Por Ley N° 19.472, promulgada hace un año, se dispuso la creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, normativa que apunta a promover el desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial.
Fundamentalmente, el sentido es generar el impulso para un proceso de transformación productiva “orientado a la expansión de actividades innovadoras con mayores niveles de valor agregado y contenido tecnológico nacionales”.
A ello debe sumarse la promoción de actividades con potencial de generar capacidades locales y de incorporarse en cadenas de valor, especialmente nacionales y regionales, apoyo al desarrollo de nuevas actividades y nuevos emprendimientos, así como a las actividades productivas que favorezcan las nuevas formas de propiedad y la economía social. Asimismo, la generación de condiciones para la mejora de la competitividad sistémica, la promoción de la demanda tecnológica del sector público como un factor de movilización de las capacidades nacionales de innovación y de estímulo a la competitividad empresarial.
Otro objetivo refiere a la promoción de inversiones extranjeras en el país para maximizar su contribución a los objetivos de la estrategia nacional de desarrollo productivo, con énfasis en materia de tecnología, innovación, empleo de calidad y fortalecimiento de las capacidades nacionales.
El sistema de referencia está integrado por el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, los Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Promoción de la Inversión, las Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
De acuerdo con la normativa promulgada en diciembre de 2016, es decir hace unos 15 meses, a efectos de potenciar los resultados del Sistema y el papel de los entes comerciales y el sistema productivo del país, el Poder Ejecutivo promoverá la participación de dichos entes en el diseño e implementación de actividades específicas del sistema, en particular de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), Obras Sanitarias del Estado (OSE), Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) y Administración Nacional de Puertos (ANP).
Sin dudas, tanto la iniciativa como los objetivos contemplados para la creación de un sistema nacional de competitividad son ampliamente compartidos, porque refieren a que más allá de reservas o no sobre el instrumento, la competitividad y la productividad son ejes para el desempeño de la economía y el derrame de riqueza, su contribución a la calidad de vida en el país y sobre todo a darle sustentabilidad al tramado socioeconómico.
Ello es clave en especial para las actividades de exportación, sobre todo en un país como Uruguay, que por su tamaño necesita ser abierto al intercambio comercial y poder competir con economías que ya por su mayor escala tienen ventajas comparativas. Por ello, la prioridad del sistema en cuanto a “proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias en relación con el desarrollo económico productivo sustentable, orientados a la transformación productiva nacional y a la mejora de la competitividad, incluidos los relativos a ciencia, tecnología e innovación aplicada a la producción y a la inserción económica internacional”, tienen que ver con todos estos elementos expuestos. Por supuesto, como hemos sostenido en más de una oportunidad, la competitividad va estrechamente ligada a la productividad, y no solo a los costos de la producción de bienes y servicios, además de los costos logísticos del país.
Surge que hay muy pocas alternativas para el corto plazo, y en esta dirección es imprescindible reducir el costo del Estado encabezado por un gobierno que sea realmente austero, que reduzca el gasto público, porque es impensable seguir aumentando o manteniendo impuestos mientras se procura mejorar la competitividad.
Pero como bien sostiene el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho, y en este poco más de un año transcurrido desde la creación del sistema, si nos atenemos a los resultados, podemos evaluar que han sido magros los logros, por encima de las intenciones. Simplemente porque la realidad y las urgencias han podido más que lo importante, que es precisamente trabajar con objetivos de mediano y largo plazo.
Es decir, no se puede pintar la casa y mejorar sus ambientes si primeramente no se arreglan los problemas estructurales en techos, paredes y vigas, porque de otro modo el embellecimiento durará lo que un suspiro lo único que se habrá logrado es derrochar recursos.
Y los condicionamientos para poder competir en el mundo vienen precisamente de las urgencias que hacen, entre otros aspectos, que las empresas –del ramo que sean– ven crecer sus costos mucho más allá de lo razonable, incluso dentro de este año de coordinación, y ya con el Sistema en marcha. Porque por ejemplo, estando UTE en condiciones de bajar las tarifas, por decisión del Poder Ejecutivo se dispuso subirlas para destinar el producido de los sobreprecios a Rentas Generales.
El costo del déficit fiscal ha sido priorizado respecto a los costos empresariales y domésticos, así como la inflación, y por lo tanto no hay coordinación interinstitucional que valga ante las urgencias para tapar agujeros por el déficit en el funcionamiento del Estado, que gasta en exceso y mal.
Claro, se puede y se trabaja asimismo en otras áreas en procura de eliminar obstáculos y condicionamientos para la evolución hacia la transformación productiva y la competitividad, pero las señales que da el Estado, en cuanto a demandar más y más recursos de las empresas públicas por la vía de las tarifas, el gasto improductivo, la desmedida plantilla de asalariados estatales, no son alentadoras, porque la sensación bien fundada es que más allá de los anuncios, de este carro se está tirando al mismo tiempo hacia atrás y hacia adelante, y así es imposible avanzar.
Transformación productiva maniatada por el Estado
