En la víspera la cooperativa ACAC cerró las puertas del local ubicado en 18 de Julio 1184 y conforma un paquete de medidas de cierre de sucursales en el Interior, con el despido de funcionarios afectados a la atención al público.
“ACAC sigue presente con más de 3.000 socios operativos, es decir que tienen créditos o tarjetas de crédito en Paysandú. Lo único es que operaremos a través de corresponsales financieros, no lo haremos en un local propio, sino a través de comercios y redes de cobranza”, dijo a EL TELEGRAFO el gerente general de ACAC, Juan Daufin. El jerarca explicó que “nos vimos obligados a cerrar seis agencias en el Interior producto de la acción de AEBU que busca poner en peligro la viabilidad de la cooperativa. En agosto del año pasado, el sindicato bancario presionó a cinco bancos que le daban crédito a la cooperativa, con los que teníamos líneas por 200 millones de pesos, ya que la cooperativa no capta ahorros, por lo tanto trabaja con capital propio o con pasivos financieros, dados por instituciones autorizadas por el Banco Central”.
Daufin denunció que el sindicato bancario “presionó a las instituciones financieras que en una semana nos cerraron las líneas de crédito y lo hicieron para obligar a la cooperativa a avenirse a sus planteos, pero nosotros resolvimos trabajar con nuestro capital propio que, obviamente, se achicó”.
A partir de esa decisión, ACAC decidió “bajar los costos operativos con el cierre de las agencias, para defender el patrimonio de la cooperativa. Este es el tercer conflicto que tenemos con AEBU y en ninguno de los dos conflictos anteriores presionaron a los bancos para cerrarnos las líneas de crédito”.
ACAC OBLIGÓ A AEBU
Ernesto Palomeque, integrante del Consejo central de AEBU, señaló a EL TELEGRAFO que “esta situación conflictiva surgió hace más de un año, en la negociación del convenio colectivo donde la cooperativa obligó al sindicato a que cerráramos un acuerdo en el ministerio de Trabajo, con el argumento de que no tenía recursos económicos para atender los reclamos salariales de los trabajadores. Unos pocos meses después se descargó con aumentos salariales muy importantes a la plana mayor, que superan 25 o 30.000 pesos por cada jefe o gerente. Esos aumentos se dieron en su amplísima mayoría a trabajadores no sindicalizados”.
Posteriormente, AEBU elevó su queja a la secretaría de Estado, “tras cerrar un convenio muy ajustado para nuestras reivindicaciones”, pero “allí la cooperativa responde que efectivamente había recursos económicos para atender a quienes no estaban sindicalizados”. El dirigente remarcó que “en los últimos meses, comenzó a despedir trabajadores que están afiliados a AEBU. Son 20 despedidos de un total de 60 y entonces descubrimos que una empresa que actúa con una máscara de cooperativa, aplica medidas que tienen muy poco que ver con los fines cooperativos”.
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