Por lo que considera práctica anticompetitiva de ALUR S.A, el diputado sanducero Dr. Nicolás Olivera formuló un nuevo planteo ante la Cámara de Representantes, denunciando la situación que se presenta en el sector azucarero y las consecuencias en la producción local.
El legislador manifestó su preocupación por el tema empleo en general y la defensa de las fuentes genuinas de trabajo del Departamento de Paysandú en particular, y señaló que en función de que se ha verificado un trascendente cambio en el mercado de comercialización del azúcar al haberse dispuesto por parte de ALUR “una disminución sustancial del precio por kilo con destino a consumo doméstico y ante el riesgo que dicha práctica anticompetitiva genera para la industria local Azucarlito (Azucarera del Litoral SA)”, el legislador nacionalista consideró que “la decisión de la subsidiaria de Ancap supone una incidencia directa y relevante en el mercado atentando contra las fuentes de trabajo locales”.
A través de una exposición escrita, Olivera presentó ante la Cámara de Representantes la situación que da cuenta de la práctica anticompetitiva que a su juicio vienen desarrollando ALUR SA y Agroalur en materia de comercialización de su producto azúcar Bella Unión. El legislador manifestó que desde el mes de noviembre del corriente, la empresa privada estatal –en forma unilateral– adoptó una rebaja histórica en el precio de venta del producto, aplicando una práctica comercial denominada “dumping”, por la cual y con intención de adueñarse del mercado, se vende determinado producto a precios inferiores a su costo.
Expresó que “la rebaja en el precio del azúcar en un promedio de diez pesos por kilo no tiene precedentes”, al no existir correlación con una baja en los costos de producción en el mercado nacional o regional y al enfrentarse una demanda estática y de poca flexibilidad. Expuso que a través de las figuras asociativas de derecho privado, el Estado no puede incidir en el mercado afectando las fuentes de trabajo genuinas, “menos aún cuando a través de tácticas o prácticas comerciales anticompetitivas afectan al mercado, exponiendo a las empresas locales a una pérdida de competencia que incide directamente en la continuidad y desarrollo de la producción local”.
Observó que no debe perderse de vista que la gestión de ALUR “no depende directamente de su resultado comercial, encontrándose su gestión al amparo del aparato estatal, de quien recibe trato preferencial, así como asistencia económica”, en tanto una realidad opuesta es la que debe enfrentar la empresa sanducera Azucarlito, fundada en el año 1943, que emplea directamente a 131 trabajadores. Ante la importancia de la situación y frente al riesgo que la práctica denunciada supone para el mercado laboral, solicitó remitir dicho planteo ante las autoridades competentes, como es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
