(EL PAIS)
Este año la Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a gestionar el cobro del Impuesto de Primaria, con más recursos para controlar y fiscalizar que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El director de Rentas, Joaquín Serra, informó que se detectó “una morosidad bastante importante en los padrones urbanos” y se concentrarían en los contribuyentes con mayores deudas para iniciar las intimaciones.
Según El País, las actuaciones avanzan y ya se han reliquidado impuestos a 14 padrones (de empresas y personas particulares) por un monto aproximado de $ 25 millones. Si bien hay inmuebles de varias partes del país, varios deudores se encuentran en Maldonado. De acuerdo a Serra, “en Punta del Este hay casas de muchísimo valor que tienen deudas”, en tanto el 60% de la morosidad en términos monetarios está en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado.
Los padrones inspeccionados por DGI por incumplimientos del Impuesto de Primaria tienen en promedio un valor catastral de $ 30 millones, y la mayor deuda detectada hasta el momento es superior a $ 2,3 millones. “Esto es un primer paso que nos va a permitir cruzar información con otras obligaciones tributarias, como el Impuesto al Patrimonio” para continuar fiscalizando los pagos, comentó la fuente de la DGI.
Ante la constatación de una deuda, el fisco primero notifica al contribuyente en falta, pero si este sigue sin abonar puede recurrir a la Justicia primero a solicitar el embargo del bien y luego el remate. El director de Rentas había detallado que las deudas de menor porte del Impuesto de Primaria serían incluidas en “la base de datos de incumplimiento” de DGI, para que si alguien “genera un crédito (a cobrar) tras la liquidación del IRPF e identificamos que es propietario de un inmueble que debe, no le devolveremos el saldo para compensar”.
El Impuesto de Primaria debe ser abonado por los propietarios, prominentes compradoras (con promesa de compraventa), poseedores y usufructuarios de bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rurales de todo el país, siempre que el valor imponible en la cédula catastral sea superior al monto exonerado ($ 163.587).
Hasta fines de agosto el fisco había cobrado $ 1.599 millones por este tributo, un monto que representó el 0,6% de los ingresos. Luego que a principio de año se conociera que DGI asumía el control del Impuesto de Primaria, crecieron 67% los convenios de pago de deudores en el primer trimestre al presentarse más de 1.500 contribuyentes.
INCORPORAN FÁRMACOS A PRESTACIONES
(MSP)
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, convocó a representantes de las universidades, para conocer la opinión de las distintas cátedras sobre medicamentos o tratamientos a incorporar en la canasta de prestaciones del sistema de salud, dada la demanda creciente. Esto se enmarca en un proceso de actualización del catálogo de prestaciones del Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) y de los procedimientos que financia el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Las autoridades sanitarias se reunieron con profesores de todas las cátedras, a quienes les explicaron que antes de evaluar sus solicitudes necesitaban identificar con los criterios de la autoridad sanitaria para definir las prioridades. En ese contexto, se consultará también a los movimientos de usuarios para conocer su opinión al respecto. El ministerio adquiriría fármacos de oficio, por necesidades sanitarias, a través de organismos internacionales, además de trabajar en compras conjuntas con el Mercosur.
MVOTMA INFORMARÁ SOBRE PROGRAMAS
(PRESIDENCIA)
“Está próximo a culminar un esfuerzo de sistematización, de modificaciones que se han venido introduciendo a la legislación en materia de vivienda, y, antes de fin de año, se aprobará una versión actualizada del texto ordenado de leyes de vivienda, que permitirá disponer de manera accesible de toda la normativa, incluyendo los cambios y aportes más recientes”, dijo la ministra de Vivienda, Eneida de León.
Acompañada por la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, y el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, en la celebración por los 50 años de la ley 13.728, denominada Plan Nacional de Vivienda, que fue aprobada en diciembre de 1968, impulsada por el arquitecto Juan Pablo Terra, De León destacó la norma como un instrumento innovador para su tiempo, desvirtuada por la dictadura en 1977 con el desmantelamiento de sus áreas fundamentales: lo institucional, lo financiero y su contenido social.
La ministra adelantó que una versión actualizada del texto ordenado de leyes de vivienda será publicada antes de fin de año para mejorar el acceso a toda la normativa. Recordó la elaboración de la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, presentada el año pasado para su análisis por parte de actores sociales y que, actualmente, está en proceso de consulta pública, que apunta a solucionar una de las cuestiones clave de toda política de vivienda: el acceso al suelo urbano con todos sus servicios.
Entre los avances registrados desde 2005, mencionó varias iniciativas legislativas y reglamentarias que mejoraron el acceso a la vivienda, entre los que destacó la ley de subsidios para familias de menores recursos y el proyecto de ley de inmuebles vacíos y abandonados, que está próxima a aprobarse en el Poder Legislativo.
LEY DE URGENCIA RECIBIÓ MILES DE CONSULTAS
(MSP)
Ante eventos de urgencia o emergencia todos los usuarios del sistema de salud puedan acceder a asistencia de cualquiera de los prestadores con el pago de una orden. Según destacó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, esta modificación es una de las más significativas para profundizar la reforma. A tres meses de su puesta en práctica, se registraron unas 4.000 consultas en todo el país. Esta modificación, que implica garantizar la atención en cualquier punto del país y la posibilidad de recibir atención y abonar el precio de la orden en forma diferida, requirió un marco legal que adecuara los aranceles, que se trasladan al prestador de origen. Entonces, cuando una institución asume costos en la atención de un usuario de otro prestador cuenta con la seguridad de ser resarcida con el dinero correspondiente y para ello se fijaron cuatro aranceles, según las características de la consulta.
En entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó que en el primer mes de puesta en práctica de la normativa se registró un promedio de 60 consultas diarias en todo el país, mientras que sobre el final del tercer mes se duplicó esa cifra y llegó a 130. Según explicó, el mayor número de consultas ocurre en el primer nivel de atención, o sea, son casos en que se consulta en un centro de salud por problemas que se resuelven con la asistencia de un equipo básico integrado por personal de medicina y enfermería.
