En los últimos días el Parlamento votó la creación del Fondo de Garantía para el sector lechero y la rebaja del precio del gasoil para los productores que tributan Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba), los cuales pasaron al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Fondo mencionado tiene por finalidad contribuir a reestructurar a largo plazo las deudas de los productores lecheros mientras que la iniciativa restante establece un régimen transitorio de devolución del Impuesto Valor Agregado (IVA) en las adquisiciones de gasoil para productores de leche, arroz, flores, frutas y hortalizas, facultad que corresponderá al Poder Ejecutivo y podrá hacerse efectiva a partir del 1º de marzo de 2018 y por el plazo de un año. Ambos proyectos tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo y si bien la oposición los votó afirmativamente, sus representantes manifestaron que debían profundizarse a mediano plazo. Las medidas se complementan con las anunciadas hace algunas semanas por el presidente Vázquez tales como el congelamiento del valor de la renta lechera del Instituto Nacional de Colonización para productores familiares y la rebaja de la tarifa eléctrica bajo determinadas condiciones tanto para el sector arrocero como para el lechero.
De acuerdo con lo informado por el Poder Ejecutivo, la rebaja del IVA al gasoil y la disminución de la tarifa de energía eléctrica representará una renuncia fiscal de siete millones cien mil dólares que el Estado uruguayo dejará de recaudar y que como lo ha expresado el diputado Alejandro Umpiérrez en su discurso pronunciado durante la sesión en la cual se aprobaron dichas medidas, “es como tratar el cáncer con aspirinas”. La cifra resulta irrisoria si se compara con los 40 millones de dólares que la empresa Fripur quedó debiendo al Banco República (cuyo propietario se declaró “admirador” de José Mujica) o con los 50 millones de dólares que costó el malogrado Corredor Garzón en Montevideo cuya remoción parcial comenzó en los últimos días, tras varios accidentes mortales y problemas de tránsito. Lo ofrecido por el Presidente Vázquez resulta bastante menor que la pérdida de 900 millones de dólares que tuvo Ancap en años atrás. De acuerdo con el cálculo realizado por el legislador nacionalista, cada uno de los 5.214 productores “beneficiados” recibirá la suma de 1.385 dólares en el plazo de un año, o sea un poco más de 110 dólares por mes por productor. La cifra, que resulta bastante menor que los gastos particulares realizados con sus tarjetas corporativa por expresidente Raúl Sendic o por el hoy senador Leonardo De León, constituye un verdadero “ninguneo” como señaló Umpiérrez y una medida “para la tribuna”. Todo ello agravado porque las medidas ni siquiera benefician a todos los productores, y deja de lado a otros 36.000 que se dedican a la ganadería y a la agricultura de secano, actividades de indudable importancia como generadores del producto bruto agropecuario. El Poder Ejecutivo tampoco hizo mención a los 450 millones de dólares que el sector productivo el traspasó a Ancap durante el año 2017 para tratar de tapar la mala gestión de los últimos años de ese ente monopólico. Como expresa el refrán “la montaña parió un ratón” y en el caso del Poder Ejecutivo resultó ser ridículamente más pequeño que lo prometido en sus ampulosos anuncios oficiales.
Las medidas referidas no solo llegan tarde, cuando la crisis del sector ha tenido graves e irreversibles consecuencias tanto en lo económico como en lo social, sino que además resultan claramente insuficientes. A modo de ejemplo, dejan de lado a la mayoría de los productores afectados y otorgan beneficios que son irrisorios desconociendo, una vez más, la realidad económica de miles de productores. A pesar del relato que el Frente Amplio quiere instalar contra los productores agropecuarios, invocando para ello a las famosas camionetas 4×4 y tratando de agrandar la grieta entre “buenos” y “malos”, el 85% de los 42.000 productores que van quedando en el cambio son propietarios de menos de 500 hectáreas y de acuerdo con el legislador mencionado, obtienen una renta de 40.000 pesos promedio por núcleo familiar al mes, bastante menos que el sueldo de 683.000 pesos que ganaba hasta hace pocas semanas el exgerente general de Ducsa que fue designado en el año 2007 cuando el hoy Intendente de Montevideo Daniel Martínez era Presidente de Ancap, y por debajo de la mayoría de los funcionarios públicos, que son en gran parte el tejido adiposo del Estado y cuya mayor preocupación es esperar a fin de mes para cobrar sus sueldo.
Adicionalmente, es importante destacar que los fondos con los cuales se pretende financiar esos siete millones cien mil dólares no surgen de la racionalización de los gastos del Estado Uruguayo, una mal endémico de nuestro sector público que lleva décadas sin solucionarse. Claro que no. Muy por el contrario, esa renuncia fiscal deberá ser cubierta con nuevos impuestos o nuevas subas de tarifas públicas que castigarán al ya golpeado contribuyente uruguayo. Una vez más, el Poder Ejecutivo saluda con sombrero ajeno y trata de mostrarse generoso y sensible por una renuncia fiscal que no le costará nada ya que se pagará con dinero de otros (“nabos de siempre”) y que por ello mismo no afectará el nivel de gasto faraónico del cual disfrutan las autoridades públicas.
Dominado por una soberbia que le impide ver y entender realidades ajenas a su círculo de poder más cercano, el presidente Tabaré Vázquez debería hacer un esfuerzo para tratar de actuar como el presidente de todos los uruguayos y no solo como el presidente de los frenteamplistas. Para lograrlo, debería escuchar más a los sectores que componen la sociedad, tendiendo puentes entre posiciones antagónicas en lugar de correr de un puente a otro detonando los pocos caminos de entendimiento que todavía existen en nuestra sociedad. Un ejemplo de ese desconocimiento quedó de manifiesto el mes pasado, cuando el presidente pidió mayor productividad al sector arrocero ignorando que Uruguay posee un rendimiento promedio de 8.571 kilos por hectárea, con lo cual se encuentra al nivel de países como Estados Unidos y Australia.
En lugar de realizar reclamos sin fundamentos a los arroceros, el presidente debería tratar de aglutinar a los uruguayos para combatir los grandes problemas del país (educación, seguridad, pobreza infantil, entre otros) tarea para la cual no basta contar con un título universitario sino que hace falta conocer de primera mano, entre otras realidades, la situación de aquellos que trabajan en el campo y que no por ello son ciudadanos de segunda, aunque así lo piense el presidente y su fuerza política. Tal vez Tabaré Vázquez debería seguir el consejo de su correligionario Dardo Pérez e irse a trabajar veinte días en un tambo.
Dar órdenes desde un despacho finamente amueblado y con aire acondicionado en pleno verano no es la forma más apropiada de conocer el país real que existe, vive y lucha más allá de las puertas de las lujosas oficinas de la Torre Ejecutiva.
El Gobierno y las insuficientes medidas para el agro
