Milton Cabrera 11-10-13
La renuencia del gobierno a la aprobación de medidas para contemplar la situación de miles de pasivos que reciben paupérrimas prestaciones contrasta con la celeridad e insensibilidad para aprobar aumentos tarifarios, destacó el diputado sanducero Nicolás Olivera.
El representante nacionalista expuso que “en estas últimas semanas se han considerado públicamente diversos proyectos e iniciativas vinculadas con el ámbito de la seguridad social, resaltando aquellas propuestas relacionadas a la reforma de la Caja Militar, el impuesto a las jubilaciones militares recientemente sancionado en la Cámara de Senadores y los conflictos dentro la fuerza de gobierno respecto al proyecto de los cincuentones”.
Reflexionó que “variados y efusivos han sido los discursos que en forma encendida han expresado varios legisladores y autoridades del gobierno que, pretendiendo dar fuerza a su postura, han resaltado la penosa situación de aquellos 420.000 uruguayos que cobran 15.000 pesos o menos”.
Olivera consideró que más allá “de las ineficiencias del gobierno” para alcanzar cualquier tipo de acuerdo, “llama la atención que con total impunidad utilicen como argumento una grave situación que afecta a un gran número de jubilados y pensionistas. Es asombroso cómo el gobierno ha perdido total sensibilidad con el asunto, ya que por un lado aprueba impuestos y sube las tarifas, pero por otro, se niega a adoptar medidas concretas que pretendan paliar la situación de aquellos pasivos que, luego de aportar toda una vida, hoy perciben una prestación que los ubica por debajo de la línea de la pobreza”.
El representante sanducero recordó que hace más de un año presentó un proyecto de ley para “atender el endeudamiento de la clase pasiva con el BROU y el BPS, proponiendo limitar las tasas de interés para aquellos jubilados y pensionistas que recurren al endeudamiento para poder subsistir y perciben prestaciones por debajo de $ 14.444 pesos”.
Subrayó que la iniciativa desde el 7 de noviembre de 2016 “duerme en la Cámara de Diputados y ya ha sido objeto de la negativa del directorio BROU, el que el 28 de diciembre de 2016, manifestó que, de concretarse la iniciativa, se afectaría la rentabilidad del banco y el rol insustituible en sistema de pagos a través del mantenimiento de su extensa red de sucursales. En esta lógica de que ‘como te digo una cosa, te digo la otra’, el gobierno pretende llevar agua para su molino reconociendo la difícil situación de aquellos pasivos que perciben menos de 15.000 pesos para votar un impuesto, pero por otro, en los hechos actúan en contra, rechazando la reducción de los intereses a los préstamos, retaceando servicios públicos, aumentando las tarifas y dilapidando los recursos públicos en negocios ruinosos, donde siempre es el vecino quien paga el precio de la ineficiencia”.
Sostuvo que no debe olvidarse que es a costa de los jubilados que “el gobierno pretende resguardar la rentabilidad de la banca pública, poco más que olvidándose del rotundo fracaso del Fondes, donde se destinaron sin retorno más de 70 millones de dólares de esas utilidades. A este discurso mezquino, parece no importarle que gran parte de esos recursos surgen de los intereses que mes a mes pagan alrededor 157.629 jubilados y pensionistas al BROU, y otros 205.500 al BPS, siendo unos 90.880 que mantienen deudas con ambas instituciones”.
“Poco se puede esperar si el norte del gobierno es mantener o aumentar la recaudación, olvidándose de aquellos que han dado todo su esfuerzo durante su vida, han forjado un país, para vivir hoy por debajo de la línea de la pobreza, esperando como si fuera un premio una canasta de fin de año de 1.798 pesos”, apuntó el diputado sanducero.
