uruguay enfrenta un enorme desafío con su infancia y adolescencia, que debe ser abordado más allá de los discursos partidarios. Las políticas públicas, en este sentido, deben pensarse a largo plazo y con una mirada de Estado, de lo contrario, solo se profundizará una problemática ya constatada por múltiples estudios.

La paradoja es clara: en el siglo del bienestar, la crisis de salud mental golpea con fuerza a quienes deberían vivir “la mejor etapa de la vida”.

A comienzos de octubre, el Parlamento organizó un seminario sobre la situación de la infancia en el país. Entre sus conclusiones se destacó la necesidad de crear dispositivos específicos para la atención de la salud mental y el consumo problemático.

El séptimo punto de las prioridades ministeriales lo resume bien: el compromiso con esta población es clave, porque, de no asumirse, se compromete seriamente el futuro del país. Lamentablemente, no todos parecen verlo así.

El contrato del Estado uruguayo con la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por offshore patrol vessel, según su denominación en inglés) ha desatado una profunda polémica en la que se entremezclan, por un lado, el estado de las obras realizadas hasta el momento y, por otro, el contenido de un contrato que no se ha dado a conocer a la opinión pública, lo que despierta todo tipo de suspicacias. El valor total del contrato asciende a 92 millones de dólares por ambas naves.

Con el propósito de esclarecer esta situación, recurrimos al resumen publicado por la revista Forbes Uruguay, que detalla cronológicamente las gestiones realizadas tanto por el presidente Lacalle Pou como por el presidente Orsi. En diciembre de 2021, el gobierno de Lacalle Pou anunció un proceso licitatorio para la compra de dos patrullas oceánicas, nuevas o usadas. A esa instancia se presentaron empresas de China, Holanda y Francia. La propuesta técnica mejor calificada fue la china, lo que generó el malestar de Estados Unidos, que a comienzos de 2022 manifestó su disconformidad al gobierno uruguayo. Luego de un período de incertidumbre, el Ejecutivo anunció en enero de 2023 que dejaba desierta la licitación, alegando que los precios eran demasiado elevados (casi 200 millones de dólares por ambas patrullas), decisión que provocó el descontento de China.

En abril de 2023 surgió una alternativa: dos buques que la Armada de Noruega iba a descartar. Sin embargo, esa opción también fue desechada porque las embarcaciones excedían la profundidad de los muelles del puerto de Montevideo. Tras esos dos intentos frustrados, el gobierno decidió contactar —vía telefónica— a distintos astilleros capaces de construir patrulleras según una serie de requisitos básicos de infraestructura. En julio de 2023 se resolvió adjudicar al astillero Cardama la construcción de dos OPV por 82 millones de euros, la oferta más económica, y en diciembre de ese año se firmó el contrato con la empresa española.

El plazo original para la presentación de garantías era de 45 días. Sin embargo, a Cardama le resultó difícil encontrar instituciones que otorgaran ese tipo de avales, lo que dilató el proceso durante diez meses. En octubre de 2024 apareció la empresa EuroCommerce LTD como alternativa, aunque su aval era por un año y no por los cuatro años del contrato. En setiembre de 2025, ya con Orsi en el poder, venció el plazo para la renovación de la garantía de fiel cumplimiento por 4,5 millones de dólares que debía presentar Cardama, y el Ejecutivo resolvió ejecutarla. Tras una visita del embajador uruguayo en Londres a la sede de EuroCommerce, se constató que en esa dirección funcionaba una inmobiliaria y que la firma era una empresa de papel a nombre de un ciudadano ruso. En octubre, el gobierno comunicó en conferencia de prensa —a la cual, llamativamente, no asistió la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazzo— su decisión de rescindir el contrato por sospecha de fraude contra el Estado. Según el presidente Orsi, las acciones iniciadas por el Estado uruguayo contra Cardama se debieron a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”. El Poder Ejecutivo presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra Cardama por la irregularidad constatada en la garantía de fiel cumplimiento del contrato, valuado en más de 92 millones de dólares. También anunció su intención de iniciar una demanda civil contra el astillero español. Cardama, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró no haber incumplido el contrato, se mostró sorprendida por la decisión del gobierno y ofreció sustituir la garantía de EuroCommerce por una nueva. Integrantes de la oposición advirtieron sobre la posibilidad de que se inicie un juicio millonario contra el Estado. Si bien inicialmente trascendió que el avance de la construcción de la primera patrulla era del 60 %, posteriormente un informe de la Armada lo situó en apenas un 20 % del cronograma previsto. El gobierno ya había desembolsado unos 30 millones de dólares para la construcción de las OPV.

Días después, el tono del Poder Ejecutivo cambió por completo. Tanto el presidente Orsi como el ministro de Economía, Gabriel Oddone, manifestaron públicamente que si aparecía un nuevo aval como garantía, el contrato con Cardama podría continuar. “Si consiguen otra garantía, veremos”, dijo el presidente en rueda de prensa. Oddone había declarado previamente que, si la garantía era sustituida por otra con sustancia, el contrato debía seguir adelante. En resumen, Orsi tuvo que “recular en chancleta”, una tarea de por sí complicada, pero que en este caso suma la gravedad de exponer al país a juicios millonarios por no haberse asesorado previamente desde el punto de vista jurídico. No cabe duda de que Orsi fue elegido legítimamente por la mayoría de los uruguayos y de que Gabriel Oddone es un reconocido especialista y académico en materia económica, pero ninguno de los dos es abogado. Este asunto debería haber sido estudiado por profesionales del Derecho. Al fin y al cabo, nadie llama a un electricista para reparar una silla de totora. Por algo existe el dicho: “Zapatero, a tus zapatos”.

El enrevesado proceso de la construcción de estas patrulleras deja abiertas algunas preguntas que no pueden ser eludidas. ¿Por qué el gobierno de Lacalle Pou adjudicó la construcción de las naves a una empresa sin antecedentes en el ámbito militar? ¿Por qué esa administración esperó diez meses por una garantía que debía presentarse en 45 días? ¿Por qué se desoyó el informe del estudio jurídico Delpiazzo, que advirtió reiteradamente sobre “dificultades” y “desprolijidades” en el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo? El abogado José Miguel Delpiazzo declaró que “preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor Mario Cardama, una y otra vez”, según informó La Diaria. ¿Por qué el Estado uruguayo no inició acciones legales cuando supo que apenas el 20 % de la obra estaba ejecutada?

A esta altura, resulta evidente que tanto el gobierno anterior como el actual han manejado el tema de la construcción de las patrulleras cometiendo una serie de omisiones que arrojan sombras sobre todo el proceso. Errores antes y errores ahora, cuyo desenlace ya conocemos: ni Orsi, ni Lacalle Pou, ni Javier García, ni Sandra Lazzo pondrán un peso de su bolsillo para pagar los platos rotos cuando Uruguay sea condenado al pago de daños y perjuicios por haber rescindido el contrato de manera indebida. Los que terminaremos pagando esos millones de dólares seremos los uruguayos de a pie o, como decía el periodista Tomás Linn, “los nabos de siempre”. Nada nuevo bajo el Sol: los políticos de todos los partidos juegan con el dinero que es de todos, pero cuando pierden, quienes pagamos somos nosotros, no ellos.

Mi madre fue paciente oncológica durante años. Cumplió siempre con los controles y estudios indicados, en tiempo y forma, confiando plenamente en los profesionales que la atendían.

Pero esa confianza se rompió el día en que consultó por dolores intensos. Se realizó los estudios, entre ellos una tomografía que claramente revelaba un tumor de vejiga. Sin embargo, la médica que la atendió los leyó con total liviandad. Le dijo que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse, que sus dolores eran “musculares”. Incluso la tranquilizó diciéndole que estaba “espléndida”. Mi madre confió. No insistió, porque creyó en quien debía cuidarla y leer con responsabilidad el diagnóstico claro que figuraba en el informe.

Meses después, otro especialista descubrió que padecía un tumor avanzado. Ya era tarde. Lo que pudo tratarse a tiempo se convirtió en un proceso de dolor, cirugías en Uruguay y en Argentina y un sufrimiento que nadie merece, hasta terminar con su vida.

Cuando reclamamos, la institución donde la médica incluso integra la directiva se limitó a responder que “la medicina no es una ciencia exacta”. Pero no se trató de un error inevitable: fue falta de interés, de escucha de humanidad y de profesionalismo.

La medicina no siempre puede curar, pero sí debe acompañar. Mi madre no recibió esa humanidad. Ojalá otras personas sí la reciban y tengan la posibilidad de ser escuchadas y acompañadas con respeto, humanidad y empatía.

Jessica N.D.

En los últimos días, en marco de la celebración de los 113 años de UTE, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona refirió a la posibilidad de adecuar las tarifas eléctricas para el norte del país. Concretamente decía: “Estamos trabajando con UTE como empresa del país para tener una cabeza disruptiva del punto de vista tarifario, no solamente para los empresarios y el ambiente productivo, sino también para la ciudadanía y su servicio para todos los hogares, pensar en cuál es la realidad del Uruguay en estos momentos. Una de las cosas que planteé siendo directora por la oposición en el perÍodo pasado, cuando íbamos al norte en verano, la gente de Artigas, Salto, Paysandú o Rivera, con las temperaturas a las que se llegaba, se concluía que tener aire acondicionado no es algo superfluo, sino una realidad de calidad de vida”.

Agregaba Cardona que una medida de este tipo “tiene que ver con algo que UTE tiene como desafío, pensar cuál es la demanda tanto de la población como de la industria y tener un pliego tarifario acorde a esa demanda. Claro que hay que considerar todo esto a la vez, qué recursos tenemos, qué estructura damos, tenemos todo el negocio, generamos, distribuimos, organizamos pero tenemos que tener siempre en cuenta la demanda real de la población”. E insistió en que “hace muchos meses venimos pensando una tarifa distinta para el norte del país y lo estamos trabajando con los cargos fijos, la potencia e incluso nos han planteado el mismo tema desde el sector rural”,
Cardona valoró el rol de las empresas públicas uruguayas y recordó que el acceso a la energía “es un derecho humano y con esta visión ha trabajado UTE a lo largo de los años”. Refirió al respecto que existe una tarifa universal por la que todas las personas pagan lo mismo, independientemente del lugar dónde estén. “Eso es equidad territorial y justicia social. Y es una decisión política, sostenida en el tiempo”, y señaló que “cuando hablamos de acceso hablamos también de inclusión, de dignidad y de cuidado”.
La idea de una tarifa diferencial no es nueva, aunque hay que reconocer a la actual ministra el rol en mantener el tema vigente actuando en minoría en el anterior directorio del ente, como representante entonces de la oposición, y reflotarlo ahora, cuando ocupa la silla más importante de la cartera.

En 2022 Gustavo San Andrea impulsó desde Salto una campaña que recabó unas 10.000 firmas que presentó a la presidencia de UTE, solicitando un beneficio en la factura eléctrica de los meses de diciembre, enero y febrero al norte del río Negro. La iniciativa no prosperó y, viéndolo en retrospectiva, considera que faltó que se involucraran actores políticos detrás de la idea, comentaba más recientemente a EL TELEGRAFO.

El propósito de la campaña no fue otro que el compensar el mayor consumo que genera el uso del aire acondicionado por las elevadas temperaturas de esta zona del país. “Fue en febrero del 2022”, recuerda. “¿Te acordás que hubo una ola de calor impresionante, que se decía que fue el día más caluroso del año a nivel mundial? A raíz de eso empecé a publicar en las redes que en el norte, por sufrir estos calores, merecíamos una tarifa diferencial. Porque hoy por hoy, acá en el norte, sabemos que el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad”. La respuesta desde el ente fue negativa, aunque no fue unánime y en esas respuestas aparecieron argumentos que citaban antecedentes como descuentos que se hicieron en respuesta a diferentes fenómenos climáticos, tormentas, sequías, inundaciones. “Todo eso se hizo descuento en tarifas de UTE, se hicieron por franjas, o sea que se podía hacer. Si hubiera voluntad política”, afirmaba San Andrea. A la postre, el argumento para la negativa fue que “si nos piden en el norte también nos van a pedir en el Este y así”. Esta respuesta no es aceptable, considera San Andrea.

“En el Este con 25 grados están sofocados de calor, en Montevideo con 30 grados ya están desesperados, y acá sufrimos 50 grados. No es lo mismo el calor del norte que el calor del sur”. Pero sumado a esto hay otro elemento que se debería tener en cuenta a la hora de evaluar todo esto y es el costo de trasladar la energía desde donde se genera hasta los grandes centros de consumo, que están en el área metropolitana, y que a partir de la instalación del nuevo data center en proceso de construcción ese peso será aún mayor. Como decía Cardona: la tarifa eléctrica es la misma en todo el país, sin embargo no cuesta lo mismo entregar la electricidad en Salto, Durazno, Tacuarembó, Paysandú, Soriano y Río Negro que en Montevideo, Canelones o Maldonado.

En los hechos podríamos hablar –muy burdamente, por supuesto– de un subsidio desde el Norte del país al Sur, pagando un sobrecosto eléctrico para equiparar el precio. A la postre no se trata de tener en forma permanente una tarifa más barata, sino de contemplar las condiciones notoriamente diferentes entre una zona y otra del país, que inciden en el costo del confort para las familias. En el gobierno, al menos en la ministra de Industria, Energía y Minería, hay disposición para encontrar una solución, esperemos que lo que no falte esta vez sea el acompañamiento político que en los días de su campaña reclamaba San Andrea, y no encontró.

En el marco de la celebración de los 120 años del Centro Comercial de Salto, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, brindó una charla respecto a “La importancia del Interior para impulsar el crecimiento”, organizada por la mencionada entidad y la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), que nuclea a centros comerciales del Interior.

El tema desarrollado por el secretario de Estado es de particular importancia, porque hay una realidad que se percibe y se genera respecto al país desde Montevideo, asimilado por gran parte de la dirigencia política y de muchos actores como el “Uruguay”, y a lo sumo se extrapola hacia el Interior –como una concesión–, la realidad que se percibe desde esa ventana asomando al Plata, de espaldas al país.
Sobre esta charla, el semanario La Mañana recoge expresiones de Guillermo Luzardo, secretario de CEDU, quien destacó que el evento se realizó en conjunto con la Asociación Agropecuaria de Salto, “con el objetivo de mostrar de alguna manera la realidad del Uruguay. Nosotros hicimos un trabajo encabezado por el Ec. Pablo Cortondo y el Mag. Nicolás Remedi sobre los indicadores que manejan todos los departamentos en términos de empleo, de inversión, de desarrollo, así como de los subsidios que tiene el Estado, como los fondos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANII) destinados a la innovación empresarial”.

En este aspecto, este estudio estableció que nada menos que un 79 por ciento de los fondos volcados por la ANII en el período 2008- 2024 fueron destinados exclusivamente a Montevideo, un 16 por ciento al resto del país y solamente un cinco por ciento a los departamentos del norte. Acotamos por nuestra parte, que seguramente del 100 por ciento de estos fondos, por lo menos un 90 por ciento correspondió a la zona metropolitana, es decir a Montevideo y departamentos que lo rodean, lo que da la pauta de la asimetría geográfica en cuanto a los fondos que ha volcado el Estado con este destino en el período considerado, de 16 años, pero además con cifras que serían aún más acentuadas si se fuera hacia atrás en el tiempo evaluado.

Por supuesto, el centralismo Montevideano no empezó en este siglo ni nada que se parezca, sino que se remonta al fondo de los tiempos como nación, solo que con el paso de los años en lugar de haberse logrado mitigar este efecto de embudo hacia el sur, lo que se ha hecho más bien es consolidarlo, salvo algunos elementos aislados que por regla general no han movido la aguja.

Y respecto a las inversiones de la ANII, Luzardo evaluó al mencionado semanario que “esto marca una clara disparidad, porque estos departamentos, aparte de tener índices de empleo, inversión y desarrollo menores que el resto del país, son los que necesitan más inversión del Estado para lograr una innovación empresarial que equipare esa disparidad. Sin embargo, se da al contrario: la mayor inversión o subsidio del Estado se concentra en Montevideo. A su vez, en cuanto a los fondos industriales del Ministerio de Industria, un 60 por ciento va a Montevideo, un 31 por ciento a otros departamentos y solamente un 9 por ciento al norte. En estas cifras, naturalmente, no se toma en cuenta tampoco que la zona metropolitana seguramente está en el orden del 90 por ciento de la captación de estos fondos, en desmedro del Interior lejano, como es el norte y zonas fronterizas hacia el Este.

La buena noticia que da el dirigente de CEDU, si así se puede considerar algo que está todavía en los papeles, es que “en el evento anunciamos la creación de un centro de estudios en el norte del país para establecer, a través de información y datos objetivos, cómo podemos equiparar todas esas desigualdades. Este centro va a estar gerenciado por el Centro Comercial de Salto y CEDU, e invitamos a todos los centros comerciales y distintas instituciones que quieran sumarse, sobre todo con el aporte de información territorial, que es fundamental para tener información de mayor calidad”.

Lo que está muy bien, porque siempre es conveniente y más aún, necesario, respaldar con cifras lo que indican otros parámetros locales y la realidad que percibimos en el día a día quienes habitamos en el Interior y sobre todo en el norte del río Negro, que es seguramente la zona menos favorecida por los recursos y políticas del Estado que siempre encuentran la vuelta para que la capital se lleve la parte del león a la hora de la distribución de los recursos y cumplir los objetivos en las políticas públicas.

Como decíamos, más allá de las cifras que reafirmarán inevitablemente la realidad que percibimos todos los días en el Interior, según da cuenta Luzardo, en el marco de esta charla el propio ministro de Economía y Finanzas afirmó no estar ajeno a este escenario: “el ministro (Gabriel Oddone) comentó que es muy consciente de esta realidad del Uruguay. Allí, adelantó que estaban trabajando en la reglamentación de la Ley de Fronteras, que al poco tiempo de asumir este gobierno fue votada por ambas cámaras y aprobada, y ahora está a disposición del Poder Ejecutivo, que ya informó que en noviembre estará pronta la reglamentación para su puesta en marcha. En principio la ley aplicaría solamente para la frontera con Brasil por la diferencia cambiaria con ese país, que hoy es muy relevante. No aplicaría para la frontera con Argentina porque la brecha de precios no lo amerita, salvo que se agrande”.

Surge de estos elementos que evidentemente la dirigencia capitalina todavía no ha asumido en su real dimensión el perjuicio que causa a los departamentos del Litoral –sobre todo Salto y Paysandú, y en menor medida Río Negro– el cruce masivo para compras en la vecina orilla, lo que explica que el gobierno haya reducido la magnitud de la devolución del Imesi a las naftas, y que hasta ahora haya hecho oídos sordos a los planteos de fuerzas vivas y autoridades de los departamentos de la zona para que la tarjeta Recompensa del BROU retome los descuentos que se habían instituido para compras en el comercio local, de forma de hacer más competitivos bienes y servicios de este lado del río, en defensa de la actividad y del empleo en esta orilla. Claro, ocurre que históricamente y durante los gobiernos de todos los partidos, en Uruguay las cosas no suceden hasta que pasan en Montevideo, y en este desfasaje, el que lleva las de perder es el Interior, porque las respuestas, cuando llegan, lo hacen tarde y mal, cuando ya la mayor parte del daño ya está hecho.

Señala el dirigente de CEDU “la falta de competitividad que tenemos sobre todo en las fronteras, donde hay diferencias de precios abismales tanto en el sector industrial como en el sector comercial, que nos impiden ser competitivos con los productos que nosotros fabricamos o vendemos”, en tanto evaluó que “si no se hace algo por lo menos en el norte del país, la poca industria que tenemos va a tender a desaparecer, porque no somos rentables”.

Precisamente ese es el punto: si no se ponen en marcha políticas diferenciales para tender a cambiar una realidad que rompe los ojos seguiremos asistiendo a la desaparición de más fuentes de trabajo al norte del río Negro, a más emigración hacia la capital, y a mayores asimetrías en oportunidades para nuestros jóvenes, en el marco de un círculo vicioso que hasta ahora no se ha tenido la voluntad política de quebrar desde el poder central, más allá de los enunciados y palmaditas en el hombro de siempre.