Un informe de la Cepal, encargado por Presidencia de la República, señaló que entre 2005 y 2010 hubo en Uruguay casi 500.000 solicitudes de certificaciones médicas laborales por lumbago. Si el período se toma en una década, se observa que en 2005 hubo 60.000 pedidos que se incrementaron a más de 270.000 en 2015. En realidad, a partir del 2010 cambió la normativa y el médico tratante firma una licencia por enfermedad, cuando antes lo hacía un médico certificador.
El problema cultural de las certificaciones falsas obligó a que el Banco de Previsión Social (BPS) junto al Sindicato Médico del Uruguay y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República crearan una guía donde se establecen los tiempos esperados de recuperación y que oriente a los profesionales en la cantidad de días que se deben certificar.
La guía indica que un episodio depresivo leve se cura en un tiempo promedio de 45 días, un esguince en 15 días o una migraña en tres días, sin embargo, la decisión final le corresponde al médico y su evaluación será independiente. Es decir que no es la solución total a un problema naturalizado, no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sino de los estudiantes liceales y las madres de los escolares. En este punto, cabe cuestionarse si de la misma manera que se solicita la firma a un médico para un certificado que falsea el estado sanitario de una persona, se le pide a un escribano ante un trámite notarial. ¿Hasta qué punto se respeta la ética profesional, tanto del lado que pide, así como del profesional que lo extiende? Y en todo caso, ¿existen sanciones que se apliquen y puedan comprobarse para ambas partes?
Ocurre que el BPS pagó el año pasado, con dinero de todos los cotizantes, aproximadamente 200 millones de dólares en subsidios por enfermedad y sin contar a otras cajas descentralizadas como la bancaria, notarial, de profesionales universitarios ni de la administración central, en tanto los públicos tienen mayores beneficios que los privados. Con el cambio del sistema en 2009, se abrió la posibilidad de los abusos y la presunción de las irregularidades se centró, precisamente, en el incremento sostenido de este documento en los últimos años.
Los problemas óseos lideran la lista de patologías certificadas, seguido por enfermedades renales, intervenciones quirúrgicas, afecciones relacionadas con el trabajo, gripe, depresión y otros problemas mentales. Asimismo se observa una diferencia de géneros y mientras hay una mayoría de mujeres que certifican por depresión, en el caso de los hombres lo hacen por enfermedades relacionadas con su ámbito laboral. De acuerdo con las estadísticas correspondientes al segundo semestre de 2015, uno de los sectores más afectados por el ausentismo es la educación, con un promedio de 43% de funcionarios que certificaron alguna vez en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria y UTU.
No obstante, en todos los casos, la mayor cantidad de ausentismo se da entre el viernes y el lunes, coincidentemente con el fin de semana. Es también –y por otro lado– los días en que se presentan mayores donantes de sangre, en aprovechamiento de la ley que posibilita un día libre para quien concurra a un Banco de Sangre. O sea que, en ocasiones, hasta la solidaridad se encuentra en disputa.
Si la preocupación pasa por las estadísticas y el envejecimiento de la población, en líneas generales la representante de las empresas en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, está segura que la parte operativa del organismo genera mayores problemáticas con las liquidaciones activas y pasivas, que no tienen auditorías de ninguna clase. Por tanto, la pregunta es si el directorio del banco participa activamente en la totalidad de los procesos que definen una correcta administración de los recursos de sus aportantes y, si se establecen sanciones para los empleados que mienten en su dolencia o los profesionales que las certifican. De lo contrario, no habrá resultados positivos.
Este comportamiento mediocre está instalado en la sociedad y por esa razón no se explican las razones del aumento de las certificaciones hasta nueve veces en los últimos diez años, con un perjuicio económico que se paga entre los propios trabajadores, mientras los discursos desde la tribuna insisten en la conciencia de clase. Paralelamente, va en contra de la relación médico-paciente que tanto se intenta reivindicar, junto a dos partes responsables de una falta grave, de acuerdo con la definición del Código de Ética Médica, y si bien no se trata de un comportamiento sistémico, es una condición social que delata el nivel cultural del médico que lo otorga y la sociedad que lo pide y naturaliza.
Este año el BPS dispuso una rebaja de 10% del presupuesto asignado a pagar los subsidios por enfermedad, con el objetivo de bajar costos, cuando en realidad un profesional puede negarse a actuaciones por complacencia –que no corresponden– y empezar a evitar las desviaciones.
El asunto ha preocupado a las autoridades nacionales porque no se trata únicamente del pago de este subsidio, sino de un posible desequilibrio en el organismo previsional, que deberá afrontar un aumento del gasto permanente de 100 millones de dólares con el pago de jubilaciones, por encima de lo previsto en la Rendición de Cuentas del año pasado, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía.
Además, el banco necesita contener su déficit que en 2016 se ubicó en 440 millones de dólares y calculó que el nivel de erogación para cubrir este subsidio se incrementa a razón de 30% cada año.
Claro que se trata de no hacer “pagar a justos por pecadores”, pero un sistema que permitió desajustes durante los últimos años y no tiene una forma de controlar los perjuicios que provoca acaba por protocolizar sus actuaciones, aun con resultados inciertos.
